Estaba en marcha un proceso que podía terminar con su destitución. La nieta recuperada Victoria Montenegro lo acusó de ayudar y adelantarle información a su apropiador. La Procuración debe decidir si le acepta la renuncia.
El fiscal de la Cámara de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica presentó la renuncia justo cuando se avecinaba el jury de enjuiciamiento que podría llevar a su destitución. La apertura del procedimiento había sido ordenada por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, ante la denuncia de la nieta recuperada Victoria Montenegro, quien lo acusó de adelantarle información a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, sobre la causa en su contra y de haberle puesto abogados. La joven también aseguró que el fiscal sabía que Tetzlaff había sido quien mató a sus padres. Ahora Righi debe resolver si acepta que deje el cargo sin pasar por el proceso de remoción. En el organismo están analizando cuál sería la mejor decisión. Las Abuelas de Plaza de Mayo se inclinan por que se haga el juicio político.
Romero Victorica presentó la semana pasada una nota en la que anunciaba su renuncia. Alegaba simplemente sus largos años en el Poder Judicial, donde fue fiscal en San Martín antes de desembarcar en Casación, en 1994, según informaron funcionarios judiciales a Página/12. Pero su decisión apuntaría a evitar el enjuiciamiento que tiene en puerta, que podría llevar a su destitución y quizás a la pérdida de toda o parte de su jubilación. De todos modos, Righi debe resolver formalmente y por escrito si acepta el planteo. En otros casos donde también estaba en juego la suerte de fiscales implicados en historias de complicidad con la última dictadura o con represores, decidió aceptar las renuncias por considerar que la finalidad de que se vayan de su puesto quedaba cumplida.
En el balance de la Procuración, por lo general, pesan a favor de la aceptación de renuncias factores como que el proceso se puede prolongar por dos o tres años; que la sentencia del jurado se puede apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo (lo cual estira más los tiempos); que no parecería deseable que en el ínterin siga actuando como fiscal, en especial en causas de violaciones a los derechos humanos; que aunque el fiscal imputado sea suspendido preventivamente no se puede nombrar a nadie en su reemplazo hasta el final del proceso; que si el jurado lo absuelve, inmediatamente intentará retirarse o jubilarse; y que si el fin es que pierda la jubilación, existen altas chances de que logre recuperarla con una demanda. En el caso de Romero Victorica, además, hay una denuncia penal en trámite en su contra, a cargo del juez Norberto Oyarbide. Righi tomaría una determinación en el transcurso de esta semana.
En Abuelas de Plaza de Mayo preferirían que avance el jury. “Por el momento nos parece que, dado que hay una instancia de enjuiciamiento abierta, debería evaluarse que Romero Victorica sea destituido. Como declaró Victoria Montenegro, habría colaborado con el encubrimiento de delitos de lesa humanidad. No parece una buena señal que se vaya como si no hubiera pasado nada. Sería muy bueno que, teniendo en cuenta las graves denuncias, la institución donde se desempeñó como fiscal lo separe por medio de la destitución”, dijo Alan Iud, abogado del organismo. “Desde Abuelas lo recusamos en todas las causas de derechos humanos, con lo cual no hay riesgos de que entorpezca este tipo de procesos”, aclaró.
Romero Victorica ya había sido sancionado por la Procuración a raíz de que, en una audiencia en Casación por la excarcelación del ex ministro de Gobierno de facto Jaime Smart, dijo: “No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace esta causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación”. Los hechos eran 60 privaciones ilegales de la libertad y tormentos en el circuito Camps. Pero el ocaso de su carrera se hizo más palpable el día que Victoria Montenegro tomó la decisión de contar la estrecha relación que había tenido con su apropiador, al brindar su testimonio durante el juicio de apropiación de menores hijos de desaparecidos el 25 de abril último, ante el Tribunal Oral Federal 6.
Victoria recuperó su identidad en el año 2000. Entonces supo que es hija de Hilda Torres y Roque Montenegro. Su apropiador, el coronel Tetzlaff (fallecido), estaba desde mucho antes en la mira de la Justicia por su papel en grupos de tareas del centro clandestino El Vesubio y en Campo de Mayo, y también por su apropiación. Fue jefe del operativo en el que fueron secuestrados los padres de Victoria y cuando empezaba a avanzar la causa que mostraría cómo se quedó con ella, para la joven quedó en evidencia el vínculo que tenía con Romero Victorica, como relató ante el TOF6. El fiscal, dijo, “llamaba a casa y le daba información” adelantada sobre la causa en su contra.
Cuando Tetzlaff fue detenido por primera vez, por orden del ex juez Roberto Marquevich, Victoria atendió en su casa un llamado de Romero Victorica, que le dijo que se quedara tranquila, “que él iba poner a unos amigos (abogados) para que lo sacaran”. Hablaba, dijo la chica, del ex juez Martín Anzoátegui y los abogados Federico Casal y de Manuel Romero Victorica (sobrino del fiscal). Victoria contó que su apropiador le había confesado que había matado a sus padres y hasta le mostró el arma que utilizó. Dijo que Romero Victorica lo sabía.
El consejo evaluador de la Procuración analizó el testimonio de Montenegro y el descargo presentado por el fiscal de Casación, quien dijo que ese relato no tenían relación con la realidad y respondía a “mandatos” de “personas” que desconoce pero que quieren su desprestigio. Los fiscales evaluadores recomendaron iniciar el proceso de su destitución, que ahora quedó stand by, a la espera de una definición sobre su renuncia.
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