Tal vez sea exagerado decir, como hizo La Nación, que Schoklender es el
nuevo jefe de la oposición, pero los acuerdos que el hombre de negro
reveló en el Congreso son significativos. La extorsión no funciona con
CFK, que le negó la plata dulce que exigía, pero contamina a una
oposición que sigue sin reponerse del baño de realidad de agosto. Con
quiénes andan los jueces que absolvieron a Menem. La polémica con Lanata
sobre la antipolítica y los poderes fácticos.
Decir
que la oposición ha elegido como jefe a Sergio Schoklender es una
demasía del columnista principal de La Nación, que tal vez se cree a
salvo de la catástrofe. Pero por crítica que sea la columna de Carlos
Pagni, su diario le ha dedicado la tapa en seis días de la semana del 9
al 16 de setiembre. Aventajó incluso a Clarín, que le reservó cinco. El
viernes 16, la coincidencia abarcó incluso el título, acerca de las
presuntas presiones por parte del gobierno que habría sufrido el
desquiciado, de las cuales la única prueba que aportó es que conocía a
un funcionario de la Secretaría de Inteligencia. Es difícil expresar con
mayor crudeza que Pagni el acuerdo entre Schoklender y la oposición:
“Frustrados con sus denuncias de fraude, radicales y duhaldistas dieron
otro manotazo de ahogado ofreciendo al operador de Bonafini el escenario
del Congreso para que politice su chantaje. Schoklender, para quien el
abuso de confianza no tiene secretos, aceptó la invitación y, subido a
la tribuna, advirtió: ‘Se necesita equilibrio en el Congreso para evitar
una monarquía’. Le faltaba la toga. ¿Qué menos podía hacer que
retribuir las atenciones pidiendo el voto para quienes lo estaban
convocando?”.
Callejón sin salida
Sólo el aturdimiento ante los resultados electorales del 14 de
agosto explica la celada que la oposición se tendió a sí misma, siempre
fiel a la línea fijada por su conducción estratégica. Que se hayan
encerrado solos en tan sórdido callejón sin salida es una nueva
constatación de que siguen sin entender cómo fue posible que más de la
mitad del padrón votara por Cristina. Los candidatos del oficialismo que
recorren el país con actos de campaña se asombran de no cruzarse nunca
con sus adversarios. Repiten así las conductas que los llevaron a donde
están, supliendo con escándalos y anécdotas y su repercusión en los
medios con cabecera en la Capital la falta de militancia y de propuestas
que permitan debatir los temas centrales de la producción, el trabajo,
la seguridad o las relaciones internacionales. La escala legislativa en
el raid mediático del hombre de negro exacerbó las recriminaciones entre
las distintas piezas del fragmentado mosaico opositor. El Frente
Antiinflacionario Progresista comunicó que no asistiría, pero se
rectificó ante el batifondo de radicales y peornistas federales que lo
acusaron de ser “funcional al gobierno”. Guiado por la pica con Hermes
Binner, Ricardo Alfonsín dijo que participaría de la audiencia pese a
que SS le parecía una fuente poco confiable. Concluido el trámite, el
duhaldista remilgado Eduardo Amadeo dijo que SS le daba asco. Pero uno
por uno cumplieron la insólita tarea de asociar su imagen con la de su
huésped, por temor a que otro se apoderara del mapa y llegara primero al
tesoro. Ver al juez del proceso a las juntas militares Ricardo Gil
Lavedra convertido en vocero e intérprete de Schoklender es una
experiencia fuerte, tanto como lo fue la extraña pareja que el hombre
que mató a los padres formó con la madre a la que le desaparecieron los
hijos. Los diputados oficialistas se negaron a asistir aduciendo que se
intentaba montar un “circo mediático”, con lo cual le crearon otro
dilema a la oposición. Para dañar al gobierno era necesaria la
transmisión por la cadena de medios privados. Pero el gobierno les
inoculó el virus de la duda: ¿no estarían por dar otro paso
contraproducente, como al apoderarse de los cargos en las comisiones
legislativas o al dar refugio al guardián de las reservas, Martín
Redrado? Tanto dudaron entre las dos puertas, que terminaron por chocar
con la pared: lo invitaron, pero sin presencia de cámaras ni
periodistas. El pretexto inverosímil de que el juez Norberto Oyarbide
había decretado el secreto del sumario les permitió erigirse en
intérpretes y evaluadores de los dichos de quien ni siquiera ocultó su
intención de extorsionar a Bonafini y el gobierno. Así cometieron el
delito que presuntamente querían evitar. La confusión entre un imputado y
un testigo, nada menos que en la Comisión de Asuntos Constitucionales,
que preside la boxeadora Graciela Camaño de Barrionuevo, califica la
intensidad de la crisis en que está sumida la oposición. Si algún valor
pudiera tener el relato de un actor de los hechos investigados, sería su
conocimiento directo. Pero Schoklender dijo que a él nunca se animaron a
pedirle peaje. Supone que porque le tenían miedo...
El comienzo del fin
Otro elemento llamativo es la tranquilidad con que el gobierno vivió
el episodio. La crisis de la Fundación Sueños Compartidos estalló
cuando la presidente CFK se negó a concederle un crédito a tasa
subsidiada de la línea del Bicentenario, que Schoklender le había pedido
a Débora Giorgi, porque no estaba contemplado su otorgamiento a
organizaciones sin fines de lucro. SS pidió entonces que los fondos se
entregaran a la empresa Meldorek, pero nunca presentó las garantías que
le reclamaron. Entre sus presiones a distintos funcionarios amenazó,
incluso, con que “Hebe va a hablar con Cristina”. La única vez que
Bonafini rozó la cuestión, la presidente le dijo afectuosamente que no
se ocupara de ese tema. Como Schoklender seguía exigiendo dinero fresco
estatal, Bonafini lo apartó, según creía, en buenos términos, hasta que
un embrujo lo convirtió en víbora. Tanto el gobierno como la Fundación
sostienen que las viviendas construidas son mejores que las de otros
programas sociales, que se entregan con terminación de calidad,
amobladas y hasta con cortinas, y que los pagos sólo se hacían contra
verificación del avance de las obras por las jurisdicciones provinciales
y municipales. Agregan que si en algunos casos se contrataron sin
concurso ni licitación fue porque se construyeron en barrios bravos en
los que ninguna empresa quería entrar, con trabajadores del lugar, a los
que no se les pedían antecedentes penales, la mitad mujeres, que además
recibieron capacitación y contaban con guardería, escuela, centro de
salud y áreas de deportes y esparcimiento. Lo mismo sucede en algunas
obras de la organización Túpac Amaru. De acuerdo con esta versión, el
gran número de empleados estables, con salarios de convenio y registro
regular, implicaba altos costos fijos que requerían la constante
iniciación de nuevas obras en cada jurisdicción, con cuyos anticipos se
cubrían los déficit acumulados, ya sea por ese descalce entre costos y
precios o por la derivación de fondos hacia otros fines que se imputa al
apoderado. Por eso, Schoklender exigía a funcionarios nacionales,
provinciales y municipales que le concedieran más obras, incluso en
otros países de la Unasur, y créditos para instalar fábricas que
produjeran a menor costo los paneles que usaba en sus construcciones.
Cuando sus urgencias dejaron de coincidir con el ritmo de los trámites y
los controles que se aplican a los dineros públicos, se despeñó desde
la cima de una pirámide de Ponzi, como la que construyó en Estados
Unidos el financista Bernard Madoff.
Plata dulce
Si en el camino, además, se cometieron otros delitos en perjuicio de
la organización para la que trabajaba Schoklender, o del Estado, y/o
con participación de algún funcionario, se determinará en la causa
judicial, en la que además del poco estimado juez Oyarbide también actúa
una Cámara de Apelaciones con mejores credenciales. Las afirmaciones de
que Sueños Compartidos era una caja política que pagaba sobresueldos a
funcionarios y que su imprenta realizó sin cargo carteles para las
campañas porteñas de Amado Boudou y Abel Fatala requieren de más pruebas
que esta extemporánea denuncia. Por lo pronto, el dictamen del fiscal
Jorge Di Lello afirma que esos presuntos aportes no están probados en la
documentación que SS entregó a la Justicia. Así como Cristina rechazó
las presiones de Shoklender y le negó la plata dulce que exigía, bajo su
gobierno ningún procesado siguió en su cargo. Pero para que se llegue a
ese punto hará falta algo más que el relato vengativo de un oscuro
personaje que debe ser tomado “con pinzas” porque su motivación es “no
caer solo”, como dijo el más íntimo colaborador de Francisco De Narváez,
Gustavo Ferrari. También habrá que cuidar que el merecido castigo a
cualquier deshonestidad no implique el abandono de formas de
organización social distintas a las del mercado, que además de
solucionar un problema habitacional tienden a la integración de sectores
marginados. Sería más fácil si Bonafini ahorrara al Congreso los
insultos que primero usó contra los asesinos de la dictadura y luego
para dirimir diferencias políticas o ideológicas con sus compañeros de
lucha del movimiento de derechos humanos y con aquellas Madres de Plaza
de Mayo que no creían en el dogma de su infalibilidad.
Quién es quién
En cambio hubo que esperar a que terminara el gobierno de Carlos
Menem para que avanzaran las causas que lo involucraban a él y a sus
colaboradores. Por eso, la absolución del ex presidente por el
contrabando de armas a Ecuador y Croacia produjo decepción en sectores
de la sociedad. El resultado era previsible, desde que la mayoría
automática de la Corte menemista dijera en 2001 que no estaba probada la
asociación ilícita ni la falsedad ideológica de los decretos firmados
para vender a Panamá y Venezuela los fusiles que en realidad fueron a
los Balcanes y el Pacífico. Desde entonces la causa remanente se tramitó
en el fuero penal económico (penal cómico, lo llaman en Tribunales),
que desde su creación, en 1959, ha ido perdiendo competencias. Nunca
prosperaron los proyectos de disolverlo porque se perderían buenos
negocios que importan a media docena de grandes estudios jurídicos. Sólo
son respetados los camaristas Edmundo Hendler y Nicanor Repetto y la
fiscal María Luz Rivas Diez. En la actualidad, se ocupa apenas de
contrabando. Sus turnos y sorteos permiten digitar en qué juzgado se
inicia cada causa. Es el único fuero que carece de un sistema
informático que permita detectar si existen más causas con los mismos
imputados, ni en qué sala está cada una. Debido al contrabando de
sustancias psicotrópicas de consumo prohibido, es uno de los fueros más
penetrados por la DEA estadounidense, que organiza tours para jueces y
fiscales. En varios artículos periodísticos se implicó que los jueces
Artabe e Imas, que firmaron la absolución de Menem, habían sido
designados por Cristina y que el fallo absolutorio era el pago por las
abstenciones que le impidieron al Grupo Ahhh... lograr el control del
Senado. Los mismos medios insisten en que la candidatura de Menem para
renovar su banca en el Senado se presenta en alianza con el FpV. Esta
versión se ha repetido una y otra vez, aun luego de la desmentida
categórica de los secretarios electorales de las Cámaras nacional y de
La Rioja, Nicolás Deane y Lía María de la Colina de Ibarlín: no se ha
presentado tal alianza antes de que vencieran los plazos ni hay boleta
pegada. En cuanto a los jueces, Horacio Artabe ingresó en la justicia
como secretario de primera instancia en mayo de 1978, cuando gobernaba
el entonces general Jorge Videla, y en 1994 Menem lo designó juez de
Instrucción en este fuero. Su patrocinador fue el entonces abogado de
Daniel Hadad, Daniel Open. En 2005 el creador de la Policía de Seguridad
Aeronáutica, Marcelo Saín, lo denunció por conducta sospechosa. En
2006, el Consejo de la Magistratura lo designó juez subrogante en el
Tribunal Oral en lo Penal Económico N 3. En el mismo año ocupó su cargo
como subrogante en ese tribunal Luis Imas, quien hasta entonces ejercía
como abogado particular. Es decir que ya estaban allí cuando Cristina
fue electa presidente. Luego de concursar ante el Consejo de la
Magistratura, los dos fueron designados, esta vez sí por CFK, como
titulares en el mismo tribunal, Artabe el año pasado e Imas éste. Como
tantos miembros de la gran familia penal cómica, Artabe e Imas son
íntimos amigos. Artabe está vinculado también con los generales Mario
Dotto y Victor Hugo Figueroa. Dotto lo invitó a participar en el viaje
del rompehielos Almirante Irizar de 2006, que, con el pretexto de
conocer la Antártida, la Armada utilizaba para hacer lobby entre
personalidades, funcionarios y diplomáticos. El juez ya había
participado del viaje de 2005 y quiso repetirlo. Dentro del sistema de
castas en que estaba organizado el buque hasta su incendio, en abril de
2007, los jueces y los militares tenían acceso al comedor del quinto
piso, con buffet y barra libres, al que no podían ingresar los demás
pasajeros. Esa discriminación fue suprimida por la ministra Nilda Garré,
quien advirtió que “no quiero el hotel flotante de Massera”. Un
contertulio de Altabe a Imas cuenta haberlos oído despotricar contra
Néstor y Cristina y comprometerse a darle “una mano a Menem”. En
noviembre, cuando se den a conocer los fundamentos de este llamativo
fallo, tal vez se entienda por qué, luego de escuchar la absolución,
Menem se abrazó y besó con su abogado, Máximo Rosconi.
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1 comentarios:
Que claro que es Verbitsky, su pluma es como un estilete que limpia el trigo de la paja.
Gracias Memorias!
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