martes, 31 de julio de 2012

PARAGUAY: El extraño fenómeno llamado EPP

La organización que actúa en los departamentos de Concepción y San Pedro estaría vinculada con los movimientos guerrilleros de los ’70, pero con una configuración distinta. Depende de la fuente, cuenta con decenas de seguidores o unos veinte.

Por Gustavo Veiga

Combinación nativa de marxismo leninismo y nacionalismo del siglo XIX, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) reivindica el ideario de Gaspar Rodríguez de Francia, el político que consolidó la independencia guaraní contra la voluntad del centralismo porteño. La guerrilla que actúa en los departamentos de Concepción y San Pedro, al norte del país, es un fenómeno extraño, pero no por falta de antecedentes en la tierra de Augusto Roa Bastos. Su acción es muy anterior a la divulgación de su programa (transformado en un libro que se presentó el 19 de julio de 2011 desde la cárcel) y a diferencia de otros movimientos guerrilleros que combatieron a la dictadura de Alfredo Stroessner, comenzó a operar en democracia, a la que define como “un instrumento de dominación contra la gente humilde”. Sus orígenes se remontan a 1994 y su primera incursión data de 1997 –el robo frustrado a un banco de Choré, en San Pedro–, aunque su fama se disparó en noviembre de 2001, cuando secuestró a María Edith Bordón de Debernardi, la esposa de un empresario millonario. Liberada en enero de 2002, corrió mejor suerte que la víctima más célebre del EPP, Cecilia Cubas, la hija del ex presidente oviedista Raúl Cubas, asesinada en el verano de 2005.

“Los francistas entendemos que la tarea histórica a la que debemos avocarnos no es la profundización de la democracia burguesa-imperial, sino su destrucción y sustitución, por vía revolucionaria, por la democracia popular.” La idea fuerza del Programa Político del Ejército del Pueblo Paraguayo la redactó Alcides Oviedo Brítez, su referente principal, que cumple una condena a 18 años de prisión. El texto, de 150 páginas, convertido en libro se conoció hace un año. La impronta que dejó Francia entre los guerrilleros –Dictador Supremo del Paraguay, tal el título con que se lo ungió en 1814 y llevó hasta su muerte, producida en 1840– es notable. Levantan sus banderas para intentar adaptarlas a la actualidad, casi dos siglos después.

Ticio Escobar, ministro de Cultura de Fernando Lugo hasta el golpe parlamentario del 22 de junio pasado, integró la Organización 1º de Marzo (OPM), un grupo político-militar que resistió a la dictadura stronista en la década del 70. Su experiencia de lucha le permite hablar del EPP: “Se trata de un fenómeno extraño, aparentemente vinculado con los movimientos guerrilleros de los ’70, pero con una configuración diferente. En aquella época, cuando luchábamos contra Stroessner, buscábamos el impacto político, la adhesión popular a nuestra causa. El Ejército del Pueblo Paraguayo es un grupo muy cerrado que genera repulsa en mucha gente. Por ejemplo, pueblos originarios no le aceptaron la carne que les habían robado a hacendados”. El ex ministro fue presidente de la asociación Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay y dirigió el Museo de Arte Indígena.

De base rural, el EPP opera en el país que según la Cepal (los datos son de 2011) posee la mayor concentración de la tierra en América latina: el 1 por ciento de los propietarios controla el 77 por ciento de las áreas productivas y un 40 por ciento de los agricultores apenas el 1 por ciento. Unos 300 mil campesinos no tienen tierras propias donde 351 hacendados se han hecho de 9,7 millones de hectáreas. La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos paraguaya produjo el año pasado datos de matices parecidos: entre la población rural, el 44,8 es pobre y el 29,6 muy pobre, un 74,4 del total. Todo esto en la nación latinoamericana que cuenta con la mayor cantidad de campesinos de Latinoamérica: el 43 por ciento.

Las cifras, según Escobar, “guardan relación con las injusticias estructurales del Paraguay por la tenencia de la tierra, y sobre las que opera el fenómeno del EPP, que tiene aliados locales en las comarcas rurales y que los ha vuelto casi invisibles”. Según qué fuente describa a la organización, cuenta con decenas de seguidores o apenas un puñado que no supera los veinte. Las zonas donde tiene presencia son las mismas en que organismos de derechos humanos llevan contabilizadas unas doscientas desapariciones de militantes, los hacendados sojeros poseen ejércitos privados y el Comando Sur de los Estados Unidos penetra con su doctrina de seguridad bajo la consigna de que el Chaco Paraguayo puede transformarse en una segunda Colombia.

Para neutralizar al EPP se difundieron propuestas que iban desde la intervención de una fuerza regular como el Ejército, hasta la guerra de guerrillas, según se desprende de lo que afirmó el presidente de facto actual, Federico Franco, el 22 de septiembre del año pasado en Concepción, uno de los departamentos donde opera la insurgencia. Su frase textual fue: “Vamos a darle guerra hasta terminar con el EPP. De hecho, esto es una guerra de guerrillas”. Por entonces, Franco remplazaba transitoriamente en el Palacio López al obispo Fernando Lugo mientras éste participaba en la Asamblea de las Naciones Unidas. Se aclimataba al cargo del que despojó a su compañero de fórmula.

En noviembre de 2009 y ya con un largo recorrido en los departamentos ubicados al norte de Asunción, se conocieron detalles precisos sobre la guerrilla liderada ahora por Manuel Cristaldo Mieres, junto a Osvaldo Villalba y Magna María Meza.

Un ex integrante del partido Patria Libre, del que se escindió el núcleo duro que formó el EPP, Cristóbal Olazar, concedió una extensa entrevista al programa de investigación Algo anda mal, del Canal 13 paraguayo. En ella radiografió que los milicianos del EPP “teníamos una formación para una guerra de guerrillas, porque pretendíamos el poder... Las prácticas las hacíamos en el monte, como un reconocimiento de la región donde íbamos a permanecer”. Olazar describió que sus ex compañeros se mueven “generalmente de noche, de día poco se mueven, y cuando se dan cuenta de que están acorralados, ellos se cambian de lugar, se distancian. Están en el monte como en su casa. Por más grande que sea el monte, ellos salen hacia el lugar donde tienen que salir”.

En uno de sus últimos comunicados, enviado a Radio Ñandutí tras el golpe que derrocó a Lugo, los francistas del EPP escribieron: “Lo que sucedió el viernes 22 de junio se puede denominar un robo de guante blanco, uno robó a su aliado, ganó la pulseada con mayoría parlamentaria y expulsó a quienes ahora gritan traición”. La caracterización del gobierno depuesto tiene un tono similar: “Siempre hemos dicho al pueblo que estuvo actuando de escudo protector de los intereses de los ricos engañando a la gente con sus discursos socialistas”. “¡Juramos vencer, rendirnos jamás!!!” firma el Ejército del Pueblo Paraguayo al pie. Toda una definición.

Fuente: Pagina12

lunes, 30 de julio de 2012

EDUARDO ALIVERTI: La sensibilidad gorila

Por Eduardo Aliverti

Esta es una columna (muy) reiterativa sobre cierto aspecto de los tratamientos periodísticos y su incidencia social. La repetición no se refiere tanto a los hechos puntuales como al tipo de operatoria mediática en que se inscriben. Al autor, aunque sepa o crea entender de qué se trata, no deja de llamarle la atención que maniobras tan elementales continúen siendo un dispositivo enormemente confiable para los medios denominados “hegemónicos”. ¿Tendrán razón esos medios? Puede ser. ¿Será que, en vez de confianza, los guía el carácter de única movida a disposición de sus intereses? Puede ser.

En los últimos días sobresale la reaparición del show de la inseguridad. Debiera suceder que sólo un retrasado mental pueda no darse cuenta de que el subibaja, en torno de ese asunto, responde al grado de ebullición de la temática política propiamente dicha. Mientras el pico de interés lo atravesaba el enfrentamiento oficial con Scioli y la expectativa frente al poder de fuego de Moyano, y un poco antes por las restricciones del acceso al dólar, fue virtualmente imposible encontrar en los grandes medios de la oposición referencias a episodios delictuales. “Sube” la política y la violencia urbana desaparece ipso facto de diarios, sumarios, boletines, flashes informativos. Es más: cuando sube la política –significando tal cosa que el Gobierno podría estar apremiado por adversarios físicos o factores económicos temporales– hasta se esfuma la recurrencia de machacar con la multiplicidad de piquetes. Es irrefutable que hay una vía estipulada para inducir al (buen o mal) humor popular. Y es más tarde cuando aparece el debate de si eso quiere decir que se pauta cómo piensa la gente o sólo de qué tiene que hablar. Una amplia encuesta nacional de circulación reservada, efectuada a mediados de este mes, señala que inflación, pobreza-miseria y salarios bajos son resaltados, como factor de preocupación, por casi el 50 por ciento de los argentinos. Sin embargo, la “economía” –esto es, la confianza final en cómo o quiénes conducen, sea por convicción o por default de las alternativas– es mencionada, con rango de inquietud, en menos del 8 por ciento de los consultados en todo el país. La ecuación permite trazar una analogía con la turbación por la inseguridad, y así también lo explica la muestra: con una oposición político-profesional inmóvil, quedan expuestos más fuertemente los conflictos internos del kirchnerismo/peronismo. Dicho en otras palabras y simplísimo concepto, se habla nada más que del oficialismo porque el resto no existe. Los medios opositores reman contra esa corriente, con artimañas que son igualmente lamentables y que alcanzan su cúspide en la protección al procesado Mauricio Macri.

El jefe de Gobierno capitalino es un portento de inutilidad, como pocas veces se ha visto. El colega Luis Bruschtein lo estampó con precisión en su columna de este diario, hace un par de sábados. “Un político como Fernando de la Rúa hacía la plancha, se dejaba llevar por el plano inclinado, pero tenía buena prensa que le hacía fama de buen administrador. No hacía casi nada mientras la situación de los que tenían menos era cada vez peor. A De la Rúa le hicieron fama durante su desempeño en la Ciudad de Buenos Aires. Esa aureola de buen administrador le sirvió de plataforma para llegar a la Presidencia y, ya en ella, se dejó llevar por ese plano inclinado, como lo había hecho antes. Siempre fue el mismo, tanto el de la supuesta eficiencia en el gobierno porteño como el que después no encontraba la puerta para salir del estudio de Tinelli. El mismo que no pudo encontrar la puerta para salir de la crisis.” Macri está en eso, aunque los medios de comunicación que le son adictos, bien antes por necesidad de apostar a lo que sea, contra los K, que por la seducción ejercida por un vago, se empeñen en lo contrario. Rechaza hacerse cargo de los subtes si Nación no se los da con todas las refacciones concluidas. Rechaza pagar la cuenta de la luz porque la quiere con subsidio. Rechaza hacerse cargo de la basura que le manda al conurbano. Lindo liberal, Macri. Con esa estela de que papá me pague todo, para que yo después administre.

Se supone que –a la hora, entre otras, de elegir cargos ejecutivos– la gente, o mucha gente, hace cuentas más totales que parciales. De hecho, Cristina, o este modelo, o esta forma de ejercer el poder a contramano de las recetas neoliberales, vienen de sacar más del 55 por ciento de los votos. Antes de que eso ocurriera, y antes de que en las primarias de hace apenas un año conquistara un porcentaje menor, las operaciones y manipulaciones de prensa en contra del Gobierno eran tanto o más furibundas que en el presente. Muchas, precisamente, se basaron en ese drama de la “inseguridad” que la prensa hace aparecer y extinguir, de sus grandes letreros, como si durante un período pudiéramos ser México, al siguiente Suiza, después algún bajo fondo del Este europeo y al rato Noruega. Otros manejos, a falta de candidato opositor destacado en quien depositar la dirección del efectismo, trabajaron –igual que ahora– lo que podría definirse como torsión de desgaste por el desgaste mismo. Es decir, perforemos y después veamos con qué y quiénes se sigue, mientras lo que siga no sea la yegua, sus montoneros reciclados y, sobre todo, la corrupción gubernamental. Esto, la corrupción, es particularmente interesante de abordar como capital simbólico de la oposición mediática y de la sensibilidad gorila. Si la cuestión pasa por lo concreto del perjuicio a los bolsillos pudientes y clasemedieros, no hay avería alguna. Durante el kirchnerismo los ricos son, por lo menos, tan igual de ricos como en cualquier parámetro epocal que quiera tomarse. Los bolsones de clase media que expresan el sentimiento más antiperonista, históricamente, tampoco pueden quejarse de su andar económico. ¿Qué es, entonces, lo que tanto los agobia? ¿De dónde procede semejante furia? Esos sectores, que fueron culo y calzón con los milicos, con el menemato, con la tablita cambiaria, con el uno a uno; esos especímenes a los que nunca les va mal, “salvo” si pierden de ganar demasiado o cuando quedan encerrados en corralones y corralitos que son el producto de las fiestas promovidas o aceptadas por ellos, ¿de qué corrupción se indignan? Así fuera que el kirchnerismo deja muchos flancos sospechosos en el mando de los fondos públicos, ¿con cuál autoridad moral vienen a escandalizarse? Debe decirse, ya para cansarse, que la cólera de esos tilingos se debe mucho más a la amenaza percibida, en torno de sus fortunas patéticas, que a las acechanzas reales. No debería poder creerse que procesistas, menemistas, macristas y habitantes por el estilo del zoológico de la salvación individual vengan a gemir por el autoritarismo de Guillermo Moreno, las dudas sobre Boudou-Ciccone o el uso de la plata de los jubilados para hacer caja distributiva. Los gangsters ideológicos y operativos del curro monumental de las AFJP llaman a conmoverse por el uso de los fondos previsionales. Los apropiadores de Papel Prensa se plantan en atalayas moralistas. Los traficantes corporativos, que se valieron de las prebendas del Estado para concretar negocios descomunales, acusan al Gobierno de practicar capitalismo de amigotes. Quienes compran ese discurso de los pretendientes a periodismo franciscano, ¿se lo creen? El firmante piensa que sí. No está seguro de que en el fondo de los fondos no se dejen lugar para dudas; pero sí que, en caso de habérseles suscitado alguna, la apartan y subsumen en convencerse de que están verdaderamente jodidos. El síndrome de vanidad podría ser una explicación. Sectores medios, imbuidos de odio de clase y temor por la pérdida de sus privilegios, se construyen una amenaza que la prensa retroalimenta. En consecuencia, y según lo demuestra, entre tantos signos, la pavura por el control cambiario entre quienes se relacionan con el dólar a partir de espectáculos ajenos (para no hablar directamente de los que no vieron un dólar en toda su vida), hay una obra de ficción en la que se regodean sus fantasmas.

La política y las relaciones sociales se desarrollan con hechos específicos. Pero también con imaginaciones.

Fuente: Pagina12

domingo, 29 de julio de 2012

HORACIO VERBITSKY: Parar la mano

Sólo el Estado Nacional, desbloqueando el tratamiento del mecanismo nacional de prevención de la tortura, puede poner límite a ese resabio perverso del Terrorismo de Estado, que se reproduce como células malignas en Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Santiago, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Córdoba, Salta o Santa Fe. Aunque hoy no exista un mando totalitario centralizado, el problema es estructural y exige la decisión política de erradicarlo.


