Tras publicar un libro sobre la experiencia de los juicios por crímenes
de lesa humanidad en Argentina, asegura que el Poder Judicial tiene que
“autodepurarse” y que se deben “juzgar conductas individuales”, como en
el caso del camarista Otilio Romano.
Por Irina Hauser
Desde
hace algunos días, cualquiera que entra al Palacio de Justicia se topa
enseguida con un cartel que anuncia una muestra fotográfica: “Centros
Clandestinos de Detención Hoy”. A lo largo de todo el corredor hay una
sucesión de impactantes imágenes de 29 centros de exterminio de la
última dictadura. Imposible no detenerse a mirarlas. Imposible no
sorprenderse ante esa presencia inevitable, que se coló ahí en el
corazón de la Justicia, donde no hace mucho reinaba una resistencia muy
fuerte a hablar de la dictadura y sus crímenes y a motorizar su
juzgamiento. Las fotos, además, forman parte de un libro que decidieron
publicar el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el
secretario general, Alfredo Kraut, que se propone contar la experiencia
de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Derechos
humanos: justicia y reparación se llama y, viniendo de la cúpula
judicial, marca una línea, un nuevo paradigma. “Debemos difundir lo que
ha pasado para que nunca más vuelva a repetirse el terrorismo de
Estado”, sostuvo Lorenzetti en diálogo con Página/12. También habló de
las dificultades que subsisten y, a raíz de la fuga del camarista Otilio
Romano, llamó a una “autocrítica del Poder Judicial” por su “rol
institucional en aquellos tiempos”. Dijo que debe “autodepurarse” y que
se deben “juzgar conductas individuales”.
–Hace unos meses se oyó a intelectuales y periodistas decir
que están hartos de escuchar hablar de los ’70 y la dictadura. La
aparición de su libro sugiere que usted piensa otra cosa. ¿Qué sería?
–Es una ligereza imperdonable decir que se está harto de los
derechos humanos. Una buena prueba de ello es la experiencia del nazismo
y la persecución del pueblo judío; han pasado los años y aparecen
partidos neonazis o dirigentes que niegan el Holocausto. Por eso, la
lucha contra el totalitarismo, la discriminación y el terrorismo de
Estado nunca termina.
–¿Qué lo movió, siendo presidente de la Corte Suprema, a publicar este libro?
–A medida que se avanza en el juzgamiento del pasado, hay que pensar
en el futuro. Por eso debemos trabajar en la educación y la cultura,
para que las generaciones que nos sucedan, que no tendrán una
experiencia directa, puedan conocer lo que ha sucedido. Debemos difundir
lo que ha pasado para que nunca más vuelva a repetirse el terrorismo de
Estado, y nuestros hijos o nietos puedan disentir libremente sin ser
perseguidos, torturados o secuestrados por el propio Estado que los
debería proteger. Por esta razón pensamos en constituir una nueva
comisión interpoderes, con el Ministerio de Educación, la autoridad de
medios de comunicación, el consejo interuniversitario, a fin de
coordinar políticas públicas educativas y culturales. Ya hemos
conversado, efectuado reuniones y hay un gran interés en una política
común. En ese contexto surge el libro, en el que se da a conocer mucho
material que no es conocido. Hay un relato de cada etapa desde el
comienzo de la democracia y luego, un resumen de las principales
decisiones que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de
amnistía y los indultos, y se sigue con un detalle de las principales
causas que se han llevado a lo largo y ancho del país, mencionando los
centros clandestinos de detención, los hechos más relevantes.
–Usted y Kraut dicen en el libro que pocos países han
abierto investigaciones de los crímenes de lesa humanidad sin
limitaciones como en Argentina. ¿Uno puede decir que aquí ya no hay más
obstáculos?
–No hay ni puede haber limitaciones respecto de los juicios de lesa
humanidad en curso. La Corte ha declarado la inconstitucionalidad de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como de los indultos, y
por lo tanto no puede haber nuevas amnistías; nuestro sistema
constitucional no lo permite.
–¿Cree que hay alguna causa ejemplar sobre crímenes de la dictadura por cómo se investigó y/o juzgó?
–Hay varias causas ejemplares en todas las jurisdicciones y sería
injusto mencionar alguna en especial. Por su magnitud pueden verse las
referidas a la ESMA o Primer Cuerpo de Ejército, que están detalladas en
el libro y son extremadamente amplias y complejas.
–Usted ha dicho públicamente que con los juicios de lesa
humanidad “no hay marcha atrás”. Pareciera que le hablara, como
advertencia, a alguien que quiere lo contrario. ¿A quién?
–Esta ha sido una larga lucha que nació en la sociedad. Durante la
vigencia del terrorismo de Estado estuvieron los organismos de derechos
humanos, artistas, intelectuales, periodistas, abogados, políticos,
dirigentes sociales, gremiales y muchos otros luchando para que se
abrieran los caminos de la Justicia. Empezó en otros países, siguió en
el nuestro, se hizo el Juicio a las Juntas, luego hubo amnistías, y
luego se volvió a abrir un proceso amplio en el que coincidieron, no
sólo la amplia mayoría de la sociedad, sino los tres poderes del Estado.
Por eso decimos que hoy, este proceso, pertenece al contrato social de
los argentinos y es muy amplio. Cuando decimos que no hay marcha atrás,
creo que expresamos una síntesis de todo ese conjunto. Pero precisamente
por la profundidad y amplitud de este consenso es que hay que
sostenerlo con el trabajo cotidiano y constante. Siempre hay quienes
quieren detener lo que debiera ser indetenible, quienes están en el lado
equivocado de la historia; a ésos nos dirigimos.
–¿Los escollos que subsisten para avanzar son resistencias
del propio Poder Judicial? Hubo hace poco, por ejemplo, una exhortación
de la Comisión Interpoderes –que coordina Kraut– para acelerar los
juicios.
–Hay dificultades lógicas derivadas de varios factores. Hay
cuestiones generales, como la necesidad de crear más cargos de jueces,
porque los juzgados de primera instancia y los tribunales orales están
saturados y eso demora estos y otros juicios; siempre hemos dicho que el
proceso judicial debe ser más rápido, pero ese resultado depende de la
cantidad de jueces. También hay aspectos específicos, como ocurre con la
investigación en aspectos genéticos, o la ubicación de los testigos.
Sin embargo, creo que el resultado general es bueno, se ha ido
avanzando, y la comisión interpoderes ha sido de gran utilidad en ese
sentido para coordinar los aspectos de infraestructura.
–¿Qué dificultades hay para investigar la complicidad judicial con el terrorismo de Estado?
–En cuanto a los jueces y juezas, la mayoría ha trabajado bien y se
han esforzado, pero es innegable que hay quienes se oponen y resisten.
El Poder Judicial se debe mirar a sí mismo, hacer una autocrítica de su
rol institucional en aquellos tiempos, y un juzgamiento de las conductas
individuales. Hemos llevado adelante este proceso y hay casos muy
conocidos y notorios. Hoy en día existe el caso de (el camarista
mendocino) Otilio Romano, que se ha ido del país, pero es justamente
porque se lo ha comenzado a juzgar, está procesado judicialmente,
suspendido por el Consejo de la Magistratura por su conducta y camino al
juicio político. El sistema tiene que funcionar y autodepurarse. Ningún
juez o jueza puede dejar de cumplir con su deber de llevar adelante un
juicio, anteponiendo sus intereses o ideología, eso es censurable y así
lo hemos manifestado.
–¿Qué garantía hay ahora de que se lo juzgue a Romano si está prófugo, pidiendo asilo en Chile?
–Hay que dejar que actúen las instituciones, tanto de Chile como de Argentina, para que el tema se pueda ir resolviendo.
–¿Qué medidas se han tomado para la protección de testigos y evitar su revictimización?
–En la comisión interpoderes se ha trabajado muchísimo en este
aspecto, y el Poder Ejecutivo ha implementado programas especiales que
funcionan bien.
–¿No hay manera de evitar que los testigos queden expuestos a declarar varias veces sobre lo mismo?
–No, porque en nuestro país no se han dictado leyes especiales para
juzgar estos crímenes o para ordenar su tratamiento procesal. Por eso es
tan complejo ir caso por caso.
–Un rasgo de los delitos de lesa humanidad es que no
prescriben. ¿Por qué algunos tribunales, como la Cámara de Casación,
siguen liberando a los represores con el mismo criterio que aplican a
los delitos comunes? ¿No hay distinción?
–La categoría de los delitos de lesa humanidad es excepcional, por
la gravedad de los hechos. Se ha construido paso a paso, luego de la
tragedia del Holocausto, las masacres en Africa, en Europa oriental y
otros casos en los que el Estado persiguió a sus propios ciudadanos
persiguiendo un exterminio masivo de la población civil. Por eso la
excepcionalidad da lugar a la imprescriptibilidad, la
inconstitucionalidad de los indultos y de las amnistías. En ese contexto
están las excarcelaciones y, a pesar de que hubo distintas opiniones,
poco a poco se va imponiendo la idea de que también aquí hay que ser
rigurosos.
–La difusión a través de los medios de historias como la de
Graciela Alfano y Emilio Massera, y las sospechas sobre apropiación de
bienes, ¿banalizan el tema o conllevan algún aporte?
–Nosotros creemos más en la difusión institucional, que estamos
haciendo a través del Centro de Información Judicial, y la que hacen los
medios de comunicación, así como la que pretendemos que haga el sistema
educativo en su conjunto. Ninguna tragedia puede ser banalizada, porque
es un modo de comenzar a no tomarla en serio.
–¿La difusión y la educación alcanzan para que no se repita el terrorismo de Estado, como decía usted antes?
–Por supuesto que no es lo único, pero son un factor fundamental para que las semillas de totalitarismo no crezcan.
–Desde el punto de vista histórico, ¿por qué las sociedades
toleran regímenes totalitarios con las consecuentes violaciones a los
derechos humanos?
–Las sociedades se adormecen peligrosamente frente a la repetición
de las violaciones de derechos humanos y comienzan a tolerar lo que
debería ser intolerable. Por eso es tan importante reaccionar
fuertemente frente a cada acto de discriminación o de persecución
totalitaria. Una respuesta completa al interrogante de por qué surge el
totalitarismo implicaría escribir un libro, y hay muchos sobre el tema.
Nosotros nos concentramos en un aspecto, que es cómo pueden colaborar
los poderes judiciales mediante la difusión de este tipo de juicios. Por
supuesto que hay factores políticos muy importantes y también
económicos.
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