OYARBIDE: EXTRADICION PARA DICTADOR PERUANO

Oyarbide pidió la detención y la extradición del dictador peruano Francisco Morales Bermúdez

El juez federal pidió a Perú la extradición del expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez, como así también la indagatoria del dictador Jorge Videla y de su exministro del Interior, Albano Harguindeguy, acusados de la privación ilegal de la libertad y torturas de 13 ciudadanos peruanos que, en el marco del Plan Cóndor, fueron trasladados ilegalmente a la Argentina.

En la causa se dio por acreditado que todos fueron trasladados a la Argentina porque la dictadura quería presentarlos como refugiados en el país con pedido de asilo político, para mejorar su imagen en el exterior en medio del campeonato mundial de fútbol de 1978. Las detenciones ocurrieron el 25 de mayo de 1978 y los ciudadanos peruanos fueron trasladados en avión hasta el país, mantenidos secuestrados en varios lugares para que firmaran lo que quería la dictadura que encabezaba Videla, y finalmente enviados de nuevo a Perú como "expulsados".

Oyarbide consideró que se trató de un delito de "lesa humanidad", imprescriptible, y ordenó indagar a Videla y Harguindeguy, el 22 y 23 de febrero próximos. Ambos ya están detenidos a su disposición en otras causas, por lo cual en esas fechas serán trasladados a los tribunales federales de Retiro. En cuanto a Morales Bermúdez, Oyarbide solicitó a ese país la "detención provisoria y o preventiva con fines de extradición", y paralelamente ordenó su captura internacional, acusado de la privación ilegal de la libertad Ricardo Napuri Schapiro, secuestrado en la madrugada del 25 de mayo de 1978 en Lima junto con José Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Galdos, Humberto Larrain, Ricardo Díaz Chávez, Javier Canseco Cisneros, Genaro Inquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco y Guillermo Faura Gay.

El grupo fue acusado de supuestas "actividades subversivas" y trasladado a una base aérea donde sufrió golpes y tormentos. Posteriormente un avión Hércules los trasladó esposados al aeropuerto El Cadillal, Jujuy, provincia en donde quedaron secuestrados en el regimiento de Infantería de Montaña 20. Allí, según la denuncia, funcionarios de Cancillería argentina, del Ejército y del Ministerio del Interior los "presionaron" para que aceptaran presentarse como "refugiados bajo el control directo de las Fuerzas Armadas". Ante su negativa, se los instó a firmar un documento para presentarse como beneficiarios de asilo político y luego se los trasladó al sótano del departamento Central de Policía en Buenos Aires, donde se hicieron tareas de "ablande" para que firmaran la solicitud de "asilo voluntario dirigido al gobierno democrático de las Fuerzas Armadas".

El juez Norberto Oyarbide dio por acreditado que como lo ocurrido coincidía con el Mundial de Fútbol que se disputaba en el país, la dictadura quiso presentar a los ciudadanos peruanos como asilados para mejorar su imagen en el exterior y que, finalmente, fueron llevados al aeropuerto de Ezeiza en calidad de "expulsados".

Por su parte, Morales Bermúdez -quien gobernó el Perú entre 1975 y 1980- aseguró hoy en Lima que su gobierno no participó del denominado Plan Cóndor. El dictador, de 90 años, sostuvo que lo que hubo "fue una deportación a la Argentina de un grupo de políticos peruanos que estaban alterando el orden público, en momentos que el gobierno militar preparaba la transición a la democracia", según un despacho de la agencia Andina. "Quieren a la fuerza encuadrar al Perú y al gobierno que presidí en el Plan Cóndor, al cual no entró nunca el Perú", aseveró Morales Bermúdez, al indicar que su país "no tenía motivos para ser parte de esa operación, porque estaba camino a la transición" democrática.

En tanto, el exconstituyente Ricardo Napurí Schapiro, denunciante de Morales Bermúdez, dijo que el hecho no fue una simple "deportación", pues las personas enviadas a la Argentina recibieron una golpiza previamente, y luego, fueron llevadas en un avión militar, amarradas a sus asientos, hasta una base militar en Jujuy. Napurí Schapiro indicó que la justicia argentina no investigó una deportación, sino una acción que formó parte del llamado Plan Cóndor, vigente en las dictaduras latinoamericanas del pasado.

En tanto, el titular del Congreso, Daniel Abugattás, sostuvo que Morales Bermúdez deberá responder ante la justicia argentina, aunque indicó que le parece "exagerado" pedir la detención y extradición "de un hombre de casi 90 años". "Es un hecho gravísimo. Si efectivamente ha estado vinculado, Morales Bermúdez tendrá que ser procesado como cualquiera que ha cometido un delito. Ese es un delito de lesa humanidad y no prescribe", agregó.

Fuente: Pagina12

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CUENTAN LAS ABUELAS WICHÍ - MEMORIA DE LOS RIOS

CUENTAN LAS ABUELAS WICHÍ. MEMORIA DE LOS RIOS

Cuentan las abuelas wichí a sus nietos, en las noches alrededor del fuego, que ifwalas pantei (en los tiempos de antes), toda el agua del mundo estaba encerrada en un árbol, un gran yuchán (palo borracho). No existían los ríos. El árbol estaba lleno de pescados. Por eso la gente vivía cerca de el, festejando la pesca, con arco y flecha. 

Tokwaj, el tío travieso no estaba allí.

Convertido en perro llegó hasta donde estaba la gente y comenzó a comer pescado y de todas las familias lo echaron. Los ancianos pensaron que podía ser Tokwaj y decidieron esperar. Al día siguiente, Tío Travieso estaba allí y el perro no.

Tokwaj hizo su propio arco y flecha y se dispuso a pescar. La gente tenía miedo que pesque un inmenso dorado que había en el Yuchan. Lo atravesó con una flecha. Pero el pez era grande y se movía por el árbol golpeando sus costados, hasta que los rompió. Así se escapó el agua que era de Fwichilaj, un espíritu y su hijo. Ellos con una vara marcaban el camino del agua. Se separaron… uno caminó con la vara por el norte formando un río, el Pilcomayo. El otro por el sur, formó el Bermejo.

A Tokwaj lo corrió el agua. Por eso si uno ve el Pilcomayo tiene muchas curvas, porque el siguió ese camino, y como estaba preocupado daba muchas vueltas. Tío Travieso alteró la pesca que antes estaba en el árbol, y ahora los wichí deben buscar el pescado a los largo de los ríos, en especial el sábalo que recorre muchos parajes hasta los weenhayek..

Asi cuentan las abuelas que se formaron los ríos que dan la vida.

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La Liga Argentina por los Derechos del Hombre en la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Se presentó el informe sobre el pedido de audiencia a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para exponer el balance de la actuación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en los juicios contra el Terrorismo de Estado (14 juicios orales en todo el país) y proponer medidas que permitan cumplir el objetivo de juicio y castigo a todos los culpables.

La presentación, que se llevó a cabo en la sede de la entidad, ubicada en la Avenida Corrientes 1785 2º C, contó con la presencia del secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, que estuvo acompañado por Pedro Dinani y Olivier Reboursin.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentó un pedido de entrevista con el doctor Lorenzetti, a fin de exponer las conclusiones de un proceso de balance realizado por los abogados y militantes de la Liga en cuanto a su participación como querellante en diversos juicios orales en las ciudades de La Plata, San Martín, Santa Rosa La Pampa, Formosa, Resistencia Chaco, Rosario y Santa Fe, Córdoba y Tucumán.

En la conferencia se realizaron denuncias puntuales sobre los procesos judiciales en curso en la ciudad de Rosario, la ausencia de juicios en Jujuy, la última sentencia en la mega causa Campo de Mayo, la libertad domiciliaria de los Generales Rivero y Verplaetesen condenados a "perpetua en cárcel común" por el asesinato de Floreal Avellaneda, entre otros casos.

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MEMPO GIARDINELLI: Respuesta pública a Julio Maier, sobre la Justicia

Por Mempo Giardinelli

Estimado Dr. Maier:

La verdad es que me honra su carta abierta, a la vez que me hace soltar un suspiro de alivio porque ya me parecía extraño que mi artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”, publicado en este diario el pasado viernes 20, tuviera por toda respuesta pública el silencio. Y digo “pública” porque en privado sí he recibido comentarios, y eso mismo es parte de mi cuestionamiento.

Soy consciente de que esa nota fue provocativa, aunque no por serlo nomás, sino porque pienso –sigo pensando– que el estado de la Justicia en la Argentina es penoso y amerita un debate sincero, público y profundo. No es con silencios o negaciones como nuestro país mejorará al Poder Judicial, que es uno de los pilares de la democracia y de nuestro sistema constitucional.

Entiendo, respeto y acepto la validez de sus argumentos, máxime por ser fruto de su larga experiencia tribunalicia y docente. No obstante lo cual, y parafraseando a Galileo Galilei, insistiré en que la Justicia argentina está en coma o casi. Y no creo, como usted dice, que se trate de “una simplificación que reduce la posibilidad –abstracta– de atacar el problema y, eventualmente, de buscarle una solución”. Todo lo contrario: es una simplificación para que en efecto se ataque el problema en busca de soluciones. Me disculpará usted, pero a veces acusar de “simplificación” a un argumento, como acusarlo de “generalización”, es un recurso nulificador de la posibilidad de empezar un debate.

Lo que propuse debatir es el sistema judicial. Tómelo como otra simplificación, si quiere, pero es el sistema el que hace agua. Por eso me parece que ya es hora de que los hombres y mujeres que se formaron en Derecho y tienen en sus manos y en su labor cotidiana la impartición de justicia en nuestro país, comiencen por aceptar públicamente lo que sólo aceptan en privado: que la administración de Justicia argentina es un desastre. Con honrosas excepciones, que siempre hay que subrayar, pero un desastre.

Sé que de ninguna manera es su caso, estimado Doctor, pero la mayoría de sus colegas eluden aceptar el pésimo estado de la Justicia, y mucho menos se plantean discutir e implementar las urgentes y profundas correcciones necesarias. Maestros de la elusión, la elipsis, el manejo de los plazos y las prescripciones, la mayoría siempre elude. Y muchos se ofenden demasiado fácilmente.

Por supuesto que comparto con usted la idea de que “los pobres sufren todo de mala calidad”. Así es. Pero si la vulnerabilidad de los pobres hace que para ellos todo sea de mala calidad, entonces ésa es la razón fundamental para que de una vez se modifique el sistema que hace que la Justicia sea de tan injusta específicamente para ellos.

De hecho, usted mismo está aceptando y coincidiendo conmigo en que hay una Justicia –degradada– para los pobres, y otra para los acomodados. Entonces, pues eso es lo que hay que cambiar. Para lo cual hay que empezar a debatir eso, y no mi pertinencia o simplificación o generalización. Que yo soy Nadie y en esto lo que verdaderamente importa es que la impunidad existe de manera abrumadora y es sistema. Sobre todo esto último.

Por eso hay temor en la así llamada “familia judicial”, y es un temor grande. Me lo dicen amigos y amigas abogados, tenaces litigantes que llevan años pateando juzgados. Conozco bien a muchos de ellos, fueron mis compañeros en la vieja Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, y de algunos tengo el más elevado concepto, como lo tengo de usted. Y sé que ellos tienen miedo, como lo tienen algunos secretarios, oficiales de justicia, escribientes y hasta cosedores de expedientes que también conozco. Todos me dicen que es cierto lo que digo, y qué bueno que lo digo yo que no estoy en el sistema.

Para decirlo shakespearianamente, algo huele mal en Dinamarca. Y es claro que no sé con exactitud cómo se arregla, pero de lo que no tengo dudas es de que la Justicia en la Argentina es un enfermo grave que disimula sus males mediante pactos implícitos de silencio. Porque todos y todas saben que hay coimas y corrupción, y genuflexiones de todo tipo. Pero de eso nunca hablan en público. Y mientras tanto el Poder Judicial, como corporación, zafa de las críticas y las desautoriza.

El sistema está armado para que mediática y popularmente sea más fácil darle palos al Poder Legislativo. Los legisladores, se sabe, están desprestigiados casi irreversiblemente y cualquier senador o diputado está bajo sospecha per se. Y ni se diga del Poder Ejecutivo: presidentes, ministros y gobernadores siempre están en cuestión y existe la presunción (muchas veces autoconfirmada, desde ya) de que son todos corruptos e ineptos. Pero el Poder Judicial siempre zafa, quizá por ese estilo acartonado y solemne que distingue a la mayoría de los miembros de la corporación. Doctorísimos y ceñudos, muchísimos jueces y abogados de la “familia judicial” argentina, la federal y la de todas las provincias incluidas, miran para otro lado y hacen silencio, como si el “secreto de sumario” fuese una garantía más de impunidad.

Si a veces hasta pareciera que no son tan argentinos como cualquier otro funcionario, legislador o ciudadano.

Por eso, Dr. Maier, mi pregunta sigue en pie aunque le parezca una simplificación: ¿de qué hablamos, en este país nuestro, cuando hablamos de Justicia?

Reciba mi saludo más respetuoso y cordial.

Fuente: Pagina12

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Crisis del capitalismo y desigualdad

Juan Somavia*

El capitalismo ha atravesado otras crisis de legitimidad antes, pero ésta no tiene precedentes. Las causas son complejas, pero el resultado es simple: la desigualdad es enorme y va en aumento. Hoy en día, 61 millones de personas poseen una riqueza equivalente a lo que logran reunir 3 mil 500 millones de personas. 

Las perspectivas macroeconómicas siguen deteriorándose. De acuerdo con el informe Tendencias Mundiales del Empleo 2012 de la OIT, uno de cada tres trabajadores –unos mil 100 millones de personas– está desempleado o vive en la pobreza. Al ritmo actual, serán necesarios 88 años para erradicar la pobreza extrema. A lo largo de la próxima década, necesitamos crear 600 millones de empleos: 200 millones para los desempleados de hoy y otros 400 para aquellos que entrarán en el mercado laboral.

Dada esta situación, no sorprende que el informe Riesgos Globales 2012del Foro Económico Mundial (FEM) señalara la grave disparidad de ingresos y el alto desempleo, en particular entre los jóvenes, como los riesgos más probables de los próximos años a nivel mundial. En demasiados lugares la confianza de la gente en el futuro se está desvaneciendo.

Es evidente que esto no puede continuar. No podemos limitarnos a hacer pequeños ajustes. La recuperación después de la crisis 2008/9 fue efímera porque prevaleció la ‘solución de urgencia’. Sólo un nuevo paradigma logrará cambiar el rumbo: crear lazos entre la gente, la economía y la sociedad.

Creo que es urgente desarrollar un modelo más efectivo para lograr un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado que beneficie a las personas.

Primero debemos reconsiderar cómo medimos el crecimiento, más allá de los cambios porcentuales en el PIB o del promedio del ingreso per cápita. El indicador del progreso debe medir las mejoras tangibles en las vidas de las personas.

Segundo, el pleno empleo, junto a la reducción de la inflación y la estabilidad financiera, debe ser un objetivo macroeconómico prioritario y un objetivo de la política de los bancos centrales, como en Estados Unidos y Argentina. Los países que invirtieron en creación de empleo (y en protección social) como una salida a la crisis de 2008 tuvieron mejores resultados que aquellos que dieron prioridad al salvamento de sus bancos.

Tercero, el sistema financiero debe estar al servicio de la economía productiva, no al revés. La distorsión de este concepto fundamental está en el corazón de la crisis actual. Sin embargo, los mercados están llevando la batuta de nuevo. Las operaciones arriesgadas e improductivas deben ser menos rentables para las instituciones financieras, y los contribuyentes no deberían absorber las pérdidas.

Cuarto, necesitamos fortalecer el marco para las inversiones productivas, incluso a través de una estrategia de crecimiento basada en los ingresos. Esto permitiría estimular la demanda mediante el consumo, y acumular ahorro para incentivar un crecimiento futuro, en vez de recurrir al endeudamiento.

Quinto, necesitamos protección social para los más vulnerables. En Brasil, la desigualdad de ingreso, medida según el coeficiente de Gini, está disminuyendo considerablemente gracias al mecanismo de transferencias monetarias condicionadas que proporciona apoyo a las familias pobres. Potenciar el empleo reduce la pobreza.

Sexto, tenemos que crear instituciones sólidas para facilitar la creación de nuevas empresas, incluso a través de asociaciones a largo plazo entre los bancos y las empresas. La promoción de trabajo decente y de los derechos laborales es parte del proceso.

En fin, necesitamos mayor coherencia entre políticas económicas y sociales para vincular las aspiraciones de justicia social de las personas con la gestión de una economía global sostenible. Pero los gobiernos no pueden cumplirla por sí solos. Necesitamos lo que la OIT denomina diálogo social.

Las empresas tienen un papel vital que desempeñar para que este cambio mundial sea posible. La mayor prioridad debe ser conferida a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor del crecimiento.

Sobre todas las cosas, necesitamos ideas creativas e innovadoras para –finalmente– abordar de manera seria la dimensión social de la globalización.

*Juan Somavia es el director general de la Organización Internacional del Trabajo

Fuente: La Jornada - Mexico

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NORMA GIARRACA: El agua es la vida: Famatina

Por Norma Giarracca*. Socióloga

sociedad@miradasalsur.com

En la provincia de La Rioja comenzaron a manifestarse conflictivamente las relaciones entre las poblaciones que defienden sus territorios de la minería a cielo abierto, las empresas –tanto las transnacionales como las que crea el Estado para cumplir con la legislación– y el Estado provincial. Dos departamentos están en movilización activa y alerta: Chilecito y Famatina con sus ciudades principales del mismo nombre. Son territorios cuyo telón de fondo son los altos cerros del Famatina, hoy amenazado por la minería.

En este valle, los territorios tienen pequeñas ciudades y poblados tales como Nonogasta, Anguinán, Sañogasta que se imbrican con los viñedos, olivares, nogales y una variada horticultura. Como en casi todo el Noroeste, la región está formada por varias capas migratorias; encontramos europeos y árabes, bolivianos a partir de los años ’60, y desde 1968, colonizaciones de sanjuaninos y mendocinos que portaron sus saberes vitivinícolas. No obstante, sus poblaciones indígenas, con sus sincretismos religiosos y fuertes tradiciones, representan una constante en la cultura riojana.

La Rioja forma parte de ese 75 por ciento del territorio nacional que tiene problemas de agua. La provincia, aun con escasas mediciones, se estima que recibe 230 milímetros pluviales anuales. Pero el problema es el futuro: el recalentamiento global. En las regiones cordilleranas (Noroeste), donde pretende instalarse la minería (de hecho ya lo hizo en Catamarca), son las que esperan mayor disminución del régimen de precipitaciones, es decir más sequía. En esos escenarios de variación de la precipitación para distintas regiones de la Argentina, se muestran los rangos de variación efectiva de la precipitación. En una información publicada por la RevistaCiencia Hoy, el Noroeste es la región que sufrirá el mayor stress hídrico, disminuyendo hacia 2030 hasta el 21% de su caudal pluvial y en 2070 hasta el 53% (Ciencia Hoy Nº 44 de 2008).

No sólo los científicos con sus estimaciones a futuro, sino las poblaciones con sus saberes fundamentados en la experiencia, tanto de agricultores como de la vida cotidiana, conocen el peligro de la instalación de las empresas mineras. Por eso “el agua vale más que el oro”.

Osisko Mining Corporation, la empresa en conflicto con la gente, aún no realizó el informe ambiental pero firmó el convenio sin contar con la “licencia social” de las poblaciones. Hace unos años, otra empresa canadiense, la Barrick Gold, hizo lo mismo pero con un informe ambiental. En él le quitaba todo valor a los sistemas agrícolas de la región; es más, casi sostenía que debían agradecerles a las mineras por terminar con esas superficies de nogales. Esto constituye uno de los famosos “mitos mineros” que hemos desactivado en un libro reciente. Cabe destacar que Chilecito es el primer productor de vid de la provincia, con un 77% de las hectáreas cultivadas; el primer productor hortícola (35%); el segundo productor de nogal (36%); y el tercero de olivo (21%). Por su parte Famatina constituye el primer productor nogalero de La Rioja, con casi el 50% de la producción. También es significativo mencionar que en estas mismas regiones se conservan casi 2,3 millones de hectáreas bajo la categoría de montes y bosques, importante reserva de recursos, actualmente protegidos por la ley nacional 26.331 (de protección de bosques nativos).

¿Por qué cambiar esta región cordillerana poblada por sujetos conscientes, innovadores, orgullosos de sus producciones y su forma de vivir? Destaquemos que desde hace décadas tratan de empobrecer y convertir en dependientes de subsidios a estas agriculturas como preparación para la entrada de la actividad minera. No obstante, empresarios tenaces siguen apostando a emprendimientos pluriactivos (agricultura-turismo, por ejemplo), los nogaleros conservan obstinadamente sus fincas, etc.; se trata de una población convencida de que los llamados procesos de “modernización” no tienen un solo carril, sino que hay muchos modos de mejorar la reproducción de la vida material y ellos ya han decidido: con minería a cielo abierto, no.

*Titular de Sociología rural de la UBA. Miembro de Voces de Alerta y coautora de 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, Ed. El Colectivo.

Fuente: Miradas al Sur.

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La causa por torturas a soldados en Malvinas llega a la Corte Suprema

Por Daniel Enzetti Para Tiempo Argentino

La imputación contra los oficiales y suboficiales que comandaron el conflicto es impulsada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata, que al igual que al fiscal general ante la Cámara de Casación Penal de la Fiscalía 4, Javier De Luca, presentaron hace pocos días un recurso extraordinario para que el máximo tribunal se haga cargo de la cuestión. 

 

Hace algunas semanas, el 31 de diciembre de 2011, Tiempo Argentino publicó datos acerca de denuncias impulsadas por ex combatientes de Malvinas contra 80 oficiales y suboficiales argentinos, acusados de haber cometido, durante el conflicto bélico distintos vejámenes en perjuicio de soldados de su propia tropa. La nota también informaba acerca del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a finales de diciembre pasado por los querellantes, el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata, para que el máximo tribunal tomara la investigación, luego de que pocos días antes la Sala I de la Cámara de Casación Penal declarara que los delitos denunciados no eran de lesa humanidad, lo que podía significar la prescripción del proceso. Pero el CECIM no fue el único que efectuó un reclamo de esas características. También en los últimos días, Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal –Fiscalía Nº 4– interpuso un recurso en el mismo sentido, por entender que la Sala I “resolvió la argumentación, pero no la parte dispositiva, la que ordena el sobreseimiento” de los acusados, y que “la causa no está terminada”.

Ambas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia tienen una explicación. Aunque la recopilación de denuncias de ex combatientes comenzaron en 2005 y en su momento fueron declaradas imprescriptibles por la jueza federal de Río Grande Lilian Herráez y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (integrada por Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi), la defensa de los imputados logró que la Sala I de la Cámara de Casación Penal no las considerara como de lesa humanidad, y reenvió las actuaciones a los tribunales originales para cambiar su dictamen. Frente a esa situación, los ex soldados y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en calidad de pretensos querellantes, también recurrieron a la misma Sala para hacerse escuchar, con el objetivo de que los hechos no prescribieran. Pero en esa oportunidad, los camaristas Raúl Madueño, Juan Edgardo Fégoli y Luis María Cabral no estuvieron tan predispuestos a escuchar la otra campana, y declararon “inadmisible” el recurso de casación solicitado por los damnificados para seguir adelante.

“Por eso yo interpuse mi pedido ante la Corte Suprema –manifestó De Luca a Tiempo Argentino (ver aparte)–, ya que Casación se equivocó al negarle esa posibilidad a los ex combatientes.” De Luca agregó que “la causa penal continúa y los imputados siguen siendo imputados”, ya que “frente a una cuestión federal como esta, es imposible impedir que el máximo tribunal sea el que tenga la última palabra, de una vez y para siempre”.  

Los casos de apremios y violaciones a los Derechos Humanos suman aproximadamente 120, e incluyen vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica.

“La Sala I es el reducto donde están los jueces más retrógrados que hay en la Justicia Federal –manifestó a este diario Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM)–, son militantes de la impunidad, y lo siguen ratificando en cada resolución.” La acusación impulsada por el organismo se gestó en 2005, cuando el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, se dedicó a reunir horas de filmación, documentos y testimonios de víctimas. En ese momento, los delitos tipificados fueron homicidio, abandono de persona, reducción a la servidumbre, torturas, extorsión, amenazas y privación ilegítima de la libertad. 

Una de las primeras voces fue la de Darío Gleriano, que recordó haber sido estaqueado por sus responsables de tropa. Pero después, las denuncias se fueron sumando cada vez más. “Habitualmente (nuestro superior) nos obligaba a ir a un pozo, que nosotros llamábamos ‘El Pozo de los Lamentos’. Ese pozo estaba lleno de agua congelada. Ahí nos ordenaba meter las manos y los pies por más de media hora”, contó Silvio Eduardo Katz, clase 1962. Pablo Perazzo relató que un oficial “sacó un arma, una 9 milímetros, y comenzó a dispararme a los pies”. 

A Eduardo José Ortuondo también lo sumergieron en pozos con agua helada, y fue atado en el suelo con las piernas y brazos extendidos. “Un suboficial se paró sobre el arco interno de mis pies –relató–, se puso a saltar sobre ellos y me preguntaba: ‘¿Le duele Ortuondo?’. Yo le respondí: ‘¿Quién es el enemigo, el que está allá o el que está aca?’.” 

Orlando Pascua sostuvo ante el Tribunal Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, que en Malvinas presenció el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra. Y otro que aportó datos fue el ex conscripto David Zambrino.

Aquellas primeras palabras de Gleriano fueron las que, finalmente, derivaron en esta investigación por torturas ocurridas durante los enfrentamientos en el sur. La causa arrancó gracias a un escrito elevado por el damnificado ante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, luego remitido a la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación. Después, a eso se sumaron denuncias ante instituciones y organismos de Corrientes, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. En el Chaco, las declaraciones fueron tomadas y trabajadas por la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos de esa provincia.

Fuente: Tiempo Argentino

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MINERIA A CIELO ABIERTO: Los argumentos

Por Pedro Lipcovich

Greenpeace, los argumentos

“Las zonas de San Juan próximas a las minas a cielo abierto padecen severas restricciones en el uso de agua”, sostiene Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina. El ambientalista destaca también que esta minería “está plagada de accidentes en el mundo” y afirma que “son frecuentes las contaminaciones por cianuro, por las fracturas de los ‘diques de cola’. Además, “la carga impositiva de la minería en la Argentina es ridículamente baja”.

“En los departamentos sanjuaninos próximos a las minas de la Barrick Gold, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche sólo se puede usar agua para consumo humano: no para regar cultivos ni para lavar. Es una imposición del gobierno provincial para atender las necesidades de la minería a cielo abierto, que requiere inmensa cantidad de agua”, sostuvo Prieto.

“La historia de la minería a cielo abierto está plagada de accidentes. Uno de los más importantes se produjo en Baiamare, Rumania, en 2000, y afectó gravemente el Danubio y el mar Negro. Otro se produjo en Ghana y otros en Nevada, Estados Unidos, siempre por responsabilidad de megaempresas australianas, norteamericanas o canadienses. Las empresas depositan el cianuro y otros tóxicos en el ‘dique de cola’, un pequeño embalse donde permanecerán indefinidamente aun después del cierre de la mina, expuestos a accidentes sísmicos y de otro tipo. El 75 por ciento de los vertidos de cianuro son por fracturas en los diques de cola; el resto, por problemas en el traslado o en las cañerías. Hay países, como la República Checa, que han prohibido esta minería.”

“En 1993 se sancionó un régimen impositivo y aduanero privilegiado a favor de las empresas mineras, con una carga ridículamente baja. Pero la ‘fiebre del oro’ sólo se desató en estos últimos años, a raíz del gran incremento en su precio, que pasó de 330 dólares la onza en 1993 a 1650 dólares hoy”, afirmó.

“Como un River-Boca”

“La minería a cielo abierto es la más segura que hay” y “el impacto ambiental puede preverse y remediarse”, sostiene Hugo Nielson, integrante del Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) y profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Afirma también que “un gran proyecto de minería a cielo abierto no consume más agua que un cultivo de uva de 70 hectáreas” y que “la minería no contamina con cianuro, ya que este insumo se recicla y los restos se degradan naturalmente”. También sostiene que “contra lo que suele decirse, la Argentina es uno de los países donde la minería paga más impuestos” aunque “deberían ser redistribuidos para que beneficien a las poblaciones directamente involucradas”. Estima que “las empresas mineras pueden ser controladas, incluso con participación comunitaria” y que “la minería en la Argentina todavía tiene que obtener la ‘licencia social’ de las comunidades, para lo cual es esencial la acción reaseguradora del Estado”. En cuanto a Famatina, “la gente toma partido como si fuera River-Boca, pero el debate sólo tendrá sustento cuando llegue el tiempo del informe de impacto ambiental del proyecto”.

Nielson es secretario general del Olami, “organización integrada por organismos gubernamentales, universidades, las cámaras de empresas mineras, entidades profesionales y de trabajadores”, detalló. También es profesor de ingeniería ambiental en la Universidad de San Martín: “La Argentina es uno de los países donde la minería paga más impuestos, comparando mineral por mineral: así lo indica un informe que elaboró la consultora Ernst & Young para el gobierno de Brasil. En la década de 1990, una ley otorgó a proyectos mineros estabilidad fiscal durante 30 años: esto no es exención impositiva sino la garantía de que no se añadirán nuevos impuestos a los ya existentes. De todos modos, en el marco del repunte de algunos metales en el mercado internacional, se podría aumentar la presión impositiva, y, sobre todo, redistribuirla: los impuestos a la minería van mayormente a la Nación, y una mayor proporción debiera beneficiar a las zonas donde están radicados los proyectos”.

“En cuanto al uso de agua, se desarrolló una imaginería sin fundamento: gran parte del agua utilizada se recicla, y una explotación puede usar una cantidad similar a la que requieren 70 hectáreas de cultivo de uva. Los proyectos mineros que funcionan en San Juan, entre todos, no llegan al uno por ciento del total de agua utilizada para usos agrícolas e industriales, según estudios del Departamento de Hidráulica provincial. En Chile, la minería coexiste con la agricultura desde hace siglos: ese país produce vinos de altísima calidad, aguas abajo de emprendimientos mineros que son la principal fuente de ingresos de su economía.

Respecto de la contaminación, “las empresas reutilizan el cianuro, porque es mejor negocio que volver a comprarlo; si algo se emite, se degrada naturalmente: no sobrevive por siglos, como las bolsas de plástico, se degrada en horas o días por la acción de la atmósfera”.

“Que la minería se desarrolle a cielo abierto o subterránea no es decisión arbitraria, sino técnica –destacó Nielson–. La minería a cielo abierto tiene mucho menos riesgo de generar derrumbes, como el que se produjo en la mina subterránea chilena de Copiapó (donde quedaron atrapados 33 trabajadores), o los que causaron víctimas en la Argentina en Río Turbio. Una explotación a cielo abierto ocupa el área de un estadio de fútbol, que en la extensión de la cordillera no es nada: el impacto paisajístico es menor y se puede remediar. El informe de impacto ambiental incluye cómo repondrán las especies vegetales que puedan dañarse y cómo se efectuará en su momento el cierre de la mina.”

En el caso de Famatina, “la gente ha tomado partido como si fuera River-Boca, pero el proyecto está en la fase de exploración, en la que se busca un mineral determinado; cuando se lo encuentra, se declara el yacimiento y, previo a empezar la explotación, la empresa debe elaborar y abrir a discusión un informe de impacto ambiental. Cualquier explotación minera se puede hacer con los estándares más altos de seguridad, sin contaminar. Las normativas en distintos países son bastante similares a la que existe en la Argentina, pero es claro que el Estado no debe aflojar los controles. Chile y Perú los efectúan con solvencia. También se puede desarrollar controles participativos, con representantes de la comunidad. Lo que todavía no está muy desarrollado en ningún país es lo que se llama la licencia social: por más que se cumplan todas las normativas, es necesario explicarle a la gente del lugar cuáles serán las perspectivas, y hacerlo sin exagerar: una empresa minera no puede resolver los problemas de diez mil habitantes. Y en la obtención de la licencia social, el Estado debería ser el actor principal, debe estar presente para otorgarle a la gente confianza en que habrá control. Pero –insistió Nielson– no hay que prohibir”.

Fuente: Pagina12

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BALTAZAR GARZON: La revancha del odio

Por Luis Bruschtein

El caudillo Francisco Franco murió a fines de 1975, cuando en la Argentina se veía venir la sombra de la dictadura. La salida del franquismo se hizo sobre la base de la amnistía de los crímenes cometidos por el régimen, como quiso hacer aquí la dictadura en 1982. En España se realiza ahora un juicio vergonzoso contra el juez Baltasar Garzón, el hombre que reivindicó para la Argentina, Chile y España la primacía de la justicia sobre la impunidad de los dictadores. Son caminos paralelos sobre un mismo tema y hasta resultan llamativos los parentescos de protagonistas entre cierto republicanismo conservador que en la Argentina respaldó a la dictadura y luego obstaculizó los juicios, y los fascistas españoles. O los políticos democráticos de uno y otro lado que (por necesidad o convicción) negociaron o tuvieron que negociar amnistías y luego se enfurecieron con otros políticos y juristas más democráticos que las abolieron.

Manos Limpias (versión española), la organización que aparece denunciando a Garzón, aduce virginalmente que su principal campo de actividad es la lucha contra la corrupción, pero todas sus querellas han sido presentadas exclusivamente en contra de políticos socialistas o nacionalistas catalanes y vascos. Manos Limpias quiere favorecerse con el prestigio que tuvieron en Italia los jueces que llevaron adelante Mani Puliti, pero usan la lucha contra la corrupción para desprestigiar a políticos que no piensan como ellos. Cualquier parecido con los denunciadores profesionales argentinos es pura casualidad. Manos Limpias es uno de los dos acusadores del juez español Baltasar Garzón que impulsó el juicio contra Pinochet y contra los represores argentinos cuando aquí y en Chile no querían hacerlos. Abrió de esa manera una luz para la justicia y aliento de esperanza para los familiares de las víctimas.

A pesar de que Manos Limpias se define como un sindicato de funcionarios públicos, su principal y único dirigente, y hasta es posible que sea también el único afiliado, es el abogado Miguel Bernad. El hombre fue responsable de la organización del partido Frente Nacional (tiene el mismo nombre que el de Le Pen en Francia) y es Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco. Sin embargo, uno de sus planteos legales fue contra el diario El País, porque en uno de sus editoriales la publicación lo calificó de dirigente de ultraderecha. Bernad rechazó que fuera cierto, pero “aunque lo fuera –se atajaba–, el artículo 14 de la Constitución impide que cualquier persona sea discriminada por religión, raza o ideología política”.

A muchas personas de derecha no les gusta que las identifiquen con esas ideas, a pesar de que las practican y defienden. Prefieren pasar por apolíticos y su forma de hacer política de derecha es presentando denuncias y querellas al punto que han desprestigiado esa práctica en España. No discuten las ideas del otro sino que buscan ensuciarlo y desprestigiarlo”.

El abogado Bernad prácticamente no ha podido evitar que la mayoría de sus presentaciones judiciales haya sido rechazada. Sorprendentemente en este caso contra Garzón, la acusación de Manos Limpias fue aceptada. Esta organización de ultraderecha fue la iniciadora de la causa contra Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. Luego se le agregaron otras dos agrupaciones de derecha: Libertad e Identidad y la Falange Española.

Al sistema español posfranquista, fundado en la complicidad y el olvido de los crímenes de la dictadura, le resultaba poco operativo que el querellante fuera la Falange porque quedaba muy en evidencia el trasfondo político del juicio. Entonces el juez de instrucción, Luciano Varela, rechazó el escrito de acusación de esa agrupación porque básicamente era un discurso político basado en la negación de la existencia de los crímenes del franquismo y en una reivindicación del caudillo falangista. Varela rechazó el escrito y dio dos días de plazo para presentar uno nuevo, pero la Falange quedó fuera de la querella.

El escrito de Manos Limpias era igual de inepto, pero el juez Varela se tomó el trabajo de explicarle cómo debía hacerlo. Con los consejos del juez, Bernad rehízo la denuncia. Alejándose del discurso fascista, Manos Limpias asegura ahora que sólo la guía el interés de “saber si el funcionario había cumplido con sus funciones”, algo que aquí en la Argentina sonaría tan republicanista como algunos de los que ejercen de denunciadores “independientes”.

Obviamente que Bernad también piensa que no existieron los crímenes de Franco, quien, según su visión, se habría limitado a defender a España del comunismo, una justificación que aquí han usado otros supuestos republicanos para justificar los crímenes de la dictadura (resulta extraño verificar cómo algunos supuestos republicanos de aquí se parecen tanto a los fascistas de allá). Pero aconsejado por el juez, Bernad se cuidó mucho de poner este pensamiento en la acusación contra Garzón. Según Gonzalo Martínez-Fresneda, defensor de Garzón, el juez de instrucción le dijo a Bernad que sacara del escrito todo el rollo político y que dejara sobresalir en pocas páginas el hecho de que Garzón había ordenado realizar acciones, sabiendo que estaban prohibidas por la ley de amnistía.

Aunque el sentido de este juicio es la defensa de la impunidad para los crímenes cometidos por el franquismo, se cuida mucho de mostrarlo y por lo tanto se centra en la chicana jurídica sobre prevaricato que el juez Varela aconsejó al señor Bernad.

Esta ha sido la historia que denunció Fresneda en su defensa de Garzón y por lo tanto cuestionó la parcialidad demostrada por el juez Varela y por otros cinco jueces que fueron apartados del tribunal por considerar que tenían prejuicios en contra del acusado. Durante toda la instrucción, Martínez Fresneda había presentado hasta doce recursos contra pedidos de Varela y todos fueron rechazados por estos cinco jueces, por lo que fueron acusados de no ser imparciales.

En consonancia con gran parte del sistema político español, incluyendo un sector del socialismo, Varela estaba más interesado en el juicio contra Garzón que el propio Bernad. Y su interés por mejorar la acusación puso de manifiesto su falta de imparcialidad. La defensa argumenta que si apartaron a cinco jueces que demostraron parcialidad por haber defendido todas las actuaciones del juez Varela, entonces las actuaciones de éste también deberían ser anuladas por la misma razón. Más allá de todo el palabrerío legal, lo que está diciendo Martínez Fresneda es que toda la causa está armada sobre la base de enemistades políticas contra Garzón.

Solamente en España quedan franquistas o personas que por omisión u obligación o convicción fueron parte del régimen y ahora no quieren ni recordarlo. Solamente en España quedan protagonistas de un sistema político que debió negociar amnistías. Para el mundo que no tiene franquistas ni conoce a esos políticos, el juicio contra Garzón es una gran fantochada, la defensa de uno de los regímenes más desprestigiados de la historia moderna.

En la Argentina, donde queda el esqueleto de aquel pensamiento elitista y autoritario que dio luz a la dictadura, es más fácil entender el odio que estos sectores pueden generar. Es el odio de un sector privilegiado que se desplegó siempre cobijado por la impunidad que le dio el poder político, militar y económico, y amparado por las jerarquías eclesiásticas. Es un odio que se desata cada vez que sienten que esos privilegios de impunidad son puestos en peligro. Es el mismo odio que se desató aquí cuando comenzaron los juicios y que después se mezcló en las movilizaciones del “campo”. Es el odio que secuestró a Julio López y que está esperando una revancha como la que tuvieron en España contra Garzón. Es un odio que nunca se acaba. Por suerte, tampoco se acaba la lucha por la justicia.

Fuente: Pagina12

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Opinión: El mundo del revés, por qué Greenpeace miente sobre Malvinas

Por Leandro Fernández I 

"Greenpeace, como organización internacional multinacional, con fuerte preponderancia política, organizacional y financiera del mundo desarrollado", asegura el autor.

Exclusivo PACO URONDO I La presidenta reapareció públicamente después de la licencia médica, y con su discurso dejó una potente reflexión sobre el tema ambiental “No he escuchado a ninguna ONG ambientalista hacer críticas al Reino Unido por lo que están haciendo en Malvinas, ni de las nacionales ni de las internacionales. La verdad me gustaría que con la misma fuerza, con el mismo sentimiento que defienden tantas causas nobles, defendieran también de la explotación petrolera sin control y la depredación pesquera. Me encanta que defiendan las ballenas porque son divinas, pero sería bueno que también defendieran todos los calamares y todas las cosas que se están llevando de allí que están realmente depredando.”

La organización ambientalista salió a replicar a la presidenta en un tono irónico, en una nota en su página web titulada “Greenpeace celebra la preocupación ambiental de la presidenta”,  y manifestándose públicamente a través de su coordinadora política, Eugenia Testa, que dijo en radio Mitre: "Greenpeace ha estado manifestándose en contra de esta actividad en todos los mares del mundo. Entre los casos proyectados y denunciados por Greenpeace en ese año se encuentra el de las islas Malvinas". "No nos sentimos aludidos porque Greenpeace ha sido una de las ONG que habló sobre explotación petrolera".

Los argumentos brindados por la organización tienen varias inconsistencias, comenzando por la contradicción de decir no sentirse aludidos y salir a replicar instantáneamente en forma directa a la presidenta de la nación.  Más aún, considerando que la ultima y única mención directa de Greenpeace Argentina al tema Malvinas tiene fecha del año 82, en plena guerra, donde manifestaban preocupación por posibles armas nucleares en las naves Británicas.  

El comunicado de la página web menciona dos documentos más, como prueba de que la organización internacional ha sido activa en el tema: un reclamo por las negociaciones internacionales sobre pesca ilegal (1) y un informe en ingles sobre la industria petrolera y el cambio climático (2)

Estos dos informes no mencionan y abordan de ninguna manera el tema de la soberanía o la cuestión de la legalidad de la explotación de los recursos naturales, en un área marina reclamada desde hace más de 150 años por nuestro país. Solamente abordan el tema de manera colateral, ya que se vinculan al problema de manera solamente temática, es decir la pesca ilegal y la explotación petrolera como problemas en el mundo. Una tibieza notoria que  contrasta con otras agresivas y costosas campañas  de la organización.

Greenpeace, como organización internacional multinacional, con fuerte preponderancia política, organizacional y financiera del mundo desarrollado,  debe hacerse una dura autocritica por la contradicción interna que no les permite abordar como corresponde las cuestiones ambientales vinculadas a los desequilibrios históricos y deudas ambientales, que existen entre países desarrollados y los países en desarrollo.   Por sobre todas las cosas, la organización debería tener el más absoluto respeto y consideración en las cuestiones de los reclamos por la soberanía, cuando la zona marítima de la que se esta hablando representa una de las áreas marinas más ricas en recursos naturales del mundo y contiene bases militares estratégicas.     

(1) Para leer la nota "Pesca ilegal: Greenpeace denuncia posición argentina" hacé click aquí (2) Para leer el informe "The Oil industry and climate change" (en inglés), hacé click aquí.

Fuente: Agencia Paco Urondo.

http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/6537-opinion-el-mundo-del-reves-por-que-greenpeace-miente-sobre-malvinas.html

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