Tuvo carácter reservado y no pudo ser seguida por la prensa. Después,
los diputados dieron sus diferentes versiones. A algunos los convenció, a
otros los aburrió. Hubo apenas una veintena de los 66 integrantes de
las dos comisiones.
Por Miguel Jorquera
La
reunión que Sergio Schoklender mantuvo por cinco horas con los diputados
opositores en la Cámara baja finalmente fue “reservada”, al menos en el
título. El argumento para no abrirle las puertas a la prensa fue la
vigencia del secreto de sumario en una de las causas que tienen al ex
apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, donde el invitado de
los legisladores es el principal imputado por “lavado de dinero” y
“estafa”. Para muchos diputados el relato de Schoklender fue un déjà-vu
de todo su prolongado raid mediático previo. El núcleo duro opositor
(Peronismo Federal, UCR y PRO), en cambio, dio por ciertos todos los
dichos de Schoklender, brindó una rueda de prensa donde afirmó que hay
elementos para abrir una comisión investigadora, denunciar otros delitos
ante la Justicia y “la actividad ilegal de los servicios de
inteligencia del Estado”. También anticiparon que citarán a Hebe de
Bonafini y a funcionarios del Gobierno.
Reservada
Schoklender llegó al Congreso poco antes de las diez de la mañana y
subió hasta el segundo piso del anexo de la Cámara baja, donde lo
esperaban los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales,
la duhaldista Graciela Camaño, y el de Vivienda, el radical Hipólito
Faustinelli. Allí le informaron la decisión que habían adoptado: el
encuentro sería “de carácter reservado” para no desafiar la decisión del
juez Norberto Oyarbide de prorrogar el secreto de sumario en la causa
en la que Schoklender está imputado por lavado de dinero y estafa. Las
posturas entre los diputados opositores estaban divididas.
Media hora después, Camaño ordenó abrir las puertas de la sala para
dejar tomar algunas imágenes e informarles a los periodistas que no
podrían presenciar la reunión. El diputado del Frente Progresista
Eduardo Macaluse intentó terciar, preguntó quiénes lo habían decidido y
pidió que se vote. Camaño le cerró cualquier camino: le respondió “ya
está decidido” y “no permitiré ninguna votación”.
Con la ausencia del oficialismo y sus aliados, en las sillas había
sentados apenas una veintena de diputados de los 66 que integran las dos
comisiones legislativas. La mayoría pertenecientes al Peronismo
Federal, la UCR y el PRO, además de algunos del FAP, la cívica Patricia
Bullrich y Jorge Cardelli, de Proyecto Sur. La reunión no contaba con
quórum pero sí con directivas precisas.
Parole, parole
Sin Schoklender frente a los periodistas, el relato del ex apoderado
de las Madres quedó librado a la interpretación de cada uno de los
diputados que asistieron al encuentro. “Quienes dicen que hubo cosas
nuevas es porque no siguieron las entrevistas que Schoklender concedió
en la última semana. No agregó nada a lo que dijo por TV”, aseguraron
algunos de los legisladores que afirmaron haberlo hecho atentamente.
Antes, Macaluse ironizó sobre la convocatoria a un imputado y lo de
tratarlo como si fuera un testigo. “Llamar a Schoklender para hablar de
viviendas, es como llamar al Gordo Valor para hablar de piratas del
asfalto”, señaló. “Si puede mentir ante la propia Justicia para no
autoincriminarse, por qué nos va a decir la verdad a no-sotros”, señaló
otro diputado, incrédulo de los dichos de Schoklender. Según agregó, el
invitado “trató de mostrarse siempre como una víctima” y que “no movió
un músculo de más a la hora de responder las acusaciones contra él o
deslindar responsabilidades y acusar a otros”.
En cambio, desde el sector opositor que comandó la reunión y brindó
luego una rueda de prensa para hacer una evaluación “altamente
positiva”, afirmaron todo lo contrario. “Hay funcionarios involucrados
en los dichos y en la documentación. Es imprescindible que la Justicia
le dé a esta causa el impulso que le debe dar y no el impulso que el
Ejecutivo le está fijando”, dijo Camaño ante los periodistas.
El radical Faustinelli insistió con que iban a continuar la
investigación e invitarían a Hebe de Bonafini como presidenta de la
Fundación, al responsable de Inspección General de Justicia, Marcelo
Mamberti; al subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; al
subsecretario de Viviendas de la Nación, Luis Bontempo, y, en caso de
ser necesario, al secretario de Obras Públicas, José López.
Otro radical, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que de los dichos de
Schoklender se desprende la posibilidad de una serie de delitos:
“Malversación de caudales públicos, administración infiel calificada,
una violación grosera en materia de financiamiento electoral”.
Espías y campañas
“Ha quedado absolutamente acreditado el rol de la SIDE en el intento
de control y de injerencia en la Justicia. Es gravísimo, es un tema
muy, muy fuerte y creemos que los intentos de dormir las causas muestran
que los servicios de inteligencia están haciendo una tarea totalmente
ilegal”, sentenció Bullrich casi como una jueza. “Ha quedado muy claro
que hay operaciones de la SIDE en los dichos del señor Schoklender en
cuanto a las posibilidades de que esta investigación no se active antes
de las elecciones”, había dicho antes Camaño.
Las intervenciones de Bullrich y Camaño apuntaban al momento en que
Schoklender relató que un miembro de la SIDE que –según dijo– envió el
jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para proponerle que se calme porque
lo iban a ayudar en la causa judicial. Aquí, las versiones también
difieren de acuerdo con el relato de quienes participaron en la reunión
“reservada”. “Lo apretaron en un bar”, decían unos. “El encuentro fue
pactado en un bar de la esquina de su casa”, contaban otros.
Lo mismo pasaba sobre el espía que lo habría entrevistado. Algunos
afirmaron que había señalado así, con nombre y apellido, a Fernando
Pocino. Otros, que cuando le preguntaron por Pocino, se refirió a “ese
del balcón”, en referencia a una foto en que el supuesto espía era
señalado en una nota periodística cuando de-salojaron las viviendas de
Castañares que los obreros había tomado en reclamos de pago de sueldos
tras conocerse la intervención de la Justicia sobre el programa Sueños
Compartidos.
Las interpretaciones volvieron a cruzarse en otros temas. “Dijo que
en la imprenta de las Madres se hicieron los afiches de una campaña
difamatoria contra periodistas”, afirmaban los diputados que comandaron
la reunión. Otros interpretaron que allí, en realidad, se reprodujeron
los argumentos que las Madres utilizaron en “el juicio ético” contra
jueces, periodistas y empresarios que “colaboraron” con la dictadura
militar y que realizaron públicamente en Plaza de Mayo.
Un mismo personaje, un único relato y diferentes interpretaciones.
Queda claro que Schoklender pasó por el Congreso, convenció a algunos,
que dijeron ver en sus dichos argumentos para cargar contra el Gobierno,
y aburrió a otros, que creyeron que el imputado por lavado de dinero y
estafa sólo busca mejorar su situación judicial.
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