El ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza dejó el país cuando el
Consejo de la Magistratura iba a suspenderlo por su participación en
delitos de lesa humanidad. El juez Bento solicitaría hoy autorización al
Consejo para pedir la captura internacional.
Otilio
Roque Romano, hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza desde el
retorno de la democracia, es desde ayer formalmente un fugitivo. El ex
presidente de la Cámara Federal cuyana se fugó en realidad el jueves 24
de agosto, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a
suspenderlo por su participación en delitos de lesa humanidad, sólo que
ayer a las 13 venció la intimación para presentarse que el juez federal
Walter Bento le informó a su abogado, luego de que trascendiera que el
ex magistrado había cruzado la frontera. Bento pediría hoy autorización
al Consejo para dictar la orden de captura internacional de Romano,
medida que aceleraría el proceso de destitución. Paradójicamente, la
presidencia de la Cámara quedó en manos de Julio Demetrio Petra, el
mismo juez que después de liberar a todos los represores cuyanos y de
recusar a Bento fue fotografiado mientras celebraba con champaña en un
bar de la capital mendocina con su amigo Romano, compañero de tribunal
durante más de dos décadas.
Romano tiene buenas razones para convertirse en prófugo: el juez
Bento y luego la propia Cámara, integrada por jueces subrogantes, lo
procesaron como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros,
torturas, allanamientos ilegales, robos de bie-nes y desapariciones
protagonizadas por militares y policías entre 1975 y 1983, mientras se
desempeñaba como fiscal federal y eventualmente como juez subrogante.
Logró esquivar la cárcel gracias a los fueros que le quitaron horas
después de la fuga.
El mendocino no es el primer magistrado que se esconde para burlar a
su propia corporación ante el avance de investigaciones sobre la
complicidad de los jueces con el terrorismo de Estado. El primero fue
Guillermo Federico Madueño, juez hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5,
que hoy juzga a los represores de la ESMA, fallecido hace un año. A
diferencia de Romano, el Consejo de la Magistratura no pudo investigar
el rol del ex juez federal de Bahía Blanca en el encubrimiento de los
crímenes de las Fuerzas Armadas porque el entonces presidente Néstor
Kirchner le aceptó la renuncia. Madueño estuvo prófugo más de medio año,
asistido por una empleada del propio TOF-5. Pasó sus últimos diez meses
de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a sus problemas de
salud, a las gestiones de sus íntimos en Comodoro Py (su hermano, Raúl
Madueño, esjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal) y a la negativa
del juez federal bahiense Alcindo Alvarez Canale de trasladarse a
Buenos Aires.
Romano tuvo menos suerte, sobre todo después de confirmar como
camarista el fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que suspendió la
aplicación de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales.
La medida cautelar que presentó el diputado nacional del PJ disidente
Enrique Thomas había sido patrocinada por el ex juez federal Luis Leiva,
quien compartió con su amigo Romano el vuelo de LAN Chile que el jueves
24 lo dejó en Santiago. El viernes 25 el Consejo lo suspendió por haber
sido “funcional” al terrorismo de Estado. El primer indicio de la fuga
lo aportó el portero de su edificio cuando informó que ya no vivía allí.
Luego se supo que tenía pasaje de retorno para el 29, pero que prefirió
no utilizarlo. Sus abogados Adolfo Moreno y Verónica Romano, que además
es su hija, dicen desconocer su paradero. “Juez mendocino suspendido
viaja a Chile para evitar juicio”, tituló ayer El Mercurio. El diario
chileno informó que Interpol no registró la salida del país del flamante
fugitivo.
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