viernes, 30 de septiembre de 2011

CASO LABOLITA: La condena del coronel

Carlos Alberto Labolita, compañero de Nestor Kirchner
Por Diego Martínez

Luego de 35 años de impunidad, incluidos 27 meses de changüí por cortesía de los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, el coronel retirado Alejandro Duret fue condenado a quince años de prisión por secuestrar, torturar y asesinar a Carlos Alberto Labolita, ex militante de la Juventud Peronista. Se trata de la primera sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad de la Cámara Nacional de Casación Penal, que revocó la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, cinco días después de la derrota electoral del kirchnerismo a mediados de 2009. Hasta anoche no había novedades sobre el paradero del militar.

La absolución del ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, donde transcurrió el cautiverio de Labolita, fue celebrada hace dos años por represores y cómplices como el comienzo del fin de los procesos por delitos de lesa humanidad. Las pruebas contra Duret eran contundentes. El 27 de abril de 1976 recibió a Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron una constancia de la entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto la noche del golpe de Estado cuando secuestraron a su esposo y a quien identificó luego como Duret, dato que confirmó durante un careo en 1985.

Pero nada logró conmover a Esmoris y Jarazo, que en línea con los argumentos del abogado Gerardo Ibáñez pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor del regimiento, desacreditaron el relato de la madre de la víctima, que ya no estaba viva para ratificarlo, y prescindieron de los testimonios de los policías que entregaron a la víctima en Azul por considerarlos potenciales imputados. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribieron los fiscales Daniel Adler y Horacio Azzolín al apelar el fallo. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizaron.

El mes pasado, en una audiencia oral y pública ante la Sala IV de la Cámara de Casación, el fiscal Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron las incongruencias de la absolución y la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena del militar. La sala colmada del tribunal dejó en evidencia, aquel 9 de agosto, la expectativa que generaba el caso: no sólo estuvieron presentes los familiares y amigos de las víctimas de la dictadura en Las Flores, sino también la apologista del genocidio Cecilia Pando y un grupo de militares retirados.

La resolución de los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda trascendió el miércoles, pero recién ayer fue confirmada por fuentes judiciales, y hasta anoche no había sido difundida por la agencia de prensa del Poder Judicial. A la histórica condena de Casación se sumó ayer otra mala noticia para los nostálgicos de la capucha y para el abogado Ibáñez: la Cámara Federal, con votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex piloto naval Julio Alberto Poch por su participación en los vuelos de la muerte. “Los enjundiosos argumentos” de Ibáñez, apuntaron los camaristas, “no han logrado desvirtuar el cuadro cargoso” contra el marino.

Fuente: Pagina12

miércoles, 28 de septiembre de 2011

A 45 AÑOS DEL OPERATIVO CONDOR

A la derecha, Alejandro Giovenco, luego matón de la Triple A.
El jefe del operativo fue Dardo Cabo, miembro de Montoneros, (izquierda en la foto) desaparecido en la dictadura militar. Participó entre otros Alejandro Giovenco, quien muriera en 1975,  al explotarle una bomba en Sarmiento  y Uruguay, destinada a un local de la Juventud Peronista. Había integrado la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Triple A de López Rega e Isabel.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) homenajeó hoy a los integrantes del Operativo Cóndor, que 45 años atrás desviaron un avión hacia las Islas Malvinas e izaron el pabellón nacional en el archipiélago usurpado en 1833 por Gran Bretaña. 

El operativo Cóndor, que se cumplió el 28 de septiembre de 1966, fue organizado por jóvenes trabajadores metalúrgicos y contó con la anuencia y colaboración logística de la UOM, que era conducida por Augusto Timoteo Vandor.

Tras viajar como pasajeros con destino a Río Gallegos, 18 de ellos hicieron que el vuelo de Aerolíneas Argentinas se desviara hacia las Islas Malvinas, donde tras un accidentado aterrizaje descendieron y realizaron un acto reivindicando la soberanía nacional.

 
El acto recordatorio, al que asistieron nueve de los integrantes que aun viven y familiares de los que fallecieron, se llevó a cabo en la seccional Capital Federal de la UOM, presidido por el titular nacional del gremio, Antonio Caló. 


También asistieron los dirigentes sindicales Juan Belén, Naldo Brunelli, Carlos Gdansky, Enrique Salinas, Gerardo Charadía, Roberto Bonetti y Osvaldo Lobato, Alejandro Amor (municipales), Eduardo Berrozpe (bancarios) y Andrés Castillo (bancarios) y el empresario Julio Raele.

 
Tras una alocución de Roberto Bardini, periodista que está escribiendo la Historia del Operativo Cóndor, habló el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, César Trejo.

 
Por su parte, Caló recordó que "el de hoy es un día histórico para la UOM porque estamos realizando un homenaje que debimos hacer antes, a estos verdaderos héroes, que no tuvieron miedo y sí mucho coraje, para tomar un avión e ir a las Malvinas".

 
El sindicalista añadió "en el futuro cuando se escriba la historia argentina de los últimos años la UOM va a estar presente por muchos hechos, pero también va estar presente por la gesta que protagonizaron estos jóvenes del Operativo Cóndor".

 
La ceremonia finalizó con la entrega de placas recordatorias de la UOM, a los integrantes vivos de la gesta y a los familiares de los que fallecieron. (Télam) 

INSULTOS DE FAMILIARES DE GENOCIDAS AL JUEZ LORENZETTI

Un grupo de hijos, nietos y familiares de represores comenzó a increparlo desde las butacas en el momento en que decía que la “experiencia argentina” en los juicios por crímenes de lesa humanidad es “incomparable a nivel mundial”. “Acá no hay debido proceso”, le gritaban algunos jóvenes, desde el ala derecha del Aula Magna de la Facultad de Derecho. “Basta con los setenta”, tronó otra voz en medio de la sala. Lorenzetti no se detuvo, les pidió “tolerancia”, dijo que los escucharía, y repitió cada vez con más vigor una, dos, tres, cuatro veces: “No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad”. Más tarde advirtió que “el totalitarismo es una maquinaria que no descansa”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo reivindicó la actitud del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien luego de ser insultado por familiares de represores detenidos por violaciones a los derechos humanos confirmó que "no se va a retroceder en los juicios de lesa humanidad". Carlotto destacó, además, que el magistrado integra "una Corte independiente, con personas muy probas en esa última instancia judicial".

"Fue bastante sorpresivo, nos dio mucho pudor ver cómo lo insultaban a Lorenzetti", expresó la dirigente, al lamentar el "escrache" que sufrió ayer Lorenzetti por parte de integrantes de la denominada "Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos", mientras presentaba su libro "Derechos Humanos: justicia y reparación", un puñado de manifestantes lo interrumpió al grito de "¡no se respetan los derechos humanos, mentiroso!", y demás insultos.
Carlotto comentó que muchos de quienes participaban del acontecimiento, desarrollado en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, "esperaban ver a la señora (Cecilia) Pando" entre los agresores, en alusión a la esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado, una notoria activista pro dictadura.

Además, la titular del organismo de derechos humanos destacó la actitud del público que fue "muy contundente, sobre todo cuando Lorenzetti reiteraba que se va a seguir (con los juicios) y que no habrá retroceso, lo cual es muy importante que lo diga quien lidera la Corte Suprema de Justicia".

"Acá hay un pueblo, no sólo los organismos de derechos humanos, que acompaña en esto de que no hay que olvidar y dejar las cosas bien claritas para que no se repitan", concluyó Carlotto.


martes, 27 de septiembre de 2011

MARTIN BALZA: “No fueron uno ni cinco, hubo un método”

Por teleconferencia, el actual embajador en Colombia dijo que “si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado”. Las querellas calificaron como “muy importante” su testimonio.

Por Alejandra Dandan
Martín Balza dijo casi obsesivamente, todas las veces que pudo, que no estuvo en el país en los años más duros de la dictadura militar. Que luego, a comienzos del ’78, llegó para dedicarse a la enseñanza. La jueza María del Carmen Roqueta le dijo que eso ya lo había dicho y lo alentó a seguir adelante. La declaración del ex jefe del Ejército en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés fue “muy importante”, política y simbólicamente, para las querellas de los organismos de derechos humanos. Alguien de su estatura política acababa de reconocer en medio del juicio la existencia de un plan “sistemático” de apropiación de menores.
“Hoy lo respondo con más convicción”, dijo el ahora embajador en Colombia. “No tengo ninguna duda de que hubo una sistematización en este caso: si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado. No fueron dos, ni cinco ni catorce: se está hablando de más de cien niños recuperados, de personas nacidas en cautiverio, creo que se debió no a una única decisión, la decisión existió en el proceder.”
Balza declaró por videoconferencia conectado a la sala de los Tribunales de Retiro. A pedido de la fiscalía volvió a hablar de un documento reservado del Ejército que él encontró en 1995 y disponía la incineración de archivos de la represión. Hizo especial hincapié en el proceso por el que se dio cuenta de las condiciones sistemáticas de la sustracción de niños, en una lógica que lo enfrentó con las defensas. Atentos a ese punto, corazón probatorio de la causa, los abogados apelaron a viejas declaraciones en busca de contradicciones. La abogada Alcira Ríos se quejó ante el Tribunal por esa suerte de exigencia de escaner de la memoria a más de veinte años de algunas de sus primeras palabras. Balza precisó el peso de las “órdenes verbales”. Y al final, amparado en un gesto del fiscal Martín Niklison, abandonó los cuidados personales para sumarse al escenario de las víctimas: “He recibido muchísimas, muchísimas amenazas de las que puedo dar cuenta”, dijo. Llamados anónimos. La expulsión del Círculo Militar. Y en 2003 una amenaza directa nada menos que de Pascual Oscar Guerrieri, ex jefe del Batallón 601, jefe del centro clandestino Quinta de Funes, antiguo compañero de promoción de Balza e imputado en otro juicio: “Hasta en el balcón de mi casa me tiraron un artefacto similar a una bomba, pero no me sorprende: en el caso mío fueron amenazas, en otro momento no eran solo amenazas” (ver aparte).

La quema de documentos

Balza declaró largo para la lógica del Tribunal Oral Federal 6. Habló más de tres horas, con momentos de tensión provocados por cruces entre defensores y querellas. En el comienzo, Niklison lo llevó a una clave: el hallazgo del documento reservado con una orden de Cristino Nicolaides, a pocos días de la asunción de Raúl Alfonsín, con la consigna de quemar documentos. Balza nunca encontró esos documentos. Pero la maquinaria burocrática del Ejército dejó rastros suficientes de la orden porque al menos ese papel no se destruyó.
“Recuerdo bien señor fiscal –dijo el embajador– que en un mensaje institucional del día 25 de abril de 1995 yo insistía en que aquel que tuviera algún conocimiento relacionado con listas o documentos las hiciera llegar, que yo tomaba la responsabilidad de entregar todo a la Justicia.” Y dijo: “Estábamos en plena vigencia de los indultos, pero tomé conocimiento de un solo documento: una orden militar impartida por el entonces comandante en jefe del Ejército, firmada por la segunda autoridad, el general Calvi”.
Una pantalla mostró el documento ampliado a la sala. La orden se daba mientras Reynaldo Bignone repetía lo mismo desde el Ejecutivo para todas las Fuerzas Armadas. “Eran muy amigos”, explicó Balza. “En mi opinión quien lo pone de presidente a Bignone es Nicolaides y me parece que este tema de las listas, como dijo Bignone en un libro, es un acuerdo entre los dos: no se desconocía la intención clara de borrar el acervo histórico de la institución y también del país.” O, como lo dijo antes: “Para tratar de borrar la memoria histórica”.
Quién dijo qué y cómo fue esa orden al parecer quedó escrito en un libro del propio Balza del que dio cuenta en la audiencia. Ahí refiere, a su vez, a un libro de Bignone y el acuerdo con las otras Fuerzas para no presentar listas: “Lo afirmó Bignone en su libro”, dijo Balza. “Y dijeron que no iban a dar esas listas porque si no venían preguntas de quién los mató, dónde están.”

Robo de bebés

El juicio no intenta probar casos aislados de robos de niños, sino la trama de sistematicidad. En ese sentido, el testimonio de Balza fue importante para las querellas. Citó como punto de origen un llamado del juez Adolfo Bagnasco que en el año 2000 lo llamó como testigo en una causa. En el despacho le pidió que leyera documentación de Inteligencia. “Leí la declaración de médicos, enfermeras, de personas, después de todo lo que leí le dije al juez que eso respondía a una sistematización: un plan no necesita de una orden escrita, tiene la misma validez una orden escrita o una orden verbal.” Y consultado en ese punto por el abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el peso de órdenes que sin papeles parecen fantasmas imposibles de probar y argumentos de los que se vale la defensa para decir, por estos días, que si hay órdenes muestren los papeles, Balza homologó uno y otro tipo de mandato y dijo que, por ejemplo, en Malvinas, las órdenes verbales tuvieron el mismo peso que las escritas.
“De todo lo que leí había una sistematización –insistió– y si mal no recuerdo no había un número, pero eran varias parturientas que entraban al Hospital (de Campo de Mayo) con una guardia: la norma es que todo lo que entra y sale tiene que estar registrado en libros, en este caso no se anotaba ni el vehículo. Por lo menos nunca tomé conocimiento de los registros. Tendrían que estar quienes entraban ahí. Quién conducía: nada de eso constaba. Las parturientas eran atendidas en un lugar como Epidemiología: y yo no soy experto en la materia, pero no era el lugar para atender embarazadas.”
Balza estuvo en Campo de Mayo entre enero y septiembre de 1978, a su regreso de Perú. Enseñó artillería para una guerra “convencional”, insistió y dijo que era porque en ese momento había quedado planteada la hipótesis de guerra con Chile. Y la necesidad de una guerra “convencional” y “no de la otra”, explicó. En Campo de Mayo, supo que había un “lugar de reunión de detenidos”, el eufemismo con el que se hablaba de los centros clandestinos. Explicó que el lugar tenía acceso restringido, que estaba en medio del predio, pero también dijo que nunca lo vio. Los abogados de Abuelas buscaron hacerle explicar un nuevo dato: la relación entre el Hospital Militar y el Comando de Sanidad. Los abogados de Omar Riveros dicen que como el Hospital dependía del Comando de Sanidad, Riveros no tuvo incidencia en ese espacio. “Balza dijo que la relación entre el hospital y el comando existía en cuestiones médicas, pero no operativas –dijo Iud–: con lo que dio a entender que se estaba refiriendo a lo que planteó como irregularidades.”

“Menudeces”de Rivero

Para 1999 estaban vigentes los indultos y ése fue el último año en el que Balza permaneció como jefe del Ejército. Dijo que no pudo convocar a Cristino Nicolaides porque, “no tenía atribuciones de hacer una pregunta como ésa”. De todos modos, en medio de la revisión que buscaba, sí convocó “al general Omar Riveros” para preguntarle: “Que tuviera a bien decirme dónde estaba el cadáver de (Roberto) Santucho y de (Benito) Urteaga, que yo asumía la responsabilidad de decírselo a la Justicia para satisfacer los requerimientos comprensibles de las familias”. Por supuesto que la contestación fue que no sabía nada, dijo Balza. “Que él no estaba en esas menudeces, repito lo que dijo, que no creí, pero no tenía facultades para obrar de otra forma.”

Las amenazas de Guerrieri

Después de preguntas y repreguntas, la declaración llegaba al final. El fiscal Martín Niklison le preguntó a Martín Balza si desde aquella autocrítica que había hecho en nombre del Ejército, recibió alguna amenaza o terminó afectado de alguna manera. Balza dijo que sí. Y en medio del derrotero detalló cómo en 2003 Pascual Oscar Guerrieri, a quien recordó como “viejo compañero de promoción”, lo amenazó a través de un coronel amigo: “Habíamos sido compañeros de promoción y me mandó decir que vamos a matar a tu hermanita, a tu padre, todo eso”. Guerrieri es ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y ex jefe de la Quinta de Funes, centro clandestino de la ciudad de Rosario por el que está siendo juzgado en este momento. Pero no fue del único que habló. “Lamentablemente, ya no está mi esposa, pero las amenazas las sufrieron ella y mis hijos”, explicó el embajador. Recordó al general Gerardo Díaz Bessone, “un general del Proceso que mediante una maniobra burda y mentirosa hasta hizo que me expulsaran del Círculo Militar, que no es una institución del Ejército. Recibí llamadas telefónicas con amenazas a toda mi familia en las que me acusaban de traidor”.

Fuente: Pagina12

lunes, 26 de septiembre de 2011

NACIONES UNIDAS: VIOLACION DE UNA ADOLESCENTE QOM

Susana Chiarotti
Por Mariana Carbajal
 
Cuando tenía 15 años, L.N.P., una adolescente de la etnia qom de un pequeño pueblo chaqueño del Impenetrable, fue violada por tres jóvenes “criollos” del lugar. A pesar de que la amenazaron para que se callara, ella hizo la denuncia. Pero la delegación policial local demoró en tomarla y la envió luego a un centro sanitario donde sufrió severos malos tratos. Durante el proceso judicial, se investigó especialmente su experiencia sexual previa. Y tomando como uno de los fundamentos que la chica no era virgen al momento del ataque, un tribunal de la ciudad Presidente Roque Sáenz Peña absolvió a los acusados, en una causa plagada de prejuicios de género y discriminación racial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de dictaminar que en ese caso se violaron los derechos humanos de la joven. Y le indicó al Estado argentino y en particular al gobierno de Chaco que tienen la obligación de implementar medidas para que no se repitan atropellos similares, en particular, asegurar el acceso de las víctimas de violencia, incluidas las agresiones sexuales, a los tribunales en condiciones de igualdad.

“Entre las reparaciones hemos exigido capacitación en género al Poder Judicial; creación de servicios de atención a víctimas de violencia con personal capacitado, y otras medidas. Algunas se han implementado pero de manera parcial y acotada mayormente a la ciudad de Buenos Aires. Pero este es un país federal, con 24 provincias y todas las mujeres tienen derecho a disfrutar de esos servicios”, explicó a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, directora de Insgenar, una de las entidades que acompañaron a L.N.P. en su demanda ante el Comité de la ONU. La denuncia fue presentada en 2007, tal como informó oportunamente este diario. El CDH es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Parte.

La muchacha pertenece a una familia qom muy pobre, que vive de la fabricación artesanal y venta de canastos. En el dictamen, el CDH analiza en profundidad cada derecho violado por el sistema judicial durante la investigación del hecho denunciado por la adolescente y los estereotipos utilizados en el proceso. “Nombrar los estereotipos es importante para identificarlos y erradicarlos”, destacó Chiarotti.

Después de ser violada, la adolescente concurrió sola, con la ropa manchada de sangre, a la comisaría del pueblo a realizar la denuncia. La hicieron esperar alrededor de tres horas de pie y llorando. Hasta que la derivaron a un puesto sanitario donde tuvo que esperar varias horas más hasta ser atendida. La chica contó que el médico le hizo “tacto sobre la herida, lo que le produjo intenso dolor” y luego le revisaron la vagina, cuando había denunciado que la penetración había sido anal. El CDH dictaminó que la espera extensa en la policía y en el centro de salud, y la manera en que fue revisada por el médico forense, constituyen “trato cruel, inhumano y degradante”. Además, cuestionó que la sentencia de la Cámara en lo Penal de Presidente Roque Sáenz Peña –que absolvió a los acusados– centró su análisis del caso en la vida sexual de la víctima y en determinar si era o no “prostituta” y usó como argumento que no era virgen para establecer su consentimiento al acto sexual.

En ese sentido, el CDH aclaró que está prohibido investigar la experiencia sexual previa de una mujer en un caso de violencia de género, especialmente de violación, porque, entre otros aspectos, atenta contra su intimidad y vida privada, subrayó Chiarotti.

El ataque sexual que sufrió L.N.P. ocurrió el 3 de octubre de 2003 en la localidad de El Espinillo, a 400 kilómetros de Resistencia. Los tres “criollos” la amenazaron para que no los denunciara. No era la primera vez que ocurrían hechos similares con chicas y mujeres tobas violadas por hombres “criollos”, pero habitualmente se silenciaban y quedaban también impunes “por la prevalencia de una mentalidad racista”, señalaron los representantes legales de la joven en su demanda ante la ONU. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción con sede en la ciudad de Castelli, a unos 80 kilómetros del pueblito donde vivía L.N.P. El juicio lo llevó adelante la Cámara en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a unos 250 kilómetros de la casa de la muchacha. Aunque se probó el acceso carnal por la fuerza, los tres acusados terminaron absueltos en 2004. En el fallo, los jueces de la Cámara consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”. Las heridas sufridas por la víctima fueron atribuidas por los camaristas al “ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica, que fue reconocida por el autor y constatada por el médico, que suele producir mayor desenfreno”. La familia de L.N.P. nunca fue notificada. Y recién se enteró dos años más tarde.

Mientras se tramitaba la denuncia en la ONU, las entidades demandantes comenzaron a negociar con el gobierno de Chaco una serie de medidas reparatorias por el daño sufrido por L.N.P. La mayoría se cumplieron, entre ellas, una indemnización de 53 mil dólares, una pensión vitalicia, y una vivienda. Además, el 23 de abril de 2009, el gobierno chaqueño, en un acto público sin precedentes, le pidió perdón a la joven. A nivel nacional, una de las medidas reclamadas por las entidades también se cumplió: la sanción de una Ley Nacional Integral sobre Violencia contra las Mujeres, que aprobó el Congreso en 2009 y fue reglamentada por un decreto presidencial en 2010. Pero queda pendiente la implementación de medidas en todo el país para que ninguna otra mujer pase por una situación similar al denunciar una violación. El CDH le dio 180 días al Estado para cumplir con ese compromiso.

Fuente: Pagina12

domingo, 25 de septiembre de 2011

COMPLICIDAD JUDICIAL EN LA DICTADURA: El pacto roto

Un juez destituido, un fiscal que renuncia para que no lo echen, procesamientos confirmados y un camarista que se escapa como un fugitivo: este año empezaron a cobrar forma las investigaciones sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura.

Por Irina Hauser

Primero vino la destitución del camarista mendocino Luis Miret, el que a un ex detenido le dijo la frase memorable “hay que aguantar”, tras una sesión de tortura. Le siguió una denuncia contra el juez de Casación Gustavo Mitchell hecha por el tribunal que juzga la apropiación de hijos de desaparecidos, el mismo que a los pocos días hizo abrir una causa contra el entonces fiscal Juan Martín Romero Victorica. En La Rioja fue detenido el ex juez Roberto Catalán; en Rosario, la Cámara confirmó el procesamiento del ex juez de menores Luis María Vera Candioti y ordenó reabrir causas contra otros dos. Fue anulado el sobreseimiento del ex camarista de Salta Ricardo Lona, y al final llegó otro mendocino, Otilio Romano, o mejor dicho se fue –a Chile– para eludir ser juzgado por 103 crímenes de lesa humanidad y evitar presenciar su juicio político. Hay más, y todo ocurrió en lo que va de este año. Como si se hubiera roto algo, algún pacto que los amparaba. La complicidad de jueces, secretarios y fiscales con la maquinaria del terrorismo de Estado durante la última dictadura y también con posterioridad devino uno de los grandes temas en tribunales. O un gran desafío, que tardó en pasar filtros y de todos modos aún debe capear ciertas resistencias corporativas residuales.

El día que Victoria Montenegro se sentó ante el Tribunal Oral Federal N0 6 (TOF6) y decidió contar lo que se había guardado durante una década, abrió un mundo. Repasó su historia personal de manera lisa y llana, entre lágrimas, y dijo que estaba marcada por un poderoso fiscal de la Cámara de Casación que había hecho de todo por ayudar a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, cuando era investigado por la Justicia. Reveló que le anticipaba información y llegó a ponerle abogados cuando lo detuvieron. Aseguró incluso que sabía que había sido el propio Tetzlaff quien mató a sus padres en 1976. Victoria, la nieta recuperada número 78, repitió y amplió su relato en la radio y la televisión. Quizá sin planearlo, conmovió a miles de personas. Volvió cercano y palpable parte de ese enunciado que nombra a la complicidad civil con los crímenes de la última dictadura. Hablaba, además, de Romero Victorica, quien ese 25 de abril todavía ocupaba un despacho de fiscal de Casación Penal en el mismo edificio donde ella declaraba. Su testimonio derivó en una causa penal, a cargo del juez Norberto Oyarbide, a quien Romero Victorica ya le fue a pedir el sobreseimiento, y dio lugar a la apertura de su juicio político en la Procuración General. Pero renunció antes de que lo expulsaran.

La actuación atribuida a Romero Victorica es una de las caras de la cooperación civil con el régimen dictatorial: la de quienes, ya en democracia, buscaron poner obstáculos para juzgar a los represores, o incluso a otros jueces, como garantes de su impunidad. El ex fiscal nunca disimuló su postura, pero no avanzaban los planteos en su contra.

Avances y resistencias

En la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violación a los Derechos Humanos de la Procuración contabilizan sesenta personas que tienen o tuvieron cargos en la Justicia que “se encuentran vinculadas con diferentes grados de responsabilidad” con delitos de lesa humanidad desde la época de la Triple A. Representan otra faceta de la “relación del Poder Judicial con la represión”: la de quienes desde los tribunales fueron funcionales, cómplices o garantes de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado mismo. Pablo Parenti, coordinador, dice que el avance de los juicios de derechos humanos fue haciendo lugar a “nuevas hipótesis que complementan las iniciales” o “aspectos que no aparecían como los más urgentes”, y que hay “más testimonios sobre el tema y análisis documentales de expedientes”. Además, dice, “para avanzar penalmente hay que vencer una resistencia que proviene de la propia administración de Justicia, que no siempre se explica por motivos ideológicos, sino también por lazos familiares o de amistad, identificación o pertenencia a la misma corporación; pero los juicios y el trabajo permanente van haciendo mella en estas resistencias”.

El testimonio de Victoria Montenegro tuvo otras consecuencias no tan perceptibles, pero existentes, como haber llenado de sentido a un hecho ocurrido un mes antes de su declaración, pero no tan difundido: la destitución del camarista mendocino Luis Miret. Los testimonios de ex detenidos que lo vieron durante su cautiverio fueron impactantes. Como el de León Glogowski, que contó que Miret lo vio torturado y con el labio roto y que él le denunció sin eco las golpizas y torturas que recibían los detenidos, incluso el ataque sexual sufrido por su novia de 17 años, a quien escuchaba gritar desde el calabozo vecino. Glogowski además recordó que con él se ensañaban por ser judío, y que el ex juez comentó: “¡También, con ese apellido!”. Su novia era Luz Faingold, a quien siendo menor de edad llevaron al D2, un centro de detención de adultos. Miret se negó a restituirla a sus padres y la mandó a un internado, contó ella ante los consejeros. Luz, además, es querellante en la causa penal en la que no sólo Miret fue procesado, por cerca de treinta casos de violaciones a los derechos humanos sino también el entonces fiscal, que en estos últimos días se hizo famoso tras fugarse a Chile justo un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para abrirle juicio político: Otilio Romano, también camarista en Mendoza.

Romano está procesado por 103 secuestros, desapariciones, torturas y robo de bienes de desaparecidos y camino a juicio oral. Su posible destitución elevaba las chances de que terminara preso al quedarse sin inmunidad de arresto. Por eso huyó, y pidió asilo político en el país vecino, que le dio ocho meses de visa mientras lo analiza. Lo único que podría precipitar todo es que un tribunal pida la detención sin esperar la destitución, un planteo que han hecho el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) mendocino y el fiscal Omar Palermo. El juez Walter Bento supeditó la captura al juicio político. Ahora deben decidir tres camaristas. El escándalo que implica la fuga de un juez de Cámara, acusado de delitos de lesa humanidad, bastó para que fuera tema en todos los medios.

Romano también fue visto por ex detenidos recorriendo centros clandestinos, incluso en La Plata. El abogado del MEDH Pablo Salinas suele explicar que “sin la actuación del fiscal, los represores no podían haber avanzado; porque no investigaba las torturas que le denunciaban; o porque les daba valor de cargo a testimonios obtenidos bajo tortura”.

El origen de la causa penal contra Romano, Miret y otros dos ex jueces es curioso: los organismos de derechos humanos se preguntaban por qué no avanzaban las causas contra represores en Mendoza, por qué los liberaban, y encontraron que el mayor escollo estaba en la Cámara, y ahí las víctimas empezaron a atar cabos, y a recordar quiénes habían sido estos jueces. Para Salinas el asunto no está saldado todavía, ya que el actual presidente de ese tribunal, Julio Petra Fernández, “es el mismo que votó el apartamiento del juez que había procesado a su amigo Romano y que luego del fallo salió a festejar con él, situación en la que fueron fotografiados”. Petra tiene también causas penales y el Consejo de la Magistratura lo citaría como sospechoso esta semana (ver aparte).

En La Rioja, en mayo fue detenido el ex juez Roberto Catalán, denunciado por el escritor Leopoldo Juan González. Después de su secuestro y detención en 1976, donde sufrió torturas y simulacros de fusilamento, Catalán se fue a tomarle declaración pero se negó a recibir sus denuncias sobre los tormentos en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141. “Esas cosas no tienen valor porque pasaron hace mucho tiempo”, le habría dicho. En Tucumán, fue indagado el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, por el asesinato de cinco militantes de Montoneros y por haber mandado a un detenido a un centro clandestino. Un sorprendente fallo reciente, de la Cámara de Casación, reabrió una causa contra el ex juez de Salta Ricardo Lona por el presunto encubrimiento del secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976. En Bahía Blanca, un tribunal oral ordenó detener este mes al abogado Hugo Sierra, que fue secretario del fallecido Guillermo Madueño, y fue acusado de participar en interrogatorios en centros clandestinos.

Los jueces y los niños

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, declaró en abril en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y contó una vieja anécdota, para algunos olvidada. En 1978 buscaba a su nieto, el bebé que había dado a luz su hija Laura durante su cautiverio, después de lo cual fue asesinada. Acudió a la Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de nacimiento podían coincidir. Pero ya la habían dado en guarda. El juez de Menores era el actual juez de Casación Gustavo Mitchell. Ella lo fue a ver, y recibió, contó, un mensaje a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Años más tarde, Carlotto supo que su nieto era varón, y todavía sueña con encontrarlo. El TOF6 denunció a Mitchell: ahora lo investiga Oyarbide, que ya había iniciado una causa contra él por la entrega del hijo de la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en 1976 en un operativo del Plan Cóndor. Su bebé, Simón, tenía sólo veinte días y el juez se lo dio en guarda al subcomisario Osvaldo Parodi, sospechado de estar vinculado con el secuestro de ella. Por estos días, el Consejo de la Magistratura decidió impulsar la investigación contra Mitchell y quien fuera su secretario, el actual juez José Martínez Sobrino. Pidió que den testimonio Carlotto, Méndez, la fundadora de Abuelas, María Isabel Chorobik de Mariani (primera en denunciar el caso), y la directora del programa de asistencia a testigos, Fabiana Rousseaux.

Oyarbide avanza lento. Una de sus medidas más fuertes fue incautar todos los expedientes de adopciones de la dictadura de los Juzgados de menores porteños. Un trabajo similar hizo otro juez en Lomas de Zamora, en el ex juzgado de la fallecida Delia Pons, que les decía a las Abuelas en la cara que no les devolvería a sus nietos. Son caminos para detectar casos de apropiaciones disfrazadas de legalidad. “En el 30 por ciento de los casos de apropiación de niños ya resueltos hubo procesos judiciales de adopción, muchos de los cuales no eran más que mecanismos de blanqueo del robo de bebés, con la complicidad de la Justicia”, dice Alan Iud, abogado de Abuelas. “Todavía hay mucho por avanzar en este terreno”, advirtió. Aunque hay fallos recientes que “son un punto de partida”: La decisión de la Cámara Federal de Rosario de reabrir la investigación contra Juan Carlos Marchetti, ex juez de Menores en la dictadura, y Delfín Castro, entonces juez civil, implicados en el proceso irregular de guarda y adopción de Manuel Gonçalves, quien recuperó su identidad en 1995, y de Paula Cortassa. La confirmación del procesamiento, la semana pasada y en el mismo tribunal, que dejó cerca del juicio oral al ex juez Luis María Vera Candioti por la supresión de la identidad de Carolina Guallane, única sobreviviente de una masacre donde murió toda su familia en 1977.

Fuente: Pagina12.

HORACIO VERBITSKY: La vergüenza de haber sido

Soria con el genocida nazi Priebke.
En las últimas elecciones provinciales previas a la presidencial, justicialistas y radicales disputan la gobernación de Río Negro con los colores nacionales de la presidente CFK. Uno de los candidatos, Carlos Soria, simboliza lo peor de la década menem-duhaldista, reciclado de ocasión. Su candidatura plantea cuáles son los límites de lo tolerable para el kirchnerismo, mientras la UCR retrograda hacia el carácter de un partido municipal.

Por Horacio Verbitsky

Hoy se realizará en Río Negro la última elección provincial previa a las presidenciales. Las restantes serán el mismo 23 de octubre, en Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Con la solitaria excepción de Catamarca, en todas las anteriores se impusieron los respectivos oficialismos. Río Negro es la única provincia que el radicalismo gobierna sin pausa desde 1983 y una de las últimas cuatro administradas por ese partido, que se reducirán a tres en diciembre por la derrota en Catamarca, o a dos según los resultados de hoy en el Comahue. En cualquier caso, parece en vías de reconversión a poco más que un partido municipal, con sus victorias en las capitales de Córdoba y Mendoza, mientras retrocede en la Nación y las provincias. La mitad de las que gobierna, Río Negro y Santiago del Estero, adhirieron al kirchnerismo desde la UCR en 2007 y no defeccionaron junto con Julio Cobos. De las que retiene, sólo Corrientes tiene un gobierno radical puro, el de Ricardo Colombi.

La dentadura del Gringo

Un padrón de 440.134 personas votarán en 1312 mesas mixtas instaladas en 232 colegios de Río Negro, para escoger gobernador y vice, 46 diputados provinciales titulares y sus respectivos suplentes e intendentes en 20 municipios. Tanto el candidato radical César Barbeito (con el sello Concertación para el Desarrollo), como el justicialista Carlos Soria (Frente para la Victoria), apoyan a la presidente CFK, que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del mes pasado, obtuvo allí el 60 por ciento de los votos, seguida por Ricardo Alfonsín con el 13,4. Los dos candidatos han hecho campaña con fotografías de Cristina, que nunca se pronunció sobre las elecciones provinciales, aunque a fines del año pasado y a principios de éste recibió a Soria, a quien acompañaba su resignado rival interno, Miguel Pichetto. Otro kirchnerista de Río Negro, Osvaldo Nemirovsci, recibió un cordial pedido de permanecer en la coordinación general del Sistema de Televisión Digital Argentina. La cuñada de Cristina, Alicia Kirchner, sus vices nacional y bonaerense, Amado Boudou y Gabriel Mariotto, realizaron actos en Río Negro en favor de Soria, a quien le encontraron una dentadura más perfecta que la de Felipe Solá. Desde un punto de vista cuantitativo, el gobierno nacional no pone nada en juego, en una provincia cuya incidencia en el padrón nacional no pasa del 1,3 por ciento del total y en la que ambas fórmulas apoyan a Cristina. Pero en cambio la proximidad con Soria marca un serio déficit cualitativo. El candidato, y actual intendente de General Roca, es uno de los personajes más oscuros de la larga década menemista-duhaldista y pesan sobre él cargos éticos y políticos ilevantables. También tiene pendiente una gravísima causa en los tribunales, que no ha avanzado por el manifiesto desinterés judicial. Es cierto que el primer deber de un liderazgo político cuando hay elecciones es ganarlas. Pero no a cualquier precio. Además, si el resultado fuera distinto, cosa que puede ocurrir cuando se trata del voto popular, podría darse una temible combinación gardeliana: la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.

Un chanta

Hijo de un dirigente peronista bonaerense que se radicó en General Roca luego de su detención por la dictadura de 1955, Soria hizo en esa ciudad su carrera política. Con el triunfo de la fórmula Menem-Duhalde se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de José Luis Manzano en el Congreso y lo asesoró sobre inversiones en tierras en el Comahue. Por esta vía llegó a integrar y/o presidir las importantes comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Juicio Político, las que investigaron la mafia en aeropuertos y correos, el lavado de dinero y los contratos con IBM y la Bicameral que hizo el seguimiento a la investigación de los atentados a la embajada de Israel y a la sede de la DAIA y la AMIA. Esta última le valió una imputación por encubrimiento. Con la voz rasposa de la noche porteña, se ganó la confianza de Menem, para quien cantó tangos en el Polideportivo de Olivos. Como es de palabra fácil, lo cual no quiere decir que tenga facilidad de palabra, también le encargaron misiones más delicadas. En 1996, cuando el juez español Baltasar Garzón decidió indagar por crímenes de lesa humanidad a un centenar de militares y marinos argentinos, Menem dijo que era una vedette empeñada en acosar a las Fuerzas Armadas con el apoyo de “argentinos de ultraizquierda”, y Soria integró una delegación parlamentaria que partió a Madrid para provocar al magistrado. La excursión terminó en un incidente diplomático. Soria y sus acompañantes le exigieron que sólo investigara el asesinato de la señora Noemí Gianotti de Molfino, una argentina secuestrada en Perú en 1980, trasladada en forma clandestina a Madrid y asesinada allí. De ese modo cuestionaron la jurisdicción universal invocada por el juez. Garzón los citó a declarar como testigos y huyeron de España con el rabo entre las patas. La delegación incluyó a Gustavo Molfino, hijo de la víctima, que trabajaba en la Cámara de Diputados. Pero una vez en Madrid, Molfino se distanció de la estrategia de sus empleadores y por el contrario avaló la actuación del juez español. Soria había descalificado a Garzón como “un chanta al que vamos a reclamarle que respete el derecho a la territorialidad argentina”. Pero cuando en el territorio nacional los jueces argentinos salieron del letargo, también se opuso. En 1998, Roberto Marquevich ordenó la detención del ex dictador Jorge Videla por apropiación de hijos de personas detenidas-desaparecidas. Soria lo cuestionó con una referencia al ex fiscal Luis Moreno Ocampo, quien alegó que la Cámara Federal que condenó a las Juntas Militares no encontró pruebas sobre la sustracción de menores. Cierto, pero debido a la deficiente investigación del propio Moreno Ocampo, subsanada en años posteriores. También en 1998, Soria firmó un proyecto de ley por el cual la inmunidad de un legislador en juicios penales y civiles lo protegería no sólo durante su mandato sino aún después de concluido, como un fuero personal. En 1999, Soria reclamó una consulta vinculante sobre un conjunto de leyes de endurecimiento de penas y ablandamiento de garantías procesales para combatir “los hechos delictivos que tienen en vilo a todo el pueblo”. El paquete debía votarse, a libro cerrado, por sí o por no.

Tachuelas en el camino

Como no consiguió la candidatura del justicialismo rionegrino para renovar su banca, Duhalde le dio asilo en las listas bonaerenses. Pronto le pidió que se tomara licencia para asumir como ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Su primera medida fue dar marcha atrás con las bajas en la policía bonaerense que había dispuesto su predecesor, Carlos Arslanian. “Me pregunto si esos efectivos tenían de verdad malos antecedentes, porque me juego la cabeza que los verdaderos delincuentes quedaron adentro de la policía y que echamos a los que ponen el pecho diariamente”, se justificó.

Al asumir la presidencia interina, Duhalde lo designó Secretario de Inteligencia y le encomendó que negociara con la Corte Suprema de Justicia para impedir que declarara inconstitucional el corralito. No es un buen negociador: luego de firmar el fallo temido uno de los supremos lo caracterizó como “un muchacho conflictivo y prepotente”. Aplicó la misma técnica, en enero de 2002, para amenazar con el juicio político a un grupo de jueces y camaristas federales de la Capital si no aceptaban su exigencia de encarcelar al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y a los banqueros Eduardo Escasany, José y Carlos Rohm, a quienes Duhalde quería arrojar como lastre para que su gobierno no se hundiera. La ofrenda de esa banda de los cuatro a la vindicta pública fue concebida para apaciguar las protestas callejeras que atronaban bajo la consigna “que se vayan todos”. La historia fue publicada en esta página y dio lugar a una causa judicial. Curiosidad suprema, la instruyó uno de los jueces que asistieron a la reunión, quien tomó declaración a sus colegas. Todos confirmaron que la reunión mencionada se realizó en el domicilio de una camarista pero sólo Jorge Urso ratificó lo sucedido. El resto acudió a una versión que describe bien el clima de época. Dijeron que Soria llegó sin que lo esperaran y que sólo hablaron de la participación del fuero en el control del orden, amenazado por los piqueteros. Urso agregó que Soria sostuvo que en los piquetes había infiltrados de las FARC. Usó para ello los informes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La sala II de la Cámara Federal consideró lo sucedido “un verdadero agravio a la independencia que debería regir la conducta de los jueces en su relación con otros poderes del Estado”, pero ante la omisión de los testigos no pudo dar los hechos por probados. Aquella versión castrense fue retomada por Soria meses después en un informe que sirvió de justificación para prohibir las movilizaciones piqueteras y disponer un gigantesco operativo de control que culminó, en junio de 2002, con el asesinato en la estación Avellaneda de los jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Brutos e inútiles

La acusación de un presunto complot para derrocar a las autoridades se basó en la grabación de los discursos y ponencias en la Segunda Asamblea Nacional de Piqueteros. Proponían la toma del poder mediante un nuevo 19 y 20 de diciembre, porque “o los echamos o nos destruyen”. Nada que no estuviera al alcance de cualquier interesado en la prensa partidaria y en los comunicados de las propias organizaciones. Hace más de un siglo Juan Bautista Alberdi escribió en Facundo y su biógrafo que “no es terrorista todo el que quiere serlo. Sólo aterra en realidad el que tiene el poder efectivo de infligir el mal impunemente”. Un comisario y un suboficial de la policía bonaerense fueron condenados a prisión perpetua por esos crímenes. Alberto Santillán exigió que también fueran procesados los responsables intelectuales del asesinato de su hijo, entre ellos Duhalde y Soria. Pocos días después de la emboscada de Avellaneda, la entonces senadora CFK reveló que Soria había ordenado un seguimiento e investigación sobre todas las actividades suyas y de Néstor Kirchner, e identificó inclusive a los tres agentes encargados de la tarea. Luego de los asesinatos y de la denuncia de Cristina, Soria renunció a la SI y Duhalde adelantó para abril los comicios de octubre de 2003. Desde entonces Duhalde y Soria mantienen una relación indestructible. Inclusive el año pasado y ya en campaña por la gobernación. Soria dijo que coincidía con muchas políticas del gobierno, pero que su corazón estaba con Duhalde. Esto no fue obstáculo para que homenajeara a Kirchner en los actos en apoyo de su candidatura intragable, en presencia de Alicia, Boudou, Mariotto y Pichetto. Con pudor por el pasado, la hermana del ex presidente dijo que Soria tenía un compromiso con el futuro, y que “para el proyecto nacional y popular nos necesita a todos y a todas, con la fuerza de Cristina”.
En 2009 Soria dijo que la máxima autoridad judicial de la provincia era “un tribunal de brutos” y sus miembros tres “inútiles”. En una frase de campaña, Soria se dirigió a la fórmula rival con jactancia por el apoyo nacional: “Ellos no van a tener ni la foto, que la tenemos con Cristina, ni el apoyo que lo tenemos hoy y no tendrán más la provincia ya que triunfaremos nosotros”, balbuceó. En febrero Cristina lo recibió unos minutos y permitió que les tomaran la foto, que la Presidencia no incluye en su página electrónica.

Una buena persona

En mayo de 1994, Menem dijo que “por opiniones que recibo pareciera que Erich Priebke es una buena persona”. Su corresponsal privilegiado en la zona era Soria. Este y otros diarios publicaron una foto histórica, en la que Soria comparte buena mesa y sonrisas con ese criminal de guerra nazi, acusado por el asesinato de 335 personas en las Fosas Ardeatinas de Roma. La Cámara de Apelaciones de General Roca negó la extradición del ex capitán de las SS por considerar que aquellos homicidios constituían un crimen prescripto. Pero la Corte Suprema revocó ese fallo y consignó que ningún plazo impide juzgar los delitos contra la humanidad. Priebke fue enviado a Italia, donde recibió una condena a prisión perpetua que, a sus 98 años, cumple en arresto domiciliario. Ese fallo de 1995 abrió el camino para los que diez años después confirmarían la reapertura de los procesos contra los ejecutores de la dictadura argentina. Según Soria, la publicación de la foto fue una operación sucia del radicalismo, pero no explicó en qué consistía. “No me arrepiento de esa foto, sacada con una intendenta de Bariloche”, dijo en El Bolsón, donde él y su hijo, el legislador provincial Martín Soria, agredieron a dos periodistas que inquirían sobre el tema. Agregó que había estudiado en la escuela de Bariloche que dirigía Priebke, y que cuando fue diputado nacional le regaló una bandera de ceremonias. “Te voy a romper el culo, así te lo voy a dejar, te falta poco, a partir del 10 de diciembre te vas a tener que buscar otro laburo. Deberías tirarte al lago y tomar toda esa mierda que tiene”, dice el periodista Fabián Balasz que le contestó Soria ante una pregunta por la foto con Priebke. Agregó que además lo hizo sacar del lugar. Durante su escala en Viedma de la misma gira dijo que el gobernador Saiz era “un pelotudo”. El ex gobernador Pablo Verani replicó que no se trataba de exabruptos, sino de un estilo de vida. Parece hereditario. El legislador provincial Martín Soria, hijo del candidato, fue denunciado por el cronista de FM Líder Darío Chavarría por tomarlo del cuello desde atrás amenazarlo con que “cuando fueran gobierno me cerrarían la radio”. Las amenazas no se quedaron en palabras. La candidata a la Legislatura en la lista de Soria, Ana Piccinini, mandó a espiar a 300 personas, entre ellas periodistas. Según la subsecretaria de Derechos Humanos provincial, Gladys Cofré, la Defensoría del Pueblo confirmó que Nosis había sido contratada por su ex titular Piccinini, quien poseía las claves de ingreso y realizaba las consultas para investigar a legisladores, funcionarios, periodistas y sus familiares. La ex defensora admitió en una entrevista radial haber investigado a varios periodistas que se refirieron en forma crítica a Soria y reprodujeron la foto con Priebke. Según su curiosa explicación, lo hizo porque consideró malsana y mal intencionada “la publicación de la foto porque en realidad Priebke está con la intendenta de Bariloche y no con el candidato a gobernador Carlos Soria” (sic). Esto tendría “una intencionalidad manifiesta en desmedro de la imagen del candidato. No me parece ni delictivo ni una tarea de espionaje. Yo no fui a seguirlo, porque no va con mi ideología ni con mi manera de comportarme. Lo que sí me parece importante es saber quiénes son los actores de los procesos, tener toda la información disponible y eso es lo que nosotros consideramos que nos dio un éxito muy importante en nuestra gestión”, concluyó.

Fuente: Pagina12

sábado, 24 de septiembre de 2011

CHACO: Las disculpas del ganador

Por Luis Bruschtein

En las primarias, Cristina Kirchner sacó más del 50 por ciento de los votos y se espera que saque más en las presidenciales. La mayoría de los gobernadores que ya fueron reelectos lo hicieron con más del 60 por ciento, como en San Juan, Misiones, Tucumán y Chaco. Se dice entonces que no son cifras democráticas. Que democráticas son otras provincias donde los gobernadores son opositores y obtuvieron menos del 50 por ciento de los votos, como la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Se dice entonces que éstas son grandes provincias, que tienen una cultura política superior, donde no funcionan el clientelismo y otras prácticas perversas de la política. O sea que para ser democrático hay que ser opositor, pero por sobre todas las cosas, hay que sacar menos del 50 por ciento de los votos.

El análisis que se hace a ceño fruncido destila todas las características de la superficialidad, de la mirada facilista y, sobre todas las cosas, clasista y porteñocentrista. Casi todas las provincias que producen esos resultados tan concluyentes han sido históricamente las provincias más pobres. Por lo tanto, el voto de esas provincias sería un voto humilde, de baja calidad democrática, como se ha dicho sin vergüenza y en voz alta. Sería un voto de baja calidad porque es un voto pobre, un voto más vulnerable a las famosas prácticas clientelares. Hay un gran fenómeno socioeconómico con fuertes impactos culturales y políticos que se está produciendo en esas provincias, y la mayoría de los analistas lo único que aciertan a ver, el único argumento con que lo explican, es la corrupción y el clientelismo.

En realidad tampoco están viendo el proceso de fondo, porque ese gran fenómeno que se produce en esas provincias no son los resultados electorales que solamente constituyen un síntoma, una señal muy fuerte que no puede dejarse de lado. Y por supuesto que ese fenómeno no excluye que siga habiendo prácticas nefastas como la corrupción y el clientelismo. Seguramente las sigue habiendo en todo el país, incluyendo a las “grandes” provincias. Pero esas prácticas explican muy poco frente a resultados electorales tan apabullantes.

Fue sorprendente escucharlo a Jorge Capitanich casi pidiendo disculpas por haber logrado una votación impresionante en el Chaco. “Es la primera vez en la historia del Chaco”, casi se disculpó. Y después dio una serie de explicaciones para demostrar que la oposición, en este caso el radicalismo, sigue viva. Lo cual es cierto. Las principales ciudades del Chaco siguen gobernadas por el radicalismo. Las dos más importantes, Resistencia y Roque Sáenz Peña, elegirán sus intendentes el 9 de octubre. En algunos distritos de la capital chaqueña, Capitanich llegó al 80 por ciento de los votos. Sin embargo, las encuestas para intendente le dan, apenas, una pequeña ventaja al oficialismo kirchnerista, y en Roque Sáenz Peña la elección también será reñida. En otras ciudades, como Barranquera, donde ganó Capitanich, hubo corte de boleta y para intendente ganaron los radicales. Capitanich trató de explicar que el voto en el Chaco fue un voto complejo, mucho más reflexionado, por ejemplo, que el santafesino o el porteño, que fueron más lineales.

Además es elemental deducir que cuando se obtiene más del 60 por ciento de los votos quiere decir que la gran mayoría de la clase media está incluida en esa cifra. No es solamente un voto humilde. Sí es cierto que estas cifras se producen, sobre todo, en las provincias más pobres.

Para los porteños son las provincias pobres, pero allí se está produciendo un fenómeno que las hizo cambiar en ese sentido. Las cifras que dio Capitanich para el Chaco seguramente también se aplican en forma equivalente en otras provincias. Cuando empezaron a aplicarse medidas neoliberales, las primeras en sentir sus efectos fueron las llamadas economías regionales. Fue un proceso que comenzó mucho antes de los años ’90, que fue recién cuando terminaron por impactar con mucha fuerza en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El gobernador chaqueño recordó que en la época de oro de la industria textil argentina, el Chaco, que era algodonero por excelencia, tenía unas 200 mil hectáreas sembradas con ese cultivo. Con las políticas del neoliberalismo que fundieron la industria textil nacional, ya durante la dictadura, esa superficie sembrada bajó hasta sólo nueve mil hectáreas. En este momento en el Chaco hay 400 mil hectáreas sembradas con algodón. Y alrededor de la producción provincial se desarrolló una industria metalmecánica que exporta maquinaria a países vecinos con desarrollos tecnológicos propios.

Todas fueron provincias donde la mayoría vivía del empleo público en Estados provinciales fundidos. El ex ministro de Economía Domingo Cavallo las calificó de “economías inviables”. Los porteños y bonaerenses conocieron esos índices de pobreza, marginación, hambre, mortandad infantil, desempleo y desesperación, sólo en los peores años de la crisis, pero en esas provincias los sufrieron durante décadas y décadas.

Desde el momento de su existencia como provincia –fines de los años ’40 del siglo pasado– hasta el 2007, el PBI de la provincia del Chaco creció 50 por ciento. Desde el 2007 hasta ahora, creció otro 50 por ciento. Es decir, que en los últimos cuatro años la provincia creció, de golpe, lo mismo que en todos los años anteriores.

En la Capital Federal, el cambio no se manifestó con tanta fuerza. Pero en esas provincias, el cambio fue muy evidente. Se mida con la vara que se mida, la pobreza y la indigencia bajaron a menos de la mitad. No se trata de la miseria y la indigencia que había habido en los últimos diez años, como en el Gran Buenos Aires y la Capital, sino la miseria y la indigencia que se vivieron desde siempre y sobre todo en los últimos cuarenta años.

Las causas de este fenómeno son muchas. Por un lado, el cambio de condiciones de intercambio en los mercados mundiales con el aumento del precio de las commodities. Pero también hay medidas de gobierno, en el desarrollo del mercado interno, en el tipo de cambio favorable, en el estímulo a la diversificación y sobre todo en el volumen de la inversión del Estado nacional en obra pública, energía, caminos, rutas, puentes, usinas y demás. En casi todos estos casos tiene un impacto muy fuerte el cultivo de la soja transgénica. Pero no es el único impulso, como se señaló con el algodón en Chaco o la producción de limones en Tucumán –que se convirtió en el mayor productor mundial del cítrico– o el turismo en Misiones.

Este fenómeno no quiere decir que se acabó la corrupción o que los procesos políticos se hayan purificado. Y además trajo consigo nuevos problemas. Pero se trata de otro país que el que había en el 2003. En estos ocho años se produjeron cambios estructurales de los que pocos analistas y políticos dan cuenta para deducir sus estrategias. Y, sin embargo, los nuevos problemas son muchos: la soja transgénica con el peligro del monocultivo y del uso masivo de insecticidas, el avance de la frontera agrícola y la destrucción del bosque nativo, la valorización de la tierra y por lo tanto el aumento de las injusticias contra los colonos y los pueblos originarios. También la minería. En San Juan, el gobernador ganó la reelección con más del 70 por ciento de los votos, porque para la mayoría de la gente, oponerse a la minería es regresar a la nada. Hay que replantear la actividad minera, pero sin llevarla a la desaparición. Y si la pobreza y la indigencia bajaron a menos de la mitad, hay que seguir hasta erradicarlas. Hay cientos de nuevos problemas, pero esas provincias salieron del pozo donde estuvieron durante décadas y esa masividad del voto está en relación con ese salto que han dado.

Todas esas provincias tienen muchos problemas, parecidos a los que tienen las supuestas provincias “grandes” y de “mayor cultura política”. Han mejorado muchísimo, pero no son el paraíso. Más allá de eso, da vergüenza esa mirada centralista que se usa para realizar análisis clasistas y despectivos. En la ciudad de Buenos Aires todo el mundo se indignó por la declaración de Fito, pero sobre esas provincias cualquiera puede volcar su desprecio sin que nadie reaccione porque es algo que está culturalmente naturalizado.

Fuente: Pagina12

viernes, 23 de septiembre de 2011

LA JUSTICIA IDENTIFICA LOS RESTOS DE TRES DESAPARECIDOS

Camila Elizabeth Azar
Los restos de tres desaparecidos durante la última dictadura fueron identificados por la justicia, con lo cual el número total asciende a 212, informó hoy la Cámara Federal de la Capital.
 
Se trata de Wolfgang Achtig, Ernesto María Saravia, y Camila Elisabet Azar, cuyos restos forman parte de los 336 esqueletos recuperados, entre los años 1988 y 1992, en el Cementerio Municipal de Avellaneda.
 
Ciudadano austríaco y trabajador de la fábrica Ferrum, Achtig fue secuestrado el 15 de septiembre de 1977 en Avellaneda, a los 32 años, mientras que Saravia tenía 19 años al ser secuestrado el 6 de agosto de 1976 y fue asesinado en la llamada “masacre de Fátima”, como se denomina a la voladura de unas treinta personas en esa localidad bonaerense próxima a Pilar.
 
El tercer identificado, Camila Azar, era una estudiante de derecho de 21 años, que fue secuestrada el 20 de diciembre de 1976 en La Plata.
 
El presidente de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, indicó que las exhumaciones fueron realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, e identificados por los laboratorios The Bode Technology Group Inc., de Estados Unidos, U.U.) y L.I.D.M.O., de Córdoba. (Télam).- 

jueves, 22 de septiembre de 2011

DISCRIMINACION EN LA WEB: ADOLESCENTE SE SUICIDO POR LOS INSULTOS DE SUS COMPAÑEROS POR SU ORIENTACION SEXUAL

Un adolescente de 14 años se suicidó en la ciudad estadounidense de Williamsville luego de recibir insultos de sus compañeros por más de un año por ser homosexual, informaron fuentes policiales, aunque el hecho ocurrió el domingo.

 El cuerpo del adolescente Jamey Rodemeyer fue encontrado frente a su casa la mañana, aunque la policía todavía no dio detalles sobre la forma en que ocurrió la muerte.

Jamey acababa de empezar su primer año en la Williamsville North High School, sin embargo el acoso se había iniciado en la escuela media, según explicaron sus padres.

 Jamey le había dicho a familiares y amigos que había tenido que soportar comentarios de odio en la escuela y en el espacio virtual, en su mayoría relacionados con su orientación sexual, informó la cadena estadounidense ABC en su sitio web.Tres estudiantes habrían estado enviando mensajes ofensivos y
comentarios con referencias sexuales en su cuenta Formspring, un sitio web que permite mensajes anónimos.

A principios de este mes Jamey había publicado en su blog: "Siempre digo que tengo miedo, pero nadie me escucha. ¿Qué tengo que hacer para que la gente me escuche?".

Lady Gaga, cantante favorita del adolescente, reclamó a través de su cuenta de twitter una ley para controlar el hostigamiento adolescente en Estados Unidos.

En el mismo sentido, el músico puertorriqueño Ricky Martin cambió su imagen de twitter por la de Jamey y le dedicó todo el día con mensajes sobre su caso. (Télam,-) 

LAS MADRES RECHAZAN QUE ALFONSIN "NOS DIGA QUE DEBEMOS HACER"

La Asociación Madres de Plaza de Mayo rechazó hoy que Ricardo Alfonsín "nos diga qué debemos hacer", luego de que el candidato de Udeso solicitara a  Hebe de Bonafini un pedido de "disculpas" por el caso Schoklender.
 
"Hebe y las Madres somos una. Las Madres estamos representadas por Hebe y absolutamente de acuerdo con sus declaraciones y acciones", subrayó la Asociación en una declaración firmada por Juana de Párgament y Evel de Petrini.
 
En un acto de su campaña electoral, el candidato presidencial de Udeso había sumado su apoyo a un grupo de diputados opositores que pidió la presencia de Bonafini en el Congreso, para vincularla con la causa judicial que investiga a Sergio Schoklender.
 
"Rechazamos al Sr. Alfonsín y a cualquier otra persona que pretenda decirnos a las Madres qué debemos hacer, dado que actuamos con total seguridad", replicó la Asociación en un comunicado titulado "Hebe y las Madres somos una".
 
Alfonsín había declarado también que Bonafini debía "pedir disculpas a los argentinos, a los beneficiarios de los planes de vivienda que se vieron frustrados", a las demás integrantes de Madres y "actuar con más prudencia".
 
"Qué moralidad ostenta el Sr. Alfonsín para atreverse a aconsejar a las Madres. Hasta qué bajos recursos son capaces algunos políticos y periodistas para entorpecer la lucha de amor y dignidad de la Asociación", respondió la organización de derechos humanos.
 
La declaración señaló finalmente que la lucha de las Madres "es la de nuestros hijos por el país y por el pueblo, y los que nos critican son los que avalaron la impunidad y aprobaron la dictadura. ¡Ni un paso atrás!", concluyó el texto.(Télam).- 

ATE FORMOSA: El “impasse” de ATE requiere una definición perentoria

Por Nolo Santa Cruz.

Los anuncios del gobierno provincial informando sobre medidas en beneficio de los empleados públicos y los docentes obtuvieron respuestas obviamente favorables, que se reflejaron en los medios informativos por varios días y desde distintos sectores y organizaciones gremiales.


Un matutino local publicó en su edición del sábado 17 –precisamente Día del Empleado Público- declaraciones atribuidas a la ciudadana Lidia Ramírez, a la que identifica como docente y afiliada de ATE Formosa, donde considera como muy importantes las medidas anunciadas y destaca especialmente lo que interesa a las asignaciones familiares, al señalar que “uno de los objetivos fundamentales de este Gobierno fue reconocer y trabajar con los niños”.


En referencia a la situación actual de ATE  puntualiza que ese gremio todavía no pudo elegir autoridades “…puesto que la conducción de Néstor Vázquez fue destituida por los propios afiliados”, y un poco más adelante Ramírez recuerda que “la asamblea compuesta por más de 250 afiliados decidió destituir a Néstor Vázquez como secretario general, y a sus colaboradores…” 


Hasta donde se sabe, la única asamblea que reunió a más de doscientos cincuenta afiliados fue la que se realizó en los primeros días del mes actual (martes 6, exactamente) en la capilla San Luís Rey, registro que sumó una cantidad casi igual de mandatos provenientes de filiales del interior, cuyos asociados no pudieron asistir a la asamblea pero manifestaron  su voluntad por escrito. Y en esa asamblea, tanto los asistentes como los mandatos por escrito señalaron su unánime decisión de ratificar a Néstor Vázquez en la conducción del gremio hasta el término de su mandato (Noviembre), así como la intención de requerir en forma urgente al Consejo Nacional de ATE el llamado a elecciones para renovar autoridades en la filial Formosa.


De esa asamblea hay documentación suficiente avalada por escribano, así como registros gráficos publicados en diarios locales, no existiendo nada así respecto de cualquier otra supuesta asamblea que haya tenido una concurrencia como la que señala la señora Lidia Ramírez, por lo que cabe inferir que se trata de un equívoco de la nombrada, o de una abierta falacia de su parte sobre cuya intencionalidad no es mi propósito abrir juicio aquí.


Sin embargo quiero referirme a lo siguiente. La sede de ATE Formosa fue “ocupada”  durante un golpe de mano llevado a cabo  horas antes de las elecciones convocadas para el 4 de Agosto, por un grupo minúsculo de personas que no llevaron ninguna orden judicial y que permanecen todavía en la sede gremial. Tampoco hubo autorización judicial alguna para que los ocupantes abrieran armarios y cajas de seguridad que estaban en el local, lo que no ha sido óbice para que un juez convalidara la supuesta asamblea permitiendo que los intrusos continúen en el lugar.


Por eso llama la atención que la docente tome una acción a todas luces ilegal, con la naturalidad con que evidentemente la asume, máxime si se tiene en cuenta que la labor educadora también pasa por enseñar a los futuros ciudadanos el respeto irrestricto por las leyes y los derechos de la ciudadanía.


Y en cuanto a la actitud del juez, inevitablemente trae a la memoria algunas marchas conducidas por el inolvidable secretario general de ATE Roberto “Ñaño” Gauna, en las que alguna que otra pancarta dejaba leer la frase “Justicia basura, vos sos la dictadura”.

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