jueves, 30 de septiembre de 2010

La polémica de Hebe

Hubo una frase, cuando la titular de las Madres de Plaza de Mayo afirmó: “Y si es necesario vamos a tomar el palacio de Tribunales” provocó la reación de la oposición y aclaraciones de otro agrupamiento de derechos humanos como el CELS, en tanto, los organizadores de la marcha y el oficialismo plantearon el contexto en el cual Hebe de Bonafini realizó su discurso.

“Criticarla es tratar de desvirtuar la situación”, sostuvo el jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara baja, Agustín Rossi, que pidió rescatar el espíritu original de la protesta. “La movilización apuntaba a que las leyes del Congreso deben ser cumplidas y respetadas”, explicó el diputado Jorge Landau.

Los dirigentes del kirchnerismo respondieron así a la lluvia de críticas recibida por Bonafini luego de que la presidenta de Madres dijera que los ministros de la Corte eran “unos turros”. El titular de la UCR, Ernesto Sanz, opinó que Bonafini “ha dicho cosas que ponen en duda su real estado psicofísico”, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que la titular de la organización de derechos humanos “está desquiciada hace rato”. También hubo repudios del radical Ricardo Alfonsín y del dirigente del Peronismo Federal Francisco de Narváez.

Anoche, al ser consultada, Bonafini intentó bajarle el tono a la discusión. “Empecé a ver cómo era la repercusión en los medios y vi que Clarín fue el único diario que dijo que el discurso más aplaudido había sido el mío. Ahí me di cuenta de que me había mandado una cagada”, expresó entre risas.

El titular del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, intentó minimizar el hecho. “Con toda la historia que tiene Hebe, con una lucha que fue reconocida hace pocos días por el propio presidente de los Estados Unidos, me parece que criticarla es tratar de desvirtuar la situación”, dijo Rossi a Página/12.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió un comunicado en el que lamentó las palabras de Bonafini. “Llamar ‘turros que reciben sobres’ a los jueces de la Corte que anuló las leyes de impunidad, avanzó en el reconocimiento de postergados derechos civiles y ambientales, instauró la práctica de audiencias públicas (...) y garantizó la publicidad de sus actos es inadmisible y merece nuestro sonoro repudio”, sostuvo el organismo.

Para el diputado Fernando “Chino” Navarro, “Hebe de Bonafini fue de las pocas personas que lucharon durante la dictadura. Tomar su discurso como lo central del acto es subestimar a miles de argentinos que estaban en la plaza reclamando que se democratice la comunicación”. Su compañero de banca Jorge Landau señaló que “naturalmente, no comparto eso de ocupar el Palacio de Tribunales, ya que en todo caso las instituciones tienen el recurso del enjuiciamiento de los ministros de la Corte, si correspondiera, por su inconducta”.

No obstante, Landau también destacó que el aspecto central de la movilización del martes fue el pedido de aplicación de la ley. “Eso sí lo comparto, ya que la movilización apuntaba a que las leyes del Congreso deben ser cumplidas y respetadas.” En ese sentido, el legislador porteño Aníbal Ibarra dijo que las expresiones de la presidenta de Madres “benefician a quienes quieren frenar la aplicación de la ley de medios”.

“A alguno puede sonarle fuerte el discurso de Hebe, pero no lo vemos para nada alejado de la realidad”, expresó por su parte el dirigente Luis D’Elía. “Cuando uno ve la trastienda de esta situación, donde Magnetto hace un mes se juntó con (el presidente de la Corte, Ricardo) Lorenzetti y algunos más para hacer lobby, uno puede entender la fuerza que le puso Hebe a su discurso.” El líder de la Central de Movimientos Populares (CMP) fue otro de los que pidieron hacer hincapié en el propósito de la marcha. “Ayer (por el martes) se movilizaron miles de personas porque realmente ven amenazada la puesta en marcha de la ley. Si realmente el artículo 161 es declarado inconstitucional y el desguace de los monopolios queda sin fecha cierta, sería un golpe muy duro”, aseguró D’Elía.

Fiel a su estilo, el gobernador bonaerense Daniel Scioli decidió evitar la polémica. “Podemos vivir una democracia intensa, que haya mucho debate, pero todos tenemos que respetarnos más”, expresó.

Pagina12 

Otra vez los cuarteles, ahora para estudiar

Por Horacio Cecchi
 
El proyecto de la educación de jóvenes en cuarteles logró su media sanción en el Senado con un resultado ajustado, en el que los votos a favor los pusieron el radicalismo y el peronismo disidente y el rechazo estuvo dominado por la bancada oficialista. El texto propone que los jóvenes “en situación de riesgo” tengan una oportunidad de concluir sus estudios nada menos que en cuarteles militares, salteando las instituciones educativas públicas existentes. El Ejército, que según los senadores votantes debería ser el espacio de recepción y contención de esos jóvenes, rechazó –como ya informó este diario– el convite de transformarse en un bachillerato incorporado para pobres, sosteniendo que no forma parte de sus funciones ni sus integrantes están preparados para dedicarse a este tipo de actividad docente. Como un indicio del grado educativo del proyecto, baste recordar que fue tratado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico y no fue enviado a la Comisión de Educación. La votación, para más datos, fue tratada dentro de un paquete de leyes de seguridad.

La iniciativa corrió por cuenta de los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero, el sa(a)dismo puntano y el oficialista José Pampuro, aunque este último finalmente no se presentó a la votación, en línea con la decisión del FpV de rechazar el proyecto. El Servicio Cívico fue votado por 33 senadores (UCR y PJ disidente) y rechazado por 31 (el oficialismo y sus principales aliados, entre ellos los senadores fueguinos que responden a la gobernadora Fabiana Ríos). Hubo dos abstenciones (Norma Morandini y Eugenia Estenssoro) y seis ausencias, entre las que figuran las de Pampuro y Roxana Latorre (que estuvo de viaje con la Presidenta) y la del socialista Rubén Giustiniani, quien sí se presentó luego a votar la ley de salideras.

El Servicio Cívico Voluntario prevé un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años, que se encuentren en situación de riesgo, y a cambio recibirán una beca equivalente a tres asignaciones universales y podrán finalizar sus estudios formales primarios y secundarios.

La idea tiene su antecedente en una experiencia llevada a cabo por Julio Cobos en Mendoza, que fue de mal en peor: el número de asistentes voluntarios se redujo en un par de años en un 40 por ciento.

El proyecto votado ayer es el resultado de un dictamen por mayoría alcanzado la semana pasada y que unificaba los proyectos de los radicales mendocinos Sanz y Montero, del puntano Rodríguez Saa y del oficialista Pampuro. El dictamen por mayoría fue votado el 21 en un plenario de las comisiones antes mencionadas, impulsado por la presidenta de Justicia y Asuntos Penales, la opositora salteña Sonia Escudero, y la representante eclesiástica Liliana Negre de Alonso, entre otros. Pero también el de la oficialista díscola Adriana Bortolozzi de Bogado.

La senadora Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, denunció que el proyecto “propone una especie de internado en las dependencias militares para algunos jóvenes. Pero no cualquiera. Está dedicado a los jóvenes en situación de riesgo, los más pobres”. La senadora también denunció que “el dictamen no fue girado a la Comisión de Educación”, lo que revela las pretensiones de los redactores del proyecto: pese a que está planteado como un sistema de educación, fue ingresado a comisiones de seguridad y tratado en el proyecto de leyes consideradas de seguridad, junto a la de salideras bancarias y a la de desaparición forzada de personas.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, criticó la iniciativa porque “en el fondo subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light”, porque “podría actuar como disciplinador social”, al tiempo que significaría “el retorno de las fuerzas militares en temas de la seguridad publica”, que fue eliminado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

“Es un horror, un eufemismo decir que es un proyecto educativo cuando lo único que hace es discriminar a los pobres”, sostuvo Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. “Más que de educación es un plan de criminología cosmética, parece un problema de disciplina, parece que todo queda reducido a los jóvenes que tienen anulados sus derechos de educarse en escuelas públicas”, sostuvo el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón.

“Más allá de los intereses que han motivado a los senadores a redactar y votar el proyecto, hoy en Argentina rige la Ley Nacional de Educación que hace obligatorio el acceso de todos los jóvenes a la educación primaria y secundaria –señaló Gimol Pinto, especialista en protección de la infancia de Unicef Argentina–. Y muchos adolescentes no están pudiendo ejercer ese derecho fundamental. También está vigente la ley de prohibición del trabajo infantil que prohíbe el trabajo hasta los 16 años. Lo central es que el Estado debe garantizar que los chicos que se encuentran en exclusión tienen que estar en la escuela y tienen la educación garantizada por el Estado y la solución no pasa por abrirles talleres alternativos.”

“¿Y qué tiene de malo que el Estado ayude a chicos que no tienen acceso a la escolaridad y que se encuentran en situación de riesgo?”, fue la defensa que abrumó durante la sesión de ayer. Los senadores que adoptaron ese discurso hicieron el olímpico salteo de la propuesta educativa: la mecánica de tratamiento figura en la labor parlamentaria, que evidenció que se trató de una propuesta más sobre el problema de la seguridad.

El proyecto pone como requisitos tener entre 14 y 24 años, pasar un control médico psicofísico, sostiene que el contenido de los cursos y capacitaciones será elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación (pese a que no ingresó a la Comisión apropiada) y se desarrollará en instalaciones del Ejército que se encuentren en desuso, pese a que el Ejército rechazó el convite.

El proyecto, ahora, deberá ingresar en Diputados donde deberá superar el primer escollo: ¿la comisión de cabecera será la de Seguridad o la de Educación?

hcecchi@pagina12.com.ar

Pagina12

miércoles, 29 de septiembre de 2010

MARIO WAINFELD: LA PLAZA Y EL TRIBUNAL

Por Mario Wainfeld
 
A dos cuadras de la Plaza Lavalle, la zona de Tribunales tiene su rostro de la tarde. Los negocios de fotocopias van cerrando, a medida que afloja la demanda. Los bares reciben a profesionales que terminan su jornada con un whisky, un café compartido, un esfuerzo de seducción con colegas, vecinos o compañeros de oficina. Por las transversales y por la Diagonal Norte, es otro planeta.

Columnas o manifestantes sueltos van llegando, con pancartas bien trazadas o manuscritas, de a cientos o de a cuatro. Suenan algunos redoblantes, bombas de estruendo aturden al cronista. Dos juezas se acercan, con su atuendo de labor: traje sastre, preeminencia del gris, un pañuelo que pone la nota de color. “No todos pensamos igual”, le comenta una magistrada al escriba. “No cuente que fui yo la que se lo dijo”, agrega apenas en broma. Claro que no se la identificará, su Señoría, basta con consignar el diálogo.

Movimientos sociales, los autoconvocados de 6,7,8, la pléyade de grupos juveniles que conforman la militancia kirchnerista, Carta Abierta. Ciertos asistentes son más conocidos. Como cuadra en la etapa, los manifestantes les piden una foto que toman con sus celulares, hay atávicos que todavía llevan una camarita.

Pocos vendedores ambulantes, mayormente de garrapiñadas, el olfato quizá les falló, hay mucha gente. En los movimientos sociales se ven microemprendedoras que ofrecen empanadas a precios que harían las delicias de Guillermo Moreno.

Los actos convocados por el oficialismo concitan desde “clase media” hasta grupos muy humildes, que concurren en familia, no faltan ni bebés ni abuelas.

Las plazas kirchneristas son, en 2010, pluriclasistas, con un amplio abanico generacional. Hay jóvenes de clase media, tantos como los llegados desde el conurbano. Bastantes portadores de aspecto setentista. La presencia sindical organizada es mínima, frisa lo residual.

Casi no se escuchan consignas a coro. Casi no se escuchan cánticos contra la Corte. “Tomala vos/dámela a mí/el que no salta/ es de Clarín.”
- - -
Sin estadísticas fiables a mano, el cronista acude a su lectura impresionista. Desde 1983 se diversificaron “las plazas” centro de manifestaciones. Antes la de Mayo, la Plaza por antonomasia, copaba la banca. La diversificación de demandas, el mayor conocimiento del funcionamiento de los poderes del Estado indujo a los reclamantes a ser más precisos. Se quiere (o se aborrece) una ley, al Congreso. Se pide “justicia”, pronto despacho o fin de la impunidad de delincuentes... a Tribunales. Una movilización a Plaza Lavalle no es, como reza la Vulgata mediática, un “ataque” a la Corte como una a la Casa Rosada no es un “ataque” al Ejecutivo. Se pone el cuerpo, se expresa el número, se hace cerca de aquel a quien se quiere hablar. Hay en boga una hipótesis contraria: los jueces están exentos de escuchar la voz del Agora. Curioso privilegio de un poder público...
- - -
La Corte Suprema tiene a estudio un recurso contra una medida cautelar facilista, dictada por un juez poco serio, confirmado por una Cámara que hace juego. Versa, también es sabido, sobre el apodado “plazo de desinversión”. Los demandantes aducen que un año es poco para que los oligopolios se adecuen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, afirman los demandantes. Según ellos, los obligaría a malvender las licencias.
El argumento es vistoso pero falaz. Por lo pronto, no verificado. Los jueces no tuvieron ningún elemento a mano para corroborar su seriedad. Su único “dato” son las afirmaciones dogmáticas del reclamante. Las medidas cautelares no se abren a prueba. No hace falta ser muy versado en derecho para entender que la palabra del peticionante no es una prueba seria, ni siquiera una prueba.

“Es un hecho notorio”, comenta, por lo bajo, un Supremo y se equivoca. Los abogados Arístides Horacio M. Corti y Rubén Amílcar Calvo lo han refutado en un artículo accesible en la red de redes. El pretenso daño, puntualizan los juristas, es “conjetural, ya que el eventual daño emergente de dicha venta legalmente impuesta recién podría establecerse una vez que se conozca el precio estipulado en dicha venta futura”. ¿Sería irreparable, en tal caso, el daño sufrido del Grupo Clarín? Claro que no, podría demandar al Estado por los daños y perjuicios, claro que con la carga de comprobarlos. El Estado siempre fue buen pagador de sus deudas a las grandes empresas. En esta etapa es, como casi nunca antes, muy solvente.

Corti y Calvo añaden otra referencia de interés, que se parafrasea: el valor de un bien concesionado no es igual a uno de su plena propiedad. “El principio de indemnización integral rige exclusivamente para la propiedad personal y no se extiende a los bienes afectados a un servicio público o pertenecientes a las grandes corporaciones, en cuyo caso la indemnización debe ser justa, calificación que supone indemnizar exclusivamente el valor de origen histórico de los bienes, neto de amortizaciones y ganancias excesivas en su caso.”

La medida cautelar precoz, esa excitación de jueces solícitos ante el poder, es un mal rebusque. Funciona en los hechos como una sentencia: opera efectos contra todos por plazos larguísimos. Se supone que las medidas cautelares sean provisorias, acuciantes, imprescindibles para frenar daños irreparables.

El reclamante no prueba nada, apenas alega. Validar ese proceder inicuo que deroga por tiempo indeterminado una ley aprobada con amplias mayorías es un abuso de poder judicial, que también existen.

Es un ejemplo clavado de “gravedad institucional”, que habilita a la Corte a revisar una medida cautelar, por excepción.

Las razones de los juristas mencionados o del cronista son rebatibles, la Corte podría argüir distinto. Pero esconderse detrás de un formalismo para mantener la suspensión de la ley sin ponerle el gancho a la sentencia sería una privación de justicia, una elusión de responsabilidad y una incitación a que proliferen cautelares o amparos temerarios.

La mayor parte de la muchedumbre que estaba en la Plaza se movía por referencias más sencillas y tangibles: el apoyo a un gobierno, si se quiere la defensa frente a las corporaciones que le vienen haciendo frente desde hace dos años. Al principio sólo dieron la cara las entidades agropecuarias, ahora todas se sinceran. Las mediáticas son la vanguardia, la Unión Industrial Argentina se suma fervorosa, la Asociación Empresaria Argentina siempre estuvo.
- - -
Desde luego, una movilización expresa a una parcialidad, traduce su capacidad de lucha, su ansia de protagonismo. Nunca es una referencia vacía, nunca debería zanjar un conflicto de poderes.

La Corte Suprema no debe ceder a las demandas de una marcha para cumplir sus deberes. Tampoco debería someterse a las llamadas telefónicas de los CEOs y gerentes VIP que fatigan sus teléfonos. La independencia se ejercita manteniendo equidistancia de los actores políticos y económicos, no privilegiando a aquellos con quienes se comparte la estadía en el primer decil de ingresos, la pertenencia social o la ilusión de tenerla.
- - -
El cronista, afecto a las estimaciones, hace sus cuentas. La Plaza Lavalle es un cuadrilátero que tiene algo más de cien metros por cada lado. Redondeemos 12.000 o 15.000 metros cuadrados. La densidad oscila en una convocatoria pluriclasista y variada en la edad: los humildes y los jóvenes se abigarran más. Calcule 25.000 o 30.000 asistentes, lector, y no estará tan alejado. Con pocos micros, para los que vienen de barrios distantes del centro. Con una proporción alta de personas que llegaron por la libre y que se dispersaron en modo pacífico, con muchas tertulias, para solaz de los dueños de los cafés aledaños.
Los magistrados deben resolver conforme a derecho, no someterse a un reclamo callejero. Pero también sin escudarse en una artimaña procesal para definir la contienda sin exponer sus razones.

Los competidores políticos del kirchnerismo toman buena nota de este acto, del realizado en el Luna Park, de los convocados por Hugo Moyano, de la intensa red de bloggers. Alegar que todos son funcionarios, que son arrastrados o que van por la paga tiene buena prensa. Pero es una floja descripción que niega un aspecto importante de la coyuntura. Quienes ambicionan (conservando todavía chances pese a sus desempeños del último año) vencer al kirchnerismo leerían mal si subestimaran su aptitud para convocar, su “capacidad de calle”. Y, en política, leer mal es un vivero de errores.


Pagina12

lunes, 27 de septiembre de 2010

ELISA CARRIÓ: Odio de clase

 
"La amenaza ya no es Kirchner, no se confundan. Hoy Moyano tiene más poder”, advirtió Elisa Carrió. Por supuesto por TN. La vocera oficiosa de Héctor Magnetto, para referirse al secretario general de la CGT, no ahorró piropos: “Es el gran empresario, el gran oligarca de la Argentina”. Como si los televidentes tuvieran que cerrar las ventanas y encomendarse a los ángeles, dijo que “pretende quedarse con el transporte para manejar todo el tránsito de mercadería ¡no sólo legal!”. Como si se tratara de un protagonista de las películas de Francis Ford Coppola, Carrió explicó que “el manejo cooptado, mafioso y centrado de Moyano es la mayor amenaza de la Argentina”.

Las declaraciones de la blonda y bronceada chaqueña llegaron para conjurar la propuesta del diputado nacional Héctor Recalde consistente en que las empresas distribuyan entre sus trabajadores el 10 por ciento de las ganancias que no reinvierten y que además contempla la creación de un fondo para estimular el trabajo registrado. Recalde se apoyó en el artículo 14 bis de la Constitución que dice en su primer párrafo: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Pero, además, recordó que hubo un proyecto similar que no pasó el voto de los legisladores y que fue presentado en 1987 por el entonces senador Hipólito Solari Yrigoyen. El dirigente radical no dudó en expresarse a favor de la iniciativa de Recalde. Dijo, sin dudar: “Es una buena iniciativa”. Cabe recordar que Solari Yrigoyen estuvo preso durante los primeros años de la dictadura militar y que luego debió exiliarse en Francia. Como recuerdo más que amargo le quedó la muerte en la U6 de Rawson de Mario Amaya, otro radical de Chubut, que no había dudado en ser abogado de militantes presos y confinados en esa ciudad entre los que estaba el dirigente obrero Agustín Tosco.

Elisa Carrió, en los años que Solari Yrigoyen pasaba por la cárcel y el exilio, tuvo una vida muy distinta. Estaba en Resistencia y tenía un lugar entre los abogados de la dictadura genocida. Concretamente, el ex general Antonio Serrano, que usurpaba la gobernación del Chaco la nombró en la Fiscalía de Estado. Era, por entonces, muy joven y mientras algunos de su generación engrosaban las listas de detenidos desaparecidos, ella tomaba partido por la dictadura. Su compromiso y entrega le permitieron un ascenso dos años después hasta convertirse en secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. Alguna vez ensayó un descargo: “Lo hice porque necesitaba la obra social”. Agregó que, además, “si no hubiera aceptado esa tarea en la Justicia chaqueña hoy no estaría viva”.

Tras haber roto lanzas con Ricardo Alfonsín, Hermes Binner, Julio Cobos y casi todo el arco del pan-radicalismo y el socialismo, la chaqueña se entregó con una gran vocación a amplificar los ataques del Grupo Clarín. Sin que los representantes de las entidades empresariales se lo encomendaran, Carrió decidió cruzar recuperar un lenguaje que recupera lo peor del autoritarismo patronal y dictatorial. Un ataque directo al empoderamiento de los trabajadores.

Cabe recordar que los presidentes de la Asociación de Bancos, Jorge Brito, de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y de la Unión Industrial, Héctor Méndez, se sacaron una foto juntos y emitieron un comunicado para rechazar la iniciativa obrera. En un discreto comunicado, manifestaron “la gran preocupación que despierta una iniciativa de semejante alcance, proyectada sin consenso empresarial, en un tiempo en que el país necesita un muy fuerte aumento de la inversión que genere más empleo y desarrollo”. Sin embargo, no patearon el tablero ni insultaron al secretario general de la CGT. Porque el crecimiento del PBI de este año puede llegar al 9%, porque la rentabilidad de las grandes compañías creció en el primer semestre a niveles exorbitantes y porque el clima social es de escasísimos conflictos.

Precisamente, uno de los pocos choques prolongados fue el que tuvo de protagonistas a Siderar, del grupo Techint, y el Sindicato de Camioneros. Se debía a la negativa de los ejecutivos de Paolo Rocca de pagar salarios y aportes a la seguridad social que tenían injustificables atrasos así como a registrar trabajadores informales. Finalmente, con la participación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, Techint accedió a pagar. Cabe destacar que, en el acta acuerdo firmada por Techint dice que la solución alcanzada “persigue como finalidad suprema el combate del trabajo en negro, precario y las condiciones dignas de trabajo”. En definitiva, el cumplimiento de premisas de derecho, tanto constitucional como laboral.

Entonces, ¿por qué este abrupto odio de clase de parte de Carrió? No hay otra explicación que volver a las fuentes: ella empezó a trabajar a los 21 años en la Justicia dictatorial y no en tribunales democráticos. No se trata de compromisos políticos o favores circunstanciales. Ni siquiera la búsqueda de votos crispados antiK. El discurso de Carrió tiene que ver con sus convicciones íntimas. Está en sintonía con la visión editorial de los grandes medios que actúan como partidos políticos para defender sus privilegios y que van perdiendo voceros. Se trata de una lógica política: la mayoría de los dirigentes opositores descubrieron que tras los comicios del 28 de junio del año pasado, los únicos que recuperan posiciones en las encuestas son los principales referentes del Gobierno, particularmente la Presidenta y el ex Presidente. Verifican también que esa recuperación de imagen va en sentido contrario del trato que les brindan Clarín, La Nación y sus medios asociados. Pero para lo único que convocaron a los dirigentes opositores los dueños de esos medios fue para defenderlos en Papel Prensa o contra la ley de medios. Así, esos empresarios se quedaron con la lealtad a ultranza de unos pocos diputados y jueces federales, más Carrió, más el ex presidente Eduardo Duhalde. El resto va tomando distancia y se encuentra con que esos medios tienen otras urgencias, especialmente autodefensivas. Es decir, sus páginas y sus programas de radio y televisión no les sirven para hacer telepolítica. Además, la mayoría de esos políticos vaciaron la vida de sus partidos.

De modo contrapuesto a ello, tanto las organizaciones sociales, cooperativas de trabajadores y sindicatos recuperaron un protagonismo que hacía décadas no tenían. En parte, por el modelo económico basado en el estímulo del empleo, el consumo y la producción. Pero otro componente indiscutible es que la profundización de la democracia es el resultado del empoderamiento de las organizaciones colectivas con participación social. La CGT tiene una conducción surgida de las luchas de los noventas al calor de la creación del Movimiento de Trabajadores Argentinos, del cual Hugo Moyano fue referente desde el comienzo. También hay un protagonismo de la Central de Trabajadores Argentinos, que acaba de celebrar los comicios para renovar la conducción. Es cierto, y no puede escapar a este análisis, que los dirigentes de la CTA tienen ante sí una inmensa responsabilidad de cara a sus afiliados y a la sociedad: la incertidumbre respecto de qué lista resultará ganadora abrió un compás de espera que no puede ser llenado con ninguna especulación y menos aún con pronósticos agoreros. Es fundamental para la salud de las organizaciones sociales que el ejercicio del comicio de pie a un conteo transparente de los votos y a la aceptación de los ganadores por parte de las listas perdedoras.
 
Miradas al Sur.

domingo, 26 de septiembre de 2010

León Rozitchner - Logros y cuentas pendientes del kirchnerismo

Tiempo Argentino

El reconocido filósofo, lúcido pensador de la realidad política argentina, se refirió en esta entrevista a los temas que el gobierno puso sobre el tapete y que desvelan a la oposición: los Derechos Humanos, la Ley de Medios, la Asignación Universal por Hijo, la estatización de las jubilaciones. Marxista convencido, no le ahorró críticas, sin embargo, a la izquierda dogmática del país y dejó fijada su polémica posición frente a la militancia de los años setenta.

  A través de los relatos de su abuelo rabino llegado a fines del siglo XIX, en las iniciáticas caminatas por el centro porteño, en la única afiliación partidaria al Club Infantil Socialista, en su particular vivencia durante los años del primer peronismo, en el arribo incierto a la París de la posguerra para estudiar en La Sorbona, y luego en la vuelta a estas pampas de la mano de la insoslayable experiencia de la revista Contorno, León Rozitchner encontraría los cimientos de su pensamiento y de su propia identidad. 

Hombre de izquierda, abierto a múltiples influencias y referente de la articulación entre marxismo y psicoanálisis freudiano, Rozitchner rechaza las posturas congeladas que vociferan categorías anquilosadas y se ubica como un intelectual punzante con el que se puede seguramente disentir, pero jamás atribuirle posiciones oportunistas o autocomplacientes. Respaldado en sus cualidades de encendido y fértil polemista, pero, al mismo tiempo, poseedor de un inusitado espíritu reflexivo, este filósofo supera con holgura las ocho décadas pero no pierde las mañas. Y, como un reflejo de su vitalidad extraordinaria,  analiza con vehemencia y pasión el actual proceso político. 

Partiendo del elogio mesurado a varias de las medidas impulsadas por ambos gobiernos kirchneristas, el autor de Las Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia y Perón: entre la sangre y el tiempo, se muestra escéptico frente a las nuevas formas de militancia que propició el oficialismo y afirma que “el peligro de caer nuevamente en manos de la derecha pasa por no apoyarse decididamente en las bases”. A su vez, como profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sienta su posición sobre el conflicto educativo y cuestiona a Ernesto Laclau.
        
–¿Cómo analiza la irrupción del kirch-nerismo?
–Al kirchnerismo hay que situarlo evidentemente en la derrota del pueblo argentino que viene desde el apoyo que le dio al golpe militar, a la Guerra de Malvinas y a Menem. Esto constituye un derrotero que marca un fracaso político monumental. Todavía estamos en la dificultad que conlleva salir de esa destrucción. Entonces, ¿sobre qué fondo el kirchnerismo puede hacer una política de transformación? Con los desechos de la derrota del campo popular, bienvenida sea la aparición de este gobierno. En ese sentido, se abre tenuemente una posibilidad distinta que es fundamental pensarla a partir del campo de la política de Derechos Humanos. Cuando Kirchner hizo bajar el cuadro de Videla al jefe del Ejército, la Argentina sintió un respiro de liberación. Algo cambió en la subjetividad de cada uno de nosotros, dicho de otra forma, nos sacamos el terror de adentro. 

–¿Qué escenario habilitó aquel acto?   
–Se inauguró un escenario con otra subjetividad en lucha frente a la subjetividad derrotada, mezquina, que dejó el proceso militar y el neoliberalismo. Igualmente, hay que decir que habilitó, pero también cerró. Porque la idea de transversalidad política se dio siempre por arriba y nunca por abajo. Tendría que haber cambiado eso apoyado en una nueva construcción de poder popular. El peligro de caer nuevamente en manos de la derecha pasa por no apoyarse decididamente en las bases.

–¿Con la movilización por la Ley de Medios y el matrimonio igualitario, no se evidencia una mayor participación política de la sociedad civil para lograr medidas inclusivas que en muchos casos se traduce en algún tipo de militancia?

–La ley de matrimonio igualitario era importante promulgarla, porque era un reclamo de buena parte de la sociedad, pero me parece que es una medida que no va a conmover profundamente la conciencia aterrorizada de la gente que es necesario enfrentar y suscitar para movilizar a sujetos políticos. Sí es un dato interesante la derrota que sufrió la Iglesia con Bergoglio a la cabeza, que se tuvo que mandar a guardar. Y la Ley de Medios hasta que no se efectivice no puedo analizarla en profundidad y me trae más dudas que otra cosa. ¿Quién va a tener los medios? ¿Cómo hacés para que una comuna tenga un medio sabiendo que sin guita es muy difícil sostenerlo? Indudablemente, el debate que se está dando es muy interesante, pero me trae dudas lo que vaya a suceder cuando se ponga en vigencia. No obstante, la ley en sí la conozco y me parece adecuada. No es que uno se deshaga en críticas anticipadamente, sino que hay que poner el acento en cómo se va a llevar a cabo. Porque me podrá gustar o no el programa 6-7-8, pero no me gustaría una televisión 6-7-8. Tiene que haber una pluralidad de alternativas y, principalmente, tiene que quedar en claro que los que no tienen la palabra tienen que tomarla y no que suceda que otros hablen por ellos.  

–¿Qué otros logros valora del proceso vigente y cuáles son las cuestiones pendientes? 

–El haber recuperado las jubilaciones  era elemental, porque el capitalismo financiero se había llevado hasta los ahorros de los trabajadores. Pero, por ejemplo, lo que está pasando con la medicina no se ha encarado. Las prepagas hacen lo que quieren, todo se tercerizó. En las cosas de la vida cotidiana, y con esto me refiero a los precios de los alimentos, la salud, y la calidad educativa, no veo que estemos avanzando. Todas las cosas positivas que realizó este gobierno pueden quedar truncas si no se desarrolla un apoyo popular a través de medidas que apunten directamente a las mayorías postergadas. 

–¿No coincide con los que sostienen que el kirchnerismo habilitó el retorno del debate político y generó una nueva mística militante? 

–Tiene que surgir una militancia que rompa con aquella militancia setentista que llevó al fracaso al campo popular. Hay formas nuevas y grupos que no están incluidos en los lugares tradicionales y que están militando de otros modos. Pero eso no está integrado porque es como si hubiera un corte entre lo abajo-abajo y lo abajo creado por el arriba. Faltan más medidas que interpelen no por la palabra, sino por los hechos, incorporando concretamente a los excluidos. 

–¿La Asignación Universal por Hijo no es una decisión que busca revertir la situación de los postergados?

–Es muy positiva, pero la inflación se la come. Es una medida tomada de arriba hacia abajo, pasiva, que no exige una presencia activa de los sectores populares. Y no por decir esto uno se convierte en antikirchnerista ni mucho menos. 

–¿Teniendo en cuenta la importancia de la estructura del PJ en el armado kirchnerista, el oficialismo puede integrar y representar a los sectores no peronistas de cara a las próximas elecciones? 

–No puedo afirmar nada de acá a un año, porque pueden pasar muchas cosas que cambien lo que está pasando. Lo que en este momento se percibe es un clima de creciente apoyo hacia el gobierno y una oposición que está perseguida y no sabe qué hacer para encontrar el punto que la unifique frente a la iniciativa  constante que muestra el oficialismo. La relación de la sociedad con el  gobierno se revitalizó, pero siguen faltando los pilares sólidos que hagan más resistente a este proceso. Uno lo que pide, finalmente, es que este gobierno profundice realmente sus políticas.    

–¿Cómo ve a la oposición de centroizquierda que lidera Proyecto Sur?

–Tengo simpatía por Pino Solanas. Pero su encono feroz contra los Kirchner no le resulta en lo más mínimo. Verlo en el programa de Grondona, riéndose, la verdad que me revolvió el estómago. Es lógico que Pino utilice los medios masivos para divulgar su mirada, pero no que se sonría ni festeje los chistes de sus peores ejemplares. No es contradictorio enlazarse con ciertas fuerzas que está movilizando el kirchnerismo. Es un error político tomar al oficialismo como principal adversario. A Sabbatella sí lo veo en esa senda, dentro de lo que puede y sin tener el alcance nacional que tiene la figura de Pino. Lo veo como un tipo que está luchando.

–¿En qué difieren y que tienen en común las movilizaciones de los estudiantes secundarios y los universitarios?

–La izquierda universitaria siempre desplazó las energías hacia fuera de la universidad, sobre un campo que no le correspondía, porque sacaba a la gente del ámbito universitario perdiendo su propia base de afirmación para hacer algo que les quedaba grande. Hoy, los pibes están haciendo su primera gran experiencia después de muchos años, luego de la lucha contra la Ley de Educación Superior que impulsaba el menemismo. El discurso de la izquierda dogmática ya no corre, es absolutamente ineficaz. Aun definiéndome como marxista, no estoy de acuerdo porque ese es un marxismo vulgar, puramente economicista. Achican todos los problemas. Las agrupaciones universitarias están en un lenguaje meramente partidista y no incluyen al actor estudiantil en su conjunto. En cambio, a los chicos del secundario, con toda su inexperiencia a cuestas, los veo más conscientes del lugar del estudiantado. Por algo son los que vienen impulsando esta ola de movilizaciones y tomas. Pero en la facultad veo indiferencia, y rechazo hacia las prácticas de buena parte de las agrupaciones dominantes y desinterés teórico por los problemas políticos y sociales. Obviamente que los docentes también tenemos que hacernos cargo de esa situación.     

–¿Es posible pensar en una nueva cultura política de izquierda en el momento político que vive Latinoamérica?

 –Van surgiendo formas atípicas y alternativas a las que imponen los centros del sistema, sobre todo en los países cuya cultura aborigen fue sojuzgada por el imperialismo cristiano, pero aún sigue siendo un actor con mucho peso en la actualidad. Bolivia, Ecuador, un poco Venezuela, son reflejo de eso. La izquierda perdió el rumbo cuando se olvidó el problema de nación. Ahí perdió el sentido del materialismo histórico, porque si hay algo que define la pertenencia de un ser humano a un colectivo es el espacio terrestre que ocupa como propio. Ellos se manejan todavía con categorías de derecha, como si el nacionalismo fuera algo simplemente etéreo y no tuviera nada que ver con su verificación en la terrenalidad que lo sostiene. No hay internacionalismo que no provenga de un lugar nacional. Vos no podés sostener una idea internacional si no tenés una base firme nacional de apoyo. Esta izquierda actual, poblada de sectas, sufre un idealismo absurdo. 

–¿El concepto de populismo es un significante vacío en constante litigio, como asegura Ernesto Laclau, o es una categoría irrecuperable? 

–Laclau es un fenómeno llamativo. Cae parado como el intelectual que le baja línea al gobierno pero no lo podés tomar en serio. El libro sobre el populismo (La razón populista) se basa en descripciones de momentos históricos a los que llama populismo, porque están caracterizados por fuerzas mayoritarias que acompañan un liderazgo fuerte. ¿Con eso hacés una teoría? No me interesa Laclau, que puede ser explicado como en el campo del espectáculo en el que aparecen Tinelli o Mirtha Legrand. El populismo se convirtió en una categoría despectiva, difícilmente recuperable. Al definir a las experiencias actuales latinoamericanas como populistas me parece que se las limita y quedan congeladas en sus posibilidades de desarrollo. 

–¿Con qué intelectuales le interesa polemizar e intercambiar posturas?

–Y a esta altura… sólo con mis amigos. Con Horacio González, Eduardo Grüner, Ricardo Abduca, Alejandro Horowicz  y algunos amigos jóvenes que tengo –Cristian Sucksdorf, Diego Sztulwark–, con los que encontré una perspectiva de la realidad mucho más inteligente y libre. Me interesa la gente conmovible, con la que se puede discutir y que esté dispuesta a la charla de buena leche. Los inconmovibles, en general apóstoles de la derecha patética, allá ellos.

APROPIADORES: Estela destapó la olla

 
Una denuncia de Estela de Carlotto apunta a altos oficiales en actividad de la Federal. 
 
El tipo tiene una simpatía arrolladora, además era un sabueso empeñoso y eficiente. Por tales atributos, los jueces del fuero federal solían desvivirse por contar con su presencia para resolver puntos oscuros en los expedientes más complejos. Lo cierto es que el subcomisario Carlos Antonio Garaventa era la estrella indiscutida de la División Operaciones de Seguridad Interior de la Policía Federal, y con su superior inmediato, el comisario Roberto de la Fuente, formaba una dupla envidiable. En los últimos tiempos ambos se habían abocado a diligenciar la recolección de pruebas en causas vinculadas con la apropiación de bebés durante la dictadura. En ese marco, sin embargo, se produciría el derrumbe de sus carreras: Estela de Carlotto informó esta semana que Garaventa fue el responsable de irregularidades cometidas en su momento con el propósito de impedir la identificación del nieto 102, cuyo nombre se mantiene en reserva. Lo cierto es que la resonante denuncia presentada por ella en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo hizo que el 23 de agosto el Ministerio de Justicia separara al subcomisario de la fuerza. No menos cierto es que en este asunto podría anidar la punta del ovillo de una red de policías en actividad abocada a encubrir represores y desviar pesquisas por delitos de lesa humanidad. Al respecto, el abogado de Abuelas, Alan Iud, dijo a Miradas al Sur: “La comprobación del rol de Garaventa en el caso del nieto 102 podría tener incidencia directa en otros casos de apropiación, como el de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble”.

De hecho, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado –a cargo de la causa sobre la identidad biológica de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera–, dio a conocer el jueves pasado su intención de ordenar una toma compulsiva de sangre a los herederos de la dueña del diario Clarín, sin omitir una investigación acerca de cómo y por qué se contaminaron las pruebas anteriores; lo cierto es que ello apunta directamente sobre Garaventa y De la Fuente.

No menos cierto es que dichos uniformados acarrean otras sospechas, además de la que habrían cometido en relación al nieto 102, dado que también se los supone responsables de una trapisonda similar en el caso del joven Alejandro Pedro Sandoval Fontana, apropiado en 1977 por el gendarme Víctor Rei. Pero sobre este singular dúo de servidores del orden existen también indicios de que habrían malogrado posibles evidencias en otros ocho casos de apropiación, a lo que se suma un presunto encubrimiento vinculado con la causa que investiga el despojo de bienes del abogado mendocino Conrado Gómez por parte de represores de la Armada.

Lo que se dice, dos fojas de servicio puestas al servicio del error intencional. 

Los simuladores. En su edición del 29 de mayo, en la portada del diario Clarín resaltaba el siguiente título: “Insólito y vejatorio procedimiento policial”. Se refería al allanamiento efectuado el día anterior por orden de la jueza Arroyo Salgado en el domicilio de la propia señora Ernestina. Allí se encontraban Marcela y Felipe, quienes acababan de llegar del juzgado federal de San Isidro, en donde manifestaron su negativa para realizar los estudios de ADN que podrían establecer si son hijos de desaparecidos. En consecuencia, durante ese operativo los policías procedieron a secuestrar sus prendas íntimas con el propósito de obtener muestras genéticas. Ya se sabe que, exactamente al mes, el resultado del análisis realizado sobre aquellas ropas sería una suerte de contribución al realismo mágico, dado que estaban contaminadas con el ADN de varias personas de diferente sexo.

Ahora todo indica que la dinámica de este asunto habría comenzado en el instante mismo en que la magistrada ordenó a los policías el seguimiento de los hermanos Herrera Noble desde el juzgado de San Isidro hasta la casa de su madre adoptiva. Es que los policías no interceptaron el vehículo de Marcela y Felipe en las inmediaciones de dicho domicilio. Y, de modo inexplicable, aguardarían unos 20 minutos antes de entrar en acción para recolectar las pruebas.

El comisario De la Fuente, jefe del operativo, fue llamado a declarar en un trámite de rutina, antes de que se iniciara el análisis de la evidencia recolectada. En esa oportunidad afirmó que no quisieron interceptar el auto en las cercanías de la casa “para evitar un mal mayor, como podría haber sido un choque”. Cabe destacar que había un móvil policial estacionado en la puerta de la residencia de Ernestina, el cual dejó entrar la camioneta de Marcela y Felipe, sin siquiera amagar con acompañarlos. Esa misma semana estaba prevista la declaración de Garaventa, pero el subcomisario no estaba en Buenos Aires. Finalmente declaró cuando ya se sabía que las muestras estaban contaminadas, y su testimonio cobró otra relevancia. “Hubo un intento de interceptación, pero fracasó por la habilidad del conductor y la geografía del lugar en donde se realizó el procedimiento, por lo que no logró detener la marcha del vehículo ocupado por los chicos Herrera Noble”, dijo Garaventa ante la jueza.

Sobre la disparidad entre aquellas dos declaraciones, el abogado Iud diría: “Más allá de cuál versión sea cierta, los dichos de Garaventa y De la Fuente muestran cierta contradicción entre ambos: uno dijo que no se quiso, el otro que no se pudo”.

Los casos Noble, Sandoval Fontana y el del nieto 102 poseen varios denominadores en común: el hecho de que se trata de víctimas reticentes a recuperar su identidad, la similitud con la que se consumó la alteración de evidencias y, claro, los mismos policías encubridores.

Garaventa había participado en otros allanamientos anteriores. Hasta el momento, 26 casos han sido resueltos obteniendo el perfil genético de las víctimas a través de la extracción alternativa de ropa o elementos personales. Pero 11 de ellos debieron realizarse más de una vez, porque en una primera instancia las muestras obtenidas habían sido fraguadas.
El caso del nieto 102 fue uno; su identidad fue esclarecida luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral conminara a este joven a entregar su ropa durante una citación en el Juzgado Federal Nº6. Sucede que un intento anterior de obtener muestras, que consistió en requisar cepillos de dientes en su domicilio, derivó en un fracaso, puesto que los artículos decomisados pertenecían en realidad a la esposa del apropiador. El operativo estuvo justamente a cargo de Garaventa.

Otro fue el caso del nieto restituido Sandoval Fontana, quien luego contaría que fue advertido por su apropiador, el ex gendarme Rei, unos días antes del allanamiento, de que fuera a Campo de Mayo donde estaba preso, para entregarle los objetos contaminados que luego incautó la policía. Sandoval –quien en 2009, durante el juicio en el que se condenó a Rei a 16 años de prisión, asumió con entereza su condición de víctima– cree que fue precisamente Garaventa quien le proporcionó a su apropiador ese kit de efectos personales debidamente contaminados.

Garaventa también actuó, nueve años antes (aunque hasta ahora nada se ha dicho), en la causa que investiga un saqueo económico por parte de los marinos del GT 3.3.2. contra el abogado Conrado Gómez, mientras estaba cautivo en el inframundo de la Esma. Entre otros bienes, los represores lo despojaron de caballos de carrera, un departamento, un Ford Fairlane, tierras en San Juan y Mendoza, una caja fuerte repleta de efectivo, ropa, la máquina de afeitar y hasta la yerba y el café. El 13 y el 14 de junio de 2001, el juez Claudio Bonadío libró allanamientos en el Hipódromo de San Isidro y en una casa de la ciudad de La Plata para buscar documentación sobre algunas de las sociedades comerciales, bienes o actores involucrados en el robo. En San Isidro se colectó información de interés que fue enviada en sobre cerrado al juez de la causa. En La Plata, durante el operativo en el que fue comisionado Garaventa para encabezarlo, “no se logró el secuestro de elemento y/o documento alguno de interés para la investigación”. Tales fueron sus palabras, de acuerdo con la constancia que él mismo dejó en el acta de procedimiento. 

Las flores del mal. Las actividades de Garaventa y los suyos, por cierto, no sólo tienen que ver con el encubrimiento de crímenes imprescriptibles, sino con un delito –el de la apropiación de hijos de desaparecidos– que no cesa hasta el momento preciso en que la víctima recupera su identidad y su apropiador es condenado. Por consiguiente, no es producto de una fantasía suponer que estos últimos cuentan con un paraguas protector. Pero lo aterrador del asunto es que tales hacedores de impunidad sean actualmente nada menos que agentes del Estado. En caso de reducir semejante trama al tema de los Herrera Noble, se podría creer que los policías involucrados actuaron simplemente por alguna retribución crematística. Sin embargo, la reiteración física de los mismos encubridores de uniforme en otros diez casos similares conduce a la certeza de que en las entrañas de la Policía Federal funciona una estructura clandestina abocada a desviar investigaciones judiciales sobre delitos de lesa humanidad. Desde luego, tal operatoria no deja de tener sus responsables políticos, sean o no conscientes de este estado de cosas. No obstante, sobre semejante escenario flota una serie de interrogantes aún más ominosos: ¿A cambio de qué los involucrados sistematizan el ejercicio del encubrimiento? ¿Por qué razón lo hacen? Y, por último, ¿Para quién? En las respuestas a estos enigmas con toda seguridad anida el huevo de la serpiente.

Miradas al Sur
 

HORACION VERBITZKY: LOCOS POR LA SEGURIDAD

Por Horacio Verbitzky

El Ejército rechazó los proyectos de utilizar sus instalaciones y personal para un Servicio Cívico Voluntario destinado a jóvenes en situación de riesgo, por contradecir su rol constitucional y el marco legal vigente. Las iniciativas de los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero (UCRMendoza), Adolfo Rodríguez Saá (peornismo opositor, San Luis) y José Pampuro (FpV, Buenos Aires), ya tienen dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y quedaron en condiciones de ingresar al recinto el próximo miércoles. El ministerio de Defensa ni siquiera fue consultado por la comisión y, de acuerdo con la opinión del Ejército, rechazó el dictamen, que enumera como objetivos del SCV “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo” (que no describe en qué consiste), alentarlos a que terminen el ciclo educativo básico, capacitarlos en oficios, promover talleres culturales, artísticos y recreativos y fomentar “la cohesión social”. Su tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, sin intervención de las de Defensa y Educación, revela una agenda oculta detrás de las bellas palabras. Las atribuciones de esa comisión, que preside la senadora Sonia Escudero (peornismo opositor, Salta) son dictaminar sobre todo lo que concierna al Poder Judicial, los códigos en lo penal, el régimen carcelario y “toda disposición de carácter punitivo o represivo que contenga cualquier rama del derecho”, incluyendo la penal juvenil. Es decir que, ni en forma tangencial, le corresponde opinar sobre cuestiones de Defensa y/o Educación. Estos proyectos forman parte de la histeria punitiva desatada al aproximarse las elecciones presidenciales y que también incluye la declaración de emergencia de seguridad propiciada por la senadora Hilda González de Duhalde (peornismo opositor, Buenos Aires), por la cual las Fuerzas Armadas volverían a intervenir en asuntos de seguridad interior; los planes inmobiliarios del gobierno bonaerense, que prevé la construcción de una veintena de cárceles y alcaidías con fondos del BID, y la proliferación de programas de “policía infantil” en la mitad de las provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego, en algunos casos con protección episcopal). Sólo en Misiones existen 27 de esos cuerpos. Tienen incluso una página en internet, www.policiainfantil.com.ar, creada por el comisario mayor retirado Ricardo Esteban Zarza, quien propone que los chicos de 6 a 14 años abracen “una vocación de servicio y solidaridad para proyectarse como buenos ciudadanos”. El 23 y 24 de octubre realizarán un encuentro en la localidad de Candelaria, organizada por la Policía Infantil Aeronáutica de Posadas, con el lema Mita Jory, que en guaraní significa “niños alegres”.

El no del Ejército

Como ya es costumbre en los proyectos de la oposición, no se contemplan las asignaciones presupuestarias que insumiría el extravagante servicio cívico en unidades militares. Menos brutal, o más disimulado que los proyectos de sus colegas, el de Sanz menciona como lugar de la capacitación “las dependencias disponibles del Estado Nacional, incluidas las correspondientes a las Fuerzas Armadas”, matiz que se perdió en el dictamen. Al conocerse los proyectos, la ministra de Defensa, Nilda Garré, solicitó la opinión del Ejército. Su Jefe de Estado Mayor, general Luis Alberto Pozzi remitió la cuestión al Departamento de Política Institucional de la Secretaría General del Ejército. El documento que recibió en respuesta dice que “no es posible identificar la conveniencia y oportunidad de llevar adelante la aplicación del Servicio Cívico Voluntario en dependencias de las Fuerzas Armadas y por personal de dichas fuerzas, teniendo en cuenta que ello implicaría la desnaturalización del instrumento militar, principalmente por las consecuencias sobre la organización, la utilización de los recursos humanos, materiales y presupuestarios de las Fuerzas Armadas y en especial a la luz de las tareas y responsabilidades propias y naturales del ámbito militar, que no incluye la enseñanza formal de adolescentes y jóvenes ni la capacitación en oficios”. También analiza un antecedente previo: el convenio firmado en 2005 por Pampuro, cuando era ministro de Defensa, con quienes ocupaban la jefatura del Ejército, Roberto Bendini, y la gobernación de Mendoza, Julio Cobos. Ese año ingresaron 254 alumnos y egresaron 111; en 2006 fueron 187 y 103; en 2007, 262 y 137 y en 2008 ingresaron 113 y egresaron 58. Este rendimiento declinante se debió “a la falta de adaptación a las normas de convivencia, al grado de inasistencias, a la no adecuación a los horarios a cumplir y a la disonancia con las expectativas generadas”. A despecho de esta realidad documentada por el Ejército, tanto Montero como Sanz mencionan la experiencia mendocina como exitosa. En consecuencia, Pozzi desaconsejó la participación del Ejército, alegando que no está capacitado ni tiene los recursos para hacerse cargo de una tarea ajena a su función como instrumento de la Defensa Nacional y contradictorio con su rol constitucional y con la legislación vigente. Las actividades de apoyo a la comunidad, asistencia y ayuda humanitaria “son subsidiarias y relacionadas con la protección civil y no contemplan la posibilidad de otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo, por no tener capacidad, ni aptitud, ni un marco legal que lo permita”, escribió. Según Pozzi los recursos, instalaciones y medios del Ejército fueron diseñados y organizados para la Defensa Nacional y no son aptos para colaborar con el sistema educativo. El personal idóneo para el dictado de los cursos que prevé el dictamen no alcanza ni siquiera para las necesidades del servicio. Tampoco hay instalaciones disponibles para el alojamiento ni capacidad de vestir y alimentar más personas que aquellas que cumplen con su Servicio Militar Voluntario. El Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, al que según el dictamen senatorial deberían someterse los niños y jóvenes que participen del SCV, excluye a “todo personal que no tenga estado militar”. Por lo tanto, sigue Pozzi, “la afectación del Ejército en el Servicio Cívico Voluntario podría condicionar el ejercicio de su rol”. Lo que sí podría hacer el Ejército para contribuir a la contención social es incorporar mayor cantidad de soldados voluntarios, dice. Pero el proyecto de los senadores se refiere a jóvenes de 14 a 24 años, y los soldados se reclutan entre los de 18 y 28. Luego de recibir este asesoramiento, Garré hizo público su rechazo al dictamen porque alejaría a las Fuerzas Armadas de su misión específica, “que es prepararse para la guerra y asistir a la comunidad en caso de catástrofes y emergencias”. Agregó que la finalización de los estudios secundarios y la capacitación en algún oficio para la reincorporación en el mercado laboral es uno de los objetivos del Servicio Militar Voluntario del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cuyos reclutas tienen un sueldo de 3500 pesos, mientras el dictamen de opositores y confundidos contempla un ingreso equivalente a tres asignaciones familiares por hijo, lo cual en este momento ronda los 700 pesos.

Mayores tasas de delito

Antes de firmar el dictamen los miembros de la Comisión recibieron opiniones de diversos especialistas. Uno de ellos, el sociólogo Gabriel Kessler, especializado en cuestiones de pobreza, educación y violencia, recomendó fortalecer, extender y mejorar los programas y planes ya existentes que buscan la inserción educativa y/o laboral de jóvenes, como “Más y Mejor Trabajo” y “Jóvenes con Futuro”, en vez de aumentar “la fragmentación de las políticas sociales, que es una fuente de ineficacia, por implicar superposición y en muchos casos, incremento de costos”. El tratamiento de un programa de inclusión social en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales transmite el mensaje de que “la población objetivo podría estar potencialmente en conflicto con la ley, como si el SCV fuera una medida preventiva para evitar eventuales delitos”, agrega, lo cual “tiene un potencial estigmatizador”. Kessler detecta en los proyectos “cierta reminiscencia del Servicio Militar Obligatorio”, como si se diagnosticara “la necesidad de disciplina o mayor autoridad”. A la luz de la historia argentina y de la terrible situación de otros países de América Latina donde las Fuerzas Armadas están realizando tareas de seguridad interna, sigue, “no hay nada más desaconsejable que una medida que pueda erosionar el fuerte consenso existente en el país” para separar ambos cometidos. Al analizar los efectos del Servicio Militar Obligatorio, suprimido hace tres lustros, Kessler cita investigaciones según las cuales, a igualdad de otras variables, la población que había pasado por él exhibía “mayores tasas de delito”, lo cual se vincula con “un mayor conocimiento del manejo de armas” y con “ciertos contenidos de la formación militar que llevaba a una mayor cercanía con el uso de la fuerza para la resolución de conflictos y problemas”. Kessler dijo que era integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática, que serían una fuente de ideas para fijar políticas racionales de seguridad.

El articulador

El articulador político de estos proyectos es el ex senador Eduardo Duhalde, quien en la Nochebuena de 2009 volvió a postular el empleo de las Fuerzas Armadas en los asuntos de seguridad interior. Propuso “declarar la emergencia nacional en materia de seguridad”, censar en 60 días a los que llamó “jóvenes en riesgo” para que “todos estos jóvenes que han cometido delitos, estén donde estaban antes los conscriptos”, donde se intentaría reeducarlos. Durante su breve interinato a cargo del Poder Ejecutivo, por la crisis que produjo cinco “presidentes” en una semana, Duhalde recibió un proyecto de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y del jefe del Ejército, Roberto Brinzoni, de militarización de la seguridad interior e intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni lo describió como una pirámide verdeazul, en cuya base estaría la lucha contra el delito callejero, expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas, vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires e identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven 10 millones de pobres. El entonces secretario de Seguridad Juan José Alvarez, ofreció su renuncia y Duhalde no envió el proyecto al Congreso. Jaunarena y Brinzoni presentaron su propuesta para el retorno de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, EPOCA, propiedad del ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, instalada en un reciclado petit hotel de la calle Rodríguez Peña con el lujo ofensivo de las fortunas súbitas. Este año, Jaunarena y Dromi insistieron con su propuesta en el mismo lugar, pero esta vez patrocinados por el presidente de la Iglesia Católica argentina, Jorge Bergoglio, quien presentó un documento elaborado por ambos ex ministros. Ése denominado Contrato Social para el Desarrollo contempla “un sistema integral de seguridad pública y defensa común”. Incluye en el campo de la Defensa “el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, etc.”, y crea un Consejo Federal de Civilidad y Convivencia Social, con el que deberán colaborar las Universidades estatales y privadas, las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, las cámaras patronales, las organizaciones sindicales y los diferentes cultos.

La emergencia

El proyecto de emergencia de seguridad que Duhalde anunció hace menos de un año fue retomado por su esposa, quien ocupa la banca familiar en el Senado. El objetivo de su proyecto de ley es “dar una respuesta inmediata a los problemas más acuciantes relacionados con la vida y los bienes de las personas amenazados por el delito”. Reclama del Poder Ejecutivo que someta al Congreso un plan integral de radarización y control de las fronteras para “erradicar el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas y personas” y asigna el control del espacio aéreo a la Fuerza Aérea. Esto implicaría una enmienda de hecho a las leyes de Defensa y de Seguridad. En la actualidad, la Fuerza Aérea transmite la información obtenida por sus medios a las fuerzas de seguridad. La senadora Escudero, que preside la Comisión del Senado, fue coautora en 2008, junto con los diputados Francisco De Narváez y Eugenio Burzaco de un proyecto de ley que intentaba reformar el artículo 24 del Código Aduanero para permitir el derribo de aeronaves bajo autoridad de los jefes de la Fuerza Aérea. Esto implicaría introducir de lleno a la Argentina en la política de “Guerra a las drogas”, que Estados Unidos declaró en 1986, durante la presidencia de Ronald Reagan y cuya exportación ha tenido efectos catastróficos en países como Colombia y México. El proyecto González de Duhalde también encomienda al Poder Ejecutivo realizar en treinta días un “censo nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social”, lo cual muestra un desconocimiento absoluto de la división de poderes y de la complejidad y lentitud de un proceso censal, cuando por otra parte es inminente el censo nacional 2010 de población y viviendas, en el que 600 mil censistas relevarán todo el país el miércoles 27 de octubre, antes de que la emergencia de González de Duhalde pueda convertirse en ley, si es que tal cosa alguna vez ocurre. El proyecto contempla además que el Poder Ejecutivo aplique “de inmediato”, como corresponde a esta concepción mágica, “programas de inserción de jóvenes de entre 14 y 25 años, que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación de riesgo”; de becas para la reincorporación al sistema educativo y de reparación y mejoramiento de infraestructura para actividades deportivas, recreativas y de capacitación laboral en escuelas. También propone “utilizar establecimientos ociosos de las Fuerzas Armadas” para la rehabilitación de “niñas, niños, adolescentes con problemas de adicciones o penales”, y construir y reacondicionar cárceles “para alojar a todos los procesados y condenados por delitos”. La supervisión de este fantasmal plan de gobierno quedaría a cargo de una Comisión Bicameral de Seguridad Pública, a la que el Gobierno nacional debería informar todos los meses. En los fundamentos, se refiere a un “abrupto crecimiento de la delincuencia”. Los informes recibidos durante las audiencias de la comisión indican que pese al añadido de muchos metros cubiertos de nuevas cárceles, la sobrepoblación sigue adelantándose a la construcción, el 75 por ciento de los detenidos bonaerenses no tienen condena y la cantidad de personas privadas de su libertad no guarda relación con la cantidad de delitos que se cometen, lo cual incrementa los niveles de inseguridad. Esta constatación podría disuadir a la propia Escudero de apoyar el proyecto Duhalde.

El capitán Escarlata

El afán inmobiliario de la senadora Duhalde es compartido por el gobierno bonaerense y su ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal, cuyo plan tiene un costado risueño. En abril, Casal asistió al megaencuentro penitenciario y penal de las Naciones Unidas, que se realiza cada cuatro años. En plan de turismo, porque este año la sede fue Bahía, Brasil, la delegación argentina fue la más numerosa. Casal proyectó allí dos videos de animación, con muñequitos tipo Capitán Escarlata y música funcional, sobre su proyecto de construcción de cárceles, alcaidías y casas para alojamiento alternativo a la prisión. En el spot sobre las alcaidías los presos eran muñequitos gris oscuro y los guardiacárceles blancos. El fiscal caminaba como Robocop pero el defensor ostentaba una inmovilidad hiperrealista. No había juez y casi no se veían rejas. En el de las casas alternativas se mostraban jardines y patios de juegos para las mujeres detenidas, sin uniforme y acompañadas por sus hijitos, que hacían rondas, jugaban en toboganes y hamacas o a la pelota. En el punto culminante de su exposición, el alcaide mayor Casal llamó la atención sobre parrillas móviles con depósito para el carbón, para que los presos pudieran hacer asado, “la comida nacional, que une a los presos”. Los extranjeros no entendían y los argentinos luchaban por contener la risa. Con igual desdén por la inteligencia y predilección por los cuentos de hadas, Casal acaba de responder al crítico informe del Consejo de Defensores Generales sobre las condiciones inhumanas de vida en las superpobladas cárceles bonaerenses con su resolución 999, según la cual todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires serán inspeccionadas y cada mes se les asignará un puntaje, de 1 a 100, con el propósito de “profundizar el tratamiento resocializador”. Con una jerga de Management sobre herramientas de gestión, desempeño institucional y fases diferenciadas de diagnóstico, el nuevo reglamento crea una Comisión Evaluadora, que integrarán el propio alcaide mayor Casal y los altos jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense, apoyados por un equipo de auxiliares. Durante sus visitas programadas o sorpresivas (a discreción) podrán tomar fotografías o filmaciones, fotocopiar documentación, entrevistar a internos, personal penitenciario o de Salud, requerir informes o pedir aclaraciones. Así evaluarán las condiciones de alojamiento, alimentación, provisión de ropa, actividad laboral, educativa y recreativa, mantenimiento, prevención de la violencia, gestión de la conflictividad e implementación de programas especiales. Es decir, aquello que se supone constituye la función del ministerio y el Servicio Penitenciario

ABUELAS: “Simbolizan el amor” - Isabel Allende

Pagina12

“El compromiso y el trabajo incesante de las Abuelas de Plaza de Mayo durante todos estos años han sido fundamentales para localizar y restituir a sus legítimas familias a los niños secuestrados y desaparecidos por la represión política”, asegura la senadora chilena Isabel Allende, hija de Salvador, el presidente destituido por el golpe de Augusto Pinochet. La legisladora socialista destaca la lucha de Abuelas, quienes nunca dejaron de exigir “castigo a los responsables de privar a sus nietos de vivir con su legítima familia, así como de sus derechos y libertades”.

–¿Cómo descubrió el trabajo de Abuelas?

–Cuando las Abuelas comenzaron a trabajar en su incansable lucha, nos fuimos encontrando en distintos foros internacionales. Yo vivía en México y junto a Tencha, mi madre, fuimos coincidiendo con las Abuelas en la búsqueda de la verdad y la justicia, y por tanto, conozco su trabajo desde un comienzo y desde esos años he valorado ampliamente las tareas que han realizado en pos de encontrar a sus nietos. A Estela de Carlotto la recuerdo con gran cariño: ella es una mujer que simboliza el amor, la dignidad y la voluntad porque, a pesar de todo, mantiene su energía y alegría de vivir. Todas las Abuelas son mujeres espléndidas y es un orgullo para mí haber sido invitada a participar en este comité internacional pro Premio Nobel de la Paz para las Abuelas.

–¿Qué aspecto es el que más rescata de la lucha de Abuelas?

–Las Abuelas han logrado localizar y restituir la identidad de 102 personas secuestradas y entregadas a represores y sus cómplices. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitarlas, porque sé que ahora, al comienza de la primavera, este septiembre de 2010, han recuperado la identidad del nieto 102, hijo de Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein. Además, como parte de su causa han conseguido establecer el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y han colaborado activamente en la recuperación de centros de detención clandestinos para convertirlos en espacios de la memoria. Una de las cuestiones más relevantes es cuando en 1997 las Abuelas de Plaza de Mayo propusieron incorporar a la Convención sobre los Derechos del Niño el derecho a la identidad, que fue incluido en los artículos 7 y 8, conocidos por eso como los artículos argentinos. Esta contribución plasmó la labor de las Abuelas, pero también permitió establecer universalmente el derecho a un nombre, a conocer a los padres, comprometiendo a los Estados participantes a garantizar estos derechos y a restablecer la identidad que le ha sido privada al niño o a la niña. En la búsqueda permanente e incansable de sus nietos han creado en la sociedad argentina y en el mundo una verdadera conciencia sobre la necesidad de que estos cruentos hechos no vuelvan a repetirse, de conocerse la verdad, enjuiciar a los culpables y buscar y encontrar a los niños desaparecidos.

–¿Cree que instituciones como Abuelas hicieron la diferencia para que en la Argentina se juzgaran los crímenes y se encontrara a los desaparecidos, mientras que en otros países esto no fue así?

–Estoy segura de ello. Las Abuelas se han constituido en un referente moral, pero también en ejemplo e inspiración de acción política y social en la lucha por los derechos humanos. No puedo sino señalar que su causa, sus reivindicaciones y su apego a la verdad y la justicia se nos hicieron presentes en el reciente debate que tuvimos en Chile acerca del indulto a los violadores de derechos humanos, impulsado por algunas iglesias y, sobre todo, por sectores afines a la dictadura que vieron en el Bicentenario y en la clemencia una razón para respaldar una medida que significaba un retroceso en el compromiso que como sociedad hemos sellado en materia de derechos humanos. En el año de nuestros bicentenarios, las Abuelas nos entregan un potente testimonio sobre conquistas de justicia, respeto y compromiso con la democracia y los derechos humanos a través de la lucha social. Estos valores son las bases del reencuentro y la convivencia social que queremos legar a las futuras generaciones de nuestro continente americano.

–¿Cree que la organización tiene buenas chances de obtener el galardón?

–Puede que no sea este año en el que podamos lograr este premio para las Abuelas de Plaza de Mayo, ya que este tipo de gestiones requieren de un largo proceso, y especialmente de difundir y posicionar el trabajo que ellas han venido desarrollando. Creo que sí estamos en el camino correcto, porque lo más importante es el reconocimiento que alcance internacionalmente su causa y los avances logrados. Y, especialmente, que se sepa que ellas han sentado un precedente en el derecho internacional, al consagrar el derecho a la identidad como un derecho inalienable para toda niña o niño, para cualquier nieta o nieto.

ABUELAS: Red de solidaridades para luchadoras incansables

Pagina12

Producción: Federico Poore.

El juez español Baltasar Garzón, la senadora chilena Isabel Allende, el cantante Joan Manuel Serrat y la Selección Argentina de fútbol son algunos de los embajadores de lujo que impulsan la postulación de las Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Convocados por la asociación civil Abuelas de la Paz, todos ellos brindaron su respaldo a la organización que preside Estela de Carlotto y abogaron por que el premio que el comité noruego entregará en dos semanas se lo lleve Abuelas “por su incansable tarea”.

La candidatura, impulsada por tercer año consecutivo por el senador Daniel Filmus, fue aceptada por el comité el 20 de abril. Desde entonces, decenas de artistas y personalidades que por su prestigio y trayectoria gozan de una fuerte visibilidad pública se sumaron a la iniciativa y comenzaron a oficiar como sus embajadores ante el mundo.

El arte

“Su causa es la mía”, manifestó Serrat en su carta de apoyo. “Su ejemplo, su compromiso y su trabajo incansable a lo largo de todos estos años han hecho posible no sólo rescatar y restituir a las legítimas familias a muchos niños secuestrados por la dictadura sino también mantener encendida en la sociedad, dentro y fuera de la Argentina, la llama de la conciencia que nos empuja a conocer la verdad”, escribió.

El músico catalán forma parte del Consejo de Notables que el mes pasado hizo su presentación oficial en el Senado argentino. En aquel entonces, el juez Baltasar Garzón –suspendido en su país por investigar los crímenes del franquismo– dio su apoyo a las Abuelas en un acto que compartió junto a la senadora Isabel Allende, la hija del ex presidente Salvador Allende; y el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

El madrileño Ismael Serrano también se manifestó a favor de la iniciativa. Las Abuelas –dijo– “forman parte de una asociación que lucha por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Hubieran preferido no asumir el protagonismo que hoy tienen, pero terribles circunstancias las obligaron a tomar la responsabilidad que al día de hoy las ha convertido en indispensables referentes morales en todo el mundo”, expresó el músico. El autor de “Principio de incertidumbre” relató algunas de las charlas que compartió con Carlotto y con Tati Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo, y luego confesó: “En cada encuentro trato de contagiarme de su arrebatadora juventud”.

“Aun hoy, hombres y mujeres nacidos entre el ’75 y el ’80, con dudas con respecto a su identidad biológica, siguen acudiendo a las Abuelas en busca de la verdad”, contó Serrano. “Tras el análisis de ADN, después de tantos años, vuelven a nacer al reconocerse en las fotos de los padres reencontrados que las abuelas siempre guardan como un tesoro”, concluyó.

Para el músico Miguel Angel Estrella, embajador argentino ante la Unesco, la acción de Abuelas es “una causa de amor y justicia para pacificar nuestra sociedad”. “Su acción humanista, valiente y de gran coraje ha contribuido no sólo a resistir una dictadura cruel, sino también a preparar el retorno a la democracia –escribió Estrella desde París–. Conquistada ésta, con nobleza e inteligencia ejemplares comenzaron las investigaciones sin pausas para llegar a los juicios de los represores, responsables de la desaparición de sus hijos y del robo de los nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres.”

Apoyos locales

Uno de los respaldos argentinos más difundidos recibidos por Abuelas fue el del ex entrenador de la selección nacional Diego Maradona. Junto con el suyo, llegó el de todo el equipo celeste y blanco, que el pasado 24 de mayo desplegó una bandera en el estadio Monumental apoyando la postulación.

En los días previos a la Copa del Mundo, el ex DT recibió en Sudáfrica a Carlotto. Maradona, quien había conocido a la titular de Abuelas en un acto por el 1º de mayo en Cuba, expresó su respaldo a las acciones emprendidas por la organización. “Todos tenemos que estar con ellas”, expresó Maradona, antes de abrazarse con Carlotto en una imagen que recorrió el mundo. Ella prefirió aclarar que que “el mejor premio, siempre, es encontrar otro nieto”.
Otros apoyos locales fueron los de los músicos León Gieco y Gustavo Santaolalla, el rabino Daniel Goldman, el historiador Felipe Pigna, el periodista Pedro Brieger y el filósofo Ricardo Forster. En esa misma línea, Abuelas de la Paz organizó durante las últimas semanas juntas de firmas en distintos puntos del país, buscando darle un espaldarazo popular a la iniciativa. Hasta ayer se habían recolectado más de 12 mil adhesiones.

Las chances

Este año llegó a Oslo la cifra record de 327 propuestas de nominaciones. Se habló, por ejemplo, de una potencial candidatura del presidente de Bolivia, Evo Morales –que obtuvo el respaldo del ex Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel–, pero hasta ahora los integrantes del jurado mantuvieron un fuerte hermetismo sobre los potenciales competidores de Abuelas. Todo parece indicar que, fiel a su estilo, el Comité que desde 1901 entrega los premios mantendrá en secreto la nómina final.

El ganador será anunciado en Oslo el viernes 8 de octubre y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 10 de diciembre, cuando se conmemore la muerte del sueco Alfred Nobel, ideólogo del galardón.

“Se lo merecen por muchas razones, no sólo por las históricas –expresó Filmus al justificar la iniciativa–. No sólo por haber peleado en épocas en las que el terrorismo de Estado imperaba en la Argentina, sino porque siempre han buscado justicia y memoria, y nunca la venganza ni la revancha personal”, agregó.

Argumentos similares brindó la organización Abuelas de la Paz. “Con su lucha infatigable se han transformado en uno de los principales paladines y símbolos del valor de la democracia y la paz en América latina, uno de los continentes más golpeados por las interrupciones del orden constitucional”, expresaron sus referentes. En menos de dos semanas se sabrá si finalmente llegó la hora de ese reconocimiento.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails