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La nómina que un testigo que estuvo secuestrado y luego trabajó para la policía entregó a la Justicia tucumana documenta 293 casos de secuestros. En 195 personas figura la observación “DF”, que significa Disposición Final, es decir que fueron asesinados. También aportó fotocopias de 28 fotografías, una nómina de “Operativos aprobados pendientes de ejecución” y otra de “DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”. Aparece la firma de uno de los represores acusados en la causa, Roberto Heriberto Albornoz.
Por Ramiro RearteDesde Tucumán
Son 293 nombres. Escritos prolijamente con una máquina de escribir por orden alfabético. Nueve páginas. Los apellidos están en mayúscula. En la segunda columna están los alias, varios casilleros están en blanco. La tercera se titula observaciones y allí figuran DF, Libertad o Disp. PEN. Así es la lista que entregó el martes a la Justicia tucumana Juan Carlos “El perro” Clemente al declarar como testigo. Es el registro documental de 293 secuestros, realizado, según el testigo, en la jefatura de policía de Tucumán, donde funcionó un centro clandestino de detención. En 195 casos figura DF, “Disposición Final”, es decir que fueron asesinados.
Clemente entregó a los jueces dos biblioratos. Allí no sólo está la lista en la que se detallan los nombres de los secuestrados y qué pasó con ellos (libertad, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Disposición Final), sino también fotos con los seudónimos de cada detenido. Hay fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución”, que contiene los nombres de 28 personas, y otra titulada “Nómina de DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas.
El testigo también aportó una nota firmada por uno de los represores acusado en este juicio de la muerte y desaparición de 22 personas, Roberto Heriberto Albornoz, en la que instruye al 2º jefe del Departamento de Inteligencia (D2) para que investigue a un militante tucumano, Flavio Orlando Villafañe. “Era amo y señor de las personas”, dijo Clemente sobre Albornoz, cuya firma figura en los documentos. En otra foja, bajo el título, “nómina de delincuentes subversivos que se encuentran en la clandestinidad”, se observan anotaciones manuscritas. Y en otra se detallan las personas “cuya captura se hace necesaria”. También hay escritos en donde se resalta “nómina de cadáveres identificados por la sección dactilografía durante el año 1975” y un acta de “entrega del cuerpo de Susana Inés Strelzik (cuatro fojas)” y la entrega del cuerpo de un joven dirigente tucumano “Juan Carlos Suter (dos fojas)”.
Clemente fue uno de los testigos más resistidos por los abogados querellantes y también por la defensa de los represores en este juicio en el que, además de Albornoz, están acusados el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y dos policías. El represor Antonio Domingo Bussi quedó fuera de este juicio por problemas de salud. Clemente era acusado de ser “doble agente”, porque fue secuestrado pero después de ser liberado entró oficialmente a trabajar en la policía tucumana hasta que se retiró, en 1984. Por estos días atiende un quiosco de golosinas dentro de un colegio privado. Finalmente fue uno de los abogados de los represores quien pidió que se presentara a declarar. Nadie sabía lo que iba relatar frente a los jueces y mucho menos que iba a entregar memos de la represión. 20 de las 22 víctimas incluidas en la megacausa de la Jefatura de Policía en Tucumán figuran en los libros de la represión tucumana a los que tuvo acceso Página/12.
Clemente contó ante los magistrados que mantuvo esa documentación en secreto durante 34 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976, llevado a Nueva Baviera, donde estuvo una semana, y después a la ex Jefatura, donde fue interrogado bajo torturas. Meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del Servicio de Información Confidencial tucumana (SIC), donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
El testigo confirmó que en la época de su juventud, cuando era militante barrial de la Juventud Peronista y estudiante de Medicina de la UNT, le decían El Perro Clemente. Las frases más impactantes de su testimonio fueron: “arrojaban los papeles que no servían a una fogata y el resto no sé adónde iba”, “tenerlos (por los libros) era pena de muerte, por eso los envolví en plástico y los escondí bajo un entrepiso”.
Clemente volverá a sentarse frente a los jueces el próximo martes, cuando responda las preguntas de las partes. Los abogados de las víctimas y el fiscal general Alfredo Terraf pidieron una pericia caligráfica del represor Albornoz, ya que, según la declaración del testigo, muchos de los documentos tenían su firma.
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