domingo, 16 de enero de 2011

El mapa del trabajo forzado en el campo

 
A poco que se busca información se multiplican las denuncias sobre hiperexplotación de trabajadores rurales a lo largo de la geografía del país: de Formosa a Salta, de Mendoza a Entre Ríos, de Buenos Aires a Misiones o Jujuy. Según el caso, fenómenos como el negreo sistemático, las condiciones de virtual esclavitud, las pésimas condiciones sanitarias o los descuentos arbitrarios sobre los magros ingresos que reciben los trabajadores golondrina son a la vez parte de procesos de transformación en las condiciones de producción, la expansión de las fronteras agropecuarias y la concentración de la tierra. Según datos del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, seis de cada diez asalariados rurales trabajan en negro.

Benigno López es el presidente del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor). Además de sostener que “la mayor parte de los trabajadores rurales en la provincia está en negro”, López dice que “en los campos de importantes políticos y empresarios, al margen del río Pilcomayo, en la frontera con Paraguay, el 75% de los trabajadores son paraguayos indocumentados que trabajan en condiciones infrahumanas. La empresa Caminos Ganadera está comprando tierras de pequeños productores de la zona y alambrando tierras fiscales. El 60% de los campos tienen mano de obra en condiciones de servidumbre. En Paraguay hay mucha gente con necesidades y se abusan de eso. Entonces los punteros los traen y los hacen trabajar bajo la promesa de que van a juntar dinero para regresar a su país. Por lo general salen empatados o con muy poco margen de ganancia”.


El Mocafor denunció en un comunicado que son “centenares de trabajadores” los que son explotados “y viven en condiciones inhumanas en los nuevos establecimientos ganaderos propiedad de los que algunas autoridades llaman ‘inversionistas’”. Esos trabajadores realizan trabajos de desmonte, destronques, limpieza de campo, postes, alambrados, corrales o galpones. Tal como se denunció ya sea en el caso Nidera o en otros similares que suceden en las zonas más ricas de la pampa húmeda, a los trabajadores se les descuentan las mercaderías que los propios patrones les venden a precios exorbitantes: yerba mate, aceite de girasol, arroz, fideos, harinas. “Por cada kilogramo de comestible que cuesta $ 3 en el mercado –sostiene el comunicado– el patrón le descuenta al trabajador $ 10.”


Diego Montón, mendocino y miembro del Movimiento Campesino Nacional Indígena, asegura que la situación de los trabajadores del campo en su provincia tiene muchos puntos en común con la del NOA y el NEA. “En el modelo del agronegocio es inherente la explotación a los trabajadores. En Mendoza, la vid y el ajo son los principales cultivos. En los momentos en que se requiere la mayor cantidad de mano de obra se utilizan trabajadores golondrina, más un porcentaje de trabajadores temporales locales. Más del 80% es trabajo en negro”, dice Montón. Sobre las condiciones de trabajo a las que son sometidos los peones rurales, cuenta que “en las fincas se arman grandes carpas, como las de circo, y ahí viven los trabajadores. Sin baño, muchas veces sin agua ni sombra”. Los salarios, además de paupérrimos, muchas veces son efectuados mediante el pago con fichas en vez de dinero; fichas que, como en las épocas de los mensú, luego pueden ser cambiadas por productos alimenticios en negocios de la zona. Hoy sigue siendo habitual ver en las rutas mendocinas a los grandes camiones que transportan trabajadores hacinados hacia los campos, como si fueran ganado.


La explotación de los trabajadores mediante la creación de cooperativas es una metodología muy común en Mendoza, sobre todo utilizada por las empresas productoras de ajo. Manipulados por un responsable a cargo del operativo de reclutamiento, los trabajadores son inscriptos como socios de la cooperativa, logrando de esa manera que la empresa agropecuaria se desligue de todos los aportes y sueldos mediante esta tercerización. Es el caso de la Cooperativa Campo Grande, que trabaja para los grandes empresarios del ajo. El año pasado, trabajadores se movilizaron en repudio a esta metodología, y la brutal represión que sufrieron terminó con la vida de uno de los manifestantes.


En Tucumán, el caso de los cítricos tiene una particularidad: la mayoría de los trabajadores rurales son de esa provincia y de residencia urbana. Pero en el citrus, como en la mayoría de las actividades agrarias que no están mecanizadas, no existen los trabajadores permanentes, sino que son todos temporarios. Y el porcentaje de trabajo en negro es altísimo. Esta cercanía con la ciudad ayuda a los reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo y salarios. Pero como los períodos de cosecha son cortos, los trabajadores del citrus se ven obligados a migrar a Entre Ríos para cosechar arándanos, o al sur para ocuparse de las frutas. Julia Egan, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics), advierte que “más allá de que la superexplotación en las fincas de citrus en Tucumán no es tan terrible como en otras, hay cuestiones generales como el trabajo en negro, los bajos salarios, la inexistente seguridad e higiene y la tercerización son muy fuertes, como en todos los establecimientos rurales”.


En Jujuy, la producción de porotos, tabaco y caña de azúcar concentra la mayor actividad agraria. “Acá, los peones son expuestos a condiciones inhumanas. Las jornadas de trabajo se extienden hasta la madrugada y el pago es deplorable. Además, la mayoría trabaja en negro, o les exigen ser monotributistas, por lo que terminan siendo deudores del Estado al no poder pagar los impuestos”, dice Cristián Cabrera, del Movimiento Campesino de Jujuy. Cabrera cuenta que el ingreso de los trabajadores a los establecimientos agrarios, a pesar de ser voluntario, responde a una necesidad de subsistencia. Y que en su mayoría se ven obligados a migrar por las distintas provincias de acuerdo a las épocas de cosecha. “Jujuy es una provincia claramente feudal. Los emprendimientos privados son rurales; no hay fábricas y el gobierno no articula los medios para que esto suceda. No existen controles estatales y las manifestaciones directas a los establecimientos para pedir por la regularización de los trabajadores siempre conllevan el riesgo de la pérdida del puesto de trabajo. El Estado está ausente, y la Federación Agraria y la Cámara de Tabacaleros son cómplices de las empresas que explotan a los trabajadores”, dispara Cabrera.

 
Miradas al Sur

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