El ex funcionario de la dictadura Jorge Zorreguieta fue denunciado
penalmente ante la Justicia de los Países Bajos por los familiares del
médico Samuel Leonardo Slutzky, secuestrado y desaparecido en 1977.
El pasado
de su papá parece volver a complicar a la argentina Máxima Zorreguieta,
princesa de Holanda. El ex presidente de la Sociedad Rural y ex
presidente de la Cámara de la Industria Azucarera Jorge Zorreguieta, de
83 años, fue denunciado penalmente en la Justicia de los Países Bajos
por el secuestro y la desaparición de un médico sanitarista en 1977,
cuando se desempeñaba como un alto funcionario de la dictadura. La
querella fue presentada por los familiares de la víctima en ese país
porque Zorreguieta se encuentra regularmente allí. En la Argentina está
acusado por otro caso, pero el expediente judicial no tuvo avances.
El vocero de la fiscalía holandesa, Ernst Koelman, confirmó que “fue
presentada una demanda contra Jorge Zorreguieta y estamos
examinándola”, a la vez que anticipó que “el examen de la demanda durará
varias semanas”. Quienes decidieron acusar al ex funcionario de la
dictadura y padre de la princesa Máxima son los familiares del médico
Samuel Leonardo Slutzky, quien fue coordinador de las Unidades
Sanitarias de la Municipalidad de La Plata, secuestrado en su casa la
noche del 21 de junio de 1977 por una “patota” de quince personas
vestidas de civil. Tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos.
Trabajó en leprosarios y militó en el peronismo revolucionario durante
los ’60. En 1968 participó como auxilio sanitario del foco de guerrilla
peronista Taco Ralo, en la provincia de Tucumán, por lo cual estuvo
preso entre 1968 y 1973.
En 1977, la revista Somos divulgó su nombre en un artículo sobre
“Taco Ralo” y poco días después fue secuestrado, aunque en ese momento
no tenía militancia política y sólo se dedicaba a su tarea profesional,
según relatan los familiares y organismos de derechos humanos. Los
sobrevivientes del campo de concentración La Cacha Silvia Bucci y Héctor
Javier Quintero sostuvieron que Slutzky estuvo prisionero en ese centro
clandestino y que no sobrevivió a los tormentos a los que fue sometido
por los torturadores identificados por los apodos de “el Oso” –era un
agente penitenciario– y “el Pelado”.
El abogado holandés Goran Sluiter, representante de la familia
Slutzky, declaró que Zorreguieta “estaba al tanto de todos esos
crímenes, pero pese a ello siguió aportando una contribución política al
régimen” y, agregó, “tampoco abrió ninguna investigación en su
ministerio”. Lo mismo piensa Jan Thielen, el periodista holandés que
logró entrevistar a Zorreguieta en 2001. “El propio Zorreguieta cuenta
casos concretos de familiares que acudieron a él y él sabía dónde
encontrar exactamente a los desaparecidos”, afirmó Thielen en una nota
publicada por Página/12 en enero de 2002, en momentos en que la boda de
Máxima provocaba una invasión de merchandising en las calles de
Amsterdam.
Ya hace once años la Justicia holandesa había rechazado encausar a
Zorreguieta por los mismos hechos, cuando se declaró incompetente para
juzgarlos, pero según Sluiter una reciente modificación de la ley penal
haría posible tal proceso judicial. “Para crímenes graves como los
señalados aquí, el lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad del
autor no tienen importancia: si el autor se encuentra en el territorio
de un país, ese país puede juzgarlo”, sostuvo el letrado. “Según
nuestras informaciones (Jorge Zorreguieta) se encuentra regularmente en
Holanda”, agregó. Según pudo saber este diario, la nueva denuncia es
impulsada también por un grupo holandés que se opone a la monarquía.
La complicidad de civiles como Zorreguieta en los crímenes de la
dictadura era un tema conocido en Holanda cuando, en 2002, se preparaba
la boda de Máxima con el príncipe heredero Guillermo de Orange. Fue así
que la Casa Real de Holanda se hizo eco de la opinión mayoritaria de la
clase política del país y le impidió asistir a la ceremonia.
En 2005, en Argentina, Zorreguieta fue denunciado por el secuestro y
desaparición de la bióloga Marta Sierra, una empleada del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que dependía de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería, conducida durante la dictadura por el padre
de la ahora princesa. Pero no llegó a ser imputado porque la Justicia
federal consideró que no tuvo responsabilidad en ese hecho, que se
produjo el 30 de marzo de 1976, cuando él aún no había asumido como
funcionario. Ricardo Monner Sans, quien fue abogado del caso, recordó
que “a pesar de los esfuerzos que hicimos no daban las fechas”; de todos
modos, destacó que “cuando asumió no promovió ninguna investigación
para determinar qué había sucedido con una de sus empleadas”.
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