Frente al estado público que ha tomado
el llamado a reunión de Comisión de Legislación Penal para el día 27 de
septiembre para debatir los diferentes proyectos sobre reformas de
artículo 86 del código penal y el proyecto de Ley elaborado desde la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito,
además del presentado en el año 2010 por el bloque Nuevo Encuentro de
similares alcances y características, consideramos oportuno hacer
pública nuestra postura.
Modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un
sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de
interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de
salud. Es incluso, en el caso del último proyecto presentado por el
Presidente de la Comisión, diputado Juan Carlos Vega, más restrictivo
que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12
semanas) que el actual código no incluye. Circunstancias que actualmente
se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando
existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de
violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones
propuestas se volverían punibles.
Una vez más se puso en evidencia en agosto de 2011 con la niña
violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto
obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir
que se promueve una trama de incumplimientos, discusión de
interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de
justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un
problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados
por nuestra legislación desde hace 90 años.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una
“Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles”
elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación que debe elevarse a
rango de Resolución Ministerial, junto con el desarrollo de un plan para
su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta
Guía es una política de salud pública, responsabilidad del Poder
Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo
para ser efectiva.
El proyecto de Vega y otros que sólo intentan aclarar los alcances
del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de
las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los
abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el
aborto clandestino. No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que
cada año recurren a esta práctica, y menos aún el de las 3000 mujeres
que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus
familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto,
peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen
acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país.
La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que
prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con
menor nivel educativo.
En contraposición a lo expuesto, creemos que legalizar y despenalizar
el aborto como propone el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a
descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e
institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las
actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud
trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se
deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del
Proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir
drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación.
Como ha sido ampliamente argumentado por diferentes Organismos
Internaciones de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del
aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la
autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser
garantizados por el Estado.
Desde la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de
la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas
especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz
Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos) que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de
avanzar en la legalización sobre aborto. En ocasión de las mismas, la
Comisión, manifestó su compromiso con que este tema fuera tratado
durante el año 2011. Por esto es que desde la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperamos que se dé el mismo
tratamiento a este tema que se dio al debate por la Ley de Matrimonio
Igualitario. Nuestro proyecto de Ley cuenta con la firma que lo avala de
50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que
se ha sumado a lo largo de todos estos años.
Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la
complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a
diputadas y diputados firmantes del proyecto de Ley de la Campaña a
realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres
no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos,
ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a
nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a
un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más
jóvenes y de sectores populares.
Invitamos a participar a toda la sociedad comprometida con la defensa
de los derechos humanos de las mujeres y reiteramos nuestro compromiso
integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no
abortar, aborto legal para no morir.
Fuente: Agencia Paco Urondo
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario