lunes, 5 de abril de 2010

Tres jueces investigados por la apropiación de un bebé

Pagina 12 05/06/2010

(En la foto: Sara Mendez, madre del menor)

Las Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense denunciaron a dos jueces en actividad y a un ex magistrado por su participación en el expediente que autorizó la entrega de un menor a su apropiador en 1976. Los acusados son José Martínez Sobrino, actual vicepresidente del Tribunal Oral Federal número seis, Wagner Gustavo Mitchell, hoy juez de la Sala Dos de la Cámara de Casación, y el ex magistrado José Domingo Allevato.

La denuncia, realizada por María Isabel Chorobik de Mariani -fundadora de Abuelas- y la titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, fue presentada ante el procurador general de la Nación, Esteban Righi.

La presentación sostiene que los tres acusados avalaron la entrega en adopción definitiva del niño Simón Riquelo, quien fue arrancado de los brazos de su madre, la ciudadana uruguaya Sara Méndez, cuando fue secuestrada el 13 de julio de 1976.

Según el expediente de la adopción, el niño había sido abandonado a las puertas del Sanatorio Norte y un subcomisario de la seccional 33, Osvaldo Parodi, se ofreció para cuidarlo y un mes después obtuvo la adopción plena.

La denuncia sostiene que Parodi participó en el operativo en el que fue secuestrada Sara Méndez, quien estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención denominado "Automotores Orletti", pero sobrevivió y 26 años después, gracias a un examen de histocompatibilidad, pudo reencontrarse con su hijo.

La secretaría de Derechos Humanos bonaerense y Abuelas promovieron ante Righi una causa penal contra ambos jueces, pidieron su apartamiento de todos los expedientes vinculados con violaciones a los derechos humanos y su sometimiento al proceso de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.
"Este expediente es la demostración de la complicidad judicial -que aún existe- con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños mediante el robo de su historia, su origen e identidad, y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial", afirma la denuncia.

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