La brasa ardiente
Por Mario Wainfeld
En una asamblea casi literalmente cortada al medio, los participantes dieron testimonio de cohesión coreando “el pueblo unido/jamás será vencido” y “es para Cristina que lo mira por TV”: señales de unidad, aun en el instante caliente del conteo voto por voto. Primó la moción de negociar con el Gobierno bajándose de la ruta por 60 días, con la promesa desafiante y repetida de “volver a Arroyo Verde” si no hay satisfacción a las demandas. El sentido común indica que ese regreso sería difícil.
El argumento más socorrido de quienes abogaron por la postura mayoritaria fue “tirarle la brasa ardiente al Gobierno”. La oratoria (rebosante de denuestos al gobierno argentino y al uruguayo) fue encendida, nadie alteró ese canon.
Más allá de los discursos, el vecinalismo optó ayer por un repliegue táctico. Es un paso más en medio de una prolongada lucha. La movilización dio visibilidad al contencioso del Río Uruguay, enriqueció la agenda medioambiental nacional e impactó en las relaciones entre Argentina y Uruguay. Forzó al gobierno argentino a implicarse, a veces con acierto, otras con desmesuras retóricas o políticas.
En algún momento dispuso de un abanico de recursos, además del corte: las movilizaciones masivas de casi toda una ciudad, la promoción de Romina Picolotti al gabinete nacional, la irrupción vistosa y mediática de Evangelina Carrozo en una cumbre de presidentes en Viena.
La decisión es sensata, adecuada al nuevo contexto. Pone la pelota del lado de los gobiernos. En pocos meses, La Haya y los ambientalistas dieron cauce al conflicto, precisaron responsabilidades recíprocas. Tras años de desencuentros que jamás debieron existir, los dos países (sus mandatarios, en especial) deben encontrar un modo fértil de convivencia, de control compartido del río. El monitoreo conjunto, una bandera lógica, debe ser apenas un primer paso, tan necesario como parcial.
mwainfeld@pagina12.com.ar
Un pedido de la Legislatura
La Cámara de Diputados de Entre Ríos resolvió por unanimidad solicitar al gobierno nacional que retire la querella contra los integrantes de la asamblea de Gualeguaychú que mantienen el corte de la ruta 136 en Arroyo Verde. La medida fue votada incluso por los legisladores provinciales del kirchnerismo. El texto votado pide al Poder Ejecutivo Nacional “que se cumpla con lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el sentido de que Argentina y Uruguay lleven adelante un monitoreo de la empresa UPM (ex Botnia) desde su interior” y que “no criminalice la protesta social”. El ex gobernador Jorge Busti y el diputado Juan Bettendorff, ambos del peronismo disidente, estuvieron entre los impulsores del proyecto que ahora será presentado a la presidenta Cristina Kirchner. “Es muy perverso que se quiera mostrar al pueblo de Gualeguaychú como los malos de la película”, dijo sobre el tema Bettendorff. El legislador recordó que “Uruguay muestra una larga lista de incumplimientos” relacionados con la instalación de la papelera, que han sido probados en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por otra parte, el legislador aseguró que “este hecho (refiriéndose a la querella del Gobierno a los asambleístas) ha sido repudiado por todos los sectores políticos” de la provincia, lo que quedó reflejado en que la iniciativa para que la Casa Rosada retire la querella no haya recibido ninguna objeción.
Por Mario Wainfeld
En una asamblea casi literalmente cortada al medio, los participantes dieron testimonio de cohesión coreando “el pueblo unido/jamás será vencido” y “es para Cristina que lo mira por TV”: señales de unidad, aun en el instante caliente del conteo voto por voto. Primó la moción de negociar con el Gobierno bajándose de la ruta por 60 días, con la promesa desafiante y repetida de “volver a Arroyo Verde” si no hay satisfacción a las demandas. El sentido común indica que ese regreso sería difícil.
El argumento más socorrido de quienes abogaron por la postura mayoritaria fue “tirarle la brasa ardiente al Gobierno”. La oratoria (rebosante de denuestos al gobierno argentino y al uruguayo) fue encendida, nadie alteró ese canon.
Más allá de los discursos, el vecinalismo optó ayer por un repliegue táctico. Es un paso más en medio de una prolongada lucha. La movilización dio visibilidad al contencioso del Río Uruguay, enriqueció la agenda medioambiental nacional e impactó en las relaciones entre Argentina y Uruguay. Forzó al gobierno argentino a implicarse, a veces con acierto, otras con desmesuras retóricas o políticas.
En algún momento dispuso de un abanico de recursos, además del corte: las movilizaciones masivas de casi toda una ciudad, la promoción de Romina Picolotti al gabinete nacional, la irrupción vistosa y mediática de Evangelina Carrozo en una cumbre de presidentes en Viena.
La decisión es sensata, adecuada al nuevo contexto. Pone la pelota del lado de los gobiernos. En pocos meses, La Haya y los ambientalistas dieron cauce al conflicto, precisaron responsabilidades recíprocas. Tras años de desencuentros que jamás debieron existir, los dos países (sus mandatarios, en especial) deben encontrar un modo fértil de convivencia, de control compartido del río. El monitoreo conjunto, una bandera lógica, debe ser apenas un primer paso, tan necesario como parcial.
mwainfeld@pagina12.com.ar
Un pedido de la Legislatura
La Cámara de Diputados de Entre Ríos resolvió por unanimidad solicitar al gobierno nacional que retire la querella contra los integrantes de la asamblea de Gualeguaychú que mantienen el corte de la ruta 136 en Arroyo Verde. La medida fue votada incluso por los legisladores provinciales del kirchnerismo. El texto votado pide al Poder Ejecutivo Nacional “que se cumpla con lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el sentido de que Argentina y Uruguay lleven adelante un monitoreo de la empresa UPM (ex Botnia) desde su interior” y que “no criminalice la protesta social”. El ex gobernador Jorge Busti y el diputado Juan Bettendorff, ambos del peronismo disidente, estuvieron entre los impulsores del proyecto que ahora será presentado a la presidenta Cristina Kirchner. “Es muy perverso que se quiera mostrar al pueblo de Gualeguaychú como los malos de la película”, dijo sobre el tema Bettendorff. El legislador recordó que “Uruguay muestra una larga lista de incumplimientos” relacionados con la instalación de la papelera, que han sido probados en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por otra parte, el legislador aseguró que “este hecho (refiriéndose a la querella del Gobierno a los asambleístas) ha sido repudiado por todos los sectores políticos” de la provincia, lo que quedó reflejado en que la iniciativa para que la Casa Rosada retire la querella no haya recibido ninguna objeción.
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