Un juez destituido, un fiscal que renuncia para que no lo echen,
procesamientos confirmados y un camarista que se escapa como un
fugitivo: este año empezaron a cobrar forma las investigaciones sobre el
rol de la Justicia durante la última dictadura.
Por Irina Hauser
Primero
vino la destitución del camarista mendocino Luis Miret, el que a un ex
detenido le dijo la frase memorable “hay que aguantar”, tras una sesión
de tortura. Le siguió una denuncia contra el juez de Casación Gustavo
Mitchell hecha por el tribunal que juzga la apropiación de hijos de
desaparecidos, el mismo que a los pocos días hizo abrir una causa contra
el entonces fiscal Juan Martín Romero Victorica. En La Rioja fue
detenido el ex juez Roberto Catalán; en Rosario, la Cámara confirmó el
procesamiento del ex juez de menores Luis María Vera Candioti y ordenó
reabrir causas contra otros dos. Fue anulado el sobreseimiento del ex
camarista de Salta Ricardo Lona, y al final llegó otro mendocino, Otilio
Romano, o mejor dicho se fue –a Chile– para eludir ser juzgado por 103
crímenes de lesa humanidad y evitar presenciar su juicio político. Hay
más, y todo ocurrió en lo que va de este año. Como si se hubiera roto
algo, algún pacto que los amparaba. La complicidad de jueces,
secretarios y fiscales con la maquinaria del terrorismo de Estado
durante la última dictadura y también con posterioridad devino uno de
los grandes temas en tribunales. O un gran desafío, que tardó en pasar
filtros y de todos modos aún debe capear ciertas resistencias
corporativas residuales.
El día que Victoria Montenegro se sentó ante el Tribunal Oral
Federal N0 6 (TOF6) y decidió contar lo que se había guardado durante
una década, abrió un mundo. Repasó su historia personal de manera lisa y
llana, entre lágrimas, y dijo que estaba marcada por un poderoso fiscal
de la Cámara de Casación que había hecho de todo por ayudar a su
apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff,
cuando era investigado por la Justicia. Reveló que le anticipaba
información y llegó a ponerle abogados cuando lo detuvieron. Aseguró
incluso que sabía que había sido el propio Tetzlaff quien mató a sus
padres en 1976. Victoria, la nieta recuperada número 78, repitió y
amplió su relato en la radio y la televisión. Quizá sin planearlo,
conmovió a miles de personas. Volvió cercano y palpable parte de ese
enunciado que nombra a la complicidad civil con los crímenes de la
última dictadura. Hablaba, además, de Romero Victorica, quien ese 25 de
abril todavía ocupaba un despacho de fiscal de Casación Penal en el
mismo edificio donde ella declaraba. Su testimonio derivó en una causa
penal, a cargo del juez Norberto Oyarbide, a quien Romero Victorica ya
le fue a pedir el sobreseimiento, y dio lugar a la apertura de su juicio
político en la Procuración General. Pero renunció antes de que lo
expulsaran.
La actuación atribuida a Romero Victorica es una de las caras de la
cooperación civil con el régimen dictatorial: la de quienes, ya en
democracia, buscaron poner obstáculos para juzgar a los represores, o
incluso a otros jueces, como garantes de su impunidad. El ex fiscal
nunca disimuló su postura, pero no avanzaban los planteos en su contra.
Avances y resistencias
En la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por
Violación a los Derechos Humanos de la Procuración contabilizan sesenta
personas que tienen o tuvieron cargos en la Justicia que “se encuentran
vinculadas con diferentes grados de responsabilidad” con delitos de lesa
humanidad desde la época de la Triple A. Representan otra faceta de la
“relación del Poder Judicial con la represión”: la de quienes desde los
tribunales fueron funcionales, cómplices o garantes de violaciones a los
derechos humanos durante el terrorismo de Estado mismo. Pablo Parenti,
coordinador, dice que el avance de los juicios de derechos humanos fue
haciendo lugar a “nuevas hipótesis que complementan las iniciales” o
“aspectos que no aparecían como los más urgentes”, y que hay “más
testimonios sobre el tema y análisis documentales de expedientes”.
Además, dice, “para avanzar penalmente hay que vencer una resistencia
que proviene de la propia administración de Justicia, que no siempre se
explica por motivos ideológicos, sino también por lazos familiares o de
amistad, identificación o pertenencia a la misma corporación; pero los
juicios y el trabajo permanente van haciendo mella en estas
resistencias”.
El testimonio de Victoria Montenegro tuvo otras consecuencias no tan
perceptibles, pero existentes, como haber llenado de sentido a un hecho
ocurrido un mes antes de su declaración, pero no tan difundido: la
destitución del camarista mendocino Luis Miret. Los testimonios de ex
detenidos que lo vieron durante su cautiverio fueron impactantes. Como
el de León Glogowski, que contó que Miret lo vio torturado y con el
labio roto y que él le denunció sin eco las golpizas y torturas que
recibían los detenidos, incluso el ataque sexual sufrido por su novia de
17 años, a quien escuchaba gritar desde el calabozo vecino. Glogowski
además recordó que con él se ensañaban por ser judío, y que el ex juez
comentó: “¡También, con ese apellido!”. Su novia era Luz Faingold, a
quien siendo menor de edad llevaron al D2, un centro de detención de
adultos. Miret se negó a restituirla a sus padres y la mandó a un
internado, contó ella ante los consejeros. Luz, además, es querellante
en la causa penal en la que no sólo Miret fue procesado, por cerca de
treinta casos de violaciones a los derechos humanos sino también el
entonces fiscal, que en estos últimos días se hizo famoso tras fugarse a
Chile justo un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo
suspendiera para abrirle juicio político: Otilio Romano, también
camarista en Mendoza.
Romano está procesado por 103 secuestros, desapariciones, torturas y
robo de bienes de desaparecidos y camino a juicio oral. Su posible
destitución elevaba las chances de que terminara preso al quedarse sin
inmunidad de arresto. Por eso huyó, y pidió asilo político en el país
vecino, que le dio ocho meses de visa mientras lo analiza. Lo único que
podría precipitar todo es que un tribunal pida la detención sin esperar
la destitución, un planteo que han hecho el Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos (MEDH) mendocino y el fiscal Omar Palermo. El juez
Walter Bento supeditó la captura al juicio político. Ahora deben decidir
tres camaristas. El escándalo que implica la fuga de un juez de Cámara,
acusado de delitos de lesa humanidad, bastó para que fuera tema en
todos los medios.
Romano también fue visto por ex detenidos recorriendo centros
clandestinos, incluso en La Plata. El abogado del MEDH Pablo Salinas
suele explicar que “sin la actuación del fiscal, los represores no
podían haber avanzado; porque no investigaba las torturas que le
denunciaban; o porque les daba valor de cargo a testimonios obtenidos
bajo tortura”.
El origen de la causa penal contra Romano, Miret y otros dos ex
jueces es curioso: los organismos de derechos humanos se preguntaban por
qué no avanzaban las causas contra represores en Mendoza, por qué los
liberaban, y encontraron que el mayor escollo estaba en la Cámara, y ahí
las víctimas empezaron a atar cabos, y a recordar quiénes habían sido
estos jueces. Para Salinas el asunto no está saldado todavía, ya que el
actual presidente de ese tribunal, Julio Petra Fernández, “es el mismo
que votó el apartamiento del juez que había procesado a su amigo Romano y
que luego del fallo salió a festejar con él, situación en la que fueron
fotografiados”. Petra tiene también causas penales y el Consejo de la
Magistratura lo citaría como sospechoso esta semana (ver aparte).
En La Rioja, en mayo fue detenido el ex juez Roberto Catalán,
denunciado por el escritor Leopoldo Juan González. Después de su
secuestro y detención en 1976, donde sufrió torturas y simulacros de
fusilamento, Catalán se fue a tomarle declaración pero se negó a recibir
sus denuncias sobre los tormentos en el Batallón de Ingenieros de
Construcciones 141. “Esas cosas no tienen valor porque pasaron hace
mucho tiempo”, le habría dicho. En Tucumán, fue indagado el ex juez
federal Manlio Torcuato Martínez, por el asesinato de cinco militantes
de Montoneros y por haber mandado a un detenido a un centro clandestino.
Un sorprendente fallo reciente, de la Cámara de Casación, reabrió una
causa contra el ex juez de Salta Ricardo Lona por el presunto
encubrimiento del secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta
Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976. En Bahía Blanca, un tribunal
oral ordenó detener este mes al abogado Hugo Sierra, que fue secretario
del fallecido Guillermo Madueño, y fue acusado de participar en
interrogatorios en centros clandestinos.
Los jueces y los niños
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, declaró
en abril en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de
desaparecidos y contó una vieja anécdota, para algunos olvidada. En
1978 buscaba a su nieto, el bebé que había dado a luz su hija Laura
durante su cautiverio, después de lo cual fue asesinada. Acudió a la
Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de
nacimiento podían coincidir. Pero ya la habían dado en guarda. El juez
de Menores era el actual juez de Casación Gustavo Mitchell. Ella lo fue a
ver, y recibió, contó, un mensaje a través de un emisario: “El doctor
dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”.
Años más tarde, Carlotto supo que su nieto era varón, y todavía sueña
con encontrarlo. El TOF6 denunció a Mitchell: ahora lo investiga
Oyarbide, que ya había iniciado una causa contra él por la entrega del
hijo de la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en 1976 en un operativo del
Plan Cóndor. Su bebé, Simón, tenía sólo veinte días y el juez se lo dio
en guarda al subcomisario Osvaldo Parodi, sospechado de estar vinculado
con el secuestro de ella. Por estos días, el Consejo de la Magistratura
decidió impulsar la investigación contra Mitchell y quien fuera su
secretario, el actual juez José Martínez Sobrino. Pidió que den
testimonio Carlotto, Méndez, la fundadora de Abuelas, María Isabel
Chorobik de Mariani (primera en denunciar el caso), y la directora del
programa de asistencia a testigos, Fabiana Rousseaux.
Oyarbide avanza lento. Una de sus medidas más fuertes fue incautar
todos los expedientes de adopciones de la dictadura de los Juzgados de
menores porteños. Un trabajo similar hizo otro juez en Lomas de Zamora,
en el ex juzgado de la fallecida Delia Pons, que les decía a las Abuelas
en la cara que no les devolvería a sus nietos. Son caminos para
detectar casos de apropiaciones disfrazadas de legalidad. “En el 30 por
ciento de los casos de apropiación de niños ya resueltos hubo procesos
judiciales de adopción, muchos de los cuales no eran más que mecanismos
de blanqueo del robo de bebés, con la complicidad de la Justicia”, dice
Alan Iud, abogado de Abuelas. “Todavía hay mucho por avanzar en este
terreno”, advirtió. Aunque hay fallos recientes que “son un punto de
partida”: La decisión de la Cámara Federal de Rosario de reabrir la
investigación contra Juan Carlos Marchetti, ex juez de Menores en la
dictadura, y Delfín Castro, entonces juez civil, implicados en el
proceso irregular de guarda y adopción de Manuel Gonçalves, quien
recuperó su identidad en 1995, y de Paula Cortassa. La confirmación del
procesamiento, la semana pasada y en el mismo tribunal, que dejó cerca
del juicio oral al ex juez Luis María Vera Candioti por la supresión de
la identidad de Carolina Guallane, única sobreviviente de una masacre
donde murió toda su familia en 1977.
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario