miércoles, 7 de julio de 2010

MATRIMONIO IGUALITARIO: ARGENTINA RETRÓGRADA

Revista Veintitres

Por Diego Rojas
Quién puede dudar de que la Argentina es un país extraño? Nuestra sociedad se encuentra a las puertas de la ampliación de los derechos civiles hacia una parte de la población que carece de ellos. Hombres y mujeres a quienes el Estado considera, todavía, ciudadanos de segunda clase. Personas privadas de garantías a las que accede, con la naturalidad del ejercicio republicano, el resto de la población. Niños con posibilidades legales cercenadas que podrían ser protegidos por el paraguas jurídico de la igualdad.

La aprobación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo garantizaría el acceso al estado de derecho a centenares de miles de personas que hoy se encuentran por fuera de él. Sin embargo, este es un país extraño. La nueva situación que produciría una sanción favorable de la ley, que ya tiene media sanción, en el Senado provocó un reguero de manifestaciones oscurantistas. Una brotada reacción de la derecha local, sus representantes y sus instituciones, que salieron a atacar la posibilidad con los botines de punta. Que decidieron lanzar una cruzada para resguardar una forma de ver la vida anquilosada, una mirada perimida sobre la sociedad.


Los senadores, en sus orígenes, se diferenciaban de los diputados por representar a las provincias, mientras que estos últimos se erigían como los representantes del pueblo. Los miembros de la Cámara alta expresaban una cuestión de clase de la que quedan rastros en la actual Constitución: el artículo 55 determina que quienes se postulen para ese cargo deberán “disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente”. En el Senado funciona una representación de los Estados de cada provincia y sus miembros no son elegidos de manera proporcional a la cantidad de habitantes. Estas y otras razones provocan que la Cámara alta sea, estructuralmente, la división más conservadora del Poder Legislativo. En ese ámbito se resolverá, este 14 de julio, la aprobación o no de la ley. Algunos de sus representantes ya se pronunciaron. “Esta es una ley que gestaron los porteños, que gestó el puerto –afirmó Liliana Teresita Negre de Alonso, senadora por San Luis–. El puerto quiere esta ley porque quiere convertir a Buenos Aires en la capital gay del mundo. Y quieren atropellarnos a las provincias argentinas como si la Nación sólo fuera Buenos Aires y no la conformáramos todos.” Negre de Alonso, supernumeraria del Opus Dei, una de las órdenes más poderosas y oscuras del Vaticano, también afirmó: “Existe un fuerte movimiento que incluye la llegada de buques gay, la construcción de restaurantes gay, hoteles gay, galerías gay, shoppings gay. Hay todo un movimiento artístico muy fuerte en lo económico que necesita que esta ley salga sí o sí”. La senadora no se detuvo allí: “(la reforma del Código Civil) habilita la puerta al comercio ilegal de óvulos, esperma y de vientres”, sostuvo. No se trata de una expresión de pura ignorancia, sino de la estrategia de confusión que la representante católica ultramontana eligió diseñar para propagandizar su postura en contra de las libertades democráticas: la apelación al centralismo porteño en detrimento del federalismo nacional es una maniobra que intenta desarrollar divisiones que, si bien existen, no son la fuente de la iniciativa igualitaria. La legisladora puntana también se opuso a la designación de Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y Elena Highton en la Corte Suprema y a la ley de educación sexual, votada por todos sus demás compañeros en el recinto. Sin embargo, aunque sus declaraciones pueden ser de las más brutales (le hizo competencia el diputado salteño Alfredo Olmedo, que justificó su voto en contra declarando: “No soy gay, para nada. Tengo la mente cerrada y la cola también”), no es la única representante en el campo político que postula estas posiciones. El Pro en su totalidad votó en contra del casamiento gay en Diputados y Mauricio Macri, su jefe político, siempre se mostró ambiguo respecto de la cuestión –primero se opuso; luego anunció que no se opondría al fallo de la Justicia, aunque el fiscal del Estado porteño obstruyó la resolución que lo habilitaba después de haber sido reprendido por la curia católica–. Francisco de Narváez votó en contra de la ley y fundamentó su voto: “Apruebo la unión civil, pero no estoy de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo”. La senadora Hilda “Chiche” Duhalde se refirió al diputado socialista Ricardo Cucovillo, que fundamentó su postura a favor en un emotivo alegato en el que describió lo que pensaba de su hijo gay, diciendo: “Cuando veo diputados que votaron a favor (del proyecto) sólo porque tienen un hijo homosexual pienso que votaron según su problema en particular”. La esposa del ex presidente aseveró: “El Gobierno (nacional) intenta sacarnos de las preocupaciones serias que tiene el país y meternos en estos temas que hoy no deberíamos estar discutiendo. Por otro lado, estamos hablando de minorías y hay estadísticas que dicen que las uniones homosexuales no duran más de un promedio de tres o cuatro años y en general tienen dificultades importantes a la hora de separarse”. La diputada evangelista Cinthya Hotton planteó: “El niño que es adoptado ya viene
con problemas. Si lo damos en adopción a un papá y un papá, no le doy derecho a una mamá. El fin del matrimonio es la procreación”.

*La nota completa, en la edición impresa de Veintitrés

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