domingo, 30 de diciembre de 2012

HORACIO VERBITSKY: ¡Hostias!

Por Horacio Verbitsky

El 21 de diciembre, el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani (foto), mantuvo una difícil reunión con los Cristianos para el Tercer Milenio, que volvieron a reclamarle que “haga cesar el escándalo” que implica el “libre y periódico acceso a la eucaristía” del ex dictador Jorge Videla, a pesar de haber reconocido “sus acciones criminales, el no arrepentimiento de las mismas, sus manifestaciones relacionadas con que el ‘sinuoso camino que le tocó recorrer’ era parte del plan de Dios para la salvación de su alma y la inexistencia de voluntad reparadora alguna”. Al mismo tiempo, el obispo de Santiago del Estero y miembro del Opus Dei, Francisco Polti Santillán, expulsó de su diócesis al sacerdote Roberto Murall, por haber firmado el documento de Navidad de los curas en opción por los pobres, que cuestionó el emitido por la Conferencia Episcopal en vísperas del 7D. Asistieron al encuentro el organizador del grupo, el ex embajador en la OEA y el Uruguay, Hernán Patiño Mayer, y los integrantes de su equipo de coordinación Felipe Solá, Gustavo Bottini y Rogelio Ponsard. Cristianos para el Tercer Milenio está formado por varios centenares de laicos católicos y algunas decenas de sacerdotes, que decidieron interpelar a la jerarquía luego de que Videla agradeciera en varios reportajes la colaboración eclesiástica con su gobierno sin que hubiera reacción episcopal. La primera carta que enviaron a los obispos en setiembre de este año fue puesta bajo la advocación de “Emilio Fermín Mignone y de las madres y abuelas que murieron sin encontrar a sus hijos desaparecidos y recuperar la identidad de sus nietos apropiados”. El texto les exigía “que repudien las afirmaciones del dictador” y reparen y pongan fin “al daño causado por las inconductas de sus antecesores”. El 9 de noviembre el Episcopado les respondió sin nombrarlos en una “Carta al Pueblo de Dios”, en la que negó que “nuestros hermanos mayores que nos precedieron” hayan tenido “alguna complicidad con hechos delictivos”. En una nueva configuración de la doctrina de los dos demonios exaltó “los sufrimientos y reclamos de la Iglesia, por tantos desaparecidos, torturados, ejecutados sin juicio, niños quitados a sus madres, a causa del terrorismo de Estado. Como también sabemos de la muerte y desolación, causada por la violencia guerrillera”. El paso siguiente de los Cristianos para el Tercer Milenio fue escribirle a Radrizzani, porque Videla asiste a misa en el penal de Marcos Paz, que está en su jurisdicción. También mencionaron la situación del sacerdote Christian Von Wernich, quien celebra misa en su celda de esa cárcel federal, donde cumple su condena a prisión perpetua. Durante la reunión, Radrizzani se mostró vacilante y dubitativo: “Entiendo lo del escándalo presente... Podría decirle al capellán que no dé más misa y que se limite a rezar con los presos... pero tengo que consultarlo con él, no estoy seguro de tener facultades para hacerlo”. Sus visitantes dijeron que no les parecía aceptable “que un arzobispo tenga que consultar con un capellán penitenciario” y le recordaron que el obispo Jaime de Nevares, de quien Radrizzani fue auxiliar en Neuquén, había prohibido dar la comunión a un represor de la dictadura. Radrizzani los sorprendió:

–Yo sé que ellos están arrepentidos, pero no quieren decirlo para no darle la razón al gobierno.

Esto dio lugar a un diálogo extraordinario:

–Monseñor, son pecadores públicos responsables de crímenes gravísimos, si se arrepienten deben decirlo en lugar de reivindicar sus crímenes públicamente

–Tienen razón pero, ¿no habrán sido tergiversadas las declaraciones de Videla?

–Podría ser, pero él nunca las ha desmentido, y además fue grabado y pasado por la TV

–Claro.

En una minuta interna los Cristianos para el Tercer Milenio se preguntan “¿cómo sabe el arzobispo de esos arrepentimientos, los escuchó directamente, se los contaron, quién; en tal caso, cómo no pudo convencerlos de la necesidad de hacerlos públicos, para bien de la Iglesia, de ellos mismos y de la sociedad toda, o es que también Radrizzani cree que la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia es una perversa manipulación del actual gobierno?”. El 25 de mayo de 2010, Radrizzani entregó al gobierno nacional en la Basílica de Luján, luego del Tedeum del Bicentenario, una solicitud de amnistía firmada por Videla, Von Wernich, Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Miguel Etchecolatz, el Turco Julián, el Nabo Barreiro y otro centenar de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Los Cristianos para el Tercer Milenio le hicieron saber a Radrizzani que en caso de no recibir una respuesta satisfactoria recurrirían a la Nunciatura Apostólica y mencionaron que según les informó el obispo Jorge Casaretto, cuando la Asamblea Episcopal trató la respuesta a la primera carta, el nuncio dijo que “para el Vaticano las cuestiones de derechos humanos y de pedofilia son no negociables y deben tratarse con absoluta transparencia”. Radrizzani les contó que la decisión de mencionar a Videla en el documento había provocado una dura discusión entre los obispos. Los Cristianos para el Tercer Milenio objetaron la inexplicable benevolencia de la mención como “el ex presidente de facto” cuando “es un tirano, un criminal, un genocida” y que “a consecuencia de estas posiciones ambiguas de la jerarquía, comienza a hablarse del golpe cívico, militar y eclesiástico”. Radrizzani se despidió con una frase que los Cristianos para el Tercer Milenio consideraron lamentable: “Tendré que pensar qué hago. Si pudieron esperar lo que han esperado hasta ahora, pueden esperar unos meses".

Fuente: Pagina12

sábado, 22 de diciembre de 2012

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: CIDH - Una sentencia a dos puntas

La Corte Interamericana declaró que la prohibición de la fecundación asistida en Costa Rica viola los derechos humanos. El fallo marca una posición favorable a los derechos sexuales y reproductivos y a la despenalización y legalización del aborto.

Por Mariana Carbajal

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica –vigente desde hace 12 años– constituye una violación de los derechos humanos y le ordenó al país centroamericano eliminar las restricciones legales que impiden acceder a esa tecnología reproductiva. Más allá del caso puntual de Costa Rica, el fallo tiene una importancia significativa para todo el continente en materia de derechos sexuales y reproductivos, particularmente en relación con la anticoncepción hormonal de emergencia y con los proyectos de despenalización y legalización del aborto. También podría impactar en uno de los artículos más polémicos de la reforma al Código Civil y Comercial que se discute en la Argentina –el 19–, que insiste en definir el comienzo de la persona humana desde “la concepción”.

Es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia sobre este tema. “La CIDH reafirmó que cada persona tiene el derecho a decidir si quiere tener hijos, así como el número y espaciamiento entre los mismos, y que el Estado no puede interferir con este derecho”, dijo Alejandra Cárdenas, abogada para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), organización legal global que presentó varios Amicus curiae en la causa y acompañó la posición de quienes iniciaron la demanda. “Con esta decisión, la Corte deja claro el mensaje de que los ataques a los derechos reproductivos no serán tolerados”, agregó Lilian Sepúlveda, directora del programa Legal Global del CDR.

En la sentencia, de 150 páginas, la CIDH afirmó que prohibir la fertilización in vitro viola el derecho a la privacidad, a la libertad, a la integridad personal y a construir una familia, reconocidos por el derecho internacional. La Corte también determinó que la obstaculización en el acceso a servicios de salud reproductiva viola el derecho a estar libre de discriminación. La decisión en este caso será vinculante para los 22 países que han aceptado su jurisdicción.

“Es una decisión histórica”, dijo el costarricense Miguel Yamuni, integrante del grupo de familias que hace más de una década demandó al Estado de Costa Rica por una resolución de la Sala Constitucional que en 2000 prohibió la fecundación asistida. “Es histórica, porque éramos el único país de América que había tenido la osadía de prohibir esta técnica médica”, declaró Yamuni.

“Hay argumentos de la decisión de la Corte relevantes para avanzar hacia el derecho al aborto. Considera que el ámbito de protección del derecho a la vida privada va más allá del derecho a la privacidad y que comprende el derecho a la autonomía y desarrollo personal. El derecho a la vida privada incluye la decisión de ser o no madre o padre. Este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad”, consideró la diputada y abogada argentina especializada en temas de género, Marcela Rodríguez.

En su decisión, la Corte concluye que los embriones no pueden ser objeto de derechos absolutos, y que mientras deben ser protegidos, dicha protección debe ser gradual e incremental en relación con sus etapas de desarrollo. También estableció que esta protección debe ser siempre proporcional a la protección general de los derechos humanos. Puntualmente, dice que un embrión no puede ser tratado desde el punto de vista jurídico igual que una persona. “Este punto es fundamental, por ejemplo, para contribuir al cierre de la discusión sobre anticoncepción hormonal de emergencia –conocida como la píldora del día después– en tanto método anticonceptivo, sin un efecto abortivo”, señaló a Página/12 la abogada Agustina Ramón Michel, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e integrante de la Alianza de abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres. “Es relevante, al mismo tiempo, porque la Corte se hace eco de lo que ha venido sucediendo en varios países de la región, en los que sectores minoritarios pero poderosos de la sociedad civil han utilizado evidencia científica basura para desafiar los avances en materia de derechos reproductivos, obteniendo en algunos casos recepción en los tribunales locales. Podemos recordar aquí en la Argentina la sentencia ‘Portal de Belén’, dictada por la antigua Corte Suprema de la Nación”, agregó Michel. Ese fallo del máximo tribunal del país pretendió en 2002 prohibir la anticoncepción hormonal de emergencia alegando falsamente que era abortiva.

El CDR recordó que en América latina las leyes que reconocen la personalidad jurídica antes del nacimiento han sido responsables de la prohibición de la anticoncepción de emergencia, decisión que diferentes organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han definido como una violación a la posibilidad de las mujeres de ejercer sus derechos fundamentales. En Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, las leyes que reconocen la personalidad jurídica antes del nacimiento también fueron el fundamento para la prohibición del aborto, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo.

Para la abogada del Cedes, la sentencia de la Corte Interamericana, entre otros efectos, tiene el poder de contribuir a que los debates político-legales sobre la fertilización asistida y la interrupción voluntaria del embarazo “se den en un marco de razonabilidad y de buena fe, despojados de argumentos basados en creencias religiosas y prejuicios arraigados”. Finalmente, agregó, el fallo fortalece las razones para rechazar la inclusión del artículo 19 del proyecto del Código Civil y Comercial en los términos actualmente propuestos. “Este artículo insiste en definir el comienzo de la persona humana desde ‘la concepción’, generando inconsistencias tanto internas como externas”, destacó Michel.

Fuente: Pagina12

domingo, 16 de diciembre de 2012

MEMPO GIARDINELLI: Un dilema argentino

Por Mempo Giardinelli

Los graves disturbios de esta semana en el microcentro porteño, a propósito de un absurdo “Día del Hincha” (y no importa del club de que se trate) plantean la necesidad de discutir un asunto que no parece estar en la agenda de dirigencia política alguna: el uso responsable y democrático del espacio público.

A propósito del fenómeno de los piquetes y las protestas (ya por entonces nutridas y belicosas), en julio de 2007 escribí en la revista Debate que “la creciente conflictividad podría convertir a esta virtud participativa y solidaria en una encrucijada grave para la democracia, porque ya se sabe que en este país el poder es tan frágil que con algunos miles de porteños en calles y plazas, una manada de encapuchados y unos cuantos saqueos estratégicos, se tumban gobiernos (...) El problema que enfrenta nuestra democracia es extremadamente complejo porque un país no puede vivir piqueteramente pero, a la vez, una sociedad como la argentina no tolera más represión.”

La violencia es la enfermedad más grave de la Argentina, y así lo ha sido desde que nos parimos como nación. Ignorando el sabio principio de Don Benito Juárez (“El respeto al derecho ajeno es la paz”), balear y reprimir con la fuerza policial fue práctica “normal” hasta 2003. Así tuvieron muertos todos los gobiernos, inficionados de ese arcaico recurso autoritario. Por eso fue perfectamente entendible y compartible la decisión de Néstor Kirchner: no reprimir más, no más muertos en las calles argentinas. Fue excelente y funcionó, más allá de desdichados casos puntuales en algunas provincias.

Pero la problemática del pésimo uso del espacio público continuó e involucra hoy a todos los actores de la política argentina. A la vista de los disturbios de esta semana y en la medida en que retornan voces que reclaman “mano dura”, y ante irresponsables menciones a “guerras nucleares”, discutir reglas a aplicar en las manifestaciones en espacios públicos deviene dilema fundamental de la República.

Cabe aclarar que un dilema es una situación en la que forzosamente se debe elegir entre dos soluciones a un problema, ambas malas. Y así es la cuestión del espacio público entre nosotros. No se puede permitir que unos pocos (cada vez menos, en muchos casos) coarten las libertades de otros interrumpiendo o dificultando la circulación. Pero, a la vez, en democracia es lícito protestar en calles y plazas, por ejemplo para reclamar trabajo y justicia.

La complejidad del dilema es aún mayor porque la solución no pasa por simplemente permitir o prohibir. En 2003 aquella decisión de NK fue acertada, pero casi una década después es absurdo seguir creyendo que las dos únicas alternativas son reprimir o dejar hacer, cuando ambas soluciones están preñadas de exclusión, injusticia y resentimiento, y pueden conducir a escenarios de alto riesgo.

En vísperas de cumplir 30 años de democracia y con todo lo que hemos logrado, parece urgente dar pasos decisivos para cambiar ese destino. Es hora de reconocer que la policía y los organismos de seguridad son parte de la fuerza legítima del Estado. Y el Estado no puede no actuar; no puede permanecer impasible ante los desmanes que se repiten cada vez con mayor violencia.

Por eso no se justifica la inacción frente a cortes, piquetes y disturbios. Que además conllevan el peligro de que surjan grupos clandestinos de acción directa. Ha sucedido y sucede en muchos países, y eso también se produce cuando un Estado no asume su legítimo papel regulador.

Entiéndase que esta nota no pide, de ninguna manera, represión alguna, como tampoco propone habilitar formas cínicas de intervención autoritaria. Pero sí quiere este texto subrayar que precisamente otra deuda de la democracia (como la en estas páginas señalada necesidad de democratizar la justicia, las policías y los servicios penitenciarios) es la urgencia por democratizar el uso del espacio público.

Acaso sea imperioso llegar a acuerdos respecto de horarios, de itinerarios, de autocontroles acordados, de resguardo de la seguridad de los manifestantes, de aseguramiento de que las demandas serán escuchadas y se tomará nota, de que los medios cubrirán con responsabilidad los acontecimientos, y también habría que acordar la garantía absoluta del destierro de toda violencia. Parece ineludible un calendario de manifestaciones que permita prever y ordenar las mismas, garantizando la eficacia de sus protestas pero sin interferir la vida colectiva. Y además habría que coordinar de una vez a las policías federal y metropolitana en la CABA, y en otros ámbitos del país.

Quizás haya que cerrar el centro y las plazas para manifestaciones grandes o pequeñas, y no sólo en Buenos Aires. Con horarios y rutas de ingresos, con planes de evacuación, el orden que se acuerde será en beneficio de todos, y los desacatados y violentos deberán ser detenidos con ajuste a la ley. El Congreso de la Nación debería legislar específicas penas breves y con pago de multas severas. Y los partidos políticos y las entidades, asociaciones o grupos convocantes deberían asumir previamente su responsabilidad frente a los daños que se causen. Y todo encapuchado deberá ser detenido, identificado y liberado con absolutas garantías, con sanciones para los reincidentes. Como corolario de los acuerdos, el Congreso debería sancionar un régimen de control de disturbios.

Autoridad es un concepto completamente diferente de autoritarismo, y su raíz y su esencia son democráticas. Ser firme sin violencia es posible, y hubo y hay ejemplos en el mundo.

Todo esto no es ni romántico ni imposible, sí urgente y necesario. Falta un acuerdo, y es el gobierno nacional el que debería convocar a todos los piartidos para este debate necesario. Sin excusas como que “los opositores no quieren dialogar” (lo cual es bastante cierto), el poder político tiene el deber de insistir e invitar a los actores todas las veces que sea necesario. Y si no responde un interlocutor, pues será otro, pero ése es el camino. El diálogo siempre resuelve, y habrá que discutir este asunto con cada sector, con cada líder opositor por antipático que resulte, por derecha y por izquierda. Con grandeza y serenidad, y sin chicanas. No hay otra. Es difícil, muy difícil, pero el tema amerita el esfuerzo.

Fuente: Pagina12.

viernes, 14 de diciembre de 2012

ORGANISMOS DERECHOS HUMANOS: Han brindado impunidad

Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos, Familiares, el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos y La Liga por los Derechos del Hombre cuestionaron a los jueces de la Cámara Penal de Tucumán y reclamaron que se les inicie un juicio político.

Los organismos de Derechos Humanos repudiaron el fallo de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán que absolvió a los 13 acusados de secuestrar a Marita Verón y explotarla sexualmente en prostíbulos de La Rioja y otras provincias del país, y exigieron el juicio político para los magistrados que la integran, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano: “Los jueces, lejos de impartir justicia, han brindado impunidad y han hecho retroceder al país en los avances en la lucha contra la trata de personas y los derechos humanos”, remarcaron a través de un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

El documento firmado por esos colectivos, al que acompañaron con su firma los diputados por el Frente para la Victoria Horacio Pietragalla y Eduardo de Pedro, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro y Ctera –y también respaldaron con presencia su lectura– plantea la “consternación” de los organismos por el fallo que se conoció el lunes en Tucumán por el secuestro de Marita Verón. Sentados uno al lado del otro a una mesa rectangular ubicada en la sala más amplia de la sede central de Abuelas, representantes de los organismos oyeron con consternación en sus rostros la lectura del texto que llevó a cabo la presidenta de esa asociación, Estela de Carlotto.

“Una vez más la Justicia demuestra que mantiene prácticas heredadas de la dictadura al actuar en connivencia con la policía corrupta y los poderosos que aún viven como señores feudales en algunas provincias argentinas”, remarcó tajante Carlotto en su lectura. Más tarde, utilizará una anécdota de sus días de caminante de oficinas judiciales en busca de su hija Laura y su nieto Guido –una muerta, otro de identidad aún no recuperada– para graficar la “soberbia” de los jueces que “se creen intocables y dueños de la verdad”: “Una vez un juez me dijo que no podía hacer nada para encontrar a mi nieto. Yo le contesté que lo que tenía que hacer era otra cosa y se puso verde de la furia al escucharme a mí sugerirle cómo debía actuar. A veces hay que bajarles esa soberbia, esa cosa de que son intocables y dueños de la verdad que tienen”, rememoró Carlotto.

En suma, a las críticas que el fallo de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán cosechó desde que se conoció hasta ayer, los organismos consideraron que se trata de una demostración clara de la complicidad de jueces, efectivos policiales y miembros de la política que necesitan las redes de trata para seguir funcionando. “La trata de personas, cuando están involucradas las fuerzas de seguridad y el poder político es otra forma de desaparición forzada –mencionaron los organismos en el texto al que adscribieron unánimemente–. El juicio por Marita Verón era un emblema de la lucha contra ese delito y la Justicia de Tucumán con este fallo ha dicho a la sociedad que avala y promueve este delito.”

En ese sentido se expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien advirtió que “no puede ser que la Justicia esté tan divorciada de la sociedad”, en referencia a la decisión de los jueces de la Cámara Penal tucumana, quienes, según consideró, “no asumen que son parte del Estado argentino y parece que fueran de otro país, de otra realidad”. Por eso, concluyó: “Si la Justicia no se acerca a la sociedad, la sociedad deberá acercarse a la Justicia”. Por último, el funcionario nacional apeló a “todos los argentinos”: “Si no nos comprometemos desde el lugar que nos compete con esta lucha difícilmente podrán ser desarticuladas estas redes de trata. Esta es una realidad que deberían comprender los jueces y también los hombres que son clientes de prostíbulos”, espetó.

Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora tomaron el guante del compromiso, como siempre lo hicieron; esta vez en la voz de su vicepresidenta y fundadora Haydeé Gastelú: “Nosotras siempre tomamos la Justicia como un valor supremo. Hoy seguimos creyendo en ella y seguiremos luchando para que deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. No vamos a bajar los brazos”, sentenció la mujer de pañuelo blanco. A su lado, Laura Conte expresó en representación del CELS el “dolor inmenso por este final”, en referencia a la absolución de los acusados por el secuestro de la hija de Susana Trimarco. “Sabemos que hay actitudes corporativas y corporaciones dentro de la Justicia que permiten connivencias con el delito, pero además, en relación con las víctimas, a las Maritas, ¿por qué no hay una perspectiva de género en la Justicia que las proteja? Hay que poner un límite. Este comunicado es nuestra manera de poner un límite”, concluyó.

Fuente: Pagina12

jueves, 13 de diciembre de 2012

EDUARDO DE LA SERNA Y DANY GOLDMAN: Indignados

Por Eduardo de la Serna * y
Daniel Goldman **

La Argentina reiteradamente se ve prostituida por falta de justicia.

El paradigmático “caso de Marita Verón” resulta el nuevo puñetazo en la herida de los más vulnerables. De manera contundente repudiamos el fallo judicial y esperamos que la Justicia abandone actitudes corporativas y “lave sus trapos en público”, como deben ser públicos los juicios y las sentencias. Abogamos porque los jueces de la vergüenza sean separados de sus cargos que ensucian y nos ensucian.

Sabemos fehacientemente que hay cosas que no pueden existir sin apoyos múltiples. Las redes de trata son un ejemplo de ello:

No podrían existir sin apoyo policial que les dé protección o avisos.

No podrían existir sin apoyo de “machos” que se desinteresan de la persona que tienen delante y a la que usan.

No podrían existir sin apoyo político que acelere “trámites” y “legalice” presencias.

No podrían existir sin apoyo económico que financie, traslade y esconda.

No podrían existir sin apoyo judicial, como ayer quedó comprobado.

Cuando la Justicia se compromete con las mafias poderosas nos preguntamos ¿qué beneficios reciben los jueces para no juzgar? ¿Cuántas veces más será secuestrada Marita Verón, ahora también por las redes de trata de la Justicia?

Soñamos otra Argentina.

Soñamos que el fallo de ayer sea una bisagra para la Justicia, la cual demasiadas veces ha demostrado ser vergonzosa, cómplice, mentirosa y corrupta.

Soñamos, sencillamente, que la Justicia sea justa.

¡Ay, los campeones en beber vino, los valientes para escanciar licor, los que absuelven al malo por soborno y quitan al justo su derecho! (Isaías 5:22-23.)

“Justicia, justicia perseguirás” (Deut. 16:20).

* Presbítero del Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres.** Rabino de la Comunidad Bet El.
Fuente: Pagina12

miércoles, 12 de diciembre de 2012

MARITA VERON… FESTEJEMOS, SI FINALMENTE, SON TODAS “PUTAS”.

12/12/2012



Vengan todos, celebremos…
Vengan proxenetas, violadores.
Alcen la bandera los ultrajadores de carne femenina.
Brinden los narcos.
Cambie el auto el comisario.
Refriegue sus manos el responsable comunal de habilitaciones y permisos…
Declárese Monumento Nacional a burdeles y centros clandestinos de trata…
Adviertan los jueces a las niñas mujeres: No declaren, no les creeremos.

“Háganse amigos del juez, no le den de que quejarse”…
 

MEMPO GIARDINELLI; La sentencia contra Marita o ésta es la justicia que tenemos

Por Mempo Giardinelli

Escribo esto con profunda bronca a la hora del cierre, quede claro. No quiero dejar pasar la furia que siento y que sé, me consta, veo y palpo que sienten en estas horas de dolor millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional.

Para sorpresa y espanto del país entero (el país decente, digo, el que mayoritariamente no es corrupto) todos los acusados por el caso Marita Verón fueron absueltos en Tucumán en esta noche ominosa de la Argentina, en una decisión judicial obviamente sospechable de lisa y llana y flagrante corrupción.

Esta es la justicia (desde ahora la escribo con minúsculas) que tenemos. La que impera mayoritariamente en nuestro país. Unica institución republicana que no fue democratizada en serio desde la recuperación de la Democracia. Y que junto con sus socias, las malditas policías y los malditos servicios penitenciarios provinciales, son las únicas que conservan intactas todas las taras formales y esenciales que les inculcó la dictadura.

Porque la democracia significó profundos cambios institucionales en casi todos los órdenes: militares, educativos, de relaciones exteriores, de economía, de sociedad. Pero lo que no se tocó, ni se toca todavía, es lo que huele a podrido. Y este “fallo” –es un decir perfecto: fallo– está llenando de hedor a la Nación entera.

A sabiendas de que toda generalización es injusta y peligrosa –y en conocimiento de que hoy mismo se conoció el noble pronunciamiento de más de 200 jueces, fiscales y defensores públicos que emitieron un contracomunicado que desdice a ciertas catervas de jueces y camaristas viajeros a Miami por cuenta de empresarios, y a los lobbistas marrulleros del Colegio de la Magistratura y a los de esa de nombre imposible Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial– yo me siento esta noche tentado de homologar esta maldita justicia a las malditas policías.

La que condena nuevamente a Marita Verón y nuevamente procura destruir a Susana Trimarco (pero a la que en realidad e involuntariamente enaltece) es la justicia que hay que cambiar de una vez y yo quiero ver si los opositores tendrán huevos para hacerlo, e incluso si el Gobierno los tendrá, todo sea dicho.

Cambiar de una vez los procedimientos y los plazos; cambiar de una vez el engolamiento y la pretendida santidad de los magistrados; cambiar los tratos y rótulos del siglo XIX para que las Señorías engoladas de hoy que no pagan impuestos empiecen a pagarlos como cualquiera de nosotros, que laburamos y sostenemos este país con esfuerzo y decencia. Y así acabar con mitos como el de la “familia judicial” y el de que los trapos sucios se lavan en casa.

Esa es la justicia que a mí, empleado durante cuatro años en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y joven estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste –y lo digo por primera vez públicamente–, me llevó a abandonar cuando tenía 21 años la profesión que yo amaba y había elegido a los 16.

Hay que dar los nombres de estas tres “señorías” tucumanas de las que el mismísimo gobierno de José Alperovich sería bueno que dijese su opinión públicamente. Son ellos: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Yo no sé si sus conciencias, si las tienen, los podrán juzgar. Y no me importa. Pero nosotros, la ciudadanía, sí. En democracia y en paz, serena pero definitivamente, tenemos que condenarlos éticamente, a la vez que vincularlos con los mencionados colegios, juntas, consejos, asociaciones y demás grupos corporativos que sólo son puro lobby, para decirlo clarito.

No tienen vergüenza y esta noche en que celebran todos los miles de prostíbulos del país, y todos los proxenetas, y todos los mercaderes de carne humana, y todos los hijos de puta de la trata, y perdóneseme la furia textual, nosotros, los que sí tenemos vergüenza y somos la inmensa mayoría de este país atormentado, por eso puteamos. Por eso LOS puteamos. Con la misma fuerza y convicción con que abrazamos a Susana Trimarco y esperamos un día abrazar a Marita Verón y a todas las Maritas que fueron y seguirán siendo, por desdicha, gracias a estos infames protectores de tratantes de personas.

Malas noches, Argentina.

Fuente: Pagina12

martes, 11 de diciembre de 2012

CRISTIANOS POR EL TERCER MILENIO: Lenguaje retórico y confuso

El grupo de cristianos cuestionó a la jerarquía católica y consideró que el documento difundido por los obispos fue un “texto preñado de intencionalidad política”. También reclamaron que la Iglesia apoye los juicios por delitos de lesa humanidad.


Por Washington Uranga


El grupo de Cristianos para el Tercer Milenio emitió una nueva declaración pública y a la vez dirigida a los obispos católicos en la que se lamenta por el contenido del último documento de la jerarquía católica al que considera de “lenguaje retórico y confuso” y un “texto preñado de intencionalidad política”. La organización cristiana ya se había dirigido a los obispos para pedirles, en primer lugar, una manifestación expresa frente a declaraciones del dictador Jorge Videla y luego para rechazar los términos de una respuesta que los obispos les dirigieron. Ahora los cristianos insisten en sus demandas y exigen a los obispos un apoyo explícito a los procesos judiciales contra los acusados de terrorismo de Estado.

El mismo grupo le envió una nota y solicitó audiencia al arzobispo de Luján-Mercedes, Agustín Radrizzani, en vista de que el penal de Marcos Paz, donde se encuentran alojados Jorge Videla y el sacerdote Christian von Wernich, también condenado por delitos de lesa humanidad, está incluido en la jurisdicción eclesiástica del arzobispo lujanero. Le piden al titular de aquella diócesis que tome medidas para “hacer cesar el público pecado de escándalo que se configura hoy” por el hecho de que el dictador Videla siga teniendo acceso a la eucaristía y que el cura continúe impartiendo los sacramentos.

En su texto, los Cristianos para el Tercer Milenio sostienen que “con sorpresa y reiterado dolor tomamos conocimiento del segundo texto emanado de la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, reunida en Pilar a comienzos del pasado mes de noviembre. En el primero de ellos se trató con éxito de no dar ninguna respuesta a los concretos reclamos que hicimos llegar a ustedes, en nuestra nota ‘A propósito de las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla’. Esta recurrencia a la ambigüedad mediante un lenguaje alambicado y eufemístico nos obligó a hacerles llegar una nueva nota que con el título ‘A nuestros pastores’ se encuentra esperando una respuesta que aún confiamos en recibir”.

Pero de inmediato el grupo retoma sus argumentos sobre el saludo navideño de los obispos, al que consideran “preñado de intencionalidad política”, a pesar de que “desde su aparición, voceros de la Conferencia han tratado sin éxito de ‘defender’ la neutralidad del texto y la presunta generalidad de sus destinatarios”.

Dicen los Cristianos para el Tercer Milenio que “está lejos de nuestra intención entrar en una controversia indiscriminada con la jerarquía episcopal, ya que nuestro esfuerzo como grupo está y estará centrado en hacer visible una Iglesia que, como Pueblo de Dios, marcha por el mundo iluminada por la luz de la fe y el Evangelio y ve muchas veces dificultada su ya trabajosa travesía, por las conductas ambivalentes de sus pastores”.

No obstante lo anterior, continúan, “nos preocupan muy especialmente nuestros hijos y nietos que, bautizados y educados en la fe, se alejan de la iglesia institucional a la que asimilan como una más de las estructuras de un poder establecido que rechazan, por representar intereses contradictorios con los valores evangélicos y con la construcción de una sociedad donde la dignidad y la justicia nos alcance a todos por igual”.

Insisten entonces en la necesidad de que los obispos tomen decisiones respecto del dictador Videla para hacer cesar “el público pecado de escándalo que se configura hoy, cuando un criminal convicto y confeso de delitos de lesa humanidad, sin arrepentirse ni manifestar voluntad alguna de reparación de las atrocidades cometidas, tiene acceso al sacramento de la Eucaristía”. Demandan también que la jerarquía exija “a los capellanes militares y de las fuerzas de seguridad, sacerdotes, religiosos, religiosas y cristianos en general que brinden toda la información que tengan sobre los menores secuestrados, o sobre el destino de los desaparecidos” y piden que los obispos “abran los archivos de la Conferencia Episcopal, Obispado Castrense y Capellanías de las fuerzas de seguridad”.

Entienden que, de concretarse, “estas acciones serán un muy valorado aporte a la construcción reconciliatoria que reclaman y en la que estamos todos comprometidos, sobre las condiciones ineludibles de la memoria, la verdad y la justicia”.

Agregan también los Cristianos para el Tercer Milenio que “nos gustaría escuchar por una vez de la Conferencia Episcopal una expresa aprobación y respaldo a los importantes procesos judiciales que contra cientos de responsables del terrorismo de Estado se encuentran aún en pleno desarrollo. La celebración de estos juicios honra y distingue al pueblo argentino y al sistema democrático que queremos consolidar, defender y profundizar”.

El documento lleva la firma del equipo coordinador integrado por Hernán Patiño Mayer, Angel A. Bruno, Alicia Pierini, Gustavo Bottini, Ana María Biancalana, Rodolfo Luis Brardinelli, Cristina Domeniconi, Ricardo Mc Loughlin, Ana Cafiero, Rodolfo Valerio Briozzo, Fernando Portillo y Felipe Solá.

Fuente: Pagina12

JUECES Y GRUPOS CONCENTRADOS: La otra independencia

Alejandro Slokar, Gustavo Bruzzone, Alejandra Gils Carbó, Jorge Auat y Félix Crous son algunos de los firmantes que cuestionaron a sus pares en una solicitada.

Un grupo de camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país publicó hoy un documento crítico respecto del comunicado que emitió la semana pasada la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y otras asociaciones de magistrados que advertía sobre presiones al Poder Judicial, en el marco de la puja de poder entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional por la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La independencia del Poder Judicial no debe entenderse limitada a la relación que debe existir entre los poderes del Estado”, consideraron los profesionales del Derecho que decidieron diferenciarse del mensaje oficial de los jueces emitido días atrás: “Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso de las organizaciones que los representan”, detallaron en la solicitada que publican hoy en los principales medios gráficos nacionales. Según calcularon, el documento ya cuenta con más de doscientas firmas, entre ellas la de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el juez de Casación Alejandro Slokar, su par de Cámara de La Plata Carlos Rozanski; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; los fiscales de Cámara Jorge Auat, Alejandro Alagia y Félix Crous, además de rectores, decanos y académicos vinculados con el mundo de la Justicia.


“Nos mueve el propósito de reconciliar al sistema de administración de justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del evidente desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”, advirtieron los “jueces, fiscales y defensores públicos que suscribimos a este documento”. El comunicado nació en el seno de un grupo de hombres y mujeres del Derecho “bastante enojados con las asociaciones que dicen representar al mundo judicial y no lo hacen en realidad ni en un diez por ciento”, especificó una fuente a este diario. Académicos, rectores y decanos de distintas universidades y facultades y funcionarios judiciales completan la larga lista de firmantes.

Ese grupo de jueces, fiscales y defensores consideró que el comunicado surgido de fuentes magistradas al que funcionarios del gobierno nacional calificaron como una reacción corporativa, emitido la semana pasada desde la comisión, puso a todos los integrantes de ese poder del Estado “en blanco o negro, o estás con Clarín o con la ley de medios” y entendieron que detrás de él “está la defensa de intereses privados que no corresponde al Poder Judicial”, expresó uno de los firmantes que no quiso difundir su nombre. La suya, como varias de las más de doscientas firmas que apoyan el documento, se adhirieron a través del correo electrónico.

En la cuestión de la “independencia” profundiza el documento difundido hoy. “La independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan”, plantea la solicitada.

En coincidencia con lo expuesto ayer por el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que planteó que “todos, los diputados, senadores, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial” eran susceptibles de ser interpelados, el grupo de hombres y mujeres del Derecho contestatario a la “reacción corporativa” de la Justicia consideró que “los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía”.

El texto no deja dudas respecto del tema sobre el que trata y opina sin tapujos respecto de la recusación de magistrados, herramienta que el Ejecutivo utilizó en la batalla con Clarín. “La recusación es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales. Es una herramienta que contribuye al fortalecimiento de la transparencia del desempeño profesional de la magistratura”, definieron.

Fuente: Pagina12

Firmantes:

Firmantes Magistrados: Alejandra Gils Carbó (Procuradora General de la Nación), Stella Maris Martínez (Defensora General de la Nación), Alejandro Slokar (Juez Cámara Federal de Casación Penal), Alicia Ruiz (Ministra Tribunal Superior Ciudad de Bs. As.), Eduardo Freiler (Juez de Cámara Federal), Gustavo Bruzzone (Presidente Cámara del Crimen), Javier De Luca (Fiscal de Cámara Federal Casación Penal), Mario Kestelboim (Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires), Jorge Auat (Fiscal de Cámara), Omar Palermo (Fiscal General Mendoza), Héctor Cortes(Juez de Cámara Mendoza),Félix Pablo Crous (Fiscal de Cámara), Alejandro Alagia (Fiscal de Cámara), Daniel Erbetta (Ministro de Corte Santa Fe), Alejandro Panizzi (Ministro Corte Chubut), Carlos Rozanski (Juez de Cámara La Plata), Roberto Falcone (Juez de Cámara Mar del Plata), Mario Portela (Juez de Cámara Mar del Plata),Gabriel Ganon (Defensor General Santa Fe), Marcelo Riquert (Juez de Cámara Mar del Plata), Alejandro Tazza (Juez de Cámara Federal Mar del Plata), Eduardo Jiménez(Juez Federal Mar del Plata), Mirta López González (Jueza de Cámara), Benjamín Sal Llargués (Juez de Cámara Casación PBA), Juan Patricio Murray (Fiscal Federal Santa Fe),Graciela Lucía Craig(Juez de Cámara), Daniel Carral (Juez de Cámara Casación PBA), Luis Niño (Juez de Cámara), Martín Vázquez Acuña (Juez de Cámara), Carlos Gonella (Fiscal Federal Córdoba),Enrique Catani (Juez La Plata), Víctor Horacio Violini (Juez de Cámara), Jorge Armando Roldán (Fiscal de Cámara Casación PBA),Mario Juliano (Juez de CámaraNecochea),Horacio Corti (Juez de Cámara CABA), María Fernanda López Puleio (Defensora General), Manuel Alberto Bouchoux (Defensor La Plata), Marta Paz (Jueza Cámara CABA), Sergio Adrián Paduczak (Defensor de Cámara), Daniel Emilio Morín (Juez de Cámara), Fátima Ruiz López (Juez de Cámara), Pablo Vega (Juez de Cámara), Alejandro Salvador Cantaro (Fiscal General Federal Bahía Blanca), Marcelo H. García Berro (Fiscal General San Martín), Abel Córdoba (Fiscal Bahía Blanca), Marcelo Walter Grosso (Fiscal de Cámara Federal Neuquén), Alejandra Petrella (Camarista CABA), HéctorOmar Sagretti (Juez de Cámara San Martín), Dante Marcelo Vega (Fiscal de Cámara Federal Mendoza),Selva Angélica Spessot (Presidenta Cámara Federal Corrientes), Mariano Bertelotti (Defensor General Mercedes),Luis Aníbal Raffaghelli (Juez de Cámara), Ramón Luis González (Juez de Cámara Federal Corrientes), Patricio Sabadini (Fiscal Chaco),Mónica Rodríguez (Fiscal San Martín), Alejandro D. Franco (Fiscal La Plata), Adrián Grunberg (Juez de Cámara), Hugo Barone (Defensor General Chubut), Alfredo Pérez Galimberti (Defensor General adjunto Chubut), Norberto Tavosnanska (Juez de Cámara CABA), Eduardo Luis Aguirre (Defensor General), Diego Jesús Vigay (Fiscal Federal), Horacio Francisco Rodríguez (Fiscal Federal Formosa), Pablo Parenti (Fiscal), Mónica Cuñarro (Fiscal),Gabriel Darío Jarque (Defensor General Bahía Blanca), Juan Marcelo Burella (Fiscal Federal), Mabel Colalongo (Fiscal Federal Rosario) Pablo Camuña (Fiscal), Andrés Harfuch (Defensor General), José Antonio Charlin (Juez Federal La Pampa), Adrián Martin (Juez de Cámara),Rodolfo F. Domínguez (Fiscal Lomas de Zamora),Walter Ernesto Romero (Fiscal Federal Azul), Luis Augusto Raffo (Juez Dolores), Pablo Pelazzo (Fiscal Federal), Benito Pont (Fiscal Federal Paso de los Libres), Juan Carlos Vallejos (Juez Federal Corrientes), Diego NúñezHuel (Juez de Cámara Corrientes), Gustavo Vitale (Defensor Neuquén), Enzo Mario Di Tella (Defensor Federal de Cámara Corrientes),Ariel Introzzi(Juez Cámara San Isidro), Patricio Rovira (Fiscal Tucumán), Juan Tapia (Juez Mar del Plata),Alfredo Pedro Drocchi (Juez de Cámara La Matanza), Miguel Carlos Navascues (Juez de Cámara Lomas de Zamora), Rodolfo Martiarena (Juez Cámara La Plata),Darío Reynoso (Juez CABA), Julián Busteros (Juez Florencio Varela), Florencia Butiérrez (Juez La Plata), Pablo Andrés Vacani (Defensor), Agustín Gossn (Juez San Isidro), Graciela Angrinman (Juez Morón), Juan Sebastián Galarreta (Defensor Mar del Plata), Martina Isabel Forns (Jueza Federal San Martín), Luis E. DuacastellaArbizu (Juez CABA), Silvia González (Juez Lomas de Zamora), Ignacio Tedesco (Defensor),José Michelini (Juez Lomas de Zamora), Florencia Budiño (Fiscal La Plata), Marcelo Brizuela (Juez Lomas de Zamora), Martín Pizzolo (Fiscal Olavarría), Andrés Devoto (Fiscal Lomas de Zamora), Julián Axat (DefensorLa Plata), Mario Martínez (Juez La Rioja), Carlos Amad (Fiscal General Resistencia), Osvaldo Carrea (Fiscal Lomas de Zamora), Hernán Schapiro (Fiscal Federal La Plata), Gerardo Fernández (Fiscal Federal),Cecilia González de los Santos (Defensora CABA), Paula Martínez Castro (Fiscal Lomas de Zamora),Sergio N. Mola (Fiscal Federal Lomas de Zamora),Marcela Viano Carlomagno (Jueza Civil), Patricio Pérsico (Fiscal Lomas de Zamora),María Paloma Ochoa (Fiscal), Romina Pzellinsky (Fiscal),Juan Pablo Terminiello (Fiscal), Marcelo Domínguez (Fiscal Lomas de Zamora), Clarisa Julia Miranda (Fiscal), Nuria Karina Piñol (Fiscal), Orlando Arturo Greco (Juez La Plata), Horacio Casquero (Juez Quilmes), Fabián Cacivio (JuezLa Plata), Mercedes Catani (Fiscal La Plata), Juan Benavides (Fiscal La Plata), Viviana Paolini (Defensora), María Candelaria Migoya (Defensora), Silvina Pérez (Fiscal La Plata), Miguel Pablo Talento (Defensor CABA), Sebastián Zanazzi (Defensor CABA), Estela Maris Marcasiano (Juez La Plata), María Fernanda Mestrin (Defensora Lomas de Zamora), Uriel Lichardelli (Defensor La Plata), Enrique Ferrari (Juez Lomas de Zamora), Martin García Díaz (Defensor Lomas de Zamora), Gastón Fernández (Fiscal Lomas de Zamora), Fernando Bazano (Defensor), Ignacio Del Castillo (Defensor Lomas de Zamora), Ariel Gastón Carrizo (Defensor Lomas de Zamora), Marcela Alejandra Piñero (Defensora Lomas de Zamora), María Eugenia Smud (Defensora), Pablo Nesci (Defensor), Karina Costas (Defensora Lomas de Zamora), Pablo Guerra (Defensor Lomas de Zamora), Irene Silvetti (Defensor Lomas de Zamora), Mauricio Amador Jalda (Defensor Lomas de Zamora), Sergio Schaffer (Fiscal Lomas de Zamora),Adrián Flores (Fiscal), Alejandro Jons (Fiscal), Carlos Alberto Miceli (Defensor), Javier Ignacio Baños (Fiscal), Silvia Juana Gordillo (Jueza),Mariela Recalde (Fiscal Lomas de Zamora), Mariano Leguiza (Fiscal Lomas de Zamora),  Roberto Fernández (Defensor Lomas de Zamora), Javier Jaime (Defensor Lomas de Zamora), Carlos Catalano (Defensor Lomas de Zamora), Alejandro Rojas (Fiscal Avellaneda), Paula Lagos (Defensora CABA), Fernando Alcaráz (Fiscal Federal), Teresa Moya (Fiscal), José María Torres Traba (Defensor Lomas de Zamora), Daniel Candis (Juez Lomas de Zamora), María de los ÁngelesBonzano (Juez Córdoba), Juan Carlos Reynaga (Juez de Cámara Catamarca), Federico Reynares (Fiscal Rosario), y siguen firmas…

Rectores y Decanos: Arturo Somoza (Universidad Nacional de Cuyo), Fernando Tauber (Universidad Nacional de La Plata), Carolina Scotto (Universidad Nacional de Córdoba), Ernesto F. Villanueva (Universidad Nacional Arturo Jauretche), , Gustavo Lugones (Universidad Nacional de Quilmes), Ana Jaramillo (Universidad Nacional de Lanús), Javier Gortari (Universidad Nacional de Misiones), Gladys María Ciuffo (Universidad Nacional de Villa Mercedes), Juan Carlos Del Bello (Universidad Nacional de Rio Negro), Hugo Andrade (Universidad Nacional de Moreno), Jorge Amado Gerard (Universidad Nacional de Entre Rios), Martín Romano, Juan Cerisola (Universidad Nacional de Tucumán), Oreste Carlos Cansanello (Universidad Nacional de Lujan), Norberto Caminoa (Universidad Nacional de Chilecito), Graciela Biagini (Universidad Nacional de Buenos Aires), M. Eugenia Marquez (Universidad Nacional de la Patagonia Austral), Walter López (Universidad Nacional del Chaco Austral), María Cecilia Conci (Universidad Nacional de Villa María), Alejandro Daniel Battaglia (Universidad Nacional de José C. Paz), Manuel L. Gómez (Universidad Nacional de Moreno), Aldo Manuel Paredes (Universidad Nacional de Villa María), Luis Alberto Negretti (Universidad Nacional de Villa María), Luis Nelli (Universidad Nacional de Misiones), Hugo Cives (Universidad Nacional de Entre Ríos), Pablo Tavilla (Universidad Nacional de Moreno), Carlos Rodriguez (Universidad Nacional de Buenos Aires), Gisela Spasiuk (Universidad Nacional de Misiones), Adriana Sánchez (Universidad Nacional de Moreno), Alejandro Robba (Universidad Nacional de Moreno), Marta Patricia Jorge (Universidad Nacional de Moreno), José Luis Etcharran (Universidad Nacional de Moreno), Hugo Tomás Cormick (Universidad Nacional de Moreno), Mario Lozano (Universidad Nacional de Quilmes), AdrianCannellotto (Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires), Juan Carlos Geneyro (CONEAU), Sergio Alberto Garassino (Universidad Nacional de Misiones), Juan Carlos Aguilo (Universidad Nacional de Cuyo), y siguen firmas…

Académicos: Hugo Cañón, Carlos Cruz, Víctor Abramovich,Eduardo Barcesat, Héctor Masquelet, Roberto Boico, Gabriel Chamorro, Antonio Rojas Salinas,Eduardo Tavani,Andrea Pochak, Arístides Corti,Marcelo Mónaco, Silvina Zimerman,y siguen firmas…

Funcionarios judiciales:Juan Manuel Olmos,Juan Manuel Casolatti,Edgardo Paltrinieri,Mauro Riano, Claudio Cholakian,Manuel Roberto Guinney,Gabriela Gamulin,Olga Rosa Moreira,Ernesto Julián Ferreira,Julio Erratchu,Iris Adriana Rodríguez, Adrián Antonio Dávila, Pablo Cruz Casas, María Lucila Semmartin, Eduardo Reszes, Lisandro Pellegrini, Juan Pedro Zoni,Mariela Elvira Sosa, Jorge Costales, Emiliano Gabriel Buscalia,Paula Mariana Loscalzo,María Eugenia Navascues, Carola Santa María, Juan Ignacio Orsini,Fernando Benitez, Milton Kahski, Laura Mazzaferri, Damián Lullo, Silvia Clara,Agustín Lavalle, Gustavo Gais, Germán Kexel, María Victoria Baca Paunero, Leandro Gáspari, Martin Cormick,JorgeSqueo, Nancy Estela Reinoso, Roberto Alfredo Conti, Mariana Venero, Gonzalo Santillán, Carina E.Muttoni, Pablo Tejada, José Luis Cociña, Hernán Alvaredo, Liliana Rudman, Zulema Vila, Nancy Reynoso, Jorge Benesperi,Raúl Osvaldo Arrieta, Federico Navascues, Daniel Canale,Gonzalo Viña, María Silvina Rodríguez, YaninaInvernizio,Javier Hernán Balmayor, Guillermo Patricio Canepa, Javier Francisco Ferrer, Leonardo Gómez Barbella, Graciela Inés Godoy, Marianela Luján Duarte, Fernando Álvarez Lonzo, Candelaria Migalla, Viviana Paolini,Emiliano Rodríguez, Ariel Yapur, Ingrid Jorgensen, Fernando Buján, Verónica EsterVieito, María Laura Corrales, Silvia Braicovich, María Laura Giuseppucci,Juliana Oliva, Ignaicon Tomás Valle, Maria Sol López Casanova, Bibiana Marys Birriel, Gabriel Errea, Agustín Lemos Arias, Leonel Guillermo Gómez Barbella, Mariano Laufer,Martin Garais,Pablo Tejada, Gustavo Caram, Cecilia Manfredi, Roberto Agustin Lemos Arias, Leonardo Puey, Jorge Latrubesse, María Elena Bouchoux

y siguen firmas… 

sábado, 8 de diciembre de 2012

WALL KINTUN TV: Una televisión originaria

Por Sebastián Premici


El 7D no fue un día más. A pesar de que muchos opositores y medios hegemónicos apostaron a que nada ocurriría luego de la extensión de la cautelar que benefició al Grupo Clarín, ayer quedó formalmente inaugurado el primer canal de televisión de los pueblos originarios, Wall Kintun TV, que sale al aire por el Canal 2 de Bariloche. El primer programa lleva por nombre Visión Indígena y es una producción de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina que narra la actualidad de las distintas comunidades del país. En paralelo, la Coordinadora organizó el segundo Congreso de Comunicadores Indígenas que comenzó ayer en la casa de la militancia (HIJOS) en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde radios de todo el país confluyeron para reivindicar su derecho a la comunicación con identidad.

“Wall Kintun TV le molesta a la familia Mitre (dueña del diario La Nación) y a sus socios. Algo bueno estaremos haciendo entonces, sino no se enojarían tanto. Debemos defender lo que tenemos, que es la posibilidad de definir el rumbo de las políticas públicas de comunicación”, sostuvo Matías Melillán, representante de los pueblos originarios en la Afsca.

El surgimiento de Wall Kintun TV despertó los prejuicios de algunos comunicadores y dirigentes políticos. Por ejemplo, del diputado del GEN Gerardo Milman que preside la Comisión de Libertad de Expresión de su cámara. En un programa de TN, Milman señaló sus sospechas sobre cómo pudieron “estos mapuches” pagar “los 120.000 pesos que cuesta una licitación”. Y luego mostró su explicación: “Pasan la película de Néstor Kirchner”.

Pero sucede que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual exime de licitaciones y pliegos a los pueblos originarios. El artículo 151 pone estos casos en el derecho público estatal y permite autorizaciones directas para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora (AM y FM), como así también de televisión abierta.

Wall Kintun quiere decir “Buscar Alrededor” y competirá directamente con Canal 6, propiedad del Grupo Clarín, que también tiene la mayoría de las repetidoras de radio en Río Negro. El canal está organizado en una cooperativa donde trabajan aproximadamente 25 comunicadores. La programación arrancó con Visión Indígena y también habrá dos programas de política intercultural, con representantes de la política y los pueblos originarios. Otro programa será de entrevistas a personalidades de los pueblos originarios para que puedan compartir sus historias de vida, y se buscará darles pantalla a las distintas productoras de Bariloche.

Mientras se cerraban todos los preparativos para el lanzamiento de Wall Kintun TV, en Buenos Aires comenzaba el segundo Congreso de Comunicadores Indígenas bajo la consigna “Comunicación con Identidad. Los derechos no se mendigan ni se esperan. Se ejercen”. A este segundo encuentro llegaron 150 comunicadores de todo el país, muchos en representación de sus medios: Radio FM Wiphalá, y Radio Pachakuti, ambas de Jujuy. Esta última hizo una transmisión en vivo. Otras radios fueron FM Maique (Neuquén), FM Trawñleintokom (“Nos estamos juntando”), de Chubut; y FM La Voz de los pueblos (Santa Fe).

“Lo fantástico de esta ley es la apropiación social. Difícilmente podamos ir contra los monopolios si no hay una apropiación popular de estos medios. Esto es lo que le molesta a los monopolios, que haya más voces. La comunicación la tenemos que abrir entre todos”, sostuvo Ceferino Namuncurá, titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

Uno de los desafíos que se abre para los medios de los pueblos originarios, como para aquellos que reciban una autorización en función del artículo 49 (Régimen especial para emisoras de baja potencia) es la forma de sustentación de los nuevos medios que surjan. La ley establece algunos mecanismos de financiamiento: por ejemplo, del total de recursos recaudados en función de los distintos gravámenes, un 10 por ciento debe ir para “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los pueblos originarios”.

Dentro de las facultades del Poder Ejecutivo para dictar políticas públicas relacionadas con los medios audiovisuales (art. 153), el Gobierno podría crear un “Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes”.

“La ley da cuenta de una lucha, una historia que viene de hace mucho. En el camino tuvimos errores, de los cuales hemos aprendido. Debemos trabajar en el Fondo de Promoción, así es como nos apropiaremos de este derecho. Tenemos que asumir la totalidad de las herramientas que nos da la normativa”, indicó Luis Lazaro, coordinador de Planeamiento Estratégico de la Afsca.


Fuente: Pagina12

CURAS DE EL CHAMICAL: “Se cumplió el juicio y castigo”

El ex general Luciano Benjamín Menéndez, el vicecomodoro Luis Fernando Estrella y el ex comisario Domingo Benito Vera fueron condenados a prisión perpetua. Cumplirán la sentencia en una cárcel común.

Luego de 36 años, cuatro meses y nueve días de impunidad, el ex general Luciano Benjamín Menéndez y otros dos represores fueron condenados a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes tercermundistas Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville. En una sala repleta, con más de 200 personas expectantes en la calle, el Tribunal Oral Federal de La Rioja ordenó revocar las excarcelaciones del vicecomodoro Luis Fernando Estrella y del ex comisario Domingo Benito Vera para que cumplan la sentencia en una cárcel común. “Se han cumplido las dos banderas fundamentales de los organismos de derechos humanos: juicio y castigo. El juicio fue ejemplar, con todas las garantías del Estado de derecho, y el castigo fue acorde a lo que las leyes vigentes indican. La Rioja dio un paso tremendo hacia adelante”, celebró el abogado Guillermo Díaz Martínez, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja. Desde ayer son 348 los condenados por delitos de lesa humanidad.

Comunidades cristianas de base, miembros del Seminario de Formación Teológica, de organismos de derechos humanos, junto con ex presos políticos y militantes sociales esperaron la sentencia en una vigilia que comenzó el jueves a la noche. “Es el momento de la verdad que permite la Justicia, que nos llevará a la paz”, reflexionó el obispo riojano Roberto Rodríguez. Murias y Longueville “quisieron vivir el Evangelio con toda libertad y transparencia, tenemos que ver la fuente de su valentía”, dijo “No se trataba de una ideología o fin político: fueron fieles al Evangelio, por lo tanto no pueden ser tratados de marxistas o comunistas”, se distanció del discurso de la Iglesia durante la dictadura. “El amor pide justicia, no venganza. Rogamos por la paz y la justicia para que sea un gran día para la Diócesis y para La Rioja”, se esperanzó.

Por la mañana, los acusados dijeron sus últimas palabras. “He presenciado la mentira durante todo este proceso y me proclamo inocente”, dijo Estrella, según la FM América de La Rioja. “Mis acusadores dirigen su odio y violencia contra quienes ostentamos la condición de militar y ésta es la verdadera artimaña de la acusación de la que soy víctima”, agregó. Vera, de buenos contactos con sectores de poder riojanos, se declaró “totalmente inocente” y dijo tener su “corazón lleno de paz”. Menéndez, por videoconferencia desde el penal de Ezeiza, dijo que el juicio era “inconstitucional”, ironizó que eran “supuestos culpables de supuestos crímenes” y reiteró su habitual perorata sobre la “guerra contra la subversión marxista internacional”.

A las 19, con la calle repleta de banderas y bombas de estruendo de fondo, el juez José Quiroga Uriburu, secundado por Carlos Lascano y Jaime Díaz Gavier, leyó la sentencia. Rechazó pedidos de nulidades e incompetencias y declaró que “los hechos tratados constituyen delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado”. Declaró a Menéndez coautor mediato de los secuestros y los homicidios, agravados por alevosía, por la participación de más de dos personas y, en el caso de Murias, también por ensañamiento. Las mismas figuras aplicaron a Estrella y a Vera. Para sorpresa de querellantes y fiscales, el tribunal los absolvió por el delito de tormentos. Los jueces ordenaron revocar el arresto domiciliario (en la causa) de Menéndez, que seguirá en el penal de Ezeiza, y ordenó el alojamiento de Estrella y Vera en una cárcel provincial. También ordenaron enviar a primera instancia las pruebas sobre la participación del ex alférez Ricardo Pessetta, con falta de mérito pese a las pruebas de su actuación en la inteligencia previa a los secuestros, y del policía Juan Carlos Romero, que tiene arresto domiciliario por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, por el que será juzgado en 2013.

“Se ha hecho justicia”, admitió a la salida del tribunal el obispo Rodríguez, según informó la FM Fénix. “Espero que Carlos y Gabriel puedan descansar en paz y que se encauce el camino de justicia y verdad para el asesinato del obispo Angelelli”, dijo la senadora Teresita Luna. “Hay muchos compañeros que ya no están y que me hubiera gustado que estuvieran para compartir este momento de justicia”, agregó. “Recuperamos la fe en la Justicia”, afirmó la senadora Hilda Aguirre de Soria. “Era lo que se pedía. Estamos muy contentos. Ahora nos queda el juicio por el asesinato de Angelelli. Hoy es un día de profunda emoción”, confesó.

Fuente: Pagina12

LUIS BRUSCHTEIN: Recusados

Por Luis Bruschtein

Los fallos del juez neoyorquino Thomas Griesa y el de la Cámara Civil y Comercial están cortados por la misma tijera. Una tijera que mostró el filo en el comunicado que hicieron conocer las asociaciones de magistrados como marco previo a las concesiones que se le hicieron al Grupo Clarín.

El fallo de la Cámara Civil y Comercial fue más allá de lo que esperaba la Corte y le dio a la megaempresa todo lo que exigía. Y lo mismo sucedió con Griesa que concedió a los fondos buitre todo lo que exigían. El filo de la ideología dura de esos fallos es que en ambos se ignoran los argumentos del Estado nacional. Sólo aparecen como sujetos de derecho las grandes empresas, la propiedad privada se convierte en el único principio a defender frente al interés público o el bien común que son despreciados o sólo tomados en cuenta como posible amenaza a los negocios. La concepción neoliberal de la economía y de la política toma cuerpo en la Justicia a través de estos fallos y sus consecuencias.

Una cosa lleva a la otra, porque por sobre todo aparece así la deformidad de una Justicia sometida a poderes fácticos. Una figura que ya era juzgada con ironía y desprecio en las letras criollas del siglo XIX y que nunca termina de ser superada.

La declaración de los magistrados que circuló en defensa de los jueces recusados por el Gobierno habla desde un pedestal que la Justicia argentina todavía no se ha ganado y que no lo hará en la medida en que permita actitudes falderas con los poderes fácticos.

Si hay algo de lo que podría estar orgulloso el ámbito de la Justicia argentina sería de los juicios a los viejos represores. Sin embargo, en su seno hubo más obstrucciones que respaldos a los reclamos de la sociedad durante más de 20 años para que fueran juzgadas las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Hay jueces meritorios en esa trayectoria, pero lo real es que los juicios finalmente sólo pudieron efectuarse por la decisión que se planteó desde el poder político. El texto de defensa corporativa que hicieron circular los magistrados el jueves de esta semana, poco antes de que se conociera el fallo de la Cámara Civil y Comercial, es muy similar a los ataques de la corporación judicial contra Néstor Kirchner cuando el ex presidente expresaba su indignación por la demora de los juicios.

Cada vez que Kirchner se pronunciaba en ese sentido, había jueces y abogados que le saltaban a la yugular. Decían que era una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. “Avasallar”, “ignorar”, “pisotear”, todo eso decían que hacía Kirchner cuando criticaba a la Justicia por esas demoras. La Cámara de Casación llegó a frenar más de 190 causas, algunas de ellas por tres años. Cínicamente, el ex titular de ese tribunal, Alfredo Bisordi, y el ex fiscal Romero Victorica responsabilizaron a los familiares de los desaparecidos por esos retrasos, lo que motivó una reacción furibunda de los organismos de derechos humanos y más críticas públicas del entonces presidente. Al final, Bisordi fue obligado a renunciar para no llegar al juicio político que se le empezaba a plantear en la Magistratura. Al poco tiempo renunció Romero Victorica. Bisordi se dedicó entonces a defender a represores como Luis Patti ya sin ocultar su absoluta parcialidad ideológica, que demostró que las presiones de Kirchner estaban justificadas y sirvieron para depurar el Poder Judicial.

Cuando renunció, nadie salió en defensa de Bisordi porque el ciclo de las dictaduras ya estaba lejano y anacrónico. Pero lo defendieron durante la disputa. Y, en todo caso, no fue desde el seno de la Justicia que se impulsó su alejamiento.

Así un tribunal, subordinado a un poder fáctico como fue durante décadas la corporación militar, obstaculizó durante años los juicios a los represores y cuando se lo cuestionaba surgía a coro la defensa de la corporación judicial. Igual que sucede ahora en relación con una causa que involucra a otro poder fáctico, como es el poder económico, en este caso el Grupo Clarín.

Cuando los jueces defienden a algunos de sus colegas que han sido recusados por participar en actividades de lobby de esa gran empresa, tienen que asumir también su propia responsabilidad por la imagen de la institución que integran. La acusación fue muy concreta. Y además se producía después de que habían salido a la luz las maniobras del juez Ricardo Recondo que, como miembro de la Magistratura, frenaba el proceso natural para la designación de jueces, y aprovechaba entonces, como integrante de la Cámara Civil y Comercial, para elegirlos a dedo. A favor de Clarín o en contra de la ley de medios, las acciones de Recondo pusieron bajo la lupa a todos los jueces que tenían que actuar en relación con esa causa. Y de allí surgieron las recusaciones. Certal es una institución creada para realizar actividades de lobby a favor de las empresas de medios de comunicación. La hija del juez Recondo está a cargo de la parte argentina, donde tienen preeminencia los directores que provienen del multimedia local. En su declaración de principios, Certal dice que se dedica a esclarecer sobre la libertad de expresión en el continente. Obviamente nunca reconocerá que se trata del lobby empresario del sector, algo que es difícil de ocultar por su composición, por su financiamiento y por el tipo de actividades que realiza. La empresa puede organizar todo el lobby que se le ocurra. Pero los jueces tienen que cuidar su investidura y no mezclarse en estas actividades que involucran a una de las partes en litigio.

En función de esa estrategia, el Grupo Clarín, a través de sus múltiples negocios, también trabaja con gran cantidad de abogados de los principales estudios porteños. Esto genera vínculos familiares con funcionarios judiciales, lo cual también enturbia sus desempeños en causas ligadas con las empresas del grupo. El Estado usó este argumento para recusar a la jueza Graciela Medina. Finalmente la Cámara integrada por los jueces recusados pareció confirmar la veracidad de todas las recusaciones al emitir un fallo tan desequilibrado a favor de la megaempresa, una decisión tan desprolija que debería provocar la intervención de la Corte.

El fallo de la Cámara sirvió para demostrar, en todo caso, que el Estado no tiene influencia sobre la Justicia y que no puede decirse lo mismo del Grupo Clarín. O sea que la independencia de los jueces tiene más que ver con los poderes fácticos que con el Estado.

El Gobierno tiene un frente de tormenta muy fuerte con grandes corporaciones. Por un lado, está este litigio con el Grupo Clarín por la aplicación de la ley de medios que ya lleva tres años frenada por chicanas y cautelares. Por el otro lado, todavía está pendiente el fallo de la Cámara de Nueva York por los fondos buitre. Y de la misma manera aguarda otro fallo del Tribunal del Mar por el embargo de la Fragata Libertad.

Este escenario se completa con una fuerte puja con las grandes potencias por el proteccionismo aduanero. El Gobierno denunció ante la Organización Mundial de Comercio a los Estados Unidos y a la Unión Europea por impedir el ingreso de productos argentinos. En la contraofensiva, Estados Unidos y la Unión Europea se pusieron de acuerdo para presentar a su vez una denuncia contra Argentina por prácticas proteccionistas. Son los efectos de la crisis. Si el Gobierno afloja en alguno de los dos sentidos, el desempleo aumentaría vertiginosamente. Son situaciones ríspidas provocadas por la crisis en las economías centrales que buscan de cualquier manera exportar esa crisis a la periferia. Brasil afrontó el asedio con medidas similares a las de Argentina.

En el plano interno, las grandes corporaciones que actúan contra el Gobierno junto con la presión de las grandes potencias encontraron aliados de hecho aparentemente insólitos en los sindicalistas Pablo Micheli, del ala opositora de la CTA, la CGT de Hugo Moyano y la CGT de Luis Barrionuevo, que anunciaron una movilización contra el Gobierno para el 19 de diciembre, una fecha que rememora la rebelión de 2001, en la que no participó ninguna de esas fuerzas. En este juego de equívocos, se supone que es un sector gremial que se expresa en forma combativa, pero en su afán opositor termina por alinearse de hecho junto a fuerzas que siempre han sostenido gobiernos contrarios a los trabajadores. Con un discurso contra las corporaciones, movilizan para desgastar a un gobierno que está en medio de una fuerte confrontación con ellas. Desde el Gobierno repiten el dicho: “Hablar es gratis, lo que vale es lo que se hace”. En este sentido, las luces de alarma están prendidas en el oficialismo y no por esta movilización, sino por la posibilidad de un esquema desestabilizador más amplio.

Algunos dirigentes del kirchnerismo prevén un verano agitado en el que se definirán las pujas con el Grupo Clarín y con los fondos buitre mientras la crisis mantiene una fuerte presión sobre la economía y temen que ese cuadro pueda ser aprovechado para generar situaciones de desestabilización.

Fuente: Pagina12

jueves, 6 de diciembre de 2012

H.I.J.O.S.: REPUDIAMOS EL INTENTO DE REINSTALAR LA TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS

Repudiamos la media sanción que la Cámara de Diputados de la Nación le diera la semana pasada a la ley de reparación económica para las víctimas del ataque al Regimiento de Infantería de Monte N° 29 "Coronel Ignacio Warnes", ocurrido en la Provincia de Formosa el 5 de octubre de 1975. 

No podemos permitir que desde la Cámara que representa a nuestro pueblo se sancionen estas leyes que retroceden en el camino andado e intenten restablecer la Teoría de los Dos Demonios. Esta ley pretende igualar el accionar de las organizaciones armadas con el plan sistemático de terror, persecución y exterminio implementado desde el Estado, poniendo en pie de igualdad el ataque a un regimiento con los más aberrantes delitos que ha sufrido nuestro pueblo. El verdadero espíritu de esta ley está expresado en sus fundamentos, que de tan vergonzantes que son fueron excluidos deliberadamente del texto puesto a votación, y que sin pudor equiparan el monto y la naturaleza de esta indemnización con lo establecido en la reparación destinada a las víctimas del Terrorismo de Estado. 

Entendemos este hecho como un retroceso en el proceso histórico de justicia, con la gravedad de ser un paso atrás dado por el Estado. 

Los juicios a genocidas cuentan con un amplio consenso social. Son una victoria del pueblo, que nunca bajó los brazos y fue perseverante en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Este proceso histórico de justicia ya es ejemplo en el mundo y eso es algo imborrable. Por eso, no vamos a permitir ni un paso atrás: repudiamos cualquier intento de volver a instalar una demonización sobre los desaparecidos. Además, entendemos que no es competencia del Estado este pedido de indemnización, ya que el Estado debe resarcir delitos cometidos por el mismo. 

Exhortamos a los Senadores de la Nación a que actúen de acuerdo al mandato popular y no den lugar a retrocesos de este tipo. Llamamos a todos aquellos que se sientan comprometidos con el resguardo y la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia a manifestar su más enérgico repudio a esta ley y seguir acompañando los juicios por delitos de lesa humanidad, en los que están siendo juzgados y condenados los asesinos de nuestro pueblo. 


H.I.J.O.S Capital 
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

martes, 4 de diciembre de 2012

COLECTIVO TEOLOGIA DE LA LIBERACION: Los obispos suman rechazos

Por Washington Uranga

El documento emitido la semana anterior por la jerarquía católica y que expresa la particular mirada de los obispos sobre la situación del país sigue generando manifestaciones de desacuerdo en el seno de la propia feligresía católica. Ahora el llamado Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisegeier (en recuerdo de un sacerdote jesuita recientemente fallecido y de gran compromiso popular) sostiene que “no nos sorprende el contenido del documento”, pero “lo importante es que esta vez, al hacerlo público a un mes antes de la Navidad, y a una semana del 7D, marca claramente su alineamiento del lado de los poderosos”. Y agregan que “las declaraciones allí vertidas se parecen más a una editorial de Clarín que a un escrito de testigos del Evangelio”.

El pronunciamiento, titulado “Del lado de los poderosos... como siempre”, lleva la firma, entre otros, de Rubén Dri, Adriana Fernández, Antonio Puigjané, Graciela Daleo, Alejo García, Rafael Villegas, Graciela Vanzan, Marianela García, Paula Blaskley y el coordinador del grupo, Tony Fenoy.

En otra parte del texto se señala que “cada postura tomada en este documento (episcopal) niega una buena noticia generada en estos diez años: la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario, la ley de medios, los juicios a los genocidas por delitos de lesa humanidad, la creación de puestos de trabajo, el ingreso de miles de jóvenes a la política, la unidad latinoamericana y muchas más”.

Dicen también estos cristianos que “aunque reconocemos que faltan muchas cosas y que vemos contradicciones profundas en el llamado modelo, creemos que hemos avanzado y vamos por el buen camino”, agregando que “el conflicto es parte del crecimiento personal y social. Es el motor de la historia. No hay que tenerle miedo. La cuestión es cómo nos posicionamos frente al mismo: si desde los postergados y marginados o desde los opresores de siempre”.

En coincidencia con lo señalado días atrás por los Curas en la Opción por los Pobres, el Colectivo de Teología de la Liberación afirma que “los obispos hablan de diálogo y amistad social, que no es más que el falso consenso que favorece a los que más tienen” porque “siempre es necesario un Estado que funcione como igualador de la sociedad, en donde los que más tienen aporten más para redistribuir la riqueza”. Y critican que los miembros de la jerarquía católica hablen nuevamente de reconciliación “sin unirla a la justicia, negando la posibilidad de la verdad, fundamental para la construcción de una sociedad liberada. ¿Cómo pueden hablar de reconciliación cuando siguen sin pedir perdón por su actuación cómplice con la dictadura y no abren definitivamente los archivos del episcopado?”, sostienen avalando también un pedido hecho en días pasados por los Cristianos para el Tercer Milenio.

Según los firmantes, “este documento deja al desnudo lo que siempre fue, salvo las pequeñas excepciones, el episcopado argentino. Sienten que pierden poder y atacan enceguecidos como en una nueva cruzada en defensa de una identidad nacional con la que no tienen nada que ver”. Por eso, sostienen, los obispos quedan “totalmente alejados del sentir de nuestro pueblo más pobre... y en la vereda de enfrente del proyecto de Jesús”. Y rematan señalando que “no nos sorprende. Es lo que hicieron siempre, durante la dictadura y hoy también”.

Fuente: Pagina12

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