Por Horacio Verbitsky

A tres décadas de concluido el Terrorismo de Estado, algunas de sus prácticas se eternizan en distintos lugares del país. Carentes ya de una totalidad orgánica centralizada, se reproducen como células malignas en cárceles y comisarías. Sólo trascienden cuando alguna víctima muere (como Patricio Barros Cisneros, asesinado a golpes por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense), o cuando trascienden fotografías o filmaciones de los tormentos (como en una cárcel de Mendoza y una comisaría de Salta). El discurso negador de las autoridades es desplazado entonces por los sumarios administrativos y/o las investigaciones penales, las propuestas de reforma y la afirmación enfática de que los autores son delincuentes que no representan al verdadero organismo de seguridad. Esta interpretación, inspirada en la vieja definición dogmática sobre los hombres pecadores que no afectan la santidad de la institución, permite que pasada la conmoción las estructuras resistan incólumes. Más temprano que tarde estas prácticas intramuros se diseminan en toda la sociedad, que no está formada por compartimentos estancos. Allí donde una vida no vale nada, todas se devalúan. Los asaltos a familias o personas mayores que son golpeadas en forma salvaje o sometidas al paso de corriente eléctrica prueban el aporte de las prácticas carcelarias a la inseguridad. Mientras los indignados reclamos de protección estatal de las personas honestas sigan disociados del repudio a la violencia institucional y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sólo seguirá creciendo el horror, a ambos lados del tenue límite que separa el adentro del afuera. La polarización entre caricaturas rotuladas como garantismo y manodurismo ignora estos hechos esenciales y se repite como un diálogo entre tartamudos, que además, son sordos.
Principios y práctica

Como el problema excede con mucho la geografía nacional y un momento determinado, existen añejas convenciones internacionales para prevenir y sancionar la tortura. La Argentina ratificó en 1986 la de las Naciones Unidas y desde 1989 rige la del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ambas con rango constitucional desde 1994. Pero la declaración abstracta de principios no es suficiente para desarraigar una práctica cuyas raíces se hunden en la prehistoria de la humanidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2002 un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que estableció un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes. En septiembre de 2004, la Argentina aprobó por ley el Protocolo, cuya idea subyacente es que ningún curso sobre derechos humanos impartido al personal será tan eficaz como el control de las prácticas cotidianas, que se perpetúan como una subcultura institucional. Los pocos avances en décadas se han debido a las visitas a los lugares de detención de organismos estatales autónomos, organizaciones populares y los pocos funcionarios judiciales sensibles a los padecimientos de esa especie subhumana por la que nadie más se interesa. Quien piense que esta denominación es excesiva puede cotejar la distinta repercusión de los incendios en la disco República de Cromañón, en 2004, y en la cárcel U28 de Magdalena, en 2005, que en ambos casos causaron decenas de muertes jóvenes. En los últimos años, también han trascendido casos de torturas, malos tratos o condiciones infrahumanas de detención en Santiago del Estero, el Chaco, Río Negro, en las cárceles e institutos de menores en Santa Fe, Neuquén y Corrientes; la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las calamidades usuales en Mendoza o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violencia sistemática, torturas y trato inhumano en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada los defensores públicos de Neuquén Nicolás García y Fernando Diez denunciaron el tremendo castigo aplicado al detenido Alexis Retamal Jara, en la Unidad de Detención 11. También pende sobre él la amenaza de ser ahorcado en cuanto lo trasladen a otra prisión. En la misma unidad fue asesinado a puñaladas en mayo el detenido Cristian Ibazeta. En la madrugada del 19 de julio personal del grupo de requisa ingresó al pabellón 3 arrojando gas lacrimógeno y disparando postas de goma. Con máscaras de gas en la cara y la cabeza cubierta abrieron cada celda, obligaron a los detenidos a tirarse al piso boca abajo, los golpearon a patadas y puñetazos y con palos y tonfas. Luego los arrastraron hasta el patio donde volvieron a golpearlos y los dejaron horas a la intemperie, algunos sin calzado ni abrigo. Una médica los revisó en la enfermería en forma superficial y en presencia de los golpeadores. Los defensores también vieron las marcas y moretones en el cuerpo de los detenidos Darío Torres, Gustavo Leiva, Maximiliano Loncopan y Luis Alberto Espinoza. Torres “tenía la cara desfigurada y le faltaban varias piezas dentales”. Mientras conversaba con los defensores “había aproximadamente siete policías observándonos. En ese contexto se apresuró a decirnos que no quería denunciar y que no quería tener problemas. Se advertía con claridad que se sentía sumamente atemorizado, no sólo por lo que había sufrido sino por lo que le podría suceder”. Los funcionarios judiciales solicitaron el secuestro de los libros para identificar a todo el personal que estuvo en funciones, de las video-filmaciones que pudieran existir y de los elementos y armas utilizados por el personal de requisa.

El mecanismo pendiente

El Protocolo Facultativo estableció un Subcomité para la Prevención, compuesto por expertos internacionales, y la creación en cada país de uno o varios órganos de visitas, con acceso a toda la información y a cualquier lugar donde haya personas privadas de su libertad. Sus miembros están autorizados a entrevistarlas sin testigos. Nadie podrá ser castigado por la información que suministre, sea verdadera o falsa. Pero seis años después, no se ha creado el mecanismo argentino de prevención y se acumulan los pronunciamientos críticos sobre los lugares de encierro en el país: del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, su Consejo y su Comité de Derechos Humanos, su Comité por los Derechos del Niño y la Comisión Inte- ramericana de Derechos Humanos. Un proyecto de ley fue elaborado por un colectivo de organizaciones de todo el país y suscripto por legisladores nacionales del oficialismo y de la oposición. En setiembre de 2011 recibió la media sanción de la Cámara de Diputados y tuvo dictamen favorable de las tres comisiones involucradas en el Senado, pero fue excluido del recinto en la última sesión del año, con lo que perdieron vigencia esos dictámenes. En marzo, la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich le aseguró al miembro español del Subcomité para la Prevención de la Tortura, Emilio Ginés Santidrián, que había consenso entre distintas fuerzas políticas para su aprobación. Pero hasta ahora ni siquiera hubo quórum para tratarlo en sesión conjunta de las comisiones. Si el Senado no lo aprueba este año también se perderá la media sanción de Diputados, lo cual constituiría un grave retroceso en la construcción de instituciones que eleven el estándar de protección de las personas privadas de su libertad. En ausencia del mecanismo nacional, varias provincias están implementando su propio sistema pero con estructuras disímiles que, en algunos casos, colisionan con los parámetros internacionales. Si bien los considerandos de creación del mecanismo tucumano dicen que se trata de un organismo “independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico”, los funcionarios forman la mayoría, lo cual viola el requisito de independencia. La primera provincia que sancionó su mecanismo fue el Chaco, en enero de 2010. Sus miembros recién asumieron un año y medio después. El mes próximo comenzará a sesionar el de Río Negro, con representantes gubernamentales y de ONG. La ley de creación del mecanismo mendocino se publicó en mayo de 2011. El comité contra la tortura será constituido por el Procurador Penitenciario, cuyo proceso de selección con exámenes oral y escrito produjo una terna, elevada al Poder Ejecutivo por los miembros del tribunal, Juan Carlos Wlasic, Sandra Casabene y Pablo Salinas Cavalotti, todos ellos profesores de derechos humanos. Ahora el gobernador Francisco Pérez deberá escoger entre los doctores Lucas Lecour y Fabricio Imparado y la Licenciada Romina Cuchi, y remitir a la Legislatura el pliego elegido. Entretanto y en forma contradictoria, la Cámara de Diputados provincial repudió la ley nacional de ejecución penal a la cual Mendoza había adherido hace quince años y aprobó una propia, que habrá hecho estragos cuando le llegue la muy probable declaración de inconstitucionalidad, ya que la Corte Suprema de Justicia ya dijo que sólo la ley nacional rige la ejecución de la pena. La ley que ahora deberá pasar por el Senado mendocino niega o entorpece toda forma de liberación anticipada de condenados por delitos violentos, ya sea condicional o asistida, la prisión discontinua, la semilibertad y las salidas transitorias. Desmintiendo la imagen de poder omnímodo de La Cámpora, la enmienda se aprobó pese a la oposición de sus dos diputados, quienes sostuvieron que viola las garantías constitucionales y producirá hacinamiento en las cárceles sin modificar las tasas delictivas, al estilo de las leyes Blumberg. Aun antes de que agrave las actuales condiciones, medio centenar de reclusos se amotinaron el viernes en el penal mendocino de San Felipe, pidiendo horarios más generosos de recreo y visitas familiares. El jueves, luego de un motín en la alcaidía de Resistencia, 23 detenidos fueron atendidos en la guardia del hospital Perrando y siete quedaron internados por intoxicación con monóxido de carbono, varios de ellos graves y con asistencia respiratoria. Sus familiares denunciaron que los agentes penitenciarios “actúan con violencia cada vez que hay una requisa o durante los traslados”. El integrante del Mecanismo Provincial chaqueño de prevención, Mario Bosch, visitó a los detenidos y habló con sus familiares. Los penitenciarios que intervinieron fueron separados de servicio. Bosch ya había planteado la necesidad de demoler esa alcaidía y adoptar medidas preventivas, algunas tan elementales como el suministro de colchones ignífugos. Recién al día siguiente del incendio se aprobó la licitación para construir dos pabellones nuevos en un terreno lindante.

El infierno bonaerense

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador de La Cámpora Santiago Carreras, impulsan un mecanismo idéntico al que no cuenta con la decisión política en el Senado federal. La situación de Buenos Aires es la peor del país: la provincia alberga a la mitad de las personas privadas de su libertad en la Argentina; su Servicio Penitenciario ha logrado colonizar partes importantes del fuero de ejecución de la pena en la justicia provincial y hasta ha colocado a uno de sus hombres en el gabinete bonaerense; la policía tiene un representante en la propia Suprema Corte de Justicia, y el gobernador adhiere a la burda dicotomía entre la seguridad de los ciudadanos y los derechos de las personas privadas de su libertad. Como ha elegido la “guerra contra el delito” como una de las maneras de diferenciarse del gobierno nacional acomoda la realidad a ese lecho ideológico de Procusto. En febrero de 2011, su ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, encubrió el asesinato de los adolescentes Franco Almirón y Mauricio Arce y las heridas graves a Joaquín Romero en el barrio La Cárcova, pretextando una agresión armada que nunca se produjo y el saqueo de un tren descarrilado, que había concluido noventa minutos antes. Los pibes tenían disparos por la espalda. En marzo tres detenidos denunciaron que las autoridades de la U48 los sacaban a robar para ellos y que funcionaba un desarmadero en una de las unidades. Como prueba presentaron a la Justicia fotos tomadas con un celular que les entregó un penitenciario, en las que los detenidos visten camperas de camuflaje, gorras y chalecos antibalas y escudos del Servicio Penitenciario Bonaerense. También se denunciaron torturas a 25 detenidos y niveles inimaginables de hacinamiento y violencia en el pabellón de castigo, fiestas con alcohol y prostitutas en la cárcel y tiroteos sobre detenidos por parte de funcionarios borrachos. Luego de una visita conjunta de la Comisión Provincial por la Memoria y del CELS, que documentaron en entrevistas y fotografías lesiones gravísimas a 25 reclusos, el gobierno no tuvo otro remedio que reconocer los hechos que hasta entonces negaba, clausurar el pabellón de castigo y separar a la cúpula penitenciaria. En diciembre de ese mismo año, el gobierno provincial anunció que había secuestrado el mayor cargamento de cocaína de la historia y detenido al segundo jefe del cartel mexicano de Los Zeta, cosa que sólo ocurrió en la imaginación de Casal, y una decena de penitenciarios asesinó a Barros Cisneros en la U48. Cuatro de los responsables siguen prófugos, cosa inimaginable sin protección penitenciaria y desidia policial por encontrarlos. Uno de los que sí fueron detenidos, se suicidó sin que sus colegas que debían custodiarlo tomaran las medidas elementales para impedirlo. El Senado también está investigando la relación non sancta entre policías y vendedores de estupefacientes en el asesinato de la niña Candela Rodríguez. El caso más reciente que caracteriza las prácticas institucionales en la provincia es el de Marcelo Segovia, que se fugó de la Unidad 32 de Florencio Varela, diez días después de ser condenado a 29 años de prisión por el asesinato del comerciante Emiliano Martinó. Las propias autoridades dijeron que era imposible que hubiera atravesado seis barreras de seguridad sin complicidades internas. Pero mientras el gobierno sostiene que huyó vestido de mujer, la página electrónica de los suboficiales penitenciarios aduce que vestía un uniforme policial y apunta al director de la alcaidía. También el episodio que costó la vida a Martinó, en enero de 2010, cuestiona los procedimientos al uso: la policía abrió fuego sobre el auto en que lo llevaban los ladrones que habían intentado robar su casa, pese a que la familia advirtió que iba a bordo como rehén.

A la mesa

Luego de una visita de su relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar por la que reclamó a la provincia que garantizara la vida y la integridad de los internos. En su cumplimiento, desde el 29 de junio funciona una mesa de trabajo integrada por los peticionarios (el CELS, la Comisión Bonaerense por la Memoria y su Comité contra la tortura), la provincia de Buenos Aires (el ministerio de Seguridad y Justicia, su secretaría de derechos humanos, la jefa de su Servicio Penitenciario Bonaerense y la Legislatura) y la Nación (la Cancillería, el ministerio de Justicia, sus secretarías de derechos humanos y de gestión penitenciaria y el Servicio Penitenciario Federal). En las reuniones realizadas hasta ahora, por primera vez desde la asunción del gobernador Daniel Scioli, la provincia de Buenos Aires mostró disposición a superar las limitaciones ostensibles de sus políticas en estos años, reconocer los costos que tiene no asumir el gobierno civil de la política penitenciaria y avanzar con temas como la potabilidad del agua, la erradicación de los traslados arbitrarios, la disminución de la violencia intracarcelaria y la prevención y sanción de la tortura. Es prematuro para saber si, aun con esta ayuda del Estado federal y de las organizaciones denunciantes, el gobierno provincial será capaz de modificar una estructura que en cinco años de gestión delegada adquirió monstruosa vida propia. En cualquier caso, es evidente que nada ocurrirá sin una sostenida decisión política en el vértice del poder político nacional.

Fuente: Pagina12

martes, 24 de julio de 2012

PJ SANTAFESINO: Expulsión de represores

Los represores Horacio Barcos y José Martínez Dorr,
quienes se encontraban afiliados al PJ de Santa Fe.
Padrón limpio de represores

Tres meses atrás, en un juicio por la represión, surgió que un imputado era afiliado al PJ santafesino. Luego hubo otros casos. Ahora, expulsarán del padrón a todos los involucrados en causas.


Por Ailín Bullentini

El Partido Justicialista de Santa Fe se comprometió a expulsar de sus padrones a todos aquellos afiliados que estén implicados en causas por crímenes de lesa humanidad o que hayan sido cómplices de esos delitos, cometidos durante la última dictadura militar. Los organismos de derechos humanos, que participarán en la revisión de las filas del partido, consideraron la decisión como “histórica” y “necesaria”. “Es una reparación histórica y una reivindicación a los miles de compañeros desaparecidos, exiliados, presos políticos y también a los que se sumaron a la militancia política desde lejos de las estructuras partidarias que durante mucho tiempo fueron funcionales a las políticas de impunidad”, reflexionó el diputado Eduardo Toniolli, integrante de la regional santafesina de Hijos y secretario general del partido en Rosario.

Junto a un colectivo de expresos políticos, Hijos le propuso al flamante titular del PJ santafesino, José Freire, la depuración de los padrones de represores y cómplices de los crímenes cometidos durante la última dictadura. El puntapié de la iniciativa ocurrió hace poco más de tres meses, en el marco del sexto juicio oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia. Durante el avance de ese proceso se descubrió que el principal sospechoso en esa causa y condenado a una década de prisión, el ex comisario Roberto Martínez Dorr, estaba afiliado al PJ. En la misma situación se encontraba Horacio Américo Barcos, ex personal de Inteligencia del Ejército que murió la semana pasada en prisión, también condenado por crímenes de lesa humanidad. Al ex jefe comunal de la ciudad de San José del Rincón Mario Fancino, que también fue condenado por violaciones a los derechos humanos, ya lo expulsaron.

“Creemos que corresponde una condena política y social y que no pueden estar afiliados al partido”, remarcó el presidente del partido e intendente de Venado Tuerto, José Freire. En diálogo con este diario, Freire informó que tras el compromiso aceptado por el PJ, la institución política y miembros de los organismos de derechos humanos están avanzando en la organización de las tareas de revisión de los padrones.

“En principio, es una actitud que deben asumir todos los partidos políticos de la democracia. Sin embargo, consideramos que para el peronismo es una deuda que hay que saldar, porque ha sufrido enormemente con la desaparición de miles de sus militantes, el exilio de muchos otros, durante la dictadura”, concluyó Toniolli. En ese sentido, aseguró que “que el PJ se ponga al frente de la revisión de sus integrantes demuestra que hubo una lucha histórica de los familiares y compañeros sobrevivientes para mantener la memoria sobre lo ocurrido y, por otro lado, que hay voluntad política”.

La idea es pedir al tribunal de disciplina partidario la expulsión de aquellos miembros sobre quienes, como Martínez Dorr o Barcos, pese una condena por delitos de lesa humanidad o estén involucrados en investigaciones judiciales de ese tipo. “Nos planteamos desafiliarlos, tengan o no condenas firmes, y también abrir el debate sobre quienes tuvieron responsabilidades civiles”, indicó Freire. En cuanto a quienes tuvieron responsabilidades civiles, el dirigente más conocido es Juan Carlos Mercier, ex ministro de Hacienda provincial durante la dictadura y también durante los dos gobiernos de Carlos Reutemann.

“Conocemos algunos otros casos emblemáticos y aunque la mayoría se ha desafiliado a lo largo de los años, queremos dejar agotada la instancia”, apuntó a este diario. Por su parte, Toniolli completó que “está claro que el tribunal de disciplina del partido no necesita la condena para expulsar a un afiliado que se sabe cometió crímenes de lesa humanidad ya que, habiendo pruebas suficientes, puede ejercer evaluaciones éticas”.

Fuente: Pagina12

lunes, 23 de julio de 2012

EDUARDO ALIVERTI: La película completa


Por Eduardo Aliverti

La etapa política que vive Argentina se presta a algunas confusiones. Ciertamente, hay hechos que lo justifican. Y otros que están desnaturalizados por el armado mediático.

Por ejemplo: es cierto que la provincia de Buenos Aires sufre un déficit económico estructural, que Scioli se durmió en la confianza por la asistencia nacional y que Cristina le hizo sufrir el pago del medio aguinaldo. Tal vez no hacía falta que la Presidenta jugara con la especulación de perforar al gobernador. Finalmente, la ayuda que le brindó es pan para hoy y hambre para mañana, si Scioli no se decide a encarar una reforma estructural que provea mayores recursos de los sectores más concentrados de la riqueza. Y aun si eso ocurriera, los efectos no se verían de inmediato por obvias razones de tiempos recaudatorios. Como fuere, la decisión de agujerear al mandatario provincial, porque ideológicamente está a contramano, no debe ir en perjuicio de que la gente del común deje de cobrar lo que le corresponde. En apreciación fiscal, el problema no son los que cobran, sino los que no pagan lo que deberían. Asimismo, la ausencia comunicacional del Gobierno en torno de la disparada del dólar paralelo o ilegal es inquietante. En ese sentido fue bienvenida la aparición del ministro Lorenzino, explicando que los avatares de ese mercado no tienen ninguna influencia en la marcha de la economía. Pero parecen espasmos. El Gobierno sólo confía en el carisma cristinista por cadena nacional, como si no se anoticiara que al enemigo, aunque debilitado, le sobran recursos para taladrar.

De todas maneras, lo dicho no supone que deban perderse de vista los grandes fondos. Para esta altura del año pasado, el escenario político estaba exclusivamente dominado por las elecciones primarias del 14 de agosto. Hasta poco antes, casi sólo se hablaba de si la Presidenta se presentaría como candidata. Después, todo consistió en quién sería su compañero de fórmula. Cristina arrasó con el 50 por ciento de los votos, para estupefacción de un arco opositor-mediático que hablaba del inminente fin del kirchnerismo. Mas luego, mientras la oposición brindaba un espectáculo lamentable de astillamiento y travestismo, la única incógnita pasó a ser por cuánto ganaría en los comicios presidenciales del 23 de octubre. Si nos vamos al 2010 había la masividad de los festejos por el Bicentenario, con una alegría callejera también noqueadora para los sermoneadores del odio y la depresión. Un rato más tarde se moría Kirchner. La imponencia popular del funeral volvió a dejar a la oposición con la boca abierta. Fue, para recordar íconos, el momento asqueroso y desopilante de Elisa Carrió, al aducir que el velorio lo había organizado Fuerza Bruta. Y el de Mirtha Legrand, con aquello de que Néstor no estaba en el cajón. Atónitos, los voceros del desconcierto se concentraron en plantear serias dudas sobre la fortaleza anímica de Cristina para seguir adelante y ya se sabe cómo les fue. Sigamos para atrás. En 2009 se venía de que las elecciones parlamentarias ratificaran el golpe de las patronales agrogarcas. El comando periodístico “opo-corpo” señalaba que el bloque de campestres y Peronismo Federal abría una oportunidad inmejorable para liquidar al kirchnerismo. La realidad fue que ni siquiera pudieron articular tácticas parlamentarias. El “campo” continuó orgiásticamente empachado de divisas. Archivó su falsa prepotencia de construcción política. El Gobierno fugó hacia delante cuando nadie lo preveía. La oposición acabó en el desastre de 2011. Y todavía queda resto para retroceder. Julio, 2008: Cobos, quien ahora dice que vuelve a la política transformándose en una parodia de sí mismo, vota negativo contra la 125 y se convierte en el vértice de la pirámide reaccionaria. Mariano Grondona y Hugo Biolcati (que termina de escenografiarse con lamentos pornográficos en la apertura de la exposición ruralista de Palermo, rodeado por el capanga Venegas y un jefe de Gobierno porteño discapacitado para agarrar el mate) juegan, en Hora Clave, a que Cobos está al caer para sustituir a Cristina. También terminó comprobándose que el mendocino es más bien un potus. Si se quiere, puede corroborarse igualmente lo que fue de las aspiraciones presidenciales de Mauricio, quien concluyó abandonando toda batalla nacional porque, entre otras cosas, había y hay que trabajar. Y del mismo modo analítico, quien quiera puede darse una vuelta por qué habrá sido de la vida políticamente arrolladora de testimonialistas nac&pop, dirigentes sindicales despechados, radicales que se jugaron a la derecha, padrinos extintos, derecha que apostó a los radicales, frentes amplios que no amplían nada de nada.

¿A qué viene este repaso de sucesos? En primer lugar, al solo hecho de valorar la memoria. Sin mayores esfuerzos, porque son evocaciones que quedan a la vuelta de la esquina. Y en segundo término, se trata de la combinación entre eso y la necesidad de dimensionar cuánto de cierto, o de profundo, tiene este machacante panorama de que se pudre todo. El dólar blue, Scioli, las tarifas diferenciadas del transporte público, Moyano, el paro en los micros de larga distancia, los gendarmes en Santa Cruz, la basura inundando la Capital, la compraventa de inmuebles parada. Ante este escenario, en parte armado u operado y en parte real, de conflictos cotidianos, invariables, pretendidamente asfixiantes, ¿no hay que pegarse una (otra enésima) vuelta por cuáles son las alternativas ofrecidas por los pastores evangélicos de la oposición mediática? Se habla de los medios no por vicio profesional. Es que no hay otra oposición que ésa. Y que no la haya da el resultado de qué puede esperarse de lo que hay enfrente del kirchnerismo. Dejemos aparte que esos contendientes deben ser nutridos por la inteligencia y la militancia de quienes detestan a Cristina. Sólo tienen el odio de clase y las cacerolas (Q.E.P.D.) en esquinas top de Buenos Aires. La soja cotiza a su máximo histórico; España se derrumba con un plan de ajuste increíble, capaz de llamar a que el FMI pida prudencia; el proteccionismo comercial está mundialmente a la orden del día para que por acá sostengan los ataques contra Guillermo Moreno. Grandes temas, entre otros. ¿Alguien registra que digan algo al respecto los Binner, los Solanas, los Scioli, los radicales, los Moyano? ¿Quiénes son los cuadros políticos que rodearían a esas figuritas para dejar de usar el diminutivo? Los editorialistas de la militancia periodística opositora les reclaman a esos ¿pretendientes? que produzcan alguna acción. A Scioli, que demuestre amor propio contra las embestidas del “matón” Mariotto “dirigido” por Cristina. A Macri, que exhiba algún gesto para enrostrar que no es un nene de papá, imposibilitado de toda convocatoria que no sea para armar cenas de egresados, con sus compañeros de Cardenal Newman. Pero, ¿cómo pedirles ejecuciones a quienes no tienen una idea? Ese fue el fracaso de la cena que les dio Magnetto cuando los juntó a todos. El CEO de Clarín quería alentar a un cuatro, y se encontró con un seleccionado de pomelos.

Lo expresado por esta implosión de la derecha criolla es que lo mejor del capitalismo epocal y vernáculo lo significa Cristina. ¿Nadie se pregunta por qué no existe la oposición? Sí. Se lo preguntan muchos. Pero el problema es la respuesta. Cristina o, si se prefiere, la tensión dramática encarnada en el kirchnerismo, es que no hay absolutamente nada mejor que ella –o que lo que ella representa– para vivir mejor o para seguir zafando. Si se toma nota de eso, se entenderá qué sentido mayor o menor puede darse a los avatares de la tarjeta SUBE, los gendarmes de Santa Cruz, la cotización del dólar blue, o si les avisaron a los trabajadores del Sarmiento que hay una reestructuración operativa.

Como toda la vida, sólo es cuestión de ver la película completa. Y no los fragmentos que les interesan a las marionetas que prenden y apagan.

Fuente: Pagina12

domingo, 22 de julio de 2012

Prohíben a un centro de estudiantes llevar el nombre de un desaparecido

Hector "Pata" Acosta - Militante de
la Unión de Estudiantes
Secundarios
Por Gerardo Aranguren.
Un pequeño gesto para reivindicar la lucha del estudiante desaparecido Héctor "Pata" Acosta provocó un conflicto público en la localidad correntina de Paso de los Libres cuando las autoridades del Instituto de Formación Docente prohibieron al Centro de Estudiantes utilizar el nombre del joven secuestrado en marzo de 1976. El escándalo estalló a dos meses de que comience el juicio oral por la desaparición del "Pata" Acosta, por la que serán acusados Ramón Genaro Díaz Bessone y Raúl Ángel Portillo, cuando la rectora del Instituto, Graciela Faez, y la vicerrectora, Irma Pitura, les enviaron una circular a los estudiantes para que elijan a una persona "más representativa" de la institución que el joven desaparecido.

A pesar de los motivos formales que argumentó Faez para oponerse a la decisión estudiantil, en Paso de los Libres se mencionan razones más personales para que la rectora rechace el nombre del joven desaparecido en el Centro de Estudiantes: Faez estuvo casada con Carlos Faraldo, ex agente civil del Ejército en el Destacamento de Inteligencia 123 y señalado como una de las personas que secuestró a Acosta. Como fue elevada sólo un parte del expediente, Faraldo no formará parte del juicio que comenzará el próximo 18 de septiembre en el que están acusados el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Díaz Bessone, y Portillo, como jefe del Destacamento de Inteligencia 123.

Pero no es sólo la rectora quien tiene vínculos personales con represores en la localidad fronteriza. La vicerrectora Irma Pitura es la esposa de Rubén Darío Ledesma, también personal civil de Inteligencia y, aunque no está imputado en la causa, hay testimonios que lo vinculan junto con Faraldo en el secuestro de Acosta.

Ambos prestaron funciones en el Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres y figuran en las listas que difundió el Archivo Nacional de la Memoria de personal civil de Inteligencia que revistó durante la dictadura en el Batallón 601 del Ejército.

También comparten la acusación en tres causas por delitos de lesa humanidad. Entre ellas por privación ilegítima de la libertad, torturas, tormentos, vejámenes y asociación ilícita cometidos en el Local 13 y la estancia La Polaca, donde funcionaron centros clandestinos de detención del Ejército para personas detenidas en el puente que une Argentina con Brasil.

"Casi 40 años después siguen temiendo a los fantasmas de esa época, tienen miedo a la militancia. Sabemos que Paso de los Libres es una sociedad muy conservadora, pero no lo podíamos creer cuando nos enteramos. Ambas pidieron licencia cuando se conoció todo", señaló Noelia Romero, quien cursa el profesorado de Historia y preside el Centro de Estudiantes que lleva como bandera el nombre de Héctor "Pata" Acosta.

El "Pata" Acosta era estudiante secundario de la Escuela Normal de Paso de los Libres y presidente del Centro de Estudiantes cuando el 22 de marzo de 1976 fue secuestrado de su casa por personas de civil provenientes del Servicio de Inteligencia 123. Según testimonios, el joven fue llevado a instalaciones del Escuadrón 7 de Gendarmería, donde sufrió torturas y luego se convirtió en el primer desaparecido en Corrientes y el único de Paso de los Libres.

"Cuando en mayo les informamos a las autoridades que íbamos a nombrarlo ‘Pata’ Acosta, nos negaron la autorización, primero de forma oral y después escrita. En el estatuto no existe ninguna pauta que les permita intervenir en esa decisión, así que decidimos sostener el nombre para reivindicar su causa", contó Romero, quien ya había tenido cruces similares con las autoridades que caracterizaron como "proselitismo de izquierda" un homenaje al estudiante asesinado por la policía de Corrientes, Juan José Cabral, o cuando les negaron el permiso para proyectar documentales el 24 de Marzo con la excusa de que había poco espacio en la escuela.

Quien conoce el conservadurismo de la ciudad es el periodista Ignacio Villanueva, a quien el teniente coronel Celestino Mosteirín, jefe del Destacamento de Inteligencia 123 denunció judicialmente por informar sobre lo que sucedía en el centro clandestino de detención La Polaca. "Esto es algo típico de lo que sucede en Paso de los Libres, donde algunas generaciones todavía creen que estamos en los años ’70", explicó Villanueva, quien agregó que "el Instituto de Formación Docente tiene un vínculo histórico con los servicios de inteligencia". A los casos ya relatados de la rectora y vicerrectora, el periodista agregó el del celador del instituto, Osmar Espinoza, quien trabaja para la SIDE. «


"En Paso de los Libres el 90% de la gente son milicos"

Desde su casa en Paso de los Libres, Carlos 'Pecho' Acosta todavía se indigna con lo que sucede en la ciudad donde desapareció su hermano Héctor. "En paso de los Libres el 90% de la gente son milicos. Viven fuera de tiempo y no se dan cuenta que estamos en otro momento", explicó y dejó en claro que su familia "no la pasó bien" mientras reclamaba justicia por el joven estudiante desaparecido. 

Puso como ejemplo el Instituto de Formación Docente, donde las autoridades, vinculadas con represores, rechazaron el Centro de Estudiantes fuera llamado como su hermano. Desde 1995 el Instituto lleva el nombre Profesor Agustín Gómez, uno de los fundadores del terciario y una personalidad de Paso de los Libres reconocida como "colaborador" del Servicio de Inteligencia 123 durante la última dictadura. 

"El 22 de marzo, dos días antes del golpe, lo secuestraron de mi casa. Él ya sabía que lo iban a ir a buscar, militaba en el PRT y era presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal. Si bien corría peligro, el tenía la idea de que la lucha era así", recordó en diálogo con Tiempo Argentino el hermano de 'Pata' Acosta. Si bien al juicio que tiene fecha de inicio el 18 de septiembre sólo llegarán Ramón Genaro Díaz Bessone y Raúl Ángel Portillo, Carlos 'Pecho' Acosta señala que a través de los años fue conociendo por vecinos de la ciudad quiénes fueron los autores materiales del secuestro de su hermano. "(Rubén Darío) Ledesma y (Carlos) Faraldo fueron los que lo sacaron a mi hermano de mi casa, ellos eran agentes de inteligencia y los únicos que usaban un automóvil Falcon y un Volkswagen, según los testimonios que pude recoger", indicó. 

Sobre el inicio del juicio, Acosta se mostró muy escéptico: "No esperamos nada de ese juicio. Los testimonios sobre el secuestro de mi hermano son muy débiles, todos saben lo que pasó pero no hay testigos que quieran declarar. Lo lindo sería que se unificaran las causas, porque hay otros testimonios que cuentan la responsabilidad de Ledesma y Faraldo en las otras causas. También quisiéramos encontrar el cuerpo de mi hermano. La única pista que tenemos es que lo habrían llevado a una laguna del Iberá, donde un cazador vio cómo arrojaban cuerpos que bajaban de una camioneta."

Fuente: Tiempo Argentino.

HORACIO VERBITSKY: Buenos Oficios

Por Horacio Verbitsky

El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.

Diálogos en la cárcel

El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.

Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.

Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:

–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.

–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.

–No parece suficiente.

–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.

Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.

El rol de Laghi

La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”. Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.

La Eucaristía

Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.

Fuente: Pagina12

sábado, 21 de julio de 2012

JOSE SCHULMAN: La impunidad de los condenados

El carácter histórico de los juicios contra los perpetradores del genocidio sufrido por el pueblo argentino en los ’70 deriva de la “singularidad” de que esta vez se pudo quebrar la impunidad que el Estado ha brindado a todos los genocidas y a casi todos los represores desde la invasión militar colonial española, pasando por los crímenes de la Inquisición y los sufridos en las guerras de independencia, siguiendo por los cometidos por el Estado durante todo el siglo XX hasta diciembre de 2001. La impunidad es la llave de la continuidad del horror inicial hasta el paroxismo del ’76. Y ha sido el Estado el constructor y sostén de dicha impunidad. En ese proceso, la idea de la “continuidad jurídica”, la pretensión de que los actos criminales de un poder ilegal son legales –tal como sentó doctrina la Corte Suprema al avalar el golpe del ’30– ha sido la justificación que el liberalismo prestó a la construcción de una cultura represora que hoy asoma en la pretensión de “normalidad jurídica” dogmática al momento del Juicio y Castigo.

Digámoslo de entrada, no es el derecho al estudio de ciudadanos en situación de cárcel lo que se discute al momento de posicionarse frente a la pretensión de algunos represores de “estudiar” en la UBA; para nada, lo que se discute es cómo se enfrenta la estrategia de impunidad para los genocidas que el Estado construyó desde el primer momento y que no ha cesado de intentarse hasta hoy por medio de tres formas principales: la impunidad biológica (“estirar” los procesos judiciales para que los represores mueran “acusados” pero sin condena, como Pinochet en Chile); la impunidad del poder económico (que pretende un genocidio sin sentido, sin beneficiarios, que niega aquello de Walsh en su Carta: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”). Y hay aún, para nuestra sorpresa, una estrategia de los condenados para sostener su impunidad. Y así como enfrentamos, desde el ’76, todas las impunidades, nos toca ahora enfrentar la pretensión de un trato preferencial para ellos: detenciones domiciliarias, eximición de juicios o cárcel por razones de salud y ahora “estudiar” en la UBA, como si fueran simples personas nacidas en hogares de escasos recursos y excluidos del sistema educativo por el capitalismo, “refundado” por el terrorismo de Estado, que se basa en la exclusión social y la discriminación hacia los débiles.

Pero no es el caso. Casi todos ellos estudiaron carreras militares o policiales en su juventud, tuvieron luego entre 20 y 30 años para emprender nuevos estudios en el largo período que pasó entre que fueron identificados como los responsables de los centros clandestinos y el terrorismo de Estado y el momento de su prisión. Pero no lo hicieron; tampoco “comprendieron” y “reconocieron” el daño que hicieron a la sociedad, más bien, todo lo contrario. Son ellos los privilegiados, los discriminadores y los que todavía deben a la sociedad la información sobre el destino de los desaparecidos. Que no se los juzgue por esos delitos continuos es una más de las formas en que sectores del aparato jurídico estatal los sigue protegiendo. Como el Servicio Penitenciario, que los trata como si fueran los dueños del país, creándoles condiciones que ningún otro preso tiene, aun cuando llegan a “cárcel común”, no es común su condición carcelaria. Siempre privilegios.

La UBA no sólo tiene el deber de enfrentar esta estrategia de impunidad con máscara estudiantil, tiene la oportunidad de escuchar a los universitarios víctimas del terror que esperan un gesto claro de repudio a los represores y de reivindicación de los “desaparecidos” de la universidad por la acción de estos genocidas que ahora pretenden, nada menos, ocupar ellos mismos su ausencia tan querida.

José Schulman es Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Fuente: Crónicas del Nuevo Siglo.

martes, 17 de julio de 2012

MANIFIESTO DE LA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN SU 75 ANIVERSARIO

17/07/2012


En el año de su setenta y cinco aniversario, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, al valorar su historia de lucha como parte de todas las luchas por la conquista de todos los derechos humanos para todos, propone y se compromete a luchar por los siguientes actos gubernamentales, legislativos o jurídicos, necesarios para derrotar plenamente la impunidad y avanzar hacia el pleno acceso de todos a todos los derechos humanos. 


Desde el 20 de diciembre de 1937, los militantes de la Liga hemos aportado a la lucha por la libertad de todos los presos políticos, todos los torturados y perseguidos de todos los gobiernos. Hemos enfrentado absolutamente todas las dictaduras, la del 30, la del 43, la del 55, la del 62, la del 66 y por supuesto a la aupada en el poder el 24 de marzo de 1976; y no hemos dejado de luchar bajo los gobiernos electos bajo normas constitucionales. Fuimos los primeros, y no solo en la Argentina, en toda América; y por mucho tiempo fuimos una de las pocas organizaciones populares dedicada a la lucha por los derechos humanos, aunque nunca estuvimos solos. Heredamos las luchas del Socorro Rojo y los esfuerzos de los anarquistas, socialistas y comunistas para que el movimiento sindical de las primeras décadas del siglo pasado se hiciera cargo de esta causa. También la de los combatientes radicales que enfrentaron el primer golpe militar del Siglo XX tanto como la de la Resistencia Peronista al Golpe Gorila del 55. En los 60, convivimos con las comisiones de familiares y organizaciones de abogados que promovió la izquierda peronista, guevarista y de otras tradiciones como la Gremial de Abogados. Apoyamos y fuimos parte de las comisiones de derechos humanos de la C.G.T. de los Argentinos, la Federación Universitaria de la Argentina y otras instancias de coordinación como fue la primer Asamblea Permanente por los Derechos Humanos así como contribuimos decisivamente al fortalecimiento del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión de Familiares de Presos Políticos y otras. Nunca nos sentimos solos y hoy nos alegra que el campo de los defensores de los derechos humanos se haya expandido del modo que lo ha hecho. Consideramos que el 75º aniversario de la Liga es mucho más que un cumpleaños, es un valor cultural del pueblo argentino que da cuenta del compromiso histórico de los trabajadores y los sectores populares con la lucha contra todas las impunidades; no es solo una de las razones de los nuevos tiempos que vivimos, también es una base sólida para seguir adelante. En este aniversario ni nos auto conformamos con nuestra historia de luchas ni tenemos una mirada conformista sobre lo logrado en la Argentina que no es poco siendo el tema de Juicio y Castigo a los Genocidas donde más se visualizan los avances, realmente históricos y de relevancia regional. Asumir lo logrado como el punto de llegada, como el súmmum de lo posible; no solo sería un error conceptual enorme, también sería una falta de compromiso con el mandato que nos viene del fondo de la historia, y sobre todo con todas y todos los que no vacilaron en seguir luchando no importa las consecuencias que el Poder les amenazaba y hoy son parte de ese acumulado histórico de luchadores al cual nos debemos. Permítannos, en esta ocasión, nombrar a nuestra Teresa Israel, a Baldomero Varela y Freddy Rojas que fueron parte de la gota de sangre que la Liga aportó al cauce común y plural de los que fueron asesinados y/o desaparecidos en ejercicio de la militancia por los derechos humanos. Es por ello, que en el año del setenta y cinco aniversario de la Liga, que cumpliremos el 20 de diciembre próximo, proponemos y nos comprometemos a unir nuestros esfuerzos a todos los que luchan por los siguientes puntos, entre tantos otros que el pueblo reclama. 



Uno. La inmediata derogación de la llamada Ley Antiterrorista, la anulación de todos los acuerdos firmados con el Gobierno de los EE.UU. que permiten la injerencia de sus Fuerzas Armadas en la preparación y formación ideológica de cualquiera de las Fuerzas estatales de seguridad. Es inaceptable que se nos diga que los ejercicios “técnico militares” no son parte de la imposición de una cultura emanada de los EE.UU., inspirada en la guerra contra el terrorismo que se plasmó en el Acta Patriótica de 2001 y viene demoliendo toda la estructura jurídica internacional de protección a los derechos humanos. No cejaremos en la denuncia del carácter represivo de la Ley y de la función colonialista de la intromisión del Comando Sur en nuestro territorio, no importa la excusa que invente. Las Malvinas son argentinas tanto como el resto del territorio continental. Ni allá ni acá, tropas de la OTAN al servicio de la guerra contra el terrorismo. Defensa irrestricta del derecho a la autodeterminación de los pueblos, condena a los golpes de Estado perpetrados en Honduras y Paraguay e intentado en Venezuela, Bolivia y Ecuador por una alianza perversa entre las derechas originarias y el imperialismo norteamericano. La lucha contra todas las impunidades, la democratización de las democracias formateadas por el terrorismo de estado y el neoliberalismo por el camino del protagonismo popular creciente y la satisfacción de las demandas populares contra los grandes grupos económicos que procuran monopolizar nuestras riquezas naturales, sigue siendo el camino más eficaz para derrotar las derechas. Creemos que esa es la primera lección del “golpe constitucional” de Paraguay. 



Dos. La completa depuración de todas las Fuerzas estatales de seguridad (no solo las Fuerzas Armadas, también Gendarmería, Prefectura, el Servicio Penitenciario y todas las Policías: la Federal, las provinciales y las nuevas como la Metropolitana o las comunales de la provincia de Buenos Aires) de todos los elementos que hayan servido en el periodo de despliegue del terrorismo de Estado, hayan estado comprometidos en hechos de represión a la protesta social, tráfico de drogas, trata de personas o de corrupción. Derogación del articulo de la Ley de Agencias privadas de Seguridad que obliga a la contratación de personal retirado de las Fuerzas de seguridad para su dirección. Directa responsabilidad administrativa, política y penal de los gobernantes nacionales y provinciales por los crímenes cometidos por las fuerzas bajo su mando. Nunca Más una sola desaparición forzada de personas como la de los compañeros Julio López o Luciano Arruga; Nunca Más una sola víctima del Gatillo Fácil, la tortura en sede policial o carcelaria o los apremios de todo tipo contra los jóvenes, las prostitutas, travestis o hermanos latinoamericanos residentes en el país. Basta de criminalizar y judicializar la protesta social. Donde hay una necesidad hay un derecho y la represión es la señal de la voluntad del Poder de no renunciar a los privilegios que agravian y despojan al pueblo de sus derechos. El Federalismo no puede servir de excusa para el consentimiento del gobierno nacional y el Parlamento sobre los crímenes de la Bonaerense, la Policía Santafecina, Jujeña o Formoseña, para nombrar a las más brutales y represoras de las policías provinciales. Es totalmente inaceptable que las seccionales de las policías y las cárceles sean escenarios cotidianos de torturas, vejámenes, violaciones sexuales, ataques a las personas en estado de prostitución y otros sectores de los más vulnerables de la sociedad y todo tipo de atropellos a la dignidad humana. Nada lo excusa. La Liga seguirá al lado de todos los que luchan por la vivienda digna, la educación pública y el trabajo de ocho horas en condiciones sanas y con una paga suficiente para vivir dignamente y seremos solidarios con todos los reprimidos por el estado cualquiera sea su identidad política y los modos de ejercer el sagrado derecho a luchar por los derechos humanos, primer derecho a defender, no importa quien lo agravie ni el modo en que se defienda 



Tres. Elaboración de una política estatal unificada de avance en la lucha contra la impunidad de los perpetradores del genocidio enfrentando la estrategia de la impunidad biológica (“estirar” los procesos judiciales para que los represores mueran “acusados” pero sin condena, como Pinochet en Chile); la impunidad del Poder Económico (que pretende un genocidio sin sentido, sin beneficiarios, que niega aquello de Walsh en su Carta: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la planificada.”) y la estrategia de los condenados para sostener su impunidad exigiendo un trato preferencial para ellos: detenciones domiciliarias, eximición de juicios o cárcel por razones de salud y que ahora pretenden acceder al sistema universitario de educación. La Liga seguirá sosteniendo su rol querellante en más de cuarenta causas y nos comprometemos a concentrarnos en las causas contra el Poder Económico como la que sostenemos contra Alfredo Martínez de Hoz y el directorio de la empresa Acindar convencidos que estas causas son un aporte eficaz a la creación de condiciones para recuperar todo lo que la dictadura nos robó y el Poder Económico se apropió en tantos años de dominio ininterrumpido. 



Cuatro. Respeto irrestricto a los derechos de los pueblos originarios y de la tierra a no ser avasallados por un modelo extractivista que no vacila en demoler montañas, envenenar el aire, la tierra y el agua de todos nosotros. La megaminería y la producción de soja transgénica son el nuevo nombre de la colonización que sufrimos. No faltan voces, cada vez más crecientes que denuncian que el capitalismo, como civilización mundial dominante, lleva a la humanidad a la catástrofe económica, financiera y ambiental. No se trata de pensar “ampliaciones democráticas” de un sistema que condena a la humanidad a la muerte, sino de buscar su superación en base al protagonismo popular y la construcción de un poder popular que abra debates y amplíe las fronteras de lo posible. Cambiar la lógica capitalista que lleva al desastre, exige romper la matriz neoliberal que todavía condiciona la distribución de las riquezas, la obtención de la energía, el transporte y las comunicaciones que sigue en manos de los privatizadores, herederos de la obra de Martínez de Hoz y Cavallo; de Videla y Menem. Terminar con la herencia de la dictadura exige empezar por recuperar el trabajo estable y formal para todas y todos con un salario digno que permita vivir con ocho horas de trabajo, no alargadas por un sistema anárquico y asesino de transporte. Como aporte a la recuperación de la memoria del genocidio cometido contra los pueblos originarios la Liga impulsará la querella en la causa abierta en Formosa por la masacre de Rincón Bomba de 1947 y apoyamos todas las acciones en defensa de los comuneros de Susques que llevan adelante las organizaciones hermanas de Jujuy. 



Cinco. Hay que democratizar la democracia argentina. Dejar atrás un modelo de democracia liberal que solo concibe “que el pueblo delibera y gobierna solo a través de sus representantes”. Hace falta una Nueva Constitución, no para satisfacer los apetitos de poder de nadie, sino para ponernos a tono con los nuevos tiempos que recorre América Latina. Parece interesante tener en consideración los nuevos modelos constitucionales que emergen en Nuestra América rompiendo los límites del constitucionalismo liberal: la nueva Constitución Boliviana que reconoce el carácter multi cultural y multi nacional de la nación andina y establece mecanismos de elección popular para casi todos los cargos; la Constitución Venezolana que fija que todos los recursos naturales son del pueblo o la Constitución Ecuatoriana que establece todo tipo de mecanismos de consulta y protagonismo popular para que la democracia deje de ser un rito periódico que se agota en la urna. En ese camino, hace falta avanzar en la prometida reforma del Código Penal que tiene en su origen influencia de la Italia fascista de Mussolini y que en los últimos años se ha caotizado con las reformas de “mano dura” que impulsaron Blumberg y la derecha de todo rango, y que el “progresismo” no resistió. Consideramos una base apta para el debate de la Reforma al Código Penal el llamado Informe de la Comisión Baigún que trabajó años atrás sobre este tópico. 



Seis. La lucha por la Segunda y Definitiva Independencia es una causa común de todos los pueblos y por eso somos solidarios con todas las luchas de todos los pueblos. La verdadera integración debe comenzar por la integración de las luchas para lo cual hace falta superar el chantaje de los que ven en cada reclamo popular una conspiración o peor aún, una excusa para reprimir e intervenir con fuerzas extranjeras. Acaso en primer lugar, hay que imponer una salida negociada y política al conflicto colombiano, y para ello hace falta que la Unasur exija firmemente un proceso de negociación en donde el movimiento popular sea tan protagonista como el gobierno y las fuerzas insurgentes. El estado y el ejercito colombiano extienden su nefasta influencia por toda América con sus convenios de colaboración con las fuerzas policiales (tal como ocurrió en Paraguay); las fuerzas policiales, hoy con alto poder de fuego y capacidades de combate, se han transformado en el vector de dominación por excelencia y la sombra de la Cuarta Flota y el Comando Sur del Ejercito de los EE.UU. asoma por aquí y por allá.. El gobierno argentino debe reconocer la misión diplomática de la República Saharaui Democrática, sumándose al grupo de países latinoamericanos que ya lo han hecho, superando las presiones sionistas y de la monarquía marroquí. También debe exigir en los escenarios internacionales la inmediata libertad de los cinco patriotas cubanos presos por luchar contra el terrorismo del imperio contra el pueblo cubano. Con todos ellos, con los saharauis y los palestinos, con la lucha del pueblo colombiano contra el genocidio y por la solución política, pacífica y negociada del conflicto, con la libertad de los Cinco Cubanos y de los Seis campesinos paraguayos, con todas y todos los que luchan en toda nuestra América, la Liga seguirá comprometida, porque para eso hemos nacido.

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