viernes, 30 de diciembre de 2011

FORMOSA: La justicia federal reconoció a la Liga como querellante


Francisco "Pancho" Bogarin, dirigente peronista
desparecido del Departamento Pilcomayo en Formosa

También justificó el pago  de haberes al prófugo Domato, buscado con recompensa; y respondió al  planteo de la inactividad sobre las 16 causas del Dpto. Pilcomayo.

Después de la presentación judicial por denegación o retardo de justicia efectuada por el abogado de la Liga Argentina de los derechos del hombre, se respondió con celeridad a los planteos de esta entidad.. El trámite de reconocimiento de la LADH como querellante no puede sobrepasar los tres días según las normas procesales vigentes, Pero ya habían pasado más de veinte días.

En círculos de la querella se entendió que la celeridad en el reconocimiento  de la Liga no de debió tanto a la enmienda de un error procesal, ni un reconocimiento a la trayectoria de la entidad que asumió megacausas como la de Margarita Belén, Suarez Mason, o Almirón Sena, sino puntualmente por la  presentación de una solicitud de libramiento de un oficio ante el ministerio de Defensa para que se corten los haberes que se le abonan regularmente  al prófugo Horacio Rafael Domato, por quien el Estado Nacional ofrece paralelamente una recompensa de $ 100.000 para dar con su paradero, ya hace varios años en base a una acusación directa a la fiscalía por “inacción” frente a tan grave situación.

El caso es que después de haberse formalizado el reconocimiento como querellante, también se respondió al pedido de corte de haberes al represor por el que se ofrece una recompensa económica para ubicar su paradero.. Se explicó que la demora obedecía a que se había trazado una estrategia de investigación  para dar con su paradero a través de estos pagos mensuales de sus haberes como retirado de Gendarmería Nacional.

 Como esta modalidad se vendría manteniendo  hace varios años, las explicaciones, para la querella no fueron satisfactorias. Más bien sonaron a burla, o justificación de una inexplicable impunidad para con los imputados por delitos de lesa humanidad.

También se le respondió formalmente al letrado patrocinante de la LADH que las 16 causas del departamento Pilcomayo, pendientes de investigación a las que hacia referencia el escrito original, no se correspondían con la causa Carrillo. Respuesta que tampoco satisfizo a los querellantes, debido a que la mención de la inactividad oficial de dichas causas era un reafirmación de la lentitud sospechosa  de una fiscalía que favorece la impunidad en gravísimos delitos cometidos desde el Estado contra la población civil durante la última dictadura cívico militar.. Según el letrado no se trataba de incorporar 16 causas nuevas a la megacausa en curso, sino de señalar la lentitud de la fiscalía en  iniciar las investigaciones pertinentes que hasta la fecha no se han desarrollado.

Lo que señalan los letrados con respecto al escrito recibido es que no hubo respuesta puntual sobre el oficio a las autoridades del ministerio de Defensa para cortar dichos haberes, y que la respuesta de la investigación iniciada lo único que garantiza es el financiamiento de la clandestinidad del prófugo, hecho probado por el tiempo transcurrido sin resultados positivos; y aseguraría  para el imputado el retardo en lograr la detención, y el juicio que se merece. Además de sentar un precedente negativo en la forma de administrar justicia para delitos de lesa humanidad, y un mensaje subliminal a la sociedad de contar con una justicia que garantiza la impunidad de los represores.

Desde la LADH por su parte se enviaron  los informes de esta situación contradictoria (de un prófugo buscado con recompensa que percibe haberes y de una fiscalía ausente), ante los organismos de seguridad y del Estado , solicitando se tomen las medidas que la Justicia Federal, a través de su exasperante lentitud, no las toma. También haciendo pública esta situación por la prensa nacional que ya se hizo eco de esta “maniobra para solventar la clandestinidad de un imputado”.

Los letrados también avizoran un año no positivo en los juicios por delitos de lesa humanidad, no solo por la lentitud y las chicanas judiciales para la querella, sino por los trascendidos que  señalan al actual juez federal como nominado a constituir el STJ provincial. Con lo cual se abriría nuevamente el procedimiento del sorteo para designar conjuez. Mecanismo que en su momento significó la no aceptación de todos los candidatos previstos y la intervención de la Corte para imponer uno, con una demora màs que significativa para el desarrollo de este tipo de causas. 

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