En La Pampa, el caso de tres profesionales de la salud puso en discusión el plan sanitario montado por la dictadura. Hoy atienden en sus consultorios, pero testigos aseguran que asistieron a los militares y presenciaron torturas.
Los médicos Miguel Antonio Aragón, Máximo Pérez Oneto y Atilio Cornachione, que en la actualidad ejercen su profesión en La Pampa, se desempeñaron activamente durante las acciones represivas desatadas por la última dictadura militar en la llamada Subzona 14, correspondiente a esa provincia, de acuerdo con las denuncias de varios ex detenidos desaparecidos, quienes señalan que los tres médicos presenciaron sesiones de tortura, asistieron a secuestrados en cárceles clandestinas y aconsejaron a los guardias que manejaban la picana eléctrica para que aflojaran con las descargas, haciendo indicaciones tales como “paren que se nos va”, frente a personas al borde de la muerte.
Aragón es hoy jefe de la División Sanidad Policial del Servicio Penitenciario Federal pampeano. Es decir, se encarga de velar por las buenas condiciones físicas de los reclusos. Toda una paradoja. Su nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico de contacto, figuran en un listado oficial como parte del Departamento Personal de la Jefatura de Policía provincial.
Lo de Pérez Oneto y Cornachione es menos rimbombante. El primero es un especialista en enfermedades de piel, mientras que el segundo se ocupa de hacer tratamientos clínicos en su consultorio de la pequeña localidad de Toay, cercana a la capital Santa Rosa. Este presente de tranquilidad contrasta con la mano dura de aquellos años, que tuvo a este grupo de médicos en plena actividad como uniformados, de acuerdo con los relatos precisos de ex detenidos desaparecidos. De los tres, Pérez Oneto aparece como el más implicado, a partir de la existencia de cientos de fojas con su firma en el libro de entradas y salidas de “pacientes” que agonizaban en los centros clandestinos asentados en La Pampa.
Pero el trío era, en realidad, un cuarteto. El otro integrante era Juan Héctor Savioli, también visto en aquellos operativos durante los años de plomo. Sin embargo, a diferencia del resto del grupo, está confirmado que a Savioli la justicia ya nunca lo va a molestar por su pasado. Murió hace pocas semanas.
La denuncia contra Aragón, Pérez Oneto y Cornachione fue realizada por los mismos sobrevivientes de esa época: Nery Greta Sander de Trucchi (ex empleada del gobierno provincial), Raquel Barabaschi (entonces estudiante de la UTN de General Pico), Mireya Regazzoli (hija del gobernador destituido con el golpe de Estado de 1976), Luis Barotto (esposo de Barabaschi), Hermelinda Gándara (un agente de policía) y las celadoras Nilda Stork y Norma Trohil. Varios de ellos reconocen a los tres profesionales como las personas que los visitaron mientras permanecieron en cautiverio.
En estos momentos, la investigación conjunta para llevar a los médicos a juicio es realizada por un grupo de pampeanos integrado por Juan Carlos Pumilla, Norberto Asquini, Daniel Bilbao y Laura Cristina Rodríguez Kessy, entre otros. El trabajo se basa en la pesquisa y seguimiento que, sin ningún apoyo, llevó a cabo en la década de 1980 el fallecido periodista Marcelino Acosta; esfuerzo que hoy retoma su nieto Claudio. A eso se le suma el aporte de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a través de la abogada que el organismo tiene en la provincia, Carina Mercedes Salvay.
Mientras tanto, los acusados realizan sus tareas con total normalidad. Tienen vigentes sus matrículas de habilitación, ya que el Círculo Médico de La Pampa, entidad encargada de avalar las colegiaturas, siempre se negó a expedirse sobre el tema.
El año pasado, Aragón, Pérez Oneto y Cornachione pudieron zafar de la justicia. Fue en noviembre, cuando el Tribunal Oral Federal pampeano, integrado por José Mario Tripputi, Armando Márquez y Eugenio Krom, tras el primer juicio desarrollado en la provincia contra responsables de delitos de lesa humanidad, condenó a penas de entre ocho y 12 años de prisión en cárcel común a genocidas de la Subzona 14. Después del veredicto, los acusados Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart (comisarios), sumados a Néstor Greppi (edecán del ex presidente Raúl Alfonsín) y a Néstor Cenizo, Athos Reta, Oscar Yorio y Hugo Marenchino, tuvieron que mudarse a la Colonia Penal de Santa Rosa, conocida como Unidad 4.
Durante ese proceso, los apellidos de los tres médicos fueron mencionados en varias oportunidades como parte del engranaje sanitario de las fuerzas de seguridad, pero recién ahora las pruebas y testimonios que se están acumulando pueden lograr que finalmente sean sentados en el banquillo como principales acusados.
La causa, que actualmente se encuentra en los Tribunales Federales de La Pampa, está en la etapa de instrucción, reuniendo información para formalizar la acusación penal contra los médicos. Los querellantes esperan que la elevación a juicio oral llegue antes de fin de año.
“Se juntaron indicios cada vez más firmes con el objetivo de demostrar el papel directo e indirecto que el personal de la salud ocupó durante la represión en nuestra provincia, tanto en fuerzas policiales como militares”, explicó la abogada Salvay a Tiempo Argentino. También recordó que “en aquellas audiencias, la exposición de Pérez Oneto fue entrecortada, soberbia y confusa, y estuvo al borde de la detención por falso testimonio”. La integrante de la Liga agregó que “las palabras de las víctimas son incontrastables, porque dejan en claro que los médicos se encontraban presentes dentro de las salas de tortura, les efectuaban controles de pulso y presión, y hasta se animaban a dar instrucciones a los carceleros, como por ejemplo atenuar la tortura para que la persona no muriera”. De acuerdo a la acusación de Salvay, “ellos eran los que asistían diariamente a los detenidos en los centros clandestinos, y revisaban tanto a los secuestrados como a los reclusos comunes”.
Hasta ahora, todo ese material recopilado viene chocando con una estrategia ensayada por la defensa de los médicos: invocan supuestos documentos con los que “prueban” que ellos no estuvieron en La Pampa en el momento de las torturas, a pesar de la palabra de los mismos torturados, que los señalan por haber formado parte de las sesiones de picana. “Cornachione –que por entonces reportaba en el Batallón 101 de Toay– dice que permaneció en La Pampa entre junio de 1977 y la navidad de 1978, hasta que le dieron de baja. En el caso de Aragón, argumenta que llegó a la provincia recién en marzo de 1979”, relató Salvay. La abogada señaló que este tipo de maniobras “es algo repetido en los juicios a los genocidas: informes que las mismas Fuerzas se encargan de producir, que distorsionan las fechas de estadía de los acusados en los lugares donde se les imputan delitos de lesa humanidad”.
José Schulman, secretario de la Liga y detenido-desaparecido en la cárcel de Coronda durante siete meses, recordó que es determinante hablar de “Estado terrorista, es decir, de un conjunto de instituciones que componían un sistema represivo estudiado y organizado”. La importancia de esta mirada radica en que “en ese marco, una de las patas en las que se basó la política de genocidio fue la llamada fuerza sanitaria, con profesionales militares, policiales y penitenciarios, y un sistema hospitalario que manejaba desde maternidades clandestinas hasta servicios de rutina para el control de los secuestrados”. Schulman considera que “el caso de La Pampa es un ejemplo de ese entramado”, algo que fue quedando en evidencia a partir de un minucioso trabajo de investigación y una serie de informaciones cruzadas por el periodista Marcelino Acosta, que tuvieron que esperar mucho tiempo para ver la luz.
“Aragón, por ejemplo –sostuvo Schulman–, siempre ocupó funciones públicas, y a pesar de que existen testimonios que lo inculpan, ni la provincia ni el Colegio Médico hicieron absolutamente nada al respecto. En otras palabras: la corporación médica se calló la boca.” Esto a pesar de los reclamos de la liga, que exigió que de inmediato fuera separado de su cargo. “Más allá de cualquier supuesta documentación que presente para limpiar su pasado, los juicios y la memoria se construyen sobre la base de la palabra de los sobrevivientes, y son los sobrevivientes los que lo vieron mientras los picaneaban”, remarcó Schulman.
El otro punto que obstaculiza el avance de los procesos es que en muchos casos estos médicos incluso hicieron brillantes carreras y hasta son “respetados” por la comunidad científica y por sus pacientes. “Obviamente, no saben lo que esta gente hacía durante la represión, como pasó con Carlos Jurio, Enrique Corsi y Luis Favole, que atendían a detenidos en la Unidad 9 de La Plata”, explicó Schulman.
Otros testimonios que incriminan a Aragón, Pérez Oneto y Cornachione son los de los doctores Jorge Irazusta, Américo Taborda y Stella Truol, perseguidos y amenazados por la dictadura. El primero debió exiliarse junto a su esposa y compañera de militancia en Canadá, donde reside actualmente, mientras que Taborda y Truol salvaron milagrosamente sus vidas después que los grupos de tareas pampeanos intentaran asesinarlos por sus trabajos dentro del Plan Provincial de Salud, proyecto que entre 1975 y 1977 trató de poner en pie al Hospital Municipal Lucio Molas y reivindicar el papel de la atención pública en esa región.
“Mirá que hay que aguantar entrar a una sala de tortura, bancarse los gritos de dolor, la sangre, el olor a piel quemada. Algo terrible, no es para cualquiera”, sostuvo Schulman, y recordó que “la tradición represiva que tiene este país hizo que la policía y los militares fueran preparados para eso. Pero lo increíble es que los médicos se hayan plegado. Justo ellos, formados en una profesión que debería salvar vidas.”
Por todos estos elementos, para la abogada Salvay aquellos médicos que formaron parte del engranaje represivo local “no fueron un eslabón más, sino una pieza especialmente necesaria dentro del sistema genocida, porque con sus conocimientos sabían manejar los límites del dolor y el sufrimiento de cada víctima. Hasta su muerte quedarán convertidos en médicos torturadores, por acción u omisión.”
Fuente: Teimpo Argentino
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