Juan Carlos Nacul fue cuestionado por vínculos con el bussismo. La Presidenta envió una nota a la Comisión de Acuerdos en la que anunciaba el retiro de la nominación. El bloque del Frente para la Victoria había acordado no avalarla.
Por Irina Hauser
El Poder Ejecutivo decidió retirar el pliego del candidato que había propuesto para hacerse cargo del Juzgado Federal 2 de Jujuy. Se trata del abogado tucumano Juan Carlos Nacul, quien, como informó Página/12, había sido impugnado por H.I.J.O.S. Jujuy y por las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de esa provincia. El escrito de los organismos advertía que había trabajado para el gobierno de Antonio Domingo Bussi durante el terrorismo de Estado, que fue asesor del bussismo en la Legislatura de Tucumán y defensor del represor Mario Oscar “Malevo” Ferreyra, quien se suicidó en 2008 ante las cámaras de televisión cercado por juicios por su participación en crímenes de lesa humanidad en la última dictadura. El Gobierno también desistió de la postulación para juez federal de Salta de Edgardo López Herrera.
La nota llegó a la Comisión de Acuerdos del Senado el miércoles por la noche y lleva la firma de la presidenta Cristina Kirchner y del ministro de Justicia, Julio Alak. No señala razones, aunque es evidente que es producto de las impugnaciones que, al menos en cuanto a Nacul, dejaron a la vista que desentonaba con el perfil de la tanda de 92 jueces postulados en julio por el Gobierno, entre quienes la experiencia y criterios de defensa de los derechos humanos fueron prioritarios. El retiro de un pliego es algo muy poco usual y en el Senado todavía no entienden cómo pudo el ex defensor del Malevo Ferreyra quedar tan cerca del nombramiento. También el miércoles, el bloque del Frente para la Victoria había decidido no avalar ese nombramiento.
La audiencia pública de Nacul, que estaba prevista para hoy, finalmente fue suspendida. De todos modos, ayer a la mañana el propio abogado se anticipó a presentar su renuncia al cargo al que aspiraba. Ya había dejado trascender entre sus conocidos que aunque fuera a exponer al Senado al final desistiría. Al impacto de los cuestionamientos recibidos sumaba –en voz baja– que para colmo el Juzgado Federal de Jujuy tiene un gran retraso, con más de 9000 causas en trámite, en una zona de narcotráfico, trata de personas y problemas en la organización de las causas contra represores, que están fragmentadas. Nacul ya participó en una veintena de concursos y seguiría en carrera en varios de ellos.
En su impugnación, la agrupación H.I.J.O.S. había alertado sobre los “peligrosos antecedentes profesionales” de Nacul. Enumeraba que fue funcionario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán durante la última dictadura, con Bussi en el poder; asesor del bu-ssismo en la Legislatura tucumana en el bloque de Fuerza Republicana (entre 1996 y 1999); además de defensor de Ferreyra, hombre clave del Operativo Independencia, implicado por las víctimas “como responsable de secuestros y desaparición de personas”.
En su respuesta a la impugnación presentada en el Senado insistió en que nunca lo defendió en las causas por violaciones a los derechos humanos y que cuando le ofrecieron actuar como defensor oficial, se negó. Agregó que como fiscal subrogante en Santiago del Estero impulsó una causa por crímenes del Tercer Cuerpo de Ejército. Sostuvo que cuando trabajó durante el régimen de Bussi en la Caja Popular no era “funcionario”, sino “abogado” en juicios contra empleados deudores. A la Legislatura, aclaró, entró en 1987 con el peronismo y ahí quedó, hasta que un día trabajó con Fuerza Republicana.
La presentación de H.I.J.O.S. sostiene que Nacul habría intentado cambiar su imagen en los últimos años al mostrarse “misteriosamente” cercano a “políticas de derechos humanos”. En la misma línea, Madres y Familiares de Desaparecidos señalaban que “su presunta vinculación con los genocidas (...) no nos garantiza juicios justos”.
Otro de los pliegos que retiró la Presidenta es el de López Herrera, que estaba cerca de ser nombrado juez federal de Salta, otra jurisdicción con causas complejas y algunas demoradas sobre crímenes de la última dictadura. Fue denunciado por la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, porque no es de la provincia, proviene del derecho privado y dudaban de que encauzara las causas pendientes de lesa humanidad, en juzgado con 16 mil expedientes en trámite, 11 mil de ellos provisionales. Cuando hizo su descargo en el Senado dijo, palabras más palabras menos, que cualquier juez se demoraría en estudiar los expedientes contra represores pendientes. La senadora Sonia Escudero (del Interbloque Federal) intentó colar su pliego en la sesión de anteayer, pese a que no entraba ninguno de los impugnados, y fracasó.
El Ejecutivo retiró también la postulación, de un concurso más viejo, de Adrián García Lois, para el Juzgado Federal de Rafaela, aunque no había sido impugnado, sino que había intereses políticos cruzados.
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1 comentarios:
Yo no fui funcionario de ningun gobierno de facto, 27 años en la justicia, vivo siempre en el mismo lugar, no me enriquecí, acompañe todas las movilizaciones por los derechos humanos cuando la mayoría de los que hoy se llaman defensores de ellos, estaban cobrando sus obscenos sueldos de funcionarios públicos y callaron leyes como el indultos; por ese motivo y por mi militancia fui postergado en la carrera judicial y echaron a mi ex esposa por militante y pareja mía. Solo tuve problemas con dos actuales senadores que vivieron en Santa Fe, que ahora representan a otras Provincias, pero tienen intereses personales y polìticos allí, y con un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn, que apenas sabe donde queda Tribunales,que no es de carrera, que también tiene intereses polìticos y económicos en Santa Fé, todo lo que esta documentado y en parte denuncie al CELS oportunamente. Creo que esos son los intereses políticos cruzados que señalan, para la región más rica del país. ADRIAN GARCIA LOIS (adriangarcialois@hotmail.com)
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