domingo, 13 de marzo de 2011

JAPON: La hora del accidente nuclear

Por Pedro Lipcovich


El peligro de escapes radiactivos era tan grande anoche (es decir, el domingo a la mañana en Japón) como para que las autoridades asumieran dos graves decisiones: la primera, evacuar con urgencia a más de 200.000 personas, en un país ya sobreexigido por el día después del terremoto del viernes; la segunda, utilizar agua de mar como refrigerante de emergencia en una central nuclear, sabiendo que la corrosión causada por ese líquido probablemente la inutilice para siempre. El mayor accidente nuclear desde Chernobyl, que afecta las centrales atómicas de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini, se agravó con una explosión en la primera de ellas, que hizo volar por los aires la cobertura de protección externa, aunque, según las autoridades, no dañó la coraza que cubre el núcleo radiactivo. Además, fueron hospitalizadas 15 personas que, en el exterior de la planta, presentaban signos de haber sido afectadas por radiactividad. Las informaciones eran anoche fragmentarias y confusas. Según un especialista argentino, “Japón está violando su obligación de informar adecuadamente sobre la emergencia nuclear. Ese país deberá hacer saber si sus centrales se adecuaban a las normas internacionales: de no ser así, suya es la responsabilidad; de las cumplió, las normas eran insuficientes”.

En realidad, cada una de las dos centrales incluye varios reactores cuya capacidad es igual o superior a la de una central como las argentinas de Atucha. Fukushima Daiichi (Fukushima I) tiene seis reactores, de las que, cuando se produjo el terremoto, tres estaban en operación y las demás cerradas por mantenimiento. Fukushima Daini (Fukushima II), a 11,5 kilómetros de distancia de la otra, tiene cuatro reactores y todos funcionaban. Los problemas más graves y tempranos se registraron en el reactor 1 de Fukushima Daiichi.

El viernes, el circuito de refrigeración del reactor fue afectado por el corte de electricidad causado por el terremoto, y los motores diesel que debían actuar en caso de emergencia fueron dañados por el tsunami. Se recurrió entonces a baterías a fin de proveer la energía para bombear el líquido refrigerante. Se recurrió a helicópteros para que reemplazaran esas baterías, cumplidas sus ocho horas de vida útil. Desde Estados Unidos se envió un avión con líquido refrigerante para la central en peligro. Pero los problemas no se resolvieron.

El peligro mayor “es que se funda el núcleo de reactor y que, como ocurrió en Chernobyl en 1986, se produzca una violenta explosión, todo el núcleo salte en pedazos y se desparrame por la atmósfera”, explicó a este diario Mario Mariscotti, quien fue titular de física nuclear en la UBA, director de investigación y desarrollo en la CNEA y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. De todos modos, “a diferencia de Chernobyl, el reactor de Fukushima cuenta con una ‘estructura de confinamiento’ que le permite soportar un mayor grado de presión. Esa estructura también está presente en las centrales nucleares argentinas”, agregó.

El incremento en la presión del reactor se debe al calor, que libera vapor de agua y gases como el hidrógeno, resultado de la descomposición del agua. Los técnicos de la Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco), que administra las dos Fukushimas, permitieron una emisión controlada de vapor para reducir la presión. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comunicó que la suelta de vapor se haría con filtros para que no escaparan sustancias radiactivas. Sin embargo, se detectó cesio radiactivo en las proximidades de la central. Las autoridades también decidieron distribuir pastillas de iodo entre la población cercana, ante la posibilidad de que en la atmósfera se presentara iodo 131, radiactivo: éste se deposita especialmente en la glándula tiroides y la prevención consiste en saturar esa glándula por ingestión de iodo común.

En unas 15 personas residentes en la zona se detectó contaminación por radiactividad, y fueron hospitalizadas. Estos casos no se habrían detectado por presentar síntomas –que sólo se hacen manifiestos inmediatamente bajo dosis muy altas de radiación–, sino en un muestreo efectuado por personal de salud: esto plantea la posibilidad de que la cantidad real sea mayor.

Así las cosas, el gobierno japonés dispuso una mega evacuación: unas 170.000 personas, residentes en un radio de 20 kilómetros alrededor de Fukushima Daiichi, y otras 30.000 en un radio de 10 kilómetros de Fukushima Daini. Hasta tanto los residentes fueran evacuados, se les recomendaba permanecer en el interior de sus casas. En Fukushima Daini, donde también se presentaron problemas con la refrigeración de los reactores, un trabajador quedó atrapado en una zona radiactiva y “su respiración y su pulso no han podido ser confirmados”, según comunicó Tepco.

La situación se complicó aún más en Fukushima Daiichi cuando, a las 15.36 de ayer (3.36 hora argentina), se produjo una explosión que hizo saltar por los aires parte del revestimiento exterior. Cuatro trabajadores resultaron heridos, aunque “sus vidas no corren peligro”, según Tepco. Yukio Edano, portavoz del gobierno japonés, aseguró que “la explosión no ocasionará una fuga radiactiva de magnitud”, ya que no afectó el revestimiento de seguridad del reactor. Es más, el gobierno afirmó que la radiactividad en las cercanías había decrecido luego de ese nuevo siniestro.

Se anunció que la radiactividad en el interior de la planta llegó a ser mil veces superior a la normal. No obstante, según aclaró Mariscotti, “esa dosis no supera a la que se recibe a lo largo de cinco o diez tomografías, y se verificó en el interior de la central, no afuera”. De todos modos, “es innegable que no se preveía una situación como ésta: los sistemas redundantes que debían actuar en emergencias han fallado”, señaló.

La última estrategia puesta en marcha para enfriar el reactor 1 de Fukushima Daiichi es inyectarle agua de mar con ácido bórico, que contribuye a detener las reacciones en cadena. Pero anoche, es decir en la desangelada mañana de domingo de Japón, se anunció que otro más de los reactores de Daiichi presentaba problemas de refrigeración. La situación de las centrales se ubica en el nivel 4 –que corresponde a accidentes con consecuencias locales– en la Escala Internacional de Eventos Nucleares, cuyo máximo nivel, el 7, se refiere a catástrofes mayores como la de Chernobyl.

Abel González –ex titular de la CNEA, ex director de Seguridad de la OIEA y actual vicepresidente de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP)–, dijo a este diario que “Japón está violando sistemáticamente su obligación, establecida por convención internacional, de informar en tiempo y forma acerca de la emergencia nuclear. Existen normas fijadas para la protección de las centrales en caso de tsunamis: Japón deberá informar si sus centrales se han adecuado a esas normas: de no ser así, suya es la responsabilidad; de haberse adecuado, las normas no eran suficientes”.

Fuente: Pagina12

miércoles, 9 de marzo de 2011

El proyecto de adopción, contra las trampas y por el derecho a la identidad


Apuntará a terminar con el mecanismo ilegal por el cual una pareja se hace cargo de un niño y luego se presenta ante la justicia, que puede terminar avalando esa situación de hecho. Se evalúa modificar el Código Penal para castigarlo.
 
Cómo evitar las adopciones ilegales es el principal objetivo de la reforma a la actual ley de adopción que, según el anuncio de la presidenta Cristina Fernández, será parte de la agenda legislativa 2011. El proyecto oficial se está diseñando desde octubre en una comisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cumpliendo así con la deuda histórica de incorporarla a la norma sancionada en 1997 los parámