domingo, 11 de abril de 2010

Algunos Obispos miraban para otro lado. Romero ofrendaba su vida.



MEMORIAS DE LA TIERRA



El 24 de marzo de 1980, el obispo Oscar Arnulfo Romero, en El Salvador, fue asesinado a balazos mientras celebraba misa en la Catedral de San Salvador. Un comando paramilitar de ultraderecha, comandado por el Mayor Roberto D´Aubisson le dió muerte. Semanas antes, Romero había pedido protección a Juan Pablo II, quien se la negó.



(Óscar Arnulfo Romero y Galdames; Ciudad Barrios, 1915 - San Salvador, 1980) Arzobispo salvadoreño. Formado en Roma, inició su carrera eclesiástica como párroco de gran actividad pastoral, aunque opuesto a las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de El Salvador, y en 1974 obispo de Santiago de María.



En esta sede comenzó a aproximarse a la difícil situación política de su país, donde desde hacía décadas gobernaba el Ejército. Se implicó de lleno en la cuestión una vez nombrado arzobispo de El Salvador en 1977. Sus reiteradas denuncias de la violencia militar y revolucionaria, que llegaba hasta el asesinato de sacerdotes, le dieron un importante prestigio internacional. Ello no impidió que, al día siguiente de pronunciar una homilía en que pedía a los soldados no matar, fuese asesinado a tiros en el altar de su catedral.





Óscar Arnulfo Romero



Era hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdámez, ambos mestizos; su padre fue de profesión telegrafista. Estudió primero con claretianos, y luego ingresó muy joven en el Seminario Menor de San Miguel, capital del departamento homónimo. De allí pasó en 1937 al Colegio Pío Latino Americano de Roma, donde se formó con jesuitas. En Roma, aunque no llegó a licenciarse en Teología, se ordenó sacerdote (1942).



El año siguiente, una vez vuelto a El Salvador, fue nombrado párroco del pequeño lugar de Anamorós (departamento de La Unión), y luego párroco de la iglesia de Santo Domingo y encargado de la iglesia de San Francisco (diócesis de San Miguel). Trabajador y tradicionalista, solía dedicarse a atender a pobres y niños huérfanos. En 1967 fue nombrado Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), estableciendo su despacho en el Seminario de San José de la Montaña que, dirigido por jesuitas, era sede de la CEDES. Tres años después el papa Pablo VI lo ordenó obispo auxiliar de El Salvador.



Crítico por entonces de las nuevas vías abiertas por el Concilio Vaticano II (1962-1965), no tuvo buenas relaciones con el arzobispo Chávez y González, ni tampoco con un segundo obispo auxiliar, Arturo Rivera y Damas. Movido por aquella postura, cambió la línea del semanario Orientación (que desde entonces disminuyó notablemente su difusión). También atacó, sin demasiado efecto, al Externado de San José y a la Universidad Centroamericana (UCA), instituciones educativas dirigidas por jesuitas y, finalmente, a los propios jesuitas, contribuyendo a apartarlos en 1972 de la formación de seminaristas (sustituidos por sacerdotes diocesanos y nombrado él mismo Rector, el Seminario debió cerrar medio año después).



A pesar de esta serie de fracasos, gozaba del apoyo del Nuncio Apostólico de Roma, y fue nombrado obispo de Santiago de María en 1974. De gran dedicación pastoral, promovió asociaciones y movimientos espirituales, predicaba todos los domingos en la catedral, y visitaba a los campesinos más pobres. Bien visto por ello entre los sacerdotes de su diócesis, se le reprochó cierta falta de organización y de individualismo. En 1975, el asesinato de varios campesinos (que regresaban de un acto religioso) por la Guardia Nacional le hizo atender por primera vez a la grave situación política del país.



Así, cuando el 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de El Salvador, las sucesivas expulsiones y muertes de sacerdotes y laicos (especialmente la del sacerdote Rutilio Grande) lo convencieron de la inicuidad del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina. Monseñor Romero pidió al Presidente una investigación, excomulgó a los culpables, celebró una misa única el 20 de marzo (asistieron cien mil personas) y decidió no acudir a ninguna reunión con el Gobierno hasta que no se aclarase el asesinato (así lo hizo en la toma de posesión del presidente Carlos Humberto Romero del 2 de julio). Asimismo, promovió la creación de un "Comité Permanente para velar por la situación de los derechos humanos".

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