viernes, 23 de julio de 2010

VENEZUELA COLOMBIA: Unasur prepara la mediación

Pagina12


Desde ayer, Néstor Kirchner afronta su primer desafío de gravedad como secretario ejecutivo de la Unasur. El ex presidente se comunicó por la mañana con Hugo Chávez para interiorizarse sobre la situación. También habló luego con el presidente pro témpore del bloque, el ecuatoriano Rafael Correa, y con Lula, con quienes diagramó los próximos pasos. Después de estas conversaciones, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, informó que había pedido una reunión urgente del consejo político de la Unasur –que componen los cancilleres de los países miembros–, dejando en claro cuál es el ámbito en el que el gobierno de Chávez quiere dirimir la cuestión, enojado por la actuación de la OEA. “Vamos a colaborar en todo lo que sea necesario”, aseguraron cerca del ex presidente.

Fue el propio Chávez quien informó que ayer lo habían llamado Lula, Correa y Kirchner –“nuestro presidente de la Unión de Naciones Suramericanas”, lo consideró–, “esto preocupa a todos, por supuesto”, evaluó. El venezolano se enojó con la actuación de la OEA, el organismo que ayer accedió a tratar la denuncia del presidente colombiano, Alvaro Uribe, sobre la supuesta actividad de guerrilleros de las FARC en Venezuela. También el gobierno ecuatoriano fue sorprendentemente crítico con la actuación de la organización americana y de su secretario general, el chileno José Miguel Insulza. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, directamente lo acusó de no cumplir con su deber. “Insulza tiene ahora la responsabilidad en lo que ha pasado en la región por no haber llamado a consultas que nosotros le pedimos como un ruego”, explicó Patiño.

Maduro dirigió el pedido de convocatoria de la Unasur justamente a Correa, el conductor pro témpore. “Que Unasur asuma una respuesta suramericana a esta agresión. Unasur es el escenario natural”, concluyó el canciller venezolano.

Patiño estuvo de acuerdo en esa apreciación –“Unasur tiene más capacidad de diálogo”, sostuvo–, pero no quiso avanzar sobre los próximos pasos que daría el bloque, explicó, para no caer en el mismo error de Insulza. “Consultaré al presidente (Correa) para que me dé disposiciones respecto a esto”, evaluó, cauteloso. Ni siquiera quiso adelantar la posible fecha en la que se podría realizar la reunión de emergencia solicitada por Venezuela. “No quiero precipitar, creo que deberíamos consultar con los distintos gobiernos de América del Sur”, explicó Patiño.

Resultará crucial conocer la disposición de Colombia para una eventual cumbre, dado que el gobierno de Uribe prefirió como escenario de su denuncia a la OEA, un organismo que históricamente se vinculó más a los intereses de Estados Unidos y de sus aliados. Sin embargo, la situación es parecida a la que se planteó cuando Colombia anunció la instalación de siete bases norteamericanas en su territorio. En aquel momento, en agosto del año pasado, Uribe aceptó la convocatoria a una cumbre excepcional de la Unasur que se hizo en Bariloche y evitó una condena regional. No es ilógico pensar que Uribe responda ahora de la misma manera, aunque en esta situación se da la particularidad de que en dos semanas dejará la presidencia en manos de Juan Manuel Santos, quien seguramente tendrá que dar su opinión.

Ayer, Kirchner siguió el conflicto regional antes y después del acto que encabezó en Santa Fe (ver página 8). En su entorno confirmaron las comunicaciones con Chávez, Correa, Lula y su asesor en temas internacionales, Marco Aurelio García. Y adelantaron la total disposición del ex presidente a mediar entre los dos países para que la situación pueda recomponerse.

Un torpedo de Uribe como despedida

Por Luis Bruschtein
La denuncia sobre la presencia de guerrilleros de la s FARC y el ELN en territorio de Venezuela ha sido usada por el colombiano Alvaro Uribe a lo largo de toda su presidencia. Pero esta vez la armó como un torpedo a la línea de flotación de la relación entre ambos países. Fue una especie de regalito que Uribe dejó a su sucesor Juan Manuel Santos, que asumirá el 7 de agosto. Lo que dijo el embajador colombiano ante la OEA fue que el gobierno de Hugo Chávez “no acepta colaborar en la lucha antiterrorista”. Uribe denuncia que hay guerrilleros colombianos en Venezuela y Chávez lo niega. Para Uribe, eso es no colaborar. En las denuncias internas y en la propaganda política va más allá y denuncia de hecho que Chávez respalda a las FARC y al ELN, pero no puede hacer esa denuncia en foros internacionales porque no tiene pruebas.

Pero esta denuncia coincide con lo que ha intentado instalar en forma permanente en la región el sector más duro del Pentágono. Hay una coincidencia histórica entre este sector y Uribe. Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. Este sector del Pentágono estuvo implicado en el intento de golpe contra Chávez y ha desarrollado infructuosamente todo tipo de estratagemas para aislar al venezolano de su contexto regional. Ningún gobierno progresista se sumó a esa política. Solamente las fuerzas políticas conservadoras, históricamente muy pronorteamericanas, han colaborado con esta estrategia de guerra abierta contra Chávez.

Con los cambios que hubo en el mundo y ahora con la llegada de Obama a la Casa Blanca no tiene buena prensa hablar de estos temas y recordar que en la historia la relación de Estados Unidos con América latina estuvo signada por invasiones e intrigas violentas para respaldar dictaduras militares o gobiernos represivos. No es un buen saldo.
A partir de los ’80 se produjeron algunos cambios. En especial porque la atención de Washington estuvo menos puesta en la región. Paradójicamente, ahora, cuando por primera vez un afroamericano llega a la Casa Blanca, la sensación es que la región podría sufrir nuevamente la atención de su vecino del Norte.

La existencia del Plan Colombia y la presencia de siete bases militares norteamericanas en ese país viene de antes. No constituye una novedad. Lo nuevo sería que fueran operadas en una crisis regional. Esas bases han sido criticadas por todos los mandatarios de la Unasur, empezando por el brasileño Lula da Silva y los argentinos Néstor y Cristina Kirchner.

En los últimos meses, ya con la gestión de Hillary Clinton como secretaria de Estado de Obama, la flamante presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, autorizó la entrada a ese país de tradición pacifista a entre siete y trece mil marines norteamericanos y 46 barcos de la flota estadounidense. Costa Rica no tiene ejército. En poco tiempo lo tendrá, y será el de los Estados Unidos.

A su vez, el nuevo presidente de Panamá, el empresario derechista Ricardo Martinelli, firmó con Clinton otro acuerdo para instalar cuatro bases aeromilitares. Panamá es un país que arrastró como estigma de su historia que su territorio estuviera partido a la mitad por la Zona del Canal, donde no tenía soberanía y donde había numerosas bases norteamericanas. Y además fue invadido por Estados Unidos en 1989.

Y lo mismo se dice con respecto a Perú: el presidente de Ecuador, el centroizquierdista Rafael Correa, no renovó contrato para la base de Manta, por lo que será trasladada a Iquitos.

En una época en que no existen conflictos militares en la región, sino que, por el contrario, el impulso integrador ha sido más fuerte que en toda su historia reciente, resulta por lo menos sospechoso el evidente interés del Pentágono por regar América latina con bases militares norteamericanas. Y resulta más inquietante si al mismo tiempo, desde Colombia, donde está la mayoría de ellas, un presidente a punto de retirarse echa fuego al conflicto con Venezuela y condiciona a su sucesor y a Chávez a una política de tensión creciente.

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