martes, 25 de enero de 2011

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lunes, 24 de enero de 2011

JUAN CABANDIE: “Pino es la centroizquierda de canapé”

Por Werner Pertot
 
Bronceado, después de su paso por la costa, Juan Cabandié volvió a su oficina en una Legislatura casi desierta. El jefe del bloque del Frente para la Victoria plantea que el mejor candidato a jefe de Gobierno de la ciudad es “el que elija la Presidenta”. El joven dirigente, que empapeló la ciudad con carteles que dicen “Cabandié 2011”, también sostiene que será Cristina Fernández la que decida su lugar en las listas. “Puede ser la Legislatura, Diputados, la jefatura de Gobierno o la vicejefatura”, enumera.
–Una pregunta para jugarse: ¿Boudou, Filmus o Tomada?
–No, no, yo prefiero al que elija Cristina. Confío en su capacidad de decisión y de análisis. Voy a sentirme contento con el que ella elija.

–No son todos iguales...
–No, por supuesto. Tienen distintas características, pero un denominador común: son tres precandidatos que están consustanciados con el proyecto.

–¿No se identifica más con alguno de los tres?
–Tengo una excelente relación con los tres. Cualquiera me viene bien.

–“Cabandié 2011”, dicen sus carteles. ¿A qué cargo?
–(Se ríe) Donde Cristina diga.

–¿Y dónde se vería?
–La verdad es que el primer análisis que hago es que tengo que ir a un lugar si en ese lugar puedo acompañar el proceso transformador de nuestro gobierno. Ir por ir, no. El lugar, insisto, le corresponde decidirlo a Cristina. Puede ser la Legislatura, puede ser la Cámara de Diputados... puede ser la Jefatura de Gobierno.

–¿A jefe de Gobierno? ¿Se suma un nuevo candidato?
–No creo, no creo, pero... para soñar. O la vicejefatura.

–¿Cuál es la estrategia para ganarle al candidato de Macri?
–Como estrategia electoral, tenemos dos virtudes: una nuestra y otra ajena. La nuestra es la experiencia de gestión a nivel nacional, que con sus características propias de la ciudad podemos trasladar: en vivienda, infraestructura, obras públicas. La virtud ajena es que nuestro adversario hace todo mal y nos beneficia. Las promesas fueron muchas y no se cumplieron: los kilómetros de subte, la infraestructura hospitalaria y escolar, el endeudamiento. Tenemos el canon más caro con los servicios urbanos y la ciudad más sucia. Lanzó una Policía Metropolitana y lo único que hizo es ponerla al servicio de sus intereses, a escuchar a su familia y escuchar a opositores.

–La dispersión de candidatos, ¿no lo favorece?
–No va a haber muchos candidatos.

–Además de los tres del kirchnerismo, está Proyecto Sur, está Ibarra...
–No creo que Aníbal Ibarra vaya a ser candidato a jefe de Gobierno. Duhalde dice que va a ser candidato y, en realidad, está queriendo instalar a su mujer como senadora en la provincia.

–¿Qué piensa que va a hacer Ibarra?
–Puede generar una alianza con un sector afín...

–¿Con ustedes?
–Nosotros siempre estamos abiertos a cualquiera que quiera sumarse. Pero, obviamente, con la preponderancia de nuestra fuerza política. Hay que tener en cuenta que la que más mide en la ciudad como candidata a presidenta es Cristina. Ninguna fuerza opositora tiene un candidato a presidente con ese nivel de adhesión. Nuestro candidato a jefe de Gobierno se tiene que acercar a la intención de votos que tiene ella.

–¿Y si las elecciones son separadas?
–No deberíamos preocuparnos demasiado por ese escenario.

–¿Está descartado un acuerdo con Proyecto Sur?
–Descartadísimo. Si Pino Solanas hubiese mantenido sus ideas del ’73 tendría que estar con nosotros, pero se corrió a la derecha con la ley de medios, con el tema agropecuario. Eso los desgastó: sus números en intención de votos son magros. Y gran parte de su voto es profundamente gorila. Es el centroizquierda de canapé, perfumado.

–¿Qué implica el avance de La Cámpora en ocupar cargos en el Gobierno?
–Es parte del legado de Néstor Kirchner y de la voluntad de Cristina de generar renovación. No ocupamos el cargo por el cargo mismo. Se ocupan para apoyar el proyecto transformador de Cristina. Los herederos de Kirchner somos nosotros, nuestra generación.

–¿Máximo Kirchner va a competir electoralmente?
–No sabe, no contesta.

–Sin Néstor Kirchner, ¿usted puede perder espacio en el kirchnerismo?
–Eso sería pensar en términos individuales y nosotros somos un actor generacional colectivo. No lo pienso en términos personales. Néstor era para mí un sostén, además de político, afectivo. Pero también lo es Cristina.

–¿Se va a aprobar el Presupuesto porteño?
–Si el Ejecutivo hace las modificaciones para contemplar las situaciones más acuciantes de la ciudad, no habría ningún problema para apoyarlo. De hecho, es una herramienta necesaria. Lo que ocurre es que era un Presupuesto con aumento de ABL e Ingresos Brutos. Fijate que doce bloques no lo aprobaron. Es muy distinto al Presupuesto que enviamos al Congreso nacional y que la oposición no aprobó.

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domingo, 23 de enero de 2011

EDUARDO DE LA SERNA: Violar la fe.

Por Eduardo de la Serna *
 
Tuve ocasión en Internet de ver el momento en que el “padre Pato”, criollo en su vestimenta, poncho al hombro, interrumpe al Coral Lutheriense, y tuve ocasión de escuchar y leer sus posteriores declaraciones.

Es verdad que todo esto “no afecta la vida de los pobres”, como dijo algún cura amigo, pero no podemos ignorar que el tema esconde aristas muy sensibles y graves.

Dejo de lado la trascendencia del tema en diferentes medios y el ocultamiento en otros, más propios de algún oligopolio mediático, y sus circunstanciales aliados políticos, provinciales y nacionales de lo que se han ocupado correctamente sectores de derechos humanos de San Rafael.

Dejo de lado también la pena que me da la falta de sentido del humor del personaje en cuestión. He escuchado decenas de chistes sobre judíos contados por amigos judíos y no podría recordar la cantidad de chistes de curas que se cuentan en ambientes clericales.
Me quisiera detener en dos aspectos que fueron juntos en la perversa afirmación “violar la fe es diez mil veces peor que violar a una hija”.

En momentos en que el mundo está conmovido por los escandalosos casos de pederastia en el clero –cosa no siempre acompañada en nuestro país donde “el gran pederasta” sigue suelto– resulta una bofetada arrojada al aire y al público. Podría haber dicho “peor que violar las leyes”, o hasta “peor que violar la Constitución”, ¡pero no!: dijo “diez mil veces peor que ¡violar a una hija!”.

Es sabido que la enorme mayoría de los casos de violencia familiar contra mujeres y niños/as ocurren en el seno de la familia, pero eso no exime al clero. El padre Pato parece haberse burlado, o –peor aún– menospreciado a las víctimas de abusos por parte del clero. Y eso es escándalo y es violencia.

Pero, por otro lado, el sketch en cuestión se reía del celibato, no de la fe. El celibato no es cuestión de fe, es una disciplina eclesiástica que bien podría anularse (¡y sería bueno que el tema pudiera debatirse en el seno de la Iglesia!) y, si se anulara, la fe no se vería afectada en lo más mínimo.

Es posible que el cura en cuestión sea un perfecto ignorante, y la lectura no figure entre sus hábitos, pero lo que sí parece figurar entre sus pasiones es el autoritarismo: autoritarismo que se cree con derecho de interrumpir un espectáculo público, autoritarismo que se cree con derecho de burlarse de las víctimas de la pederastia, y autoritarismo que cree que la Iglesia debe decir a la sociedad qué debe ver, escuchar, pensar y hasta sentir. Y eso sí es cuestión de fe. Y en eso, el padre Pato ha sabido violar la fe. Porque un tal Jesús de Nazareth, que sabía de estas cosas, dejó bastante claro cómo entendió la autoridad, donde ni siquiera Dios se impone. Claro que para saber esto, el padre Pato debería haber leído el Evangelio.

* Coordinador del movimiento de sacerdotes en opción por los pobres Carlos Mugica.

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EUGENIO ZAFFARONI: “Hay pocos homicidios cometidos por chicos”

Por Carlos Rodríguez
 
“Este es un año electoral y no es un momento propicio para la reflexión. Por lo tanto, mi postura es que no se analice ahora la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, porque lo que salga de allí va a ser una solución teñida por la búsqueda de votos.” En diálogo con Página/12, Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llamó a serenar los ánimos en la discusión que se ha desatado, una vez más, sobre la baja de la edad de imputabilidad. Zaffaroni sostuvo que la preocupación que se advierte en sectores de la sociedad “no tiene justificación respecto de los datos concretos, porque hay muy pocos homicidios o delitos graves cometidos por chicos en las edades que van de los 14 a los 16 años. No olvidemos que a partir de los 16, la responsabilidad penal es plena”.

“Los casos de homicidios cometidos por menores de edad en la Capital Federal son escasísimos. Entre chicos de 14 a 16 años, sobre dos mil homicidios que puedan ocurrir, 15 pueden haber sido cometidos por chicos menores de 16 años. En el conurbano, puede que haya algún porcentaje mayor, pero de todos modos se trata de hechos que pueden ser contados con los dedos y no tienen un registro que pueda alarmar”, explicó Zaffaroni. Los datos oficiales señalan que, sobre más de 1900 homicidios dolosos ocurridos en el país, los cometidos por menores de 18 años (no de 16), son apenas 219 casos.

Zaffaroni comentó, además, que los chicos que cometieron algún hecho delictivo grave “reciben alguna penalidad” y muchos de ellos terminan internados en institutos de régimen cerrado. Sobre el debate de fondo, el de la baja de la edad de imputabilidad, Zaffaroni opinó que es necesario “rejuridizar la cuestión penal juvenil. Yo preferiría que no se los tutele”, como ocurre ahora, porque son los jueces, sin otra intervención, los que resuelven el destino del menor que cometió un delito. “Yo preferiría que me penen, que me apliquen un régimen penal. Eso les daría más garantías a los pibes. Ahora, los pibes no tienen garantías procesales. En vez de aplicar un lenguaje piadoso, hay que aumentar las garantías del debido proceso. Esto en el sentido del debido proceso y no en el de las penas, que deben ser diferentes a las de los adultos.”

“Si yo le aplico a un chico una medida educativa o de otro tipo, sin que eso signifique ir a prisión, de todos modos es una sanción. Y si se le aplica una pena, que esté probada, que se lo someta a juicio y que se le dé la posibilidad de defensa.” Zaffaroni consideró que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad “es lo mismo que cuando se habla de la pena de muerte, porque siempre termina siendo una forma de manipular con el miedo. Los chicos que cometen delitos no están en libertad, como muchos creen. Muchas veces son privados de su libertad sin que se haya probado si cometieron realmente el delito por el que se los acusa. Entre los pibes, hay formalmente muchas más víctimas que victimarios”.

El debate sin fin

Debido a lo delicado del asunto, Zaffaroni pidió dejar al margen la polémica por la baja de la edad de imputabilidad de las especulaciones electorales. Ayer ocurrió todo lo contrario: la discusión siguió subiendo de tono. El diputado del peronismo federal Francisco de Narváez salió a responderle al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien le había aconsejado actuar en vez de hablar “para darle sanción definitiva” a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, teniendo en cuenta que la oposición tiene mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. De Narváez le sugirió a Scioli que “se ocupe de los problemas de los menores que delinquen en la provincia: en el 2007 se votó el régimen penal juvenil (en la Legislatura bonaerense), pero no está implementada” en su totalidad.
De Narváez sostuvo que “no están los institutos de contención de menores, ni los profesionales para asistirlos”. El legislador afirmó que la provincia tiene “450 menores privados de la libertad y 110 con semilibertad, pero prácticamente no tienen ningún tipo de acompañamiento ni tratamiento para poder reinsertarse” en la sociedad. El que le salió al cruce a De Narváez fue el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Baldomero Alvarez de Olivera. “De Narváez tiene que dejar de lado sus intereses personales y accionar en pos de la sociedad en su conjunto, y en particular por los menores en riesgo, porque es de suma urgencia que reciban un tratamiento judicial moderno y especializado, acorde a la realidad en la cual estamos viviendo.”

Por su parte, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, aseguró que “el lugar de un chico no es la cárcel” porque “los chicos que cometen un delito son el emergente de un niño con problemas graves”. Propició “políticas de largo plazo y prevención”.

Más duro fue el juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias, quien consideró “inconducente” el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. “Hay mucho cinismo e hipocresía en la sociedad que se mueve en un contexto de absoluta corrupción: exigimos que algunos se ajusten a la ley, pero otros seguimos haciendo lo que queremos.” Sostuvo que la baja de la edad “no es la solución” dado que “los jueces tenemos herramientas legales para poder trabajar”.

Arias agregó que “como sociedad no podemos exigir que algunos cumplan la ley, y otros no”. Dijo que los temas de seguridad “merecen un debate más de fondo” y propuso “adoptar políticas de Estado de mediano y largo plazo, porque no hay soluciones mágicas”. Como Zaffaroni, opinó que los temas de seguridad “merecen un debate más de fondo, en otro contexto” y que “es necesario adoptar políticas de Estado a mediano y largo plazo, porque no hay soluciones mágicas”. El magistrado pronosticó que “va a llevar varias décadas solucionar estos problemas: a los presidentes y gobernadores les gusta cortar la cinta, pero esto no es algo que se termine con un mandato, no es una obra pública”.

Pagina12

domingo, 16 de enero de 2011

El mapa del trabajo forzado en el campo

 
A poco que se busca información se multiplican las denuncias sobre hiperexplotación de trabajadores rurales a lo largo de la geografía del país: de Formosa a Salta, de Mendoza a Entre Ríos, de Buenos Aires a Misiones o Jujuy. Según el caso, fenómenos como el negreo sistemático, las condiciones de virtual esclavitud, las pésimas condiciones sanitarias o los descuentos arbitrarios sobre los magros ingresos que reciben los trabajadores golondrina son a la vez parte de procesos de transformación en las condiciones de producción, la expansión de las fronteras agropecuarias y la concentración de la tierra. Según datos del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, seis de cada diez asalariados rurales trabajan en negro.

Benigno López es el presidente del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor). Además de sostener que “la mayor parte de los trabajadores rurales en la provincia está en negro”, López dice que “en los campos de importantes políticos y empresarios, al margen del río Pilcomayo, en la frontera con Paraguay, el 75% de los trabajadores son paraguayos indocumentados que trabajan en condiciones infrahumanas. La empresa Caminos Ganadera está comprando tierras de pequeños productores de la zona y alambrando tierras fiscales. El 60% de los campos tienen mano de obra en condiciones de servidumbre. En Paraguay hay mucha gente con necesidades y se abusan de eso. Entonces los punteros los traen y los hacen trabajar bajo la promesa de que van a juntar dinero para regresar a su país. Por lo general salen empatados o con muy poco margen de ganancia”.


El Mocafor denunció en un comunicado que son “centenares de trabajadores” los que son explotados “y viven en condiciones inhumanas en los nuevos establecimientos ganaderos propiedad de los que algunas autoridades llaman ‘inversionistas’”. Esos trabajadores realizan trabajos de desmonte, destronques, limpieza de campo, postes, alambrados, corrales o galpones. Tal como se denunció ya sea en el caso Nidera o en otros similares que suceden en las zonas más ricas de la pampa húmeda, a los trabajadores se les descuentan las mercaderías que los propios patrones les venden a precios exorbitantes: yerba mate, aceite de girasol, arroz, fideos, harinas. “Por cada kilogramo de comestible que cuesta $ 3 en el mercado –sostiene el comunicado– el patrón le descuenta al trabajador $ 10.”


Diego Montón, mendocino y miembro del Movimiento Campesino Nacional Indígena, asegura que la situación de los trabajadores del campo en su provincia tiene muchos puntos en común con la del NOA y el NEA. “En el modelo del agronegocio es inherente la explotación a los trabajadores. En Mendoza, la vid y el ajo son los principales cultivos. En los momentos en que se requiere la mayor cantidad de mano de obra se utilizan trabajadores golondrina, más un porcentaje de trabajadores temporales locales. Más del 80% es trabajo en negro”, dice Montón. Sobre las condiciones de trabajo a las que son sometidos los peones rurales, cuenta que “en las fincas se arman grandes carpas, como las de circo, y ahí viven los trabajadores. Sin baño, muchas veces sin agua ni sombra”. Los salarios, además de paupérrimos, muchas veces son efectuados mediante el pago con fichas en vez de dinero; fichas que, como en las épocas de los mensú, luego pueden ser cambiadas por productos alimenticios en negocios de la zona. Hoy sigue siendo habitual ver en las rutas mendocinas a los grandes camiones que transportan trabajadores hacinados hacia los campos, como si fueran ganado.


La explotación de los trabajadores mediante la creación de cooperativas es una metodología muy común en Mendoza, sobre todo utilizada por las empresas productoras de ajo. Manipulados por un responsable a cargo del operativo de reclutamiento, los trabajadores son inscriptos como socios de la cooperativa, logrando de esa manera que la empresa agropecuaria se desligue de todos los aportes y sueldos mediante esta tercerización. Es el caso de la Cooperativa Campo Grande, que trabaja para los grandes empresarios del ajo. El año pasado, trabajadores se movilizaron en repudio a esta metodología, y la brutal represión que sufrieron terminó con la vida de uno de los manifestantes.


En Tucumán, el caso de los cítricos tiene una particularidad: la mayoría de los trabajadores rurales son de esa provincia y de residencia urbana. Pero en el citrus, como en la mayoría de las actividades agrarias que no están mecanizadas, no existen los trabajadores permanentes, sino que son todos temporarios. Y el porcentaje de trabajo en negro es altísimo. Esta cercanía con la ciudad ayuda a los reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo y salarios. Pero como los períodos de cosecha son cortos, los trabajadores del citrus se ven obligados a migrar a Entre Ríos para cosechar arándanos, o al sur para ocuparse de las frutas. Julia Egan, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics), advierte que “más allá de que la superexplotación en las fincas de citrus en Tucumán no es tan terrible como en otras, hay cuestiones generales como el trabajo en negro, los bajos salarios, la inexistente seguridad e higiene y la tercerización son muy fuertes, como en todos los establecimientos rurales”.


En Jujuy, la producción de porotos, tabaco y caña de azúcar concentra la mayor actividad agraria. “Acá, los peones son expuestos a condiciones inhumanas. Las jornadas de trabajo se extienden hasta la madrugada y el pago es deplorable. Además, la mayoría trabaja en negro, o les exigen ser monotributistas, por lo que terminan siendo deudores del Estado al no poder pagar los impuestos”, dice Cristián Cabrera, del Movimiento Campesino de Jujuy. Cabrera cuenta que el ingreso de los trabajadores a los establecimientos agrarios, a pesar de ser voluntario, responde a una necesidad de subsistencia. Y que en su mayoría se ven obligados a migrar por las distintas provincias de acuerdo a las épocas de cosecha. “Jujuy es una provincia claramente feudal. Los emprendimientos privados son rurales; no hay fábricas y el gobierno no articula los medios para que esto suceda. No existen controles estatales y las manifestaciones directas a los establecimientos para pedir por la regularización de los trabajadores siempre conllevan el riesgo de la pérdida del puesto de trabajo. El Estado está ausente, y la Federación Agraria y la Cámara de Tabacaleros son cómplices de las empresas que explotan a los trabajadores”, dispara Cabrera.

 
Miradas al Sur

HORACIO VERBITSKY: Se va la segunda - Patronal agraria

Por Horacio Verbitsky 

La Sociedad Rural eligió el primer mes del año para la reanudación de su ofensiva sobre el gobierno nacional, que intentará reforzar a partir de marzo. El Estado planea responder sólo en términos de racionalidad económica, que pongan en evidencia el trasfondo ideológico y político del desafío: el rechazo a toda intervención estatal, incluyendo el control de la evasión impositiva, y la inminencia de una campaña hacia las elecciones primarias de agosto y generales de octubre. Para los más poderosos, cualquier límite que el Estado ponga a su libertad de acción es intolerable, aunque se fundamente en el bienestar colectivo. La renovación presidencial de este año decidirá la continuidad o no de un gobierno al que las patronales agropecuarias consideran el enemigo principal con el que anhelan acabar. No es superfluo recordar las manifestaciones explícitas en ese sentido de Hugo Biolcati, quien llegó a expresar su deseo de que la presidente CFK no concluyera su primer mandato, y de su satélite Eduardo Buzzi, cuyas acciones se orientaron según su propia confesión, a desgastar al gobierno. Ninguno de esos deseos se cumplió, lo cual exasperó sus ánimos, a pesar de la extraordinaria rentabilidad obtenida por sus representados en estos años. La estrategia oficial de separarlos choca con la realidad de un acuerdo profundo. Difieren los intereses de los respectivos representados, no los dirigentes que coinciden en sus valoraciones superestructurales.

A paladas

Tal como ocurrió en 2008, la confrontación dispuesta por Biolcati en torno del trigo se produce en momentos de grandes cosechas y alza de los precios internacionales de los granos. Esto indica que los distintos sectores del agro no están atravesando un momento de crisis sino de bonanza excepcional, lo cual también se refleja en el impresionante boom inmobiliario, que no sólo alcanza la zona núcleo cerealera sino también a los países vecinos, donde las ganancias de los inversores argentinos se atesoran en ladrillos, más seguros que lingotes de oro. En julio de 2008, cuando el vicepresidente Julio Cobos gozó de sus 15 warholianos minutos de fama, el precio de la soja llegó a los 550 dólares por tonelada, y el del trigo estaba en 330, en ambos casos en moneda corriente. Luego de la fuerte caída posterior y superadas la sequía argentina y la crisis financiera internacional, ambas las peores en un siglo, los precios vuelven a florecer. En noviembre de 2010 la tonelada de soja rondaba los 500 dólares y la de trigo los 300, siempre en moneda corriente. Pese a que Biolcati y Buzzi habían augurado que en 2010 y 2011 sería necesario importar trigo, la actual cosecha superará los 14 millones de toneladas de trigo, casi el doble que el año pasado, de las cuales sólo la mitad se consumirá en el país.

Los términos del debate

El punto central del debate es la fijación de un cupo que el gobierno nacional considera innegociable, porque hace a la seguridad alimentaria, y el requisito de permisos de exportación que sólo se otorgan si no está comprometido el abastecimiento interno. El Estado calcula a cuánto llegará cada año el consumo de los 40 millones de habitantes del país y reserva ese cupo para las empresas que se encargan de triturar el grano y convertirlo en harina. Recién por encima de esa cuota permite la exportación, que está en manos de otras empresas, aunque algunas coinciden en ambos rubros. De ese modo asegura que no faltarán pan, galletitas, fideos, ravioles y pizza. Para que lleguen al público a precios razonables, el Estado paga subsidios a los molineros. Esto les permite no trasladar al mercado interno el precio internacional. Por medio de la ONCAA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) verifica que los productores reciban el precio de exportación, menos las retenciones vigentes, que en el caso del trigo son del 23 por ciento, y los costos del embarque. En caso contrario, no paga el subsidio a los molinos. Para que los productores puedan participar en una instancia previa de control al momento de vender, el Estado informa cuál es ese precio teórico. Además, a los productores de menos de 800 toneladas (que son casi la mitad del total) se les devuelven las retenciones. Según la Sociedad Rural, ni la industria de la molienda ni los exportadores les pagan a los productores ese denominado “precio pleno”, es decir sin otros descuentos. Por eso pretende que no exista cupo alguno y que toda la producción quede librada a las fuerzas del mercado, aunque no explica cómo haría para que, con precios internacionales en alza, esa competencia irrestricta no encareciera la alimentación popular, nivelando hacia arriba.

Cien años de perdón

En cambio, el gobierno ofreció créditos del Banco Nación a tasa cero y sin otra garantía que el propio grano, por el equivalente a un millón de toneladas, de modo que los productores más débiles pudieran retener el trigo por seis meses y no se vieran obligados a malvenderlo. Para las asignaciones se privilegiará la zona de emergencia climática y las evaluaciones serán realizadas en cada región por los ministerios de Agricultura, el Banco Nación y los municipios. A esa línea, de 840 millones de pesos se suma otra por igual valor con financiamiento subsidiado para compras adicionales de los molinos.

Si, tal como afirma la Mesa de Enlace y no desmiente el gobierno, molineros y traders pagan menos que el precio pleno, ¿cómo es posible que no haya denuncias específicas por esta infracción, que descalifica para recibir el subsidio? La razón de este misterio es que imponen un fuerte descuento a quienes ofrecen sus granos en negro, en aplicación de un axioma de la sabiduría popular sobre el perdón y el tiempo que dura según quien sea la víctima. Pero hay que buscar en el orden de la ideología y de la política para entender por qué las entidades que dicen representar a los pequeños chacareros y a las cooperativas, vuelven a correr detrás de la representación de los grandes latifundistas, agrupados en la Rural y en Carbap. Biolcati también fue el vocero del conjunto para descalificar la petición de la presidente de que en el encuentro pactado con los gremialistas patronales también se analizaran las medidas posibles contra la informalidad y el trabajo esclavo en el sector agropecuario. Las cuatro entidades se opusieron a la formalización de esas relaciones y su adecuación a la legislación vigente cuando la Comisión Nacional de Trabajo Agrario las planteó en diciembre de 2008.

Concentración

Cada eslabón de la cadena triguera tiene un grado distinto de concentración. El 92 por ciento de los productores, es decir unos 27.000, son responsables de algo más de la mitad de la cosecha. La otra mitad está en manos del 8 por ciento restante, unos dos mil productores. Es obvio el mayor poder negociador de este último grupo. Tres molinos (Cañuelas, Lagomarsino y Cargill) compran el 30 por ciento del trigo para harina; los otros 160 molinos, que manejan el 70 por ciento restante son empresas familiares y/o pymes. Las diez grandes traders comercializan nueve de cada diez toneladas (también aquí Cargill, más Bunge, ADM, Dreyfus, ACA, Toepfer, Oleaginosas Moreno, Nidera, Aceitera General Deheza y Noble), mientras otras treinta y tres se disputan la tonelada restante. Además, molinos y exportadores pactaron acuerdos de los que la Mesa de Enlace se negó a participar y que consistieron en deprimir los precios que reciben los productores más débiles. Otro actor que cincha del mismo lado de la soga es el sector de acopiadores, que embolsa la diferencia entre el precio reducido al que liquidan las operaciones con los pequeños productores y el pleno que le pagan molinos y exportadoras. Esta cartelización de los actores principales, que se reparten los cupos, es un dato histórico, que la Sociedad Rural recién denuncia ahora, porque hay un Estado presente. En otros países los gobiernos difunden cuál es el costo de producción, al que le suman un porcentaje de rentabilidad. En la Argentina, en cambio, se publica el valor en el mercado internacional, que es un arma en defensa del productor. La respuesta de la Sociedad Rural a esta situación compleja que requiere mejorar las herramientas de fiscalización con que cuenta el Estado, consiste en suprimir las pocas que hoy existen. Si su aspiración se concretara no sólo sufriría el consumo interno, también se acentuaría la desigualdad entre los grandes y los pequeños productores. Por el contrario, el Estado exige la documentación completa sobre las circunstancias de cada operación, lo que incluye el pago de impuestos, como condición para el cobro del llamado precio pleno. La solución propuesta por Biolcati bajaría aún más los precios que recibe el productor, ya que se duplicaría la oferta, de 7 a 14 millones de toneladas, frente a una demanda muy concentrada. Y al mismo tiempo aumentarían los alimentos, porque las comercializadoras impondrían al mercado interno el precio internacional.

Veinte años después

Desde la década de 1930 y bajo gobiernos militares, peronistas y radicales, existió un organismo regulador que fue disuelto en 1991 por el presidente Carlos Menem, su ministro de Economía Domingo Cavallo y su secretario de Agricultura Felipe Carlos Solá. Ese organismo, cuyo último nombre fue Junta Nacional de Granos, compraba en el mercado un tercio de la producción y lo comercializaba, con lo cual regulaba su precio. En aquel momento se destruyó también la flota mercante, con lo cual el Estado perdió instrumentos decisivos para lograr que la renta agrícola quedara en el país. La recreación de un ente similar ya fue contemplada durante la crisis de 2008 y reaparecerá cada vez que se plantee un reto similar. Los principales compradores asiáticos de granos argentinos, como China, prefieren centralizar el comercio entre los estados, sin intervención de las multinacionales. La nostalgia de la Junta Nacional de Granos fue uno de los rasgos identitarios de chacareros y cooperativistas. Pero una vez más han privilegiado la unidad de la Mesa de Enlace, al mismo tiempo que el principal mentor político de Buzzi, Víctor De Gennaro profundizaba un giro sorprendente, debutando como columnista en el diario La Nación. No obstante, han recomendado que sus afiliados aprovechen las inusuales líneas crediticias ofrecidas por el gobierno. Tal vez haya que esperar el surgimiento de una dirigencia gremial sin mañas políticas ni agenda oculta para que al avance del Estado en esa dirección la respuesta deje de ser la puñalada por la espalda. Mañana, cuando comience el lockout patronal, arrancará también el raid con que el ministro de Agricultura Julián Domínguez se propone cubrir toda la región triguera, en contacto con los ministros provinciales y los intendentes de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, para hablar con los productores en el comprensible idioma del bolsillo.

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sábado, 15 de enero de 2011

ESCLAVOS DEL SIGLO XXI


Mediante la presente el MoCaFor (Movimiento Campesino de Formosa), organización de base del Frente Nacional Campesino (FNC), denuncia ante la opinión publica la situación de servidumbre en la que viven centenares de trabajadores rurales en establecimientos ganaderos de la provincia de Formosa.

Según se puede probar, centenares de trabajadores son explotados y viven en condiciones inhumanas en los nuevos establecimientos ganaderos propiedad de los que algunas autoridades llaman “inversionistas”, la mayoría de los esclavizados son trabajadores de origen paraguayo que son reclutados en su país por punteros que prometen buena paga por los trabajos en campos de patrones desconocidos. 

Los establecimientos ganaderos involucrados en la explotación de los hermanos paraguayos, por lo general, están ubicados dentro de una franja de 100 km al margen del río Pilcomayo frontera con la Republica del Paraguay, los trabajadores paraguayos realizan trabajos de desmonte, destronques, limpieza de campo, postes, alambrados, corrales, galpones, etc.; los precios pagados por los trabajos realizados son irrisorios de los cuales se les descuentan las mercaderías proveídas por los patrones. Entre las mercaderías más consumidas por los trabajadores se encuentran: la yerba mate, aceite de girasol, arroz, fideo y harina. Por cada kg de comestible que cuesta $ 3 en el mercado el patrón le descuenta al trabajador $ 10. 

Los trabajadores son traídos en forma ilegal, son retenidos en el interior de los campos hasta que terminen sus trabajos y generalmente viven en chozas o en galpones de herramientas. Los hermanos paraguayos no pueden hacer denuncias porque temen de sus situaciones irregulares, situación que es aprovechada por los patrones para ejecutar grandes obras a precios irrisorios y evadiendo impuestos y aportes patronales, además se sabe que a varios de los trabajadores se les hace firmar papeles en blanco. 

A modo de ejemplo, se sabe que la empresa terrateniente Caminos Ganadera, con campos en Gral. Belgrano y Villa Gral. Güemes Formosa, explota mano de obra paraguaya en forma ilegal, y que otros establecimientos ganaderos de la nueva oligarquía formoseña entre los cuales existirían políticos de alto rango también cuentan obreros rurales sometidos a la servidumbre. 

Nos parece importante aclarar, que no es común este tipo de relaciones de sometimiento entre los ganaderos criollos de Formosa, es decir no es común que un productor formoseño nativo, pequeño o mediano, tenga bajo sus dominios trabajadores rurales en situación de esclavitud. La situación de ilegalidad y evasión esta muy relacionada a los prósperos empresarios terratenientes. 

En varios establecimientos de la provincia de Formosa en la frontera con el Paraguay se desarrollan actividades ilícitas de mucha gravedad: apropiación ilegal de tierras; trabajo esclavo; desmontes de bosques nativos, aterrizajes ilegales de aeronaves. No todos los establecimientos de la frontera están involucrados pero si la mayoría de los nuevos “inversionistas”.

A veces nos preguntan porque no se hace las denuncias legales correspondientes, la respuesta es simple: donde? Ante que institución? es muy difícil que el denunciante y familia puedan seguir vivos después de la denuncia. Y en Formosa que institución nos va a proteger de estos poderosos delincuentes?

En Formosa tenemos mucho trabajo para la justicia federal, entre otros: trabajo esclavo y pistas clandestinas de aterrizaje.

Es muy conocido, que en los primeros años de la colonización del territorio de Formosa los empresarios beneficiados por el gobierno argentino con grandes extensiones de tierras sometían a los sobrevivientes paraguayos y a indígenas del territorio nacional en forma de esclavos en medio de los montes en los grandes obrajes que explotaban. A mas de 140 años del fin de uno de los genocidios mas grande del mundo, la guerra de la triple alianza, hoy algunos genocidas siguen explotando y matando a nuestros hermanos. 

Ojala alguna vez se investigue y se haga justicia, por ahora tenemos la oportunidad de que muchos argentinos sepan la verdad. Como pueblo argentino no podemos permitir que sigan impunes semejante crímenes.

Gral. M. Belgrano, 13 de enero de 2011
Benigno López
PRESIDENTE
MoCaFor

AGUSTIN TOSCO - El mejor de todos

Por Osvaldo Bayer

Desde Bonn, Alemania

Tristeza e indignación. Dos palabras que expresan los sentimientos que me invadieron al recibir la noticia y la documentación respectiva. A la avenida Agustín Tosco, de Córdoba, le van a cambiar el nombre por Juan Bautista Bustos. Al mejor de todos de nuestra generación, al ejemplo de lucha por la dignidad, a quien sufrió cárceles, persecuciones, amenazas y nunca retrocedió, a quien fue un ejemplo de honradez y sencillez, justo a él, los representantes del pueblo cordobés le niegan que sea recordado su nombre en una calle de esa ciudad. A él, protagonista de una historia heroica contra dictaduras e injusticias sociales. Su protagonismo en el Cordobazo ya lo dice todo, cuando un pueblo se levantó contra una despreciable dictadura militar, sus documentos sindicales, sus discursos obreros plenos de grandezas, coraje civil y sentido de la solidaridad. Su sabia resistencia ética en las largas cárceles sufridas y la más que vergonzosa persecución sufrida durante el gobierno de Isabel Perón-López Rega cuando ya se encontraba enfermo y no pudo ser internado en ningún hospital o sanatorio porque era sabido que allí lo irían a buscar las siniestras Tres A.

Lo recordamos siempre, al frente –en primera fila dando la cara– en las largas marchas por las calles de la protesta, vestido humildemente con su “overol” de mecánico. Recuerdo su debate con Vandor, en el congreso de la CGT de 1956, donde el joven Tosco barrió con palabras simples el enredado discurso del burócrata. Y fue cuando se consagró como el ser antiburocrático y fiel a las luchas obreras por la justicia social. Que luego iba a culminar con aquel encuentro televisivo con Rucci ya poco antes de la llegada de la desaparición como método de dominio. Allí Tosco dejó al desnudo a la burocracia de los que dirigían en ese momento al movimiento obrero.

Pero en ese momento, por pura honestidad, este héroe del pueblo firmaba definitivamente su condena a muerte. Tosco.

Por eso nos alegramos y sentimos entrar en un país nuevo cuando, en el 2006, el cuerpo de concejales de la ciudad de Córdoba votó por unanimidad, vuelvo a decir, por unanimidad –con sólo un concejal que se abstuvo pero no votó en contra– el nombre de Agusín Tosco, ese héroe del pueblo, para la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba, acceso de la autopista Córdoba-Rosario.

Y justo ahora, a cuatro años de esa resolución viene la otra noticia. La del puñal por la espalda. La proposición para que el cambio de nombre de Tosco por el de Juan Bautista Bustos se tratara sobre tablas la hizo el diputado provincial Daniel Passerini, un nombre para recordar. Es decir, para que el tema no comenzara a discutirse y se enterara la opinión pública, propuso que se votara enseguida. Además, propuso el nombre de Bustos, que es una especie de San Martín para los cordobeses, hombre que actuó en las luchas entre unitarios y federales. Pero los que pidieron borrarlo a Tosco pasaron por alto que Bustos ya tiene un monumento impresionante en el Parque Sarmiento, otro monumento en la Avenida Ejército Argentino, y lleva su nombre una calle cordobesa, además de un pasaje y un barrio. Pero claro, para borrarlo a Tosco había que poner a alguien indiscutible para los cordobeses. El diputado Passerini sostuvo como base que el nombre de Tosco por el Concejo Deliberante no valía porque esa comuna no tiene competencia sobre esa avenida ya que se trata de una ruta nacional. Es decir, una razón burocrática, nada más.

Se opusieron al cambio y defendieron a Tosco tres diputados: Birri, Coria y Liliana Olivero. Todos los demás, oficialistas y opositores votaron en contra de Agustín Tosco. Claro, el lector se preguntará: ¿cómo es posible si los representantes de esos mismos partidos habían votado a favor en el Concejo Deliberante? ¿De dónde vino la orden? ¿O es que comenzaron a tener temor de que el nombre de Tosco influya en el pueblo cordobés en el futuro?

Pero lo que no esperaban los señores diputados provinciales es que los dos hijos de Agustín Tosco pusieran todo el coraje civil necesario para denunciar esta vil jugarreta de política sucia: Malvina Tosco y Héctor Agustín Tosco hicieron una presentación ante la Justicia. Esa presentación vale editarla y repartirla en todo el país. La redactó la abogada Mabel Sessa y tiene no sólo un valor jurídico indiscutible, sino también una base ética que avergonzará para siempre a quienes votaron por el cambio de nombre.

En esa presentación, los hijos sostienen que no sólo se había “atacado el honor y la memoria de Agustín Tosco sino también la dignidad de sus familiares”. Señala el escrito presentado: “Designar con el nombre de nuestro padre a la avenida de Circunvalación fue un reconocimiento que nos llenó de orgullo por el valorar su lucha en favor de los trabajadores, la democracia y los derechos humanos, pese a las persecuciones y encarcelamientos sufridos, nunca claudicó en pos de una sociedad más justa y equitativa. Designar una avenida con su nombre –la única en Córdoba– se convirtió en un patrimonio público que se arraigó desde el 2006, respaldando nuestra identidad y la de los cordobeses”.

La pregunta que queda sin respuesta es: por qué con tanta premura la legislatura borró el nombre de Tosco de esa avenida. No da los motivos, sólo se basa en una falsa interpretación de que los representantes municipales no tenían derecho a dar ese nombre a esa avenida, pero en el escrito de sus hijos se demuestra que este argumento es falso y que los que no tienen ningún derecho a cambiar el nombre de una calle, que es parte de una ruta nacional en una ciudad, son los representantes de la provincia. Y aquí, el escrito de los hijos demuestra cómo otras calles –como la llamada Gobernador Amadeo Sabattini– que es parte de una ruta nacional, fue así nombrada por el Concejo Deliberante.

Desde ya invito al diputado Daniel Passerini a tener una polémica pública en la ciudad de Córdoba acerca de la figura de Tosco y si es suficiente, para tapar su nombre, basarse en razones burocráticas de mandato o no. ¿A quién le disgustó el nombre de Tosco? ¿Por qué todo se hizo en forma subrepticia y no se informó por qué los representantes oficialistas y de la oposición cambiaron su opinión del día a la noche? Realmente, algo patético.
Además, no tienen respuesta los “innovadores” cuando se demuestra que jamás intervino la Legislatura contra resoluciones de la Municipalidad de Córdoba cuando dio nombre a calles continuadoras de rutas nacionales. Sólo en el caso de Tosco.

En resumen, la presentación ante la Justicia de la abogada Mabel Sessa es un lujo en materia de Derecho. Este episodio va a quedar en la biografía de Agustín Tosco como un galón más a su lucha sin cuartel por más dignidad. Cómo se trata de combatir su memoria con agachadas burocráticas.

Son realidades que debemos tener en cuenta. Y sacarlas a la luz para el debate.

Otro hecho doloroso que ha llegado aquí a Europa, donde existen una serie de organizaciones que debaten sobre los problemas de los pueblos originarios de sus antiguas colonias, es el de los Qom en la Formosa argentina. Los hechos ocurrido en La Primavera no tienen ninguna explicación racional. Que los Qom no tengan título de propiedad sobre las tierras que habitan durante siglos es un argumento que no tiene ningún justificativo para echarlos a tiros. Ya en 1800, el sabio alemán Alexander von Humboldt describió con enorme admiración que los naturales latinoamericanos no tienen noción de la palabra “propiedad” y que todo para ellos era comunitario. Hay que partir de esa base.

Basta de mirar para otro lado en el caso de nuestros pueblos originarios. Están allí, ahora, en el centro de Buenos Aires aguardando justicia. Hay que darles la mano y devolverles lo que es de su naturaleza desde hace siglos. El papelito firmado por algún funcionario que eso pertenece al terrateniente Fulano de Tal no tiene ningún valor moral. Aprendamos a defender la vida y no la propiedad.

Por eso el regreso de Tosco y el abrazo a los auténticos hijos de la tierra.

Pagina12

martes, 11 de enero de 2011

HORACIO VERBITSKY: Nada Personal - Maria Elena Walsh

 Por Horacio Verbitsky
 
Han pasado cincuenta años pero no la conmoción que me produjo su show Canciones para mirar, que estrenó el verano de 1961 en el primer festival de arte para chicos, en la ventosa Necochea, y a partir de marzo en el Teatro San Martín, inaugurado por esos días. Los espectáculos infantiles de entonces eran una sarta de tonterías, parecidos a los programas de entretenimiento para grandes en la televisión, pero a los gritos y marcando más las palabras porque en esa época todos los nenes eran bobos. María Elena cambió eso para siempre. No tenía hijos ni sobrinos para quienes componer. Hija del director de la estación Ramos Mejía del ferrocarril británico del Oeste, que le leía las nursery rhymes sajonas, escribía para sí misma, rebuscando en su propia infancia. María Elena apelaba al desenfado del humor y de la inteligencia, que conservaba en estado puro, como los chicos antes de que los aplanen las instituciones de la educación y de la cultura.
En la década de 1950 había viajado a París, alejándose de un desengaño amoroso, después de cubrir con pétalos de flores el lecho que iba a compartir con alguien que no podía disfrutar de ese romanticismo infantil. Allí formó un dúo con Leda Valladares, la gran investigadora y recopiladora del folklore argentino, que fue su maestra. Leda con guitarra y charango y María Elena con bombo y caja tocaban en un cafetín de la Rive Gauche en cuyo guardarropas se ganaba unas monedas Pepe Fernández, su más íntimo amigo de la adolescencia. Durante un tiempo de mi infancia tomé clases de piano con Pepe, que todavía era persona y no zamba. Mientras aguardaba mi turno, no podía apartar la vista de una foto que Grete Stern le había tomado a María Elena, adolescente pecosa con un cuello enorme que desbordaba de su sweater, asomada a la ventana para mirar el mundo con sus ojos de agua. Los gallegos Fernández, la británica Walsh, la alemana Stern y los moishes Verbitsky, todos vivíamos en Ramos Mejía, que por entonces era un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Pepe también tenía otras fotos: María Elena en bicicleta, en la misma época, con un jardinero de lona; Leda y María en el boliche francés, con ponchos exóticos. Me las mostraba y no podía imaginar que existiera una mujer más bella. Por distintas razones, ella fue nuestro amor imposible. Cuando María Elena volvió a la Argentina, Pepe me llevó a conocerla, en la casa modesta a la que se mudaron los Walsh después de la nacionalización de los ferrocarriles, cuando debieron dejar la casita inglesa frente a la estación. Pepe recreaba aquellas historias en respuesta a mi asedio para apoderarme de todo lo que recordara de ella, que era mucho porque entonces recién estaban llegando a los treinta, que a mí me parecía una edad avanzada. Ante terceros la llamábamos La Polilla, para seguir la conversación sin intromisiones.

Iniciativa de un intendente con inquietudes, el festival de Necochea brillaba por sus buenas intenciones. Pero María Elena y Leda eran otra cosa, una exquisitez que cortaba el aliento. Cantaban con un somero vestuario de juglares, que en mi recuerdo se lograba con unos recortes de paño de colores sobre sus mallas negras, mientras la actriz Laura Saniez se hacía la vaca estudiosa, la hormiga Titina o la pájara Pinta y los nenes enloquecían. Cuando María Elena decía “La luna es redonda” mientras con sus manos dibujaba un cuadrado en el aire, las palabras para explicarle se les hacían un nudo en los labios, más lentos que sus cerebritos alerta. No hace falta que cuente las historias deliciosas de esas canciones, en las que cada tema recreaba un género de nuestra música entonces casi olvidada, porque ya hay tres generaciones que las conocen de memoria. Por más vieja y arrugada que sea, Manuelita es tan joven como aquella tarde de mediados del siglo pasado y sigue sin contarle a nadie por qué en ese preciso momento Leda y María Elena se distanciaron.

La otra intimidad que el pudor me impediría contar si ella pudiera leerla, ocurrió veinte años después. Comenzaba la década de 1981. Yo vivía escondido, atisbando los primeros indicios de que la dictadura no duraría todo lo que sus jefes deseaban. Alguien me dijo que María Elena tenía una de esas enfermedades malditas de las cuales no se regresa. Después de años sin vernos me largué hacia su casa sin previo aviso. Me dijo que no quería ver a nadie, que necesitaba estar sola. Y antes de que pudiera despedirme empezó a interrogarme sobre mi vida, a contarme sus presunciones y cotejarlas con mis respuestas, a preguntarme por amigos comunes. Me contó que solían creerla hermana de Rodolfo Walsh y que asentía sin aclarar la confusión. Cuando nos acordamos habían pasado tres horas. Me pidió que volviera la semana siguiente. Cuando me abrió la puerta llevaba un exótico turbante celeste como sus ojos, que dejó de usar al recuperarse de los estragos del tratamiento. En esos meses de five o’clock tea semanal sólo me crucé con la gran fotógrafa Sara Facio, con quien fue feliz por más de treinta años, y con Gabriela Massuh, la otra amiga admitida en aquella fortaleza asediada. María Elena me hacía poner discos de Bill Evans, me señalaba la escalera y me dirigía para que limpiara y ordenara su biblioteca, mientras hablábamos de los libros y de las películas y de las personas. Nada personal, porque MEW era sooooo british. Pero ni aun entonces, pese a la fragilidad extrema de ese combate por su vida, perdió un pedacito de su dignidad y de su orgullo. Alguien me había recomendado un tipo de gimnasia adecuado para después de la cirugía y del tratamiento químico y yo se lo transmití a Sara. No recuerdo las palabras que siguieron al inicial “¿Y a vosh qué te pasha?” con que me atajó la semana siguiente, pero todavía siento la furia de sus ojos fulminándome por haber hecho algo a sus espaldas, como si alguna vez alguna cosa hubiera podido escapar a su control. Por uno de esos lugares comunes que repetimos los legos en la ciudad alisada por el sicoanálisis, siempre pensé que esa actitud de saber y decidir todo la había salvado. Hace dos meses, cuando un grupo de amigos me sorprendió con una fiesta por mis cincuenta años como periodista, María Elena dijo que no podía ir pero que me grabaría un mensaje. Después no pudieron mandarle la cámara prometida. Mejor así. Prefiero la imagen de las fotos que acompañan este recuerdo melancólico.

Pagina12

lunes, 10 de enero de 2011

PROPUESTA POLITICA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE FORMOSA

El día sábado 8 de enero pasado se desarrolló la primera reunión de la comisión directiva del Movimiento Campesino de Formosa (MoCaFor), y la reunión se concretó en la localidad de Gral. M. Belgrano, y fue presidida por Felipe Benítez y se extendió por más de 5 horas. Uno de los puntos abordados fue la propuesta de impulsar la construcción de un nuevo movimiento político.

La comisión directiva del MoCaFor resolvió por unanimidad de votos de los presentes propiciar la construcción de un nuevo movimiento político provincial en unidad con otros sectores de la sociedad formoseña, tanto de la ciudad como del campo.


Constitución del movimiento

El MoCaFor resolvió convocar a una asamblea abierta para el próximo 12 de febrero del corriente año, a partir de las 18:00 hs, en la localidad de Gral. M. Belgrano, para constituir un nuevo movimiento político.

De la asamblea "podrán participar todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran contribuir en la construcción de una alternativa política provincial en concordancia con el Proyecto Nacional, Popular y Latinoamericano. Los presentes podrán expresar sus ideas, sugerencias y propuestas para el enriquecimiento de la nueva iniciativa política", dijo Benigno López, principal referente del Mocafor.


"Por las características de nuestra provincia el nuevo movimiento político deberá ser multisectorial, pluricultural, popular y democrático. El MoCaFor propone especial apertura hacia los más débiles, perseguidos políticos, excluidos sociales y sometidos culturales. Para construir el cambio debemos abrir las puertas a todos los hombres y mujeres y particularmente fomentar el protagonismo de la juventud formoseña" dijo.


Cambio

Asimismo, López remarcó: "Estamos mejor pero debemos profundizar el cambio. El estado formoseño debe revisar todas las adjudicaciones y ventas de tierras públicas y privadas que por sus extensiones violan los mandatos de nuestra constitución provincial.

El estado debe reconsiderar todos los desalojos violentos, adjudicaciones y ventas de tierras realizadas por la última dictadura militar a sangre y fuego en el territorio formoseño.


El estado debe fomentar la industrialización de la provincia para la creación de fuente de trabajo genuino; y para la incorporación de valor agregado a la producción primaria de los productores formoseños" enumeró.


"El campo formoseño de los pequeños productores (agricultores y ganaderos) necesita mayor apoyo del estado provincial y nacional con asistencia técnica, tecnologías apropiadas y líneas financieras para seguir produciendo; si el estado no cambia de estrategia el sector va a desaparecer.


Los miles de formoseños/as que emigran para buscar trabajo fuera de la provincia necesitan que Formosa les dé una oportunidad en la vida para estudiar, trabajar y desarrollarse en su tierra.


La independencia y el respeto de las instituciones republicanas: poder Ejecutivo, poder Legislativo y poder Judicial son condiciones fundamentales para la administración justa y democrática del estado provincial" señaló.


Otros objetivos

"El respeto por los derechos humanos debe trascender los discursos de funcionarios para convertirse en verdadera política de estado en nuestra provincia de Formosa.

La provincia de Formosa debe contar con una sólida política de educación y construcción de cooperativas, como herramienta para el desarrollo con justicia social tanto en el ámbito rural con los pequeños productores agropecuarios como así también para la creación de fuentes de trabajo en los pueblos y ciudades.


La salud pública provincial todavía tiene muchas materias pendientes, particularmente en el interior provincial, falta mayor inversión en equipamientos, insumos e investigación" dijo más adelante.


"A los hermosos edificios construidos para la educación pública habrá que agregar una política educativa con: mayor pensamiento nacional, respeto a la historia y la cultura de los pueblos del interior y profundización de una educación liberadora e integradora, nacional y latinoamericana.


Los puntos precedentes son algunas de las consideraciones debatidas en la reunión de la comisión directiva del MoCaFor" añadió.


"Por último, hacemos propio las palabras del Gral. José de San Martín: Compañeros… Seamos libres, lo demás no importa nada", cerró López.

Fuente El Comercial.

domingo, 9 de enero de 2011

Una organización busca reinstalar una aggiornada teoría de los dos demonios

 
Representa a víctimas del “terrorismo” y sostiene que el delito de lesa humanidad no debe aplicarse.
 
Las estrategias de la derecha prodictadura se renuevan, de manera lenta y sigilosa. También los rostros de quienes las llevan adelante. Tal es el caso de Victoria Villarruel, la abogada que preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una asociación civil que, bajo un discurso de pacificación e igualación ante la ley, busca equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con las muertes causadas por la guerrilla argentina de los ’70. Agrupaciones como el Celtyv o como la que lidera Cecilia Pando plantean “una estrategia de erosión del consenso social hacia las reivindicaciones de juicio y castigo a los culpables de las atrocidades cometidas por el régimen cívico-militar” y pretenden instalar una “teoría de los dos demonios aggiornada”, opinó el investigador Germán Ferrari a Miradas al Sur. Villarruel, en cambio, sostiene: “El delito de lesa humanidad no opera en los términos que se aplican en nuestro país, ni para las organizaciones armadas ni para los agentes del Estado”.

Esta semana los miembros del Celtyv tuvieron henchido su orgullo: el diario conservador The Wall Street Journal publicó una nota sobre Villarruel y sobre los ’70 en la Argentina: “Fue una ola de carnicería y destrucción causada por bandas de guerrilleros inspirados por Castro que buscaban tomar el poder aterrorizando al país. Sus acciones provocaron un caos que llevó al golpe militar”, describió la periodista Mary Anastasia O’Grady. Y agregó: “Debido a la deshonrosa caída del gobierno militar, los terroristas y sus simpatizantes han tenido éxito en volver a escribir esta historia, al describir solamente los crímenes de sus enemigos uniformados. Algunas personas que son actuales o ex integrantes del gobierno de Kirchner, otros que son congresistas y otros que trabajan en los medios fueron integrantes bien conocidos de organizaciones subversivas”.

Días después, el artículo fue amplificado por La Nación. El diario de los Mitre suele darle generosos espacios para que la abogada escriba a piacere. Y muchos editoriales insisten con la “pacificación” y la amnistía. Villarruel es autora del libro Los llaman…jóvenes idealistas. El texto tiene un informe basado en un relevamiento de diarios de la época. En ese conteo –que va de 1969 a 1979– Villarruel estableció que “hay más de 13 mil personas con nombre y apellido que han sufrido el ataque de terroristas”. El cálculo no termina allí: sostiene que otras once mil personas sin identificar recibieron agresiones de “tipo colectivo”. Unas 20 mil personas que, “con su núcleo familiar,” Villarruel expande a 80 mil chicos, hombres, mujeres, civiles y uniformados que –según la abogada– “fueron agredidos por miembros de organizaciones terroristas”.

Para el periodista y escritor Germán Ferrari, “el Celtyv, la Afyappa, la Afavita y otras entidades similares tienen como antecedente histórico a Famus (Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión), aquella agrupación surgida durante la última dictadura que batalló contra la democracia naciente en 1983, enfocando sus críticas hacia los juicios contra los partícipes del terrorismo de Estado. Las misas de Famus, con sermones y manifestaciones a favor de la dictadura y la represión, sufridas por Alfonsín en especial durante su primer tramo de gobierno, pueden equipararse con los actos que los nostálgicos del ‘Proceso’ organizan cada 24 de marzo y 5 de octubre.”

Ferrari está convencido de que estos nucleamientos surgidos en los últimos años “plantean una estrategia de erosión del consenso social hacia las reivindicaciones de juicio y castigo a los culpables de las atrocidades cometidas por el régimen cívico-militar que gobernó entre 1976 y 1983”. Por un lado, dice, “enarbolan el discurso de la ‘pacificación’, la ‘concordia’ y la ‘reconciliación’, que tiene como objetivo una amnistía”. Y, por el otro, intentan “instalar una ‘teoría de los dos demonios’ aggiornada”. Esta línea de acción podría sintetizarse así: “Si en la sociedad y en los tres poderes del Estado ya no hay lugar para un ‘perdón’, y los juicios contra el terrorismo de Estado avanzan, entonces que también sean juzgados los ex integrantes de organizaciones guerrilleras”. Ferrari cree que es un intento por extender el concepto de crimen de lesa humanidad. “Este reclamo pregonado en los últimos años, en confrontación con la política estatal sobre derechos humanos, contrasta con la demanda de justicia, verdad y memoria que desde hace más de tres décadas enarbolan los organismos defensores de los derechos humanos”.

¿La tercera es la vencida? Villarruel parecería estar llenando un lugar en el tablero que antes fue ocupado por dos alfiles del activismo procesista: Karina Mujica y Cecilia Pando. Se sabe: Mujica lideraba la agrupación Memoria Completa y era una férrea defensora de represores. Tanto, que había sido novia del marino Alfredo Astiz, el ícono asesino de la Esma. La joven cayó en desgracia cuando un programa de tevé la mostró trabajando en un prostíbulo de Mar del Plata. A partir de eso, Mujica se esfumó. Ella y su militancia. La estrella de Pando, en cambio, comenzó a apagarse luego de que puteó a los jueces de un tribunal y amenazó, desencajada, con degollar al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde (el bueno). Fue en 2008, al finalizar un juicio en Corrientes en el que se condenó a tres militares retirados y un gendarme. El año pasado intentó, con otras mujeres de su agrupación, hacer un acampe en el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa. Duraron poco. Hoy, se muestra cerca de Eduardo Duhalde (el malo). Y muchos de sus ex seguidores le dieron la espalda. Como Villaruel. “El Celtyv no tiene opinión institucional respecto de Afyappa o de Cecilia Pando, porque no forman parte de nuestra área de trabajo”, dijo Villarruel a Miradas al Sur. Y agregó que la agrupación “no reivindica nada del gobierno de facto”.
 
–¿Por qué habla de “terrorismo” para referirse a las acciones de la guerrilla?

–Cuando la guerrilla abandonó el enfrentamiento directo y exclusivo contra su oponente armado, y violó las convenciones internacionales que regulan los conflictos de baja intensidad para cometer atentados terroristas que agredieron a la población civil, se transformaron en organizaciones terroristas que hicieron de la utilización de coches bombas, secuestros extorsivos, copamientos de poblaciones civiles un método que aterrorizó a la población civil.
 
–¿Qué opina de los juicios de lesa humanidad?

–El Celtyv entiende, ajustándose a derecho, que el delito de lesa humanidad no opera en los términos que se aplican en nuestro país, ni para las organizaciones armadas ni para los agentes del Estado. Sin embargo, el Gobierno tiene otra posición y lleva adelante esos juicios, con lo cual crea una verdadera discriminación entre víctimas pues a un sector le reconoce todos los derechos y a las víctimas inocentes se los niega. La lesa humanidad fue lo primero que estudiamos, dado que en el mundo el terrorismo es considerado así, pero en Argentina el camino estaba cerrado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Cuando las mismas fueron anuladas y comenzaron los juicios, nuestras víctimas reclamaron ante la flagrante discriminación que se constituyó desde el Estado.
 
En su libro Símbolos y fantasmas. Las víctimas de la guerrilla: de la amnistía a la “justicia para todos”, Ferrari retoma un concepto de la politóloga Pilar Calveiro –que fue detenida-desaparecida– para explicar la “simplificación que suelen hacer diversos sectores de la sociedad cuando usan indistintamente los términos ‘terrorismo’ o ‘guerrilla’”. En el texto Acerca de la difícil relación entre violencia y resistencia, Calveiro argumenta: “Los movimientos armados latinoamericanos no fueron terroristas, salvo algún caso verdaderamente excepcional, como parece haber sido el de Sendero Luminoso; resulta importante señalar que guerrilla y terrorismo no son sinónimos, como afirma cierto discurso pretendidamente democrático. El terrorismo se basa en el uso indiscriminado de la violencia sobre la población civil, con el objeto de controlar a un grupo o una sociedad por medio del terror. Las prácticas de las guerrillas latinoamericanas no se caracterizaron por este tipo de accionar, sino por operaciones militares bastante selectivas, dirigidas contra el Estado, principalmente contra fuerzas militares y policíacas. Esta distinción es de primordial importancia en el momento actual, en que se tiende a fundir y confundir cualquier recurso a la violencia con el terrorismo, como forma de descalificación. La asimilación de toda práctica violenta al fenómeno terrorista es una manera de desacreditar en bloque las violencias revolucionarias o resistentes para, al mismo tiempo, convalidar las estatales –siempre más poderosas y letales– como ‘necesarias’”.
 
El Celtyv –como otras agrupaciones prodictadura– suelen echar mano al Estatuto de Roma para pedir que los crímenes de las organizaciones armadas sean considerados de lesa humanidad, como los perpetrados por el terrorismo de Estado. Quien dio el primer paso en ese sentido es el vicepresidente del Celtyv, Arturo Larrabure. Es uno de los hijos del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el ERP y muerto al año siguiente en circunstancias aún no esclarecidas por la Justicia. El expediente sobre la muerte del militar se reabrió en 2007 y fue –como antes lo había sido Aramburu– el caballito de batalla para instalar la idea de que las muertes causadas por la guerrilla son imprescriptibles.
 
El jurista argentino Juan Méndez es el actual relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. En una entrevista para la revista Nómada fulminó esa hipótesis. Señaló: “El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional no hace distinción entre agentes estatales y no estatales, y de hecho los imputados por la CPI pertenecen a ambas categorías. Es difícil encontrar una base fáctica en el caso argentino, por dos razones. En primer lugar, porque los delitos atribuidos a los alzados en armas en Argentina no incluyen ataques a la población civil, ni la tortura del enemigo rendido. En segundo lugar, porque aun en los hechos que podrían ocupar una zona gris –como la toma de rehenes o la eliminación de un rehén en estado de indefensión– el Estado argentino ha tenido más de treinta años para procesar y castigar a los responsables, y durante todo ese tiempo no hubo amnistías ni indultos generalizados que lo impidieran. El Estado represor no tuvo interés en juzgar y castigar sino en eliminar físicamente al adversario, y además de maneras terriblemente crueles. Es por eso que ahora la justicia no tiene elementos para perseguir penalmente aquellos delitos cometidos por los alzados en armas, no porque haya respecto de ellos una doble vara que los distinga de los crímenes del terrorismo de Estado.”
 
Méndez también opinó sobre los habituales llamados a la pacificación, a la reconciliación y a la concordia que suelen reclamar estos grupos. Para el funcionario de la ONU, “es posible pero ilegítimo e inmoral hablar de reconciliación entre víctimas y victimarios, entre torturadores y torturados, entre asesinos y los familiares de los asesinados”. Y agregó: “En América latina hemos cometido el error de dejar que los enemigos de la justicia se apropien del término ‘reconciliación’ y lo usen para sus fines. Pero el Estado no puede, a través de las políticas públicas, decretar el perdón ni obligar a las víctimas a perdonar”.

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