Final de juego para el socio civil del golpe

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Pagina 12

Por Diego Martínez

José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura y símbolo máximo de la política que castigó “a millones de seres humanos con la miseria planificada”, como advirtió Rodolfo Walsh en marzo de 1977, fue procesado ayer con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide por dos secuestros extorsivos que el magistrado calificó como crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. La investigación judicial de los delitos que padecieron los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976, se interrumpió gracias a un indulto del ex presidente Carlos Menem que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la semana pasada. Eduardo Luis Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, definió a Martínez de Hoz como el “jefe civil del golpe de Estado” y calificó la medida judicial como “una decisión histórica que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina”.



Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil. Tal como había requerido la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide decretó su “prisión preventiva de cumplimiento efectivo”. También le embargó sus bienes por dos millones de pesos. Los efectivos de Interpol que fueron a detenerlo con orden de trasladarlo a la división Delitos Especiales de la Policía Federal debieron esperar horas hasta que un equipo médico constató el estado de salud del anciano de 85 años, que según fuentes policiales se encontraba “postrado”. Finalmente fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al sanatorio De los Arcos.



En 1988 el juez federal Martín Irurzun procesó al dictador Videla y a sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy como coautores del secuestro extorsivo de los Gutheim. El economista estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad, sino porque a diferencia de los uniformados no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó el miércoles pasado en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.



El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando los organismos de derechos humanos solicitaron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que se sumó la SDH. El miércoles pasado se pronunció en tal sentido la Corte Suprema de Justicia, con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. El mismo día Martínez de Hoz manifestó mediante una solicitada que se siente víctima de “una persecución interminable” por parte del gobierno nacional. Incluyó entre los supuestos cómplices a la Justicia federal y a la Corte Suprema de Justicia, con “escasas y honrosas excepciones”. Duhalde solicitó su detención de inmediato. Oyarbide ordenó el viernes la prohibición para que el imputado saliera del país. Como Martínez de Hoz había prestado declaración indagatoria en los ’80, ordenó su detención sin necesidad de volver a indagarlo.



El juez destacó en su resolución, de treinta y tres fojas, “la deliberada impunidad de los procederes” que caracterizaron el caso de los Gutheim. También se refirió al “irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional sobre sus súbditos, las más absoluta desatención –plenamente consciente y determinada– a las esenciales garantías ciudadanas y el avasallamiento de todo principio constitucional”. En resumen, “la actuación de las máximas autoridades de la Nación disponiendo, según su parecer, designios y/o conveniencias políticas y/o personales, sobre la vida y la fortuna de las personas, al margen de toda regla de convivencia y del Estado de Derecho”, escribió.



Duhalde expresó su “profunda satisfacción” por la decisión judicial durante una conferencia de prensa, en el auditorio Emilio Mignone, en la que anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos económicos en la decretaría que conduce. El funcionario destacó que el procesamiento es “por su actividad delictiva y no, como ha pretendido el procesado en la insostenible solicitada publicada días atrás, por un afán de persecución interminable”. También recordó que “la dictadura cívico-militar produjo un verdadero genocidio económico al pueblo argentino” y consideró que Martínez de Hoz “representó a las facciones más concentradas del capital financiero, de los sectores industriales –como ex presidente de Acindar y la Italo– y como conspicuo miembro de los grandes terratenientes por su pertenencia a la Sociedad Rural Argentina”. Martínez de Hoz está imputado en otras dos causas judiciales por delitos durante la dictadura: una como jefe de la asociación ilícita que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y la otra por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, ex director del Registro de Investigaciones de la dictadura, secuestrado luego de oponerse a la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad