viernes, 30 de diciembre de 2011

FORMOSA: La justicia federal reconoció a la Liga como querellante


Francisco "Pancho" Bogarin, dirigente peronista
desparecido del Departamento Pilcomayo en Formosa

También justificó el pago  de haberes al prófugo Domato, buscado con recompensa; y respondió al  planteo de la inactividad sobre las 16 causas del Dpto. Pilcomayo.

Después de la presentación judicial por denegación o retardo de justicia efectuada por el abogado de la Liga Argentina de los derechos del hombre, se respondió con celeridad a los planteos de esta entidad.. El trámite de reconocimiento de la LADH como querellante no puede sobrepasar los tres días según las normas procesales vigentes, Pero ya habían pasado más de veinte días.

En círculos de la querella se entendió que la celeridad en el reconocimiento  de la Liga no de debió tanto a la enmienda de un error procesal, ni un reconocimiento a la trayectoria de la entidad que asumió megacausas como la de Margarita Belén, Suarez Mason, o Almirón Sena, sino puntualmente por la  presentación de una solicitud de libramiento de un oficio ante el ministerio de Defensa para que se corten los haberes que se le abonan regularmente  al prófugo Horacio Rafael Domato, por quien el Estado Nacional ofrece paralelamente una recompensa de $ 100.000 para dar con su paradero, ya hace varios años en base a una acusación directa a la fiscalía por “inacción” frente a tan grave situación.

El caso es que después de haberse formalizado el reconocimiento como querellante, también se respondió al pedido de corte de haberes al represor por el que se ofrece una recompensa económica para ubicar su paradero.. Se explicó que la demora obedecía a que se había trazado una estrategia de investigación  para dar con su paradero a través de estos pagos mensuales de sus haberes como retirado de Gendarmería Nacional.

 Como esta modalidad se vendría manteniendo  hace varios años, las explicaciones, para la querella no fueron satisfactorias. Más bien sonaron a burla, o justificación de una inexplicable impunidad para con los imputados por delitos de lesa humanidad.

También se le respondió formalmente al letrado patrocinante de la LADH que las 16 causas del departamento Pilcomayo, pendientes de investigación a las que hacia referencia el escrito original, no se correspondían con la causa Carrillo. Respuesta que tampoco satisfizo a los querellantes, debido a que la mención de la inactividad oficial de dichas causas era un reafirmación de la lentitud sospechosa  de una fiscalía que favorece la impunidad en gravísimos delitos cometidos desde el Estado contra la población civil durante la última dictadura cívico militar.. Según el letrado no se trataba de incorporar 16 causas nuevas a la megacausa en curso, sino de señalar la lentitud de la fiscalía en  iniciar las investigaciones pertinentes que hasta la fecha no se han desarrollado.

Lo que señalan los letrados con respecto al escrito recibido es que no hubo respuesta puntual sobre el oficio a las autoridades del ministerio de Defensa para cortar dichos haberes, y que la respuesta de la investigación iniciada lo único que garantiza es el financiamiento de la clandestinidad del prófugo, hecho probado por el tiempo transcurrido sin resultados positivos; y aseguraría  para el imputado el retardo en lograr la detención, y el juicio que se merece. Además de sentar un precedente negativo en la forma de administrar justicia para delitos de lesa humanidad, y un mensaje subliminal a la sociedad de contar con una justicia que garantiza la impunidad de los represores.

Desde la LADH por su parte se enviaron  los informes de esta situación contradictoria (de un prófugo buscado con recompensa que percibe haberes y de una fiscalía ausente), ante los organismos de seguridad y del Estado , solicitando se tomen las medidas que la Justicia Federal, a través de su exasperante lentitud, no las toma. También haciendo pública esta situación por la prensa nacional que ya se hizo eco de esta “maniobra para solventar la clandestinidad de un imputado”.

Los letrados también avizoran un año no positivo en los juicios por delitos de lesa humanidad, no solo por la lentitud y las chicanas judiciales para la querella, sino por los trascendidos que  señalan al actual juez federal como nominado a constituir el STJ provincial. Con lo cual se abriría nuevamente el procedimiento del sorteo para designar conjuez. Mecanismo que en su momento significó la no aceptación de todos los candidatos previstos y la intervención de la Corte para imponer uno, con una demora màs que significativa para el desarrollo de este tipo de causas. 

RODOLFO YANZON: La promulgación de la Ley Antiterrorista

Por Rodolfo Yanzón. Abogado- Fundación Liga por los Derechos Humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mantuvo un sorprendente mutismo ante una norma que pone en serio riesgo las garantías constitucionales y los Derechos Humanos en la Argentina. 

Se promulgó la Ley Antiterrorista por decreto de Cristina Fernández junto a las firmas de Juan Manuel Abal Medina y Julio Alak. De ahora en más, a estar precavidos, porque en cualquier momento algún juez, fiscal o policía tendrá la ocurrencia de interpretar lo que el gobierno dijo que no se iba a interpretar. Más allá de los cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mantuvo un sorprendente mutismo ante una norma que pone en serio riesgo las garantías constitucionales y los Derechos Humanos en la Argentina. Una ley que fomenta la inflación punitiva con mayores penas, lo que se traduce en más gente privada de libertad, cuando continúa sin ser política de Estado la resolución de la grave crisis carcelaria. 

Luego de pasados los efluvios por el décimo aniversario de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, tampoco se dijo nada sobre los crímenes cometidos durante esas jornadas por parte de agentes estatales. A decir verdad, el flamante jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, formuló declaraciones en una muestra fotográfica, manifestando que esos hechos no debían repetirse nunca más. Y estuvo bien. Pero un gobierno no puede limitarse a formular declaraciones sobre lo acontecido, sino que debe generar política para incidir en el acontecimiento, transformarlo, dar una respuesta, dotarlo de la significación política, jurídica e institucional que el asunto merece. Y los hechos de esos días trágicos, sin duda, merecen una por demás atenta mirada. 

Insisto entonces: sobre los crímenes del 19 y 20 de diciembre, el gobierno nacional está en deuda, tanto porque no puso empeño en sancionar la ley de reparación a las víctimas –como sí lo puso para aprobar la llamada norma “antiterrorista”–, que fue presentada en el Congreso de la Nación hace ocho años y que aún continúa en los cajones de algunos despachos legislativos. Además de ello, días atrás el gobierno, a través del director de Derechos Humanos en lo Contencioso Internacional de la Cancillería, Jorge Salgado, contestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sobre una denuncia presentada por una de las víctimas, Jorge Ismael Portillo. La respuesta del gobierno nacional se limitó a pedir a la CIDH que declare inadmisible la denuncia, por la que se requiere que se juzgue a los responsables del crimen y se repare a la víctima. 

 En diciembre de 2001, Jorge Portillo tenía 20 años. Era jugador de fútbol y estaba esperando celebrar un contrato para viajar a Europa. La noche del 19 había ido a ver a su novia, que, como él, vivía en el barrio de Saavedra. Cuando salió de la casa vio cómo de unos patrulleros se bajaban varios policías que comenzaron a disparar sus armas contra un grupo de personas cerca de un supermercado.Atemorizado, trató de ocultarse detrás de un árbol, pero cayó al suelo al ser alcanzado por un disparo policial. Jorge estará en una silla de ruedas de por vida porque el proyectil dañó su médula. La Policía Federal Argentina informó en el proceso penal que luego de la denuncia presentada por el padre de Portillo, una de las armas de los policías que intervinieron en el hecho había sido robada. En conclusión, luego de un par de años de investigación, y habiendo escuchado a los testigos decir que la bala que hirió a Portillo había salido de un arma policial, el juez Rodolfo Cresseri archivó la causa porque no contaba con una de las armas. Eso sí, ordenó a la Policía Federal poner todo su empeño para encontrarla, lo que, desde luego, sin ninguna duda, habrá sucedido, pero nadie se enteró. 

En su respuesta a la CIDH, el gobierno dijo que el cierre de la causa penal fue responsabilidad de Portillo y de su abogado –quien suscribe–. Para esta argumentación sostuvo que no se había agotado la vía interna en materia de recursos. Esto es falso y además se citaron leyes como vigentes cuando en realidad fueron derogadas. Portillo recurrió todas y cada una de las decisiones judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el cierre del proceso, con la excepción del juez Eugenio Zaffaroni, que, dándole la razón a Portillo, dijo que debía continuarse con la investigación. 

Pero aun en el supuesto de que Portillo y/o su abogado no hubieran agotado los recursos –es sólo una suposición, porque sí lo hicieron–, el Estado tenía y tiene la obligación, a través de sus jueces y fiscales, de sostener la investigación y de dar una respuesta a una víctima del accionar ilegal estatal. La Convención Americana habla de un recurso sencillo y rápido para quienes son víctimas de un accionar de esa naturaleza. En cambio, el gobierno argentino sostuvo lo contrario, abstrayéndose de cumplir con sus obligaciones internacionales, como la de velar por el derecho a la justicia de las víctimas e investigar a fondo el crimen perpetrado por agentes estatales. Con su voto, el juez Zaffaroni dejó en claro que esa obligación estatal es indelegable e irrenunciable. 

Paradójicamente, con la nueva ley, los manifestantes del 19 y 20 podrían ser tildados de “terroristas” por parte de jueces y fiscales, y por los mismos que en esos días dejaron el tendal de muertos y heridos.

Fuente: Tiempo Argentino

CARTA ABIERTA: La igualdad en foco

Por Ailín Bullentini


“Una larga carta en la que intentamos repensar lo extraordinario de este momento histórico argentino.” La reflexión pertenece al filósofo Ricardo Forster, uno de los impulsores del Espacio Carta Abierta, y está referida al undécimo documento que el colectivo que reúne a artistas, pensadores, teóricos, profesionales de la salud y la educación y trabajadores de la cultura presentó públicamente ayer. Desde el salón principal de la Asociación Argentina de Actores, el ensayista Horacio González, otro de los más obstinados defensores del espacio, consideró que el texto, que se vertebra en “la igualdad”, es un documento “equilibrado cuya interpretación debe considerarse una manera más de participación política que escape a los esquemas establecidos”.
Integrantes del espacio, referentes de organismos sociales y de derechos humanos, como la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y afiliados a la Asociación Argentina de Actores, escucharon y aplaudieron la lectura del texto publicado ayer en Página/12.
“Es especial presentar la undécima carta de Carta Abierta en esta casa, un bastión de democracia, un espacio que nunca abandonó el debate político y que siempre estuvo a la vanguardia de la lucha”, inauguró el sociólogo Carlos Girotti antes de presentar a los lectores. “Son compañeros destacados por su militancia, compromiso, protagonismo y participación en las asambleas y actividades” de Carta Abierta, introdujo Girotti al médico Ricardo Gené, la teórica Adela Castronovo, el escritor Carlos Goboloff y la psicoanalista Cintia Ini, entre varios otros.
El documento “es un pantallazo sobre lo que se hizo y lo que falta”, esbozó el compositor de música clásica Jimmy Herrera, que leyó algunos de los últimos pasajes del texto. “Carta Abierta tiene la particularidad de tratar de mirar las cosas con diversidad; eso tiende a la igualdad, que es el eje trabajado”, concluyó. Mientras que para él “es complicado” encontrar alguna parte del documento que sea más importante que la otra, su compañera de lectura, la abogada Susana Larregui, señaló que “lo más interesante del texto es su objetivo, aquel que determina que la palabra que define el estadio de desarrollo de la política de gobierno (de estas últimas tres gestiones) es la igualdad, aquella que se obtiene en las diferencias; igualdad de tener los mismos derechos para pensar diferente”.
El texto bien puede comprenderse como una reflexión sobre la búsqueda de niveles cada vez más grandes de igualdad en el país que comenzó con el gobierno de Néstor Kirchner, aunque sitúa el inicio del repaso en los años previos: las políticas neoliberales del menemismo, la debacle de 2001, la deriva de los meses posteriores. “Es un homenaje a una palabra y un concepto que viene utilizando (la presidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y que tiene que ver con algo olvidado. La igualdad implica una mejor distribución de la riqueza, pero también de la cultura simbólica, de los derechos. El trabajo en pos de la igualdad supone darle forma a un proyecto, tomarla como núcleo político, social, cultural y económico”, evaluó Forster.
La Carta Abierta/11 hace un análisis de los cambios que se desarrollaron desde la crisis de 2001/2, las opciones adoptadas por los diferentes gobiernos a partir del 2003 y los desafíos que se abren en el comienzo del nuevo periodo de Cristina Kirchner, todo ello analizado desde el punto de mira de la “Igualdad y la ampliación de derechos”. Así, “la carta no calla que el camino de la reparación tiene que incidir fuertemente en la cuestión de tierras y vivienda; la atención de los más dañados por las desigualdades del sistema económico; lo que falta en salud y educación. Son varias cosas las que se conjugan en el balance”, apuntó Forster.
Una de ellas, brevemente mencionada en el texto, es la aprobación de la Ley Antiterrorista. “La vida democrática de un país, de un gobierno, pasa por diferentes circunstancias. En cuanto a la Ley Antiterrorista, creemos que es necesario seguir debatiéndola para transformarla. Nos resulta problemática y para nada clara”, concluyó el filósofo.
No obstante, la lectura en pos de cuántos elogios y cuántas críticas el espacio pluridisciplinario realizó de la gestión gubernamental en el último texto difundido es “una forma errónea de interpretarlo”, apuntó González. “La Argentina precisa de textos de esta índole, que fomente el espíritu crítico, el espíritu de escucha y la capacidad de balance –remarcó el director de la Biblioteca Nacional–. Pero su lectura desde esquemas totalizadores no es la recomendada. Aquéllas son fórmulas que la Argentina debe abandonar para que la discusión política dentro de ella se adecue al modo en que se están intentando los grandes cambios en el país y en toda Latinoamérica.”
Fuente: Pagina12

Juicios contra los represores, modelo 2012

La mayoría de los camaristas consensuaron la necesidad de introducir cambios para evitar la reiteración de testigos y la permanente discusión sobre si hubo un plan de exterminio. En febrero se precisarán los alcances de las reformas.

Por Irina Hauser


La Cámara de Casación Penal, en plena renovación de sus integrantes, se dispone a hacer una revisión crítica de su actuación y a fijar “reglas prácticas” para agilizar los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es una facultad que tiene este tribunal pero que jamás usó en este sentido, incluso hizo todo lo contrario al menos hasta hace algunos meses. Para diseñar las modificaciones y ponerlas en marcha, la mayoría de los camaristas consensuaron convocar a un plenario especial que se haría en febrero, según pudo confirmar Página/12. Los principales cambios que se analizan apuntan a evitar la reiteración de testigos y pruebas en distintos juicios, a impedir que en cada proceso se vuelvan a discutir definiciones doctrinarias tan elementales y firmes como –por ejemplo– si hubo un plan sistemático de exterminio durante el terrorismo de Estado y hasta a pautar el tiempo o número de audiencias que puede demandar un caso.
Esta iniciativa de la Casación aparece como una primera respuesta a denuncias y reclamos de organismos de derechos humanos que desde hace cinco años la señalaban como el gran embudo responsable de la demora de la resolución de las causas contra represores. En 2007 acumulaba más de cien recursos sobre expedientes de lesa humanidad, algunos de los cuales llevaban tres años ahí, congelados. Con el tiempo y el empujón de la Corte Suprema, los planteos se fueron destrabando y los juicios se van concretando. Pero según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, los problemas remanentes siguen focalizados en Casación, que retarda la confirmación de las sentencias. Este año revisó seis. De los 66 represores condenados, sólo 43 tienen condena firme.
Una de las misiones de la Cámara de Casación es reevaluar las conclusiones a las que llegan los tribunales orales. Otra, analizar situaciones de imputados privados de su libertad. Es excepcional que se pronuncie sobre procesamientos dictados en primera instancia.
Las “reglas prácticas” que planea implementar el tribunal no solucionarán directamente su propio retardo en la revisión de sentencias de crímenes de lesa humanidad, pero lo obligarán a ser consecuente. No sólo porque las plantea como un cambio cultural sobre cómo se deben manejar los juicios por violaciones a los derechos humanos, sino porque para que un tribunal oral incorpore como probados en un juicio los hechos que ya se juzgaron en otro, hará falta una sentencia previamente confirmada.
No volver sobre hechos juzgados y probados es uno de los pilares en los que se apoyaría la futura reglamentación para lograr apurar el inicio de los juicios y acortar su duración. Las audiencias se concentrarían entonces en “juzgar la autoría y la responsabilidad del imputado”, explican en Casación.
Un miembro del tribunal justificó ante este diario que si les quedan muchas condenas sin revisar es “por los problemas de integración y vacantes en la cámara que dificultaron el trabajo”, pero aun los subrogantes –admitió– más un sector de los camaristas más antiguos carecían de interés en darles prioridad.
La propuesta para convocar a “la reunión plenaria” en febrero la hizo la Sala II de Casación y se la entregó por escrito anteayer a la presidenta saliente Angela Ledesma. Le dice que el objetivo es “establecer pautas y normas prácticas ordenatorias y/o doctrinarias sobre los procedimientos a seguir en juicios por crímenes de lesa humanidad”. Luego recuerda que existe un artículo del Código Procesal, el cuarto, que le da facultades a la Cámara de Casación, para fijar todas las normas que crea necesarias para los juicios orales. Algunas de las que analizan, inspirados en tribunales internacionales, serían:
n Además de evitar volver sobre lo que ya se juzgó y se probó, buscarían generar un sistema para que no se reiteren los testigos el proceso de producción y estudio de las pruebas. El razonamiento es que la superposición conlleva un desgaste para los testigos y víctimas, a lo que se suma que se alargan los tiempos y crecen las chances de que los imputados mueran (por cuestiones de edad) antes de recibir sentencia. Habría audiencias previas entre las partes para acordar la incorporación de videofilmaciones y evidencias puntales.
n Aunque parezca mentira, dicen en Casación, en algunos juicios los defensores vuelven a poner en discusión cuestiones como si hubo un plan de exterminio en la dictadura o insisten en alegar el concepto de “guerra interna”. Algunos de los jueces de Casación ya plantean que “son cosas que no se pueden analizar cada vez, son parte de la doctrina y así se las debe incorporar en cada juicio: hubo plan sistemático, no cabe la idea de guerra interna y lo mismo cabe respecto de definiciones como quién estaba a cargo de cada cuerpo de ejército, de cada centro clandestino”.
n En función de un diagnóstico presentado por los fiscales acerca de las “disfunciones” en el primer juicio sobre los crímenes de la ESMA, y de otras experiencias similares, el tribunal podría establecer pautas prácticas que van desde fijar cantidad mínima de audiencias por semana y su duración, cuánto pueden extenderse las últimas palabras de un acusado y eliminar la lectura de todo el requerimiento de elevación a juicio, que puede llevar días.
Dos de los jueces que integran la Sala II, que tomó la iniciativa –Ana María Figueroa y Alejandro Slokar– son de los más nuevos, incluidos en las últimas designaciones de Cristina Kirchner. El tercero es Pedro David, un histórico del tribunal, que siempre desentonó con la mayoría de Casación y que acaba de volver de La Haya, donde estuvo desde 2008 juzgando los crímenes de la ex Yugoslavia.
David asumirá como presidente de Casación en febrero. Su nombramiento desató una batalla campal en el 2º Piso de Comodoro Py 2002 y dividió incluso a los camaristas más nuevos. Mariano Borinsky y Juan Gemignani se opusieron a que ocupara ese puesto y apoyaron a su compañero de la sala IV, Gustavo Hornos. Pero más allá de estas rencillas –documentadas en un acta–, la cuestión de los juicios de derechos humanos no suscitaría grandes diferencias conceptuales. Borinsky y Figueroa, por caso, fueron los primeros en volcar sus propuestas para agilizar los juicios por escrito haciéndose eco de las que envió días atrás el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, lo que también marcó el paso. Ledesma hace tiempo viene trabajando en la misma línea, pero meses atrás carecía de apoyo interno. A lo sumo puede esperarse algún atisbo de resistencia de quienes llevan casi veinte años como casadores.
La última convocatoria a una reunión del pleno del tenor de la que habría en febrero fue en noviembre de 2008 pero tuvo un sentido totalmente opuesto. Allí se firmó un “fallo plenario” conocido como “(Ramón) Díaz Bessone” –por el ex general– que estableció que aun ante delitos de los más graves se debe priorizar la excarcelación de los procesados sin condena si no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. No pareció un gesto de garantismo sino una decisión a medida de los represores, algunos de los cuales fueron liberados en consecuencia, hasta que la Corte comenzó a revocar esas excarcelaciones. La Casación, que con cuatro jueces nuevos está en plena renovación, parece dispuesta –aunque está por verse– a contribuir a cambiar la historia.
Fuente: Pagina12

jueves, 29 de diciembre de 2011

LUCIANO ARRUGA: UN HOMENAJE PARA LUCIANO


Por Adriana Meyer
Pudo haber sido una promesa más de campaña, pero ayer se convirtió en realidad. Tal como había pedido la familia de Luciano Arruga, ayer fue cerrado el destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue visto por última vez este joven que permanece desaparecido desde el 31 de enero de 2009. En un sencillo acto, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunció la creación del Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga donde funcionaba una unidad de la Policía Bonaerense, nacido al calor del reclamo de mano dura de un sector de vecinos de esa localidad. Por su parte, la familia anunció que el 28 de enero abrirá allí un centro barrial para seguir dando apoyo escolar, asistencia legal y otras actividades vinculadas con los derechos humanos. “Para la causa de Luciano es un hecho político, si no quieren aceptar que desapareció al menos sospechen que algo ocurrió en este lugar porque si no no lo hubieran cerrado”, dijo su hermana, Vanesa Orieta. En rigor, el subdestacamento será trasladado al barrio Monte Dorrego.
El intendente Espinoza había prometido cerrarlo cuando hubiera algún procesado en la causa judicial que investiga la desaparición del joven de 16 años. Le explicaron que había dos uniformados procesados por encubrimiento en una causa paralela abierta a partir de los testimonios del caso Arruga, y a fines de mayo el funcionario se comprometió públicamente a cumplir con lo que les había anticipado. Pasaron los meses y como las palabras no se transformaban en hechos, los familiares, amigos y organizaciones que vienen acompañando el reclamo de aparición con vida de Luciano hicieron un acampe frente al municipio de La Matanza, que contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel e Hijos zona oeste. A partir de entonces se armó una mesa de diálogo que, finalmente, culminó con el acto de ayer.
Poco antes del mediodía, el intendente Espinoza pidió perdón a la familia porque no se imaginaba que “podían seguir pasando cosas como ésta”. En tal sentido, apuntó que “había que tomar el camino contrario al que se había abordado” cuando decidió abrir el destacamento, luego de las demandas de los Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi), un grupo que se movilizó por los resonantes casos del asesinato del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Coppola. Los miembros de esa agrupación tenían una estrecha y familiar relación con los policías del destacamento. “Yo lo abrí y yo lo cierro”, dijo Espinoza, y se comprometió a enviar en forma personal el pedido al gobernador Daniel Scioli para que reciba a la familia de Arruga.
“Hicieron la maldad de dejar todo sucio y roto, fue muy duro entrar, cuando llegamos al fondo me imaginé cosas...”, dice Orieta a Página/12 al referirse al chalet de la calle Indart 106 donde funcionaba el destacamento inaugurado en 2008, y donde algunos miembros de Valomi supieron compartir asados con los policías sospechados. Según los abogados querellantes, hay pruebas de que Arruga estuvo detenido allí en forma irregular antes de su desaparición. Además, la última persona que lo vio, tendido en el piso luego de una feroz golpiza, es un preso que estaba alojado en esas celdas. La hipótesis que manejan es que el joven se negó a ser reclutado por los uniformados, que lo habían instado a delinquir en su beneficio, y “se les fue la mano” en el escarmiento.
“Sin la decisión política del gobernador este traslado no se hubiera podido realizar, yo se lo pedí y accedió, y esto nos permite cambiar un lugar de violencia por uno de vida”, dijo Espinoza. Para la hermana de Arruga, “si Luciano desapareció es porque no hubo control, porque no evaluaron antes de abrir otra base policial si el pedido de un grupo de vecinos podía generar los padecimientos de otro sector”, y adjudicó el cierre del destacamento a los amigos, familiares y organizaciones “que estuvieron desde un primero momento”. A ellos también agradeció la lucha para evitar que el caso “siga invisibilizado”. Sobre el destino que le darán al nuevo centro barrial, Orieta dijo que “no será un lugar de recreo, la realidad es la misma, otras mamás lloran a chicos muertos por la policía, no puedo conformarme con el cierre si a mi vecino le sigue pasando lo mismo”. En ese sentido explicó que “nuestra forma de construcción es denunciar cómo se comportaron los sectores políticos y judiciales, que nos dieron la espalda, nos discriminaron”. Sin embargo, admitió que la iniciativa significa “una caricia al corazón”.
En el acto –del que también participaron el secretario de Derechos Humanos del municipio, Miguel Rocha, y el concejal Miguel Bampini–, Pablo Pimentel (APDH La Matanza) coincidió en que el cierre del destacamento es un “importante hecho político” y destacó que había que “volcarlo a la causa para profundizar la investigación”. El expediente aún está caratulado como “averiguación de paradero” y los ocho policías sospechados figuran como testigos.

Fuente: Pagina12

CARTA ABIERTA: Carta de la igualdad


El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del 23 de octubre con el 54 por ciento de los votos expresa la voluntad popular por la profundización de los cambios. En esa decisión de millones de personas se vislumbra la apuesta por una política transformadora, perseverante en su irreverencia frente al orden establecido. En su seno, conjurando la totemización del mercado, rescatando voces antiguas de la fragua popular e intentando frente a ellas nuevas formas de lo político, late incipiente la otrora desterrada utopía de la Igualdad. Es acompañada por la validación de un tipo de gobernabilidad que no puede concebirse por fuera de la recreación incesante de lazos constitutivos con una sociedad activa, heterogénea y abierta, y el impulso hacia un extendido compromiso militante que tiene en el entrecruzamiento generacional y la convocatoria activa de la juventud una de sus dimensiones más notables. Los argumentos simplistas de la gran prensa –voto conservador, el consumo, la oposición inexpresiva– son velos que ocultan otros destellos resultantes de ocho años de continuidad que también sostuvieron el 54 por ciento. El humor social, la recuperación de valores que parecían perdidos, la identidad como pueblo, la confianza en un liderazgo, el compromiso creciente en capas de la sociedad para participar en lo público, la perspectiva y esperanza en un futuro.
Recordemos que apenas una década ha transcurrido desde las jornadas de movilización popular de 2001, cuando en las calles se sancionó la derrota política –y comenzó el retroceso cultural– de un modelo económico centrado en el capital financiero y un modo de gobierno consistente en la mera administración de lo ya dado. Fueron días de indignación y luchas callejeras que hicieron visibles y generales otros combates, los que venían sosteniendo organizaciones diversas desde mediados de los años ’90. Y si aquéllas habían crecido en la resistencia, creando formas nuevas para la política, los acontecimientos de diciembre fueron sancionados con una brutal represión. La crisis desencadenó una transición política que descargó los enormes costos y ajustes del desplome neoliberal sobre las vidas de las mayorías, ya severamente empobrecidas por el régimen caído. Juntamente con una aguda recesión avanzaron la desocupación, la exclusión, la marginación y la pobreza, mientras la llamada “pesificación asimétrica” transfería ingresos a los sectores más concentrados de la economía.
La Historia abrió una alternativa y una esperanza en 2003. La extendida experiencia política que denominamos “kirchnerismo”, como metáfora nominativa de una capacidad transformadora de características propias, posee un doble carácter: se nos presenta como la evidencia política e institucional de un heterogéneo subsuelo popular irredento en incesante movimiento, capaz de establecer los núcleos programáticos de una nueva etapa argentina, en plena ocasión de una crisis de hegemonía de dimensiones y, a la vez, como un inusitado giro de la historia, una inflexión sin coordenadas de arribo, un acontecimiento creativo que cambia los parámetros amputados de una dinámica de poder sin destino posible mayor que el de una tragedia que muta en parodia de sí misma. La figura de Néstor Kirchner fue el epicentro de esa combinación. Asumió la presidencia con un discurso nacional y popular que se distancia del camino industrial-primario-exportador sin inclusión social (desarrollista de derecha), que había intentado desplegar la transición duhaldista. Las urgencias de la democratización de la economía, del crecimiento del empleo y de la producción se concibieron, en el incipiente proyecto, inseparables de la aspiración de reconstruir el mercado interno y recomponer los ingresos de los sectores populares y medios. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno se pensó como heredero e intérprete de la movilización social, viendo en lo popular no sólo los rostros de las víctimas del orden en crisis, sino también los de una organización de la que no se podría prescindir. Los movimientos de desocupados fueron actores y partícipes de la nueva construcción, junto a los trabajadores organizados y un múltiple escenario social y político.
La desarticulación del último gran intento por emprender un proyecto de transformación nacional había sido acometida por la dictadura terrorista de Estado, más de un cuarto de siglo antes. Los comandantes y ejecutores de la represión masiva de aquella época se encontraban sin juicio ni castigo. Los primeros intentos de justicia sucumbieron bajo las leyes de impunidad. Pero en nuestro país se había desarrollado una inédita construcción militante de derechos humanos. Heroica por parte de las Madres de la Plaza, que en plena dictadura lucharon por la recuperación de sus hijos, y multiplicada luego en un vasto friso de militancias. Con la decisión de desarmar el dispositivo de la impunidad, el gobierno recuperaba las reivindicaciones centrales de ese movimiento: Memoria, Verdad y Justicia y, al hacerlo, se fundaba a sí mismo como una experiencia política radicalmente nueva. El desarrollo de los juicios, la ejecución efectiva de cientos de sentencias y la constitución de una narración de los hechos centrada en la condena del terrorismo de Estado configuraron un camino que debe seguir siendo profundizado con la investigación de los civiles que colaboraron y fueron beneficiados –como en el caso de Papel Prensa y otras 600 empresas– por lo tramitado en las mazmorras concentracionarias. Consecuente con la profundidad de su compromiso con los derechos humanos, una de las características distintivas del proyecto iniciado en 2003 ha sido la firme decisión de los gobiernos nacionales de no reprimir la protesta popular.
El desendeudamiento con el FMI y la restructuración de la deuda externa con una quita inédita, las negociaciones salariales en paritarias que construyeron una dinámica de recomposición de ingresos y, luego, la estatización de la administración previsional y la inclusión de millones de beneficiarios excluidos en el régimen jubilatorio trazaron un camino en el que la disidencia con las recetas de las ortodoxias financieras se estableció en el plano de los hechos. La desarticulación del ALCA marcó el nacimiento de una nueva política de integración regional que se iría constituyendo en nuevas instituciones, con el Banco del Sur, la Unasur y la flamante Celac. El latinoamericanismo dejaría de ser horizonte de deseo o bandera justamente compartida para convertirse en definición de una política internacionalista y regional.

II

En 2008 la nueva época adquirió otros contornos, signados por el conflicto y el entusiasmo. El justo proyecto de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias condujo a una aguda confrontación del proyecto nacional con el bloque de poder que operó –y opera– como el agente interno de la restauración del proyecto derrotado en 2001. Las corporaciones patronales del campo resistieron y no estaban solas. Un tejido nuevo de poder económico se había articulado en el agronegocio con ellas. Contaban con el apoyo de los medios de prensa concentrados, emparentados ideológicamente y entrelazados con los negocios ligados a la Argentina reprimarizada de fin del siglo pasado. Se sumó toda una oposición política variopinta que conjugaba discursos republicanos, conservadores y “progresistas” para la ofensiva destituyente. Organizaciones emblemáticas del empresariado industrial, como la UIA, beneficiarias de las nuevas políticas, no se comprometieron con el instrumento que favorecía la diversificación productiva del país, ya por ataduras con la persistente creencia neoliberal, ya por la apuesta a un modelo centrado en la demanda externa y sustentado en salarios bajos.
Los tiempos eran agónicos y parieron nuevos actores en conflicto. Se constituyó el bloque que afirmaría la continuidad de un proyecto que, si heredaba los movimientos populares argentinos, también se mostraba prístino en sus diferencias y fundamental en su novedad. Las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, una buena parte del arco político progresista y de la izquierda no peronista, se asociaron estratégicamente al futuro del kirchnerismo, que se afianzaba como identidad política. Un frentismo de hecho defendía al proyecto del intento de la restauración conservadora. Carta Abierta nacía en ese momento de disputa como expresión de un tipo de militancia que consistía en tomar la palabra colectivamente, procurar interpretaciones y asumir un compromiso público. El conflicto era evidente: frente a un bloque que impulsaba la autonomía nacional y ala ampliación de derechos se alzaba una coalición destituyente promovida por la elite del privilegio.
El año 2009 –en el que se afrontó un resultado electoral adverso– supuso un desafío de gran dificultad, pero las fuerzas estaban templadas y el Gobierno profundizó las políticas reparatorias. La Asignación Universal por Hijo y el programa Argentina Trabaja signaron ese momento. Coincidieron durante ese año los efectos de la sequía y la primera fase de la crisis internacional, que fueron enfrentados con políticas y medidas que desafiaban las ortodoxias y recomendaciones de los poderes internacionales y locales. Pese a que no escaseaban los conflictos, el Gobierno impulsó con fuerza otra reforma estructural: una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que prescribe límites a los monopolios y amplía el derecho a la información. Doblar la apuesta se constituiría en una marca de estilo frente a las adversidades.
En dos acontecimientos de 2010 pudo verse el cierre de las dificultades mayores del período: en la fiesta callejera de la conmemoración del Bicentenario y en la dolida y colectiva despedida a Néstor Kirchner. Porque si en el primero se vio la multitud reconocida en la nación que se conmemoraba –y esto es: no en abierto conflicto con el gobierno que la representaba–, en el segundo fue la emergencia de un compromiso activo y militante, descubierto junto con la propia fragilidad de las vidas que lo habían incitado. Y si la fiesta del Bicentenario era la contracara de la justa ira de diciembre de 2001, el duelo en la plaza reponía una confianza en la política que era impensable diez años atrás.

III

Eso fue posible porque la apuesta no fue leve y su horizonte fue la Igualdad. Que no es fácil de definir aunque se advierta su búsqueda en luchas, movimientos, documentos, leyes, hechos de gobierno. No es fácil porque se enlaza a otras cuestiones: la de la Justicia, la Libertad. Elegimos, en este momento, llamar Igualdad a las posibilidades de una sociedad más justa con sus integrantes, menos esquiva de lo fraterno y lo cooperativo, menos abrupta en el recorte de las libertades para algunos. No se trata sólo de igualdad de oportunidades reclamada por el liberalismo ni de distribución económica, aunque todo ello resulta imprescindible. La ley del matrimonio igualitario –que lleva en su nombre la cuestión que tratamos–, seguida por otras de muy reciente aprobación, evidencia una virtuosa escucha legislativa de los reclamos y valores impulsados por las minorías. El derecho al aborto, concebido como defensa de la autonomía de las mujeres a definir sobre su cuerpo y su deseo a la maternidad –y ya no como sumisión a la voluntad de un otro–, está en el horizonte de esas medidas que, impulsadas por pocos, inauguran, sin embargo, otro estado de los valores, las creencias y las lógicas que estructuran la vida social.
Si la Igualdad es el horizonte de estas políticas, lo es como igualdad en la diferencia y reconocimiento de la heterogeneidad. Lo es como ampliación de la ciudadanía, que se va desplegando en un recorrido desde la inclusión –con las múltiples estrategias de reparación social– hacia la Igualdad. No es poco lo que falta en este sentido y seguramente nunca el camino estará cumplido. La igualdad en la diferencia debe ser también el signo de una democratización profunda de la cultura, a la que las mayorías tengan acceso, generando disposiciones al conocimiento y el disfrute de lo creado por este país. Democratizar la cultura no es sólo generar espectáculos masivos. Es también crear las condiciones para la renovación del gusto cultural popular y para el impulso hacia la emergencia de nuevas y distintas expresiones. Hay mojones de este intento –como la ley de medios y Tecnópolis– que deben ser profundizados y ampliados. Muchos pasos se han dado de 2003 a hoy para disminuir la desigualdad que había generado la destrucción de la educación pública. Más chicos en la escuela y almorzando con sus familias. Menor deserción. Primeras camadas del secundario en algunas zonas del país. Docentes reconocidos en su dignidad de trabajadores. Bibliotecas y netbooks para todos. Estos cambios destacan y promueven el desafío de avanzar por lo aún faltante: la buena escuela pública, como la mejor alternativa de formación en todos los lugares y para todos los sectores. Habrá que explorar pedagogías, cruzar saberes y pensamientos, interrogar los modos de transmisión del conocimiento; pero esto será posible no sólo por el trabajo de especialistas sino también por la mayor participación de sujetos activos con compromiso en la transformación cultural y social necesaria para la buena educación. Ello requerirá que la política de Estado enunciada en la Ley de Educación Nacional se traduzca en prácticas sociales que legitimen en todo el territorio de nuestro país el derecho a la educación pública en una sociedad democrática. Pero aun con los cambios legislativos y políticas implementadas, subsisten tendencias estructurales regresivas, constitutivas de una matriz de sistema educativo, cuya reversión es imprescindible para atender al objetivo de la Igualdad. El creciente peso relativo de la educación privada –sostenida con financiamiento del Estado– en todos los distritos del país, pero con más intensidad donde predomina la población de sectores medios, resume la significatividad de esas herencias. Ese avance en desmedro de la centralidad de la educación pública es una fuente de desigualación social que conjuga desde segmentaciones clasistas hasta prejuicios raciales. La superación de esta lógica requiere de la convocatoria a los docentes, a los sindicatos y a la participación popular para movilizar la reposición de la escuela pública como núcleo clave de igualación social y forja de unidad popular.
Una nueva etapa del proyecto nacido con la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003 queda inaugurada en los discursos de cierre de campaña de la Presidenta, en ocasión de la victoria electoral y en el foro del G-20. En ellos el ideal de la Igualdad y la crítica del orden global del neoliberalismo resonaron como sus núcleos clave. Posicionarse desde América latina y el Caribe sin neutralidad ni imparcialidad señala el alineamiento frente al poder central en el orden internacional y del lado de las mayorías populares en la política nacional. No son aceptables las interpretaciones de este triunfo electoral como el resultado de un modelo de consumo y a la vez clientelar, del tipo del que signó a los años noventa. En éstos se trataba de una política de dádivas en un proceso de exclusión, en tanto el crédito a los sectores medios, el dólar barato y la focalización arbitraria –constructora de desigualdad– avanzaban con un discurso que naturalizaba la desaparición de la política como herramienta de transformación. Se trata de la diferencia del sufragio en una nación de ciudadanos frente al voto en un mercado de consumidores.

IV

La histórica denuncia de las “relaciones asimétricas” en la reunión de Mar del Plata, que derrotó al ALCA, y los proyectos de constitución del Banco del Sur y de la Unasur, así como la desvinculación de las políticas recomendadas por los organismos financieros internacionales, precedieron a una crisis que tiene alcances inéditos, dramáticos y de fin imprevisible. La nueva política económica heterodoxa desarrollada por la Argentina y buena parte de América latina y el Caribe generó mejores condiciones para las respuestas frente a la profunda crisis que se despliega en el nivel de la economía mundial.
El desplome financiero conduce a la destrucción de un stock de capital ficticio inconmensurable que provoca el desmanejo de las finanzas globales por los organismos creados para ese objetivo. Las derechas de los países centrales se obstinan en profundizar la lógica ultramercantilista en el funcionamiento de las economías, tanto en los órdenes nacionales como en la esfera global. En esos países la democracia emprende el retroceso a una formalidad sin ciudadanía, mientras el poder financiero elige tecnocracias para dirigir sus destinos. Las instituciones que fueron origen y centro de la crisis intentan someter a su cruda ley los presupuestos públicos y dar garantía de continuidad al capitalismo en su forma de financiarización. Xenofobia y ajustes en los presupuestos públicos, privatizaciones de empresas de servicios y reducciones de salarios, despidos masivos y destrucción de lo que restaba de los Estados de bienestar configuran el nuevo rostro de los países centrales. En el centro del mundo se diseña un escenario de incertidumbre y amenazas, del que no están excluidas las intervenciones armadas que se excusan en “paradigmas civilizatorios”. Sin embargo, este avance reaccionario no se despliega sin resistencias. Las huelgas y movilizaciones obreras y el surgimiento de nuevas expresiones de lucha popular –como la de los indignados– son síntomas de un descontento que constituye un potencial de futuros conflictos, lejos de la pretendida sentencia del fin de la Historia que el neoliberalismo proclamaba en sus décadas de esplendoroso ascenso.
El discurso presidencial en el G-20 impugnó el capitalismo financiero, la desregulación y la política de precarización del trabajo. Una impugnación a la esencia del capitalismo realmente existente. Implacable crítica hecha desde la jefatura de un gobierno empeñado en construir una sociedad de derechos mientras ese capitalismo actual los destruye en el centro del sistema global que construyó. ¿Habrá futuro para el capitalismo? ¿Habrá futuro para la humanidad? ¿El anarcocapitalismo conducirá a la barbarie?
La degradación del sistema en los países centrales comprende la aceptación y el fomento de paraísos fiscales, esquemas de elusión impositiva, maniobras con los precios de transferencia en las operaciones intrafirma de las empresas transnacionales. Así, mientras la financiarización conduce a la profundización de estos rasgos, los discursos de los líderes de las naciones hegemónicas condenan esas prácticas, la mayoría de las veces en forma hipócrita, mientras promueven ordenamientos legales internacionales con objetivos más cosméticos que transformadores.
En cambio, los países periféricos que sufren pérdidas fiscales y fugas de capitales por la presencia de esos mecanismos están interesados realmente en su desarticulación. El gobierno argentino ha trabajado en los foros internacionales en esa dirección. Así, el interés en el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal son objetivos importantes y destacables de la política del Gobierno. Pero resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de Ley Antiterrorista, como se lo hace en el actual proyecto que trata el Congreso. Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social. Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega.
Durante la última década nuestra región ha comenzado a desarrollar, de manera creciente, una experiencia económica, política, social y cultural esencialmente diferente de la verificada en el mundo desarrollado. Tal proceso político, dirigido a establecer esa sociedad de derechos, es incongruente con las sociedades de libre mercado. La preeminencia de lo político, tendencia verificable en gran parte de las nuevas experiencias nacionales de América latina –con marcadas heterogeneidades, indudablemente–, supone un ejercicio creativo de regulación pública creciente de aspectos económicos esenciales en el cual la ciudadanía política recupera un lugar principal respecto de las relaciones mercantiles no exento de conflictos y contradicciones. La frustración del plebiscito popular en Grecia acerca de las recetas de ajuste impuestas por el FMI, Alemania y Francia, permite realizar un poderoso contraste con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos cuya soberanía política en materia económica se acrecienta y complejiza a través de novedosos entramados nacionales y de integración multidimensional. Si bien estos procesos no están exentos de intrincados desafíos, asociados a un exacerbado grado de transnacionalización, gestión de recursos naturales y complejos escenarios de tensión distributiva, sus características distan de constituirse en evidencia de la lógica del capitalismo central. La imaginación política regional, la búsqueda de autonomía y la voluntad integradora esencialmente crítica del neoliberalismo han abierto una variante de organización social cuya denominación constituye aún una incógnita a dilucidar recurriendo a nuevos debates todavía en ciernes. Parece apropiado evitar referencialidades semánticas a pesadas e irresueltas herencias, no renunciando sin embargo a recuperar del arcón de posguerra la voluntad de las grandes gestas humanas que, a través de distintas identidades, dirigieron su proa a idearios democráticos, populares, independientes, igualitarios y libertarios.
No es fácil darle nombre propio al tipo de sociedad que queremos, dice la Carta Abierta/10 y, ciertamente, ese nombre aparecerá cuando se pronuncie colectivamente, en el interior de la conciencia de miles y miles de personas. La unidad de América latina y el Caribe, que incluye el rechazo a las conductas imperiales y la anárquica desregulación financiera, resulta en la urgencia de una autonomía no sólo justa, sino imprescindible, frente al desastroso despliegue reaccionario en el centro del capitalismo mundial. El paradigma de la Igualdad adquiere una significación trascendente como brújula en el clima de desazón de esta época.
La recuperación y centralidad de la idea de Igualdad representa una transformación cultural en la Argentina. El trazo grueso de los cantos de sirena del neoliberalismo fue el de crecimiento y derrame: sin acción pública los estímulos de mercados y ganancias conducirían a la ampliación y eficiencia productivas que desembocarían en la reducción de la pobreza en una sociedad de desiguales para el “bien” de todos. Sin embargo, el resultado fue el estancamiento y la exclusión.
Siempre ha existido una relación contradictoria y tensa entre capitalismo e Igualdad. La extensión de los derechos civiles y políticos generalizó la ciudadanía formal, mientras que esa expansión a la vez operaba como velo de la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. La idea liberal de un ámbito público de la política alienado de un espacio privado reservado para la economía esteriliza la potencia de la primera para transformar la segunda. Ni la Igualdad sustantiva ni la ampliación de derechos son cuestiones de mercados, sino de ciudadanía. La primacía de la política sobre la economía, la intervención pública en ésta, la sustitución del objetivo del crecimiento por el del desarrollo y el privilegio ciudadano sobre la determinación mercantil para elegir el destino estratégico de una nación son tributarios de una propuesta de profundización de la Igualdad. Esta es la inscripción del paradigma de la Igualdad proclamado por la Presidenta como objetivo de esta etapa.

V

Desde 2003 se produjo una mejora sustantiva en la distribución del ingreso, tanto que la Argentina eleva los índices promedio de la región en términos de equidad distributiva. El sistema impositivo alcanzó en 1974 su pico de equidad del siglo XX, y luego comenzó un ininterrumpido derrumbe que profundizaba constantemente su regresividad. El actual proyecto ha revertido esa tendencia alcanzando una leve progresividad al final de la década recién concluida. Las retenciones han contribuido a ese cambio. Pero el régimen impositivo sigue siendo injusto con el 20 por ciento más pobre de la población y reclama una reforma tributaria. Reforma que también es necesaria para la estabilidad estratégica fiscal. El impuesto a la renta financiera, la mayor progresividad del Impuesto a las Ganancias, la reforma en el Impuesto al Valor Agregado, la consolidación de las retenciones (inclusive recuperando la idea de retenciones móviles) y el refuerzo de las imposiciones patrimoniales provinciales son cuestiones pendientes.
El crecimiento del gasto público ha contribuido a la mejora de la equidad. El significativo incremento del presupuesto educativo y el aumento del gasto en salud contribuyeron en ese sentido. La inversión realizada en esos campos requiere una renovación ahora cualitativa: una atención que no sólo descanse en la mejora de la infraestructura escolar o sanitaria. En relación con la salud pública es preciso puntualizar que no se han producido avances en importancia e intensidad equivalentes a los que sí se dieron en áreas como los derechos previsionales, humanos, educación y de generación de empleo. Se ha tendido a consolidar la inercia heredada, a contramano de las notables transformaciones que el modelo nacional y popular ha sabido generar. El control a los laboratorios, la producción pública de medicamentos y la regulación de la medicina prepaga deberían avanzar en la generalización de un sistema igualitario de salud. Hoy sólo el 1,9 por ciento del PBI se invierte en salud pública gratuita, mientras subsiste –en un sistema fragmentado– una enorme inequidad en la distribución de los recursos. Pensar la salud como política de integración social hace necesario recuperar el rol del Estado como único rector y prestador creciente y dominante, para hacer realidad la universalidad de la atención y el acceso a la salud como derechos de ciudadanía. Un derecho no es ni puede ser una mercancía, ni debe ser el mercado quien distribuya la salud y la vida.
La quita de subsidios a los ricos y a las clases medias-altas que pueden prescindir de ellos contribuye a la equidad distributiva. La reasignación presupuestaria al gasto social y a la inversión pública es de estricta justicia. La campaña mediática que designa la mayor carga como un ajuste tiene una marca clasista. No hay redistribución sin recortes del ingreso de los más pudientes. Ajustistas son las políticas recesivas y restrictivas que disminuyen la capacidad de consumo de las mayorías populares asociadas a recortes del gasto público y no así las reasignaciones progresivas de éste, que mantienen su nivel. Un cambio distributivo supone modificaciones en la lógica de consumo y de la propia estructura productiva que provee los bienes para éste.
La cuestión de la Igualdad comprende el debate clave acerca de los sectores en pugna por la distribución del ingreso. Los enfoques económicos que desde diversos sectores apuntan a detener la política de incrementos salariales, ubicándola como causa del alza de los precios y la disminución de la competitividad externa tienden a imponer un orden injusto propio de la experiencia neoliberal, pero esta vez actualizándolo bajo la forma de una peligrosa heterodoxia de raíz conservadora. Este aparente oxímoron consiste en propiciar una creciente intervención estatal en materia económica, pero amputando las políticas que diferenciaron al período abierto en 2003 –asociadas a la recuperación de los convenios colectivos de trabajo y la dinámica sindical– del programa encarnado por el duhaldismo en beneficio del poder económico concentrado local y extranjero. La competitividad externa, luego de la devaluación del peso argentino en 2002, fue conseguida a costa de fuertes transferencias de ingresos desde los trabajadores y sectores vinculados al mercado interno hacia los sectores empresarios medianos y grandes rurales y urbanos. No se explicó, entonces, por un incremento de la competitividad sistémica genuina, sólo posible por saltos tecnológicos y productivos devenidos de una conducta empresarial de fuertes inversiones, que en el caso de las grandes empresas tendió a no verificarse con el mismo dinamismo que en la década de los ’90 pese a las comparativamente altas tasas de ganancias de los últimos años. La imprescindible política de incrementos salariales sistemáticos propiciados, a partir de 2003, por los gobiernos nacionales tendió a compensar esa transferencia inicial y distribuir los beneficios de la acelerada creación de riqueza que se produjo. Con el fin de preservar el carácter progresivo de la política pública –uno de los basamentos del modelo económico– parece imprescindible encauzar el debate acerca de la inflación y el tipo de cambio hacia los complejos escenarios de la puja entre sectores sociales por la distribución del excedente, ejercicio que implica analizar precios, tasas de ganancia, productividad, inversiones y salarios de manera conjunta. Ello supone en sí una renovada acción estatal, tanto técnica como política, sostenida por un debate público, como expresión evidente de la metáfora presidencial de “sintonía fina”.
Mucho se hizo en estos años en pos de la afirmación de la Igualdad. Lo hizo un gobierno componiendo a su alrededor un conjunto de alianzas. No fue menor el lugar que tuvo y tiene en esa alianza el sindicalismo mayoritario. Organizaciones remisas a revisar las lógicas de poder que las estructuran –y que las llevan al reconocimiento de cercanías que son claramente corporativas, como la defensa de algunos dirigentes que son juzgados por delitos económicos, delitos inaceptables desde cualquier percepción efectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores–, pero al mismo tiempo forjadas en la protección de los derechos de los asalariados formales. El grupo que hoy conduce la CGT se templó en la resistencia de los años ‘90 y desde 2003 para aquí articuló alianzas al tiempo que sostuvo la mejora de los salarios y la ampliación de derechos. Un contexto de expansión de la demanda laboral y de paritarias reconocidas lo hizo crecer y afirmarse. Hoy aparecen, enfáticamente anunciadas, oscuridades en esas alianzas.
No es fácil, nunca, orientarse en las coyunturas que son pródigas en ambigüedades, en componer hilos heterogéneos, en presentarse con rostros ambivalentes. Pero todo ello no puede evitar una nitidez que sigue presente: la política argentina sigue teniendo un trazo fundamental que distingue entre un bloque de la reacción y un movimiento –complejo y múltiple– que apuesta por la Igualdad. Es inimaginable que los trabajadores argentinos y sus representaciones sindicales elijan el camino de la reacción, arrojándose a los brazos de aquellos que hasta ayer nomás se decían sindicalistas para defender intereses patronales o para actuar como emisarios de la corrosión de la legitimidad institucional. Porque la CGT conducida por Hugo Moyano no tiene nada que ver con un gastronómico de las barras brava ni con un dirigente de peones rurales que pone a sus afiliados como carne de cañón para un paro patronal. Habrá nubarrones en la coyuntura, oscuridades que opaquen la nitidez, habrá que renovar –para despejarlos– un compromiso común, un compromiso hecho de tensiones, diálogos, conflictos y disidencias, pero sustentado sobre un acuerdo necesario: el de profundización de la Igualdad, el de ampliación de derechos.

VI

El paradigma de la Igualdad como el que se avizora requiere de la autonomía nacional. Un problema central y estructural subsistente e intacto es la extranjerización de la economía. La concentración más esa extranjerización, profundizadas deliberadamente por las políticas neoliberales, contribuyen a una persistente fuga de capitales. Durante los ’90 se financiaba con endeudamiento y hoy se lo hace con las divisas del superávit comercial, conseguido como resultado de la actual política económica y de las condiciones de la economía mundial. Así, el resultado del esfuerzo común es girado al exterior por los más poderosos, que cuanto más ganan más giran. Las constantes remesas de utilidades revelan que la Igualdad no constituye un objetivo exclusivamente social, sino un problema nacional. Así, a la exigencia de mayor inversión se agrega el requerimiento de renacionalizar la economía. Las filiales de las empresas transnacionales orientan su política, mucho más, por las necesidades y lógicas de sus casas matrices que por las definiciones, estímulos y objetivos de la política económica local. Una nueva ley de inversiones extranjeras es necesaria para proveer un marco regulatorio que permita al Estado fijar políticas.
Pendiente está, en función de la profundización de la Igualdad, una legislación justa sobre la posesión de la tierra urbana y rural. El proyecto de ley actualmente en discusión constituye un primer paso. Los desalojos de los humildes y la prepotencia de quienes los llevan a cabo han causado derramamiento de sangre y muertes. La legislación necesaria implica un debate respecto del derecho de propiedad, que por cierto se originó como todos los derechos civiles como reivindicación de los más débiles frente a los más fuertes. La conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma lógica que la conquista del desierto del siglo XIX. Se despliega como una violación del derecho de propiedad comunitaria para la vida y la cultura de comunidades enteras, destruyendo los derechos de los pueblos originarios y de los campesinos para establecer otros nuevos, que protejan la apropiación de medios de producción por una clase objetivamente vinculada con la restauración del modelo derrotado en 2001. Apropiación típica de los conquistadores, por medio de la expulsión de campesinos de sus tierras. La solución del hábitat urbano y rural es, tal vez, la que atendería los problemas de mayor injusticia y violencia, resultantes de inequidades desgarrantes.
La marginación del ideario del desarrollo y su empobrecimiento al subsumirlo en los conceptos de crecimiento y derrame fueron tributarios de la sanción de leyes financieras que retiraron al Estado de la función de direccionamiento del crédito. Nuevas leyes que regulen el funcionamiento de las entidades, las funciones del Banco Central –que incluyen la recuperación del poder estatal para articular la política monetaria con las otras políticas públicas– y los derechos, acceso y protección a los usuarios del crédito significarán la derogación y el reemplazo de la que fuera la ley de leyes de la política económica de la dictadura terrorista: la Ley de Entidades Financieras y, también, de la carta orgánica del Banco Central, columna vertebral de la financiarización.
La vibrante defensa de Cristina Fernández de la gestión en Aerolíneas Argentinas, la estatización que dio origen a Aysa y las diferencias de eficiencia en la gestión pública de los fondos jubilatorios aplicados a proyectos de desarrollo habilitan una vía de profundización sostenida en la recuperación de la gestión empresaria del Estado. Quedó agotado el discurso de la ineficiencia pública respecto de la virtud de la privada. El desempeño del Banco Nación durante las crisis y en el estímulo del crédito productivo, frente a la conducta lucrativa de corto plazo de una banca extranjera especializada en créditos personales –colocados a altas tasas–, muestra otro contraste que abunda en el fundamento del colapso de esa creencia. Así, el empeoramiento del balance de divisas en el sector energético alerta sobre una insuficiencia exploratoria del capital privado en la industria petrolera. La mejora en el planeamiento y la regulación y la recuperación de la centralidad empresaria estatal en ese sector no sólo atenderían a requerimientos del proceso de desarrollo, sino que también crearían condiciones para generar estrategias económicas que no desdeñen el cuidado del medio ambiente, a la vez que afirmarían el camino de la autonomía nacional.

VII

Si se postula una sociedad de derechos, es impensable avanzar sin la idea del plan. Una sociedad de mercados es una sociedad sin plan, porque la organización de ésta opera indirectamente por el peso de la pura correlación de fuerzas de los poderes económicos. En cambio, la construcción de una sociedad de derechos requiere de la participación ciudadana en las decisiones. Participación cuya fuerza quedó demostrada en la forja de la ley de medios, en su discusión por múltiples foros y en la creación de una sensibilidad social sobre su importancia. No debe ser ése un caso aislado sino el umbral para políticas renovadas en las que se apele a una capilar politización de lo cotidiano. O, dicho de otro modo, en el que se conjugue la igualdad más profunda: aquella que nos hace sujetos políticamente autónomos, capaces de opinar, juzgar, comprometerse y decidir.
Una sociedad movilizada, una opinión pública capaz de forjarse en los debates y no en ningún pensamiento único, una dirigencia capaz de asumir desafíos renovados, un vasto conjunto de militancias heterogéneas y diferentes configuran un escenario promisorio para el año que se abre. Los desafíos son profundos y las interpretaciones que se conjuguen deberán estar a la altura. No es tiempo de tratos maniqueos con el pasado ni de juicios sumarios sobre la Historia, más bien lo es de recostar nuestra experiencia política sobre la diferencia que establece con otros momentos, pero también para que su actual complejidad ilumine la del pasado. Porque somos enfáticos habitantes del presente, debemos ser comprensivos visitantes de lo sucedido. A sabiendas de que los tiempos nos exigen una imaginación política renovada y un compromiso colectivo para pronunciar las palabras justas. Aquellas que nos permitan afirmar la Igualdad.

martes, 27 de diciembre de 2011

FUERZA CRISTINA: La Presidenta será operada por un "carcinoma papilar" el 4 de enero

El Secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, informó que la presidenta Cristina Kirchner tomará licencia médica para someterse a una intervención quirúrgica, tras haberse detectado un carcinoma papilar en la glándula tiroides. Scoccimarro agregó que en estudios específicos realizados hoy se constató "la inexistencia de metástasis". La operación se realizará en el hospital Austral el 4 de enero y la mandataria deberá permanecer 20 días en reposo. Durante los días de licencia, el vicepresidente Amado Boudou quedará al mando del Ejecutivo.


El secretario de Comunicación Pública de la Nación dio a conocer el comunicado emitido por la Unidad Médica Presidencial de la Nación, en el que se informa que "como resultado de controles médicos rutinarios a los que se sometió la presidenta Cristina Fernández el pasado 22 de diciembre se detectó la existencia de un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de su glándula tiroides".
Y agrega: "Debido a ello, hoy se efectuaron los estudios específicos y se constató la ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos y la inexistencia de metástasis. Se concluye que la localización de la enfermedad está circunscripta en la mencionada glándula".
Scoccimarro explicó, según lo explicita el comunicado, que "se realizará una intervención quirúrgica" y detalló que "habiéndose completado durante esta jornada la realización de los estudios prequirúrgicos correspondientes, se programó la intervención para el miércoles 4 de enero en el Hospital Austral, con un tiempo probable de internación de 72 horas y de convalecencia de 20 días".
"La operación estará a cargo del doctor Pedro Sacco y su equipo. El mencionado profesional se desempeña como Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Austral y como Jefe del Servicio de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología 'Dr. Ángel Roffo' de la Universidad de Buenos Aires", señala el comunicado de la Unidad Médica Presidencial de la Nación, que lleva la firma de los doctores Luis Buonomo y Marcelo Ballesteros.
Fuente: Pagina12

FORMOSA: Piden cortar los haberes a un acusado de genocida prófugo hace varios años


Por “inactividad” de la fiscalía se solicita que le dejen de pagar mensualmente a Horacio Rafael Domato,  por quien el Estado ofrece una recompensa de 100.000 pesos  para encontrarlo.  

A través de este escrito presentado por el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) se conoció que hace años Horacio Rafael Domato, prófugo de la justicia, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en Formosa , cobra mensualmente sus haberes como retirado de Gendarmerìa Nacional. Lo paradojal del caso es que simultáneamente  al libramiento de su captura  se hace público el ofrecimiento oficial de $100.000 en recompensa para quien acerque datos para dar con su paradero. Para los letrados y organismos defensores de Derechos Humanos, el Ministerio Público, una vez màs, esta vez con su inacción vuelve a favorecer a los imputados. En el escrito de la LADH se menciona la “inacción” sobre unos 16 casos del Departamento Pilcomayo sobre los cuales no se ha ordenado investigación alguna.

En realidad la LADH presentò dos escritos, uno por denegación o retardo de justicia,  y otro sobre el caso Domatto.  Ambos por “inacción”, ya que todavía no se obtuvo respuesta de la presentación de la LADH como querellante y su actuación en la querella en la causa Carrillo efectuada el pasado 5 de diciembre.  

En el escrito sobre el represor Domato la LADH solicita “que ante la inactividad del Ministerio Público”,  con habilitación de día y hora “se libre oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, por intermedio de quien corresponda, se ordene la retención de los haberes del represor y torturador prófugo comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato, y la notificación a los puestos fronterizos con la República del Paraguay de la constante presencia de ese sujeto”. Agrega además que “conforme las constancias de autos, el prófugo obtuvo un “certificado de supervivencia” en la provincia de Córdoba a efectos de continuar percibiendo su retiro por parte de su fuerza de seguridad. Tal hecho fue informado al Juzgado por la propia fuerza, sin ninguna actividad al respecto por parte del Ministerio Público. Ocurre algo similar respecto de la investigación de la represión ocurrida en el Departamento Pilcomayo, donde nos encontramos con 16 causas paralizadas”. Seguidamente comenta: “No escapará al criterio del señor juez que la continuación en el cobro de su retiro por parte del principal torturador que asolara la Provincia de Formosa durante la dictadura militar que padecimos los argentinos desde 1976, posibilita la continuidad de su condición de prófugo evadiendo así la acción de la justicia. Ello sin perjuicio de las constancias de su reiterado paso a la República del Paraguay por el paso internacional de Clorinda, custodiado por integrantes de su misma fuerza, y su continua presencia en la Provincia de Formosa.

Resulta un contrasentido que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación ofrezca una recompensa de $ 100.000 por la captura del torturador prófugo, y, los responsables de su persecución penal no tomen las medidas conducentes a su detención, posibilitando que anualmente el mismo estado le abone sumas iguales o equivalentes” finaliza el escrito. 

Represor matriculado

Amelong, el abogado "ético".
En Rosario, el Colegio de Abogados había suspendido a Daniel Amelong, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Pero la Cámara de Apelaciones revocó la decisión.


La Cámara de Apelaciones de los tribunales provinciales de Rosario levantó la suspensión de la matrícula de abogado que pesaba sobre el teniente retirado Daniel Amelong, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El tribunal revocó la decisión del Colegio de Abogados de esa ciudad, que le había suspendido la matrícula a Amelong, al responder a un recurso que había presentado el propio afectado. El fallo fue criticado por el titular del Colegio de Abogados, Ignacio del Vecchio, quien anunció que “es muy probable que se presente un recurso de inconstitucionalidad de la medida judicial”.
Los camaristas Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho consideraron que para suspender la matrícula de Amelong no hubo intervención o pronunciamiento del tribunal de ética en pleno del Colegio de Abogados, como lo exige la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia, y señalaron que los fallos que lo condenaron no están firmes. Ayer, Del Vecchio consideró que “la Cámara hizo una lectura demasiado estricta del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Además justificó la decisión del Colegio de Abogados de suspender la matrícula del condenado al señalar que la entidad “debe garantizar a la población que quien ejerza la profesión sea una persona ética”.
También cuestionó el fallo el diputado provincial de Santa Fe Eduardo Toniolli, del Frente para la Victoria, al decir que “es como habilitar a Mengele para trabajar de pediatra”. Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja de Santa Fe y querellante en el juicio en el que fuera condenado Amelong, señaló que “este sujeto fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados –enumeró–. Más allá de tecnicismos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Colegio debe velar por el decoro del foro, y estamos en presencia de un genocida que, si no fue condenado antes, fue por obra de leyes anticonstitucionales como las de obediencia debida y punto final”.
El teniente Amelong fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF–1) a prisión perpetua a cumplir en cárcel común por delitos de lesa humanidad ocurridos en centros clandestinos que funcionaron en el Gran Rosario, durante la última dictadura cívico-militar. La sentencia, que también alcanzó al teniente coronel Pascual Guerrieri, al mayor Jorge Fariña y a los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, señaló que los represores fueron hallados culpables de homicidios “agravados por alevosía” y también por “persecución, tortura y desapariciones entre 16 y 24 oportunidades”. En el juicio se probó que Amelong, ex miembro de Inteligencia del Ejército, actuó en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Quinta de Funes y en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Estuvo imputado por los casos de Ariel Morandi, Susana Miranda, Hilda Cardozo y Raquel Negro, como así también por los secuestros de Ramón Verón, Juan Antonio Rivero, Adriana Arce y Olga Moyano.
Por otra parte, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Amelong el 24 de octubre a 13 años de prisión por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar Paraná. En el fallo, Amelong fue considerado coautor, junto a otros cuatro represores, de la sustracción de menores y supresión de la identidad. En septiembre pasado, durante una de las audiencias, Amelong mantuvo un diálogo antológico con Horacio Ballester, militar retirado y miembro del Centro de Militares para la Democracia (Cemida). En su condición de abogado, el represor fue autorizado a preguntar e inquirió a Ballester si conocía el artículo que establece las responsabilidades de superiores y subalternos, así como el cuadro de organización militar y de inteligencia. “Un subalterno no está obligado a cometer una acción ilegal, el militar no es un cumplidor de órdenes robóticas y responde a su conciencia”, dijo Ballester. Hubo aplausos en la sala.
Fuente: Pagina12

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