La actual administración del Gobierno de la Ciudad incrementó progresivamente las partidas destinadas por el Ministerio de Educación a la Dirección General de Educación Privada, indican los registros públicos consultados por Télam Investiga.
En el año 2008 el Ministerio de Educación destinó $612.426.196 a la Dirección de Educación de Gestión Privada. En el año 2009 el presupuesto asignado al área escaló a $801.971.810 y en el año 2010 a $918.768.981. En tres años, la gestión macrista aumentó 50 por ciento la asistencia a colegios privados.
Según la normativa vigente, el 90% de esos montos debe utilizarse para subsidiar los sueldos del personal directivo y docente en las escuelas privadas. Pero no hay ninguna constancia de que el dinero sea utilizado para esos fines y no para otros, dijo Laura Rosenberg, integrante del programa Igualdad Educativa de la Asociación para la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La mayor cantidad de colegios subsidiados pertenecen a la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Según datos publicados en la página web de la ciudad para el 2010, el total de establecimientos de gestión privada subsidiados fue de 441, 278 (63%) ubicados en la zona norte, y 163 (37%)en la zona sur.
Mientras que la Dirección General de Educación Privada presenta sobre ejecución presupuestaria, en otras áreas de la gestión estatal como la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, las partidas destinada al mantenimiento de las instalaciones educativas, muestran altos niveles de sub ejecución presupuestaria.
En el área de infraestructura escolar destinado a escuelas estatales, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri no ejecutó el 46% del presupuesto disponible en toda su gestión.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó varios pedidos de información pública al Gobierno de Mauricio Macri para que revele el criterio según el cual la administración reparte esos recursos públicos entre las escuelas de gestión privada, así como los montos asignados en cada caso y con qué fines.
“Estos datos nunca nos fueron dados”, dijo Laura Rosenberg, representante de ACIJ. En consecuencia, la Asociación elevó el pedido ante la justicia.
Este vacío de información deja “un importante e inaceptable margen de discrecionalidad por parte de la autoridad de aplicación a la hora administrar un importante caudal de recursos públicos”, señaló Laura Rosenberg.
El pedido de ACIJ, que hoy tramita en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA, se funda en la necesidad de conocer en detalle de los criterios que se evalúan desde el Ministerio de Educación para determinar la función social cumplida por las escuelas de gestión privada en su zona de influencia y el tipo de establecimiento y que de haber sido establecidos a través de alguna reglamentación se acompañen copias.
La jueza de primera instancia que intervino en la causa, Alejandra Petrella, dijo que “debe resaltarse que el GCBA no ha dado cabal respuesta a cada uno los puntos detallados” en la solicitud de información de ACIJ, consta en el expediente radicado en el juzgado en lo contencioso, administrativo y tributario nº 12 de la ciudad.
“Basta para ello destacar que la genérica remisión a la página web del GCBA no implica un informe fehaciente ni mucho menos puede suplir la exhibición de las bases o planillas en los cuales se fundarían los informes requeridos”, resolvió la jueza ante la contestación dada por el gobierno de Macri.
La jueza ordenó al gobierno de la ciudad brindar la información requerida por la ONG. El gobierno apeló la sentencia ante la Cámara de Apelaciones, que aún no ha emitido su posición al respecto.
Haciendo uso de la escasa información recabada en el sitio de internet de la Ciudad, ACIJ afirmó que el gobierno de Macri no cumple con los criterios de equidad enunciados en la normativa local y nacional.
“Por el contrario -manifiestan en ACIJ-, la asignación de aportes estatales a muchas escuelas de gestión privada que cobran altos aranceles a sus alumnos no tiene justificación razonable y tiene el terrible efecto de profundizar las injustas desigualdades sociales, económicas y educativas que afectan a los alumnos del sistema educativo de la Ciudad”.
La política de subsidios del gobierno macrista colisiona con el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad Autónoma, en el que se establece que “la Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban alumnos de menores recursos”. (Télam)
* Material producido por el equipo de investigación periodística de la agencia Télam.
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