Por teleconferencia, el actual embajador en Colombia dijo que “si se han
encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad,
no es casual, no es un caso aislado”. Las querellas calificaron como
“muy importante” su testimonio.
Martín
Balza dijo casi obsesivamente, todas las veces que pudo, que no estuvo
en el país en los años más duros de la dictadura militar. Que luego, a
comienzos del ’78, llegó para dedicarse a la enseñanza. La jueza María
del Carmen Roqueta le dijo que eso ya lo había dicho y lo alentó a
seguir adelante. La declaración del ex jefe del Ejército en el juicio
por el plan sistemático de robo de bebés fue “muy importante”, política y
simbólicamente, para las querellas de los organismos de derechos
humanos. Alguien de su estatura política acababa de reconocer en medio
del juicio la existencia de un plan “sistemático” de apropiación de
menores.
“Hoy lo respondo con más convicción”, dijo el ahora embajador en
Colombia. “No tengo ninguna duda de que hubo una sistematización en este
caso: si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción
de identidad, no es casual, no es un caso aislado. No fueron dos, ni
cinco ni catorce: se está hablando de más de cien niños recuperados, de
personas nacidas en cautiverio, creo que se debió no a una única
decisión, la decisión existió en el proceder.”
Balza declaró por videoconferencia conectado a la sala de los
Tribunales de Retiro. A pedido de la fiscalía volvió a hablar de un
documento reservado del Ejército que él encontró en 1995 y disponía la
incineración de archivos de la represión. Hizo especial hincapié en el
proceso por el que se dio cuenta de las condiciones sistemáticas de la
sustracción de niños, en una lógica que lo enfrentó con las defensas.
Atentos a ese punto, corazón probatorio de la causa, los abogados
apelaron a viejas declaraciones en busca de contradicciones. La abogada
Alcira Ríos se quejó ante el Tribunal por esa suerte de exigencia de
escaner de la memoria a más de veinte años de algunas de sus primeras
palabras. Balza precisó el peso de las “órdenes verbales”. Y al final,
amparado en un gesto del fiscal Martín Niklison, abandonó los cuidados
personales para sumarse al escenario de las víctimas: “He recibido
muchísimas, muchísimas amenazas de las que puedo dar cuenta”, dijo.
Llamados anónimos. La expulsión del Círculo Militar. Y en 2003 una
amenaza directa nada menos que de Pascual Oscar Guerrieri, ex jefe del
Batallón 601, jefe del centro clandestino Quinta de Funes, antiguo
compañero de promoción de Balza e imputado en otro juicio: “Hasta en el
balcón de mi casa me tiraron un artefacto similar a una bomba, pero no
me sorprende: en el caso mío fueron amenazas, en otro momento no eran
solo amenazas” (ver aparte).
La quema de documentos
Balza declaró largo para la lógica del Tribunal Oral Federal 6.
Habló más de tres horas, con momentos de tensión provocados por cruces
entre defensores y querellas. En el comienzo, Niklison lo llevó a una
clave: el hallazgo del documento reservado con una orden de Cristino
Nicolaides, a pocos días de la asunción de Raúl Alfonsín, con la
consigna de quemar documentos. Balza nunca encontró esos documentos.
Pero la maquinaria burocrática del Ejército dejó rastros suficientes de
la orden porque al menos ese papel no se destruyó.
“Recuerdo bien señor fiscal –dijo el embajador– que en un mensaje
institucional del día 25 de abril de 1995 yo insistía en que aquel que
tuviera algún conocimiento relacionado con listas o documentos las
hiciera llegar, que yo tomaba la responsabilidad de entregar todo a la
Justicia.” Y dijo: “Estábamos en plena vigencia de los indultos, pero
tomé conocimiento de un solo documento: una orden militar impartida por
el entonces comandante en jefe del Ejército, firmada por la segunda
autoridad, el general Calvi”.
Una pantalla mostró el documento ampliado a la sala. La orden se
daba mientras Reynaldo Bignone repetía lo mismo desde el Ejecutivo para
todas las Fuerzas Armadas. “Eran muy amigos”, explicó Balza. “En mi
opinión quien lo pone de presidente a Bignone es Nicolaides y me parece
que este tema de las listas, como dijo Bignone en un libro, es un
acuerdo entre los dos: no se desconocía la intención clara de borrar el
acervo histórico de la institución y también del país.” O, como lo dijo
antes: “Para tratar de borrar la memoria histórica”.
Quién dijo qué y cómo fue esa orden al parecer quedó escrito en un
libro del propio Balza del que dio cuenta en la audiencia. Ahí refiere, a
su vez, a un libro de Bignone y el acuerdo con las otras Fuerzas para
no presentar listas: “Lo afirmó Bignone en su libro”, dijo Balza. “Y
dijeron que no iban a dar esas listas porque si no venían preguntas de
quién los mató, dónde están.”
Robo de bebés
El juicio no intenta probar casos aislados de robos de niños, sino
la trama de sistematicidad. En ese sentido, el testimonio de Balza fue
importante para las querellas. Citó como punto de origen un llamado del
juez Adolfo Bagnasco que en el año 2000 lo llamó como testigo en una
causa. En el despacho le pidió que leyera documentación de Inteligencia.
“Leí la declaración de médicos, enfermeras, de personas, después de
todo lo que leí le dije al juez que eso respondía a una sistematización:
un plan no necesita de una orden escrita, tiene la misma validez una
orden escrita o una orden verbal.” Y consultado en ese punto por el
abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el peso de órdenes
que sin papeles parecen fantasmas imposibles de probar y argumentos de
los que se vale la defensa para decir, por estos días, que si hay
órdenes muestren los papeles, Balza homologó uno y otro tipo de mandato y
dijo que, por ejemplo, en Malvinas, las órdenes verbales tuvieron el
mismo peso que las escritas.
“De todo lo que leí había una sistematización –insistió– y si mal no
recuerdo no había un número, pero eran varias parturientas que entraban
al Hospital (de Campo de Mayo) con una guardia: la norma es que todo lo
que entra y sale tiene que estar registrado en libros, en este caso no
se anotaba ni el vehículo. Por lo menos nunca tomé conocimiento de los
registros. Tendrían que estar quienes entraban ahí. Quién conducía: nada
de eso constaba. Las parturientas eran atendidas en un lugar como
Epidemiología: y yo no soy experto en la materia, pero no era el lugar
para atender embarazadas.”
Balza estuvo en Campo de Mayo entre enero y septiembre de 1978, a su
regreso de Perú. Enseñó artillería para una guerra “convencional”,
insistió y dijo que era porque en ese momento había quedado planteada la
hipótesis de guerra con Chile. Y la necesidad de una guerra
“convencional” y “no de la otra”, explicó. En Campo de Mayo, supo que
había un “lugar de reunión de detenidos”, el eufemismo con el que se
hablaba de los centros clandestinos. Explicó que el lugar tenía acceso
restringido, que estaba en medio del predio, pero también dijo que nunca
lo vio. Los abogados de Abuelas buscaron hacerle explicar un nuevo
dato: la relación entre el Hospital Militar y el Comando de Sanidad. Los
abogados de Omar Riveros dicen que como el Hospital dependía del
Comando de Sanidad, Riveros no tuvo incidencia en ese espacio. “Balza
dijo que la relación entre el hospital y el comando existía en
cuestiones médicas, pero no operativas –dijo Iud–: con lo que dio a
entender que se estaba refiriendo a lo que planteó como
irregularidades.”
“Menudeces”de Rivero
Para 1999 estaban vigentes los indultos y ése fue el último año en el que Balza permaneció como jefe del Ejército. Dijo que no pudo convocar a Cristino Nicolaides porque, “no tenía atribuciones de hacer una pregunta como ésa”. De todos modos, en medio de la revisión que buscaba, sí convocó “al general Omar Riveros” para preguntarle: “Que tuviera a bien decirme dónde estaba el cadáver de (Roberto) Santucho y de (Benito) Urteaga, que yo asumía la responsabilidad de decírselo a la Justicia para satisfacer los requerimientos comprensibles de las familias”. Por supuesto que la contestación fue que no sabía nada, dijo Balza. “Que él no estaba en esas menudeces, repito lo que dijo, que no creí, pero no tenía facultades para obrar de otra forma.”Las amenazas de Guerrieri
Después de preguntas y repreguntas, la declaración llegaba al final.
El fiscal Martín Niklison le preguntó a Martín Balza si desde aquella
autocrítica que había hecho en nombre del Ejército, recibió alguna
amenaza o terminó afectado de alguna manera. Balza dijo que sí. Y en
medio del derrotero detalló cómo en 2003 Pascual Oscar Guerrieri, a
quien recordó como “viejo compañero de promoción”, lo amenazó a través
de un coronel amigo: “Habíamos sido compañeros de promoción y me mandó
decir que vamos a matar a tu hermanita, a tu padre, todo eso”. Guerrieri
es ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y ex jefe de la Quinta de
Funes, centro clandestino de la ciudad de Rosario por el que está siendo
juzgado en este momento. Pero no fue del único que habló.
“Lamentablemente, ya no está mi esposa, pero las amenazas las sufrieron
ella y mis hijos”, explicó el embajador. Recordó al general Gerardo Díaz
Bessone, “un general del Proceso que mediante una maniobra burda y
mentirosa hasta hizo que me expulsaran del Círculo Militar, que no es
una institución del Ejército. Recibí llamadas telefónicas con amenazas a
toda mi familia en las que me acusaban de traidor”.
Fuente: Pagina12
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