Por Carlos Rodríguez
“Este es un año electoral y no es un momento propicio para la reflexión. Por lo tanto, mi postura es que no se analice ahora la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, porque lo que salga de allí va a ser una solución teñida por la búsqueda de votos.” En diálogo con Página/12, Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llamó a serenar los ánimos en la discusión que se ha desatado, una vez más, sobre la baja de la edad de imputabilidad. Zaffaroni sostuvo que la preocupación que se advierte en sectores de la sociedad “no tiene justificación respecto de los datos concretos, porque hay muy pocos homicidios o delitos graves cometidos por chicos en las edades que van de los 14 a los 16 años. No olvidemos que a partir de los 16, la responsabilidad penal es plena”.
“Los casos de homicidios cometidos por menores de edad en la Capital Federal son escasísimos. Entre chicos de 14 a 16 años, sobre dos mil homicidios que puedan ocurrir, 15 pueden haber sido cometidos por chicos menores de 16 años. En el conurbano, puede que haya algún porcentaje mayor, pero de todos modos se trata de hechos que pueden ser contados con los dedos y no tienen un registro que pueda alarmar”, explicó Zaffaroni. Los datos oficiales señalan que, sobre más de 1900 homicidios dolosos ocurridos en el país, los cometidos por menores de 18 años (no de 16), son apenas 219 casos.
Zaffaroni comentó, además, que los chicos que cometieron algún hecho delictivo grave “reciben alguna penalidad” y muchos de ellos terminan internados en institutos de régimen cerrado. Sobre el debate de fondo, el de la baja de la edad de imputabilidad, Zaffaroni opinó que es necesario “rejuridizar la cuestión penal juvenil. Yo preferiría que no se los tutele”, como ocurre ahora, porque son los jueces, sin otra intervención, los que resuelven el destino del menor que cometió un delito. “Yo preferiría que me penen, que me apliquen un régimen penal. Eso les daría más garantías a los pibes. Ahora, los pibes no tienen garantías procesales. En vez de aplicar un lenguaje piadoso, hay que aumentar las garantías del debido proceso. Esto en el sentido del debido proceso y no en el de las penas, que deben ser diferentes a las de los adultos.”
“Si yo le aplico a un chico una medida educativa o de otro tipo, sin que eso signifique ir a prisión, de todos modos es una sanción. Y si se le aplica una pena, que esté probada, que se lo someta a juicio y que se le dé la posibilidad de defensa.” Zaffaroni consideró que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad “es lo mismo que cuando se habla de la pena de muerte, porque siempre termina siendo una forma de manipular con el miedo. Los chicos que cometen delitos no están en libertad, como muchos creen. Muchas veces son privados de su libertad sin que se haya probado si cometieron realmente el delito por el que se los acusa. Entre los pibes, hay formalmente muchas más víctimas que victimarios”.
El debate sin fin
Debido a lo delicado del asunto, Zaffaroni pidió dejar al margen la polémica por la baja de la edad de imputabilidad de las especulaciones electorales. Ayer ocurrió todo lo contrario: la discusión siguió subiendo de tono. El diputado del peronismo federal Francisco de Narváez salió a responderle al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien le había aconsejado actuar en vez de hablar “para darle sanción definitiva” a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, teniendo en cuenta que la oposición tiene mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. De Narváez le sugirió a Scioli que “se ocupe de los problemas de los menores que delinquen en la provincia: en el 2007 se votó el régimen penal juvenil (en la Legislatura bonaerense), pero no está implementada” en su totalidad.
De Narváez sostuvo que “no están los institutos de contención de menores, ni los profesionales para asistirlos”. El legislador afirmó que la provincia tiene “450 menores privados de la libertad y 110 con semilibertad, pero prácticamente no tienen ningún tipo de acompañamiento ni tratamiento para poder reinsertarse” en la sociedad. El que le salió al cruce a De Narváez fue el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Baldomero Alvarez de Olivera. “De Narváez tiene que dejar de lado sus intereses personales y accionar en pos de la sociedad en su conjunto, y en particular por los menores en riesgo, porque es de suma urgencia que reciban un tratamiento judicial moderno y especializado, acorde a la realidad en la cual estamos viviendo.”
Por su parte, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, aseguró que “el lugar de un chico no es la cárcel” porque “los chicos que cometen un delito son el emergente de un niño con problemas graves”. Propició “políticas de largo plazo y prevención”.
Más duro fue el juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias, quien consideró “inconducente” el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. “Hay mucho cinismo e hipocresía en la sociedad que se mueve en un contexto de absoluta corrupción: exigimos que algunos se ajusten a la ley, pero otros seguimos haciendo lo que queremos.” Sostuvo que la baja de la edad “no es la solución” dado que “los jueces tenemos herramientas legales para poder trabajar”.
Arias agregó que “como sociedad no podemos exigir que algunos cumplan la ley, y otros no”. Dijo que los temas de seguridad “merecen un debate más de fondo” y propuso “adoptar políticas de Estado de mediano y largo plazo, porque no hay soluciones mágicas”. Como Zaffaroni, opinó que los temas de seguridad “merecen un debate más de fondo, en otro contexto” y que “es necesario adoptar políticas de Estado a mediano y largo plazo, porque no hay soluciones mágicas”. El magistrado pronosticó que “va a llevar varias décadas solucionar estos problemas: a los presidentes y gobernadores les gusta cortar la cinta, pero esto no es algo que se termine con un mandato, no es una obra pública”.
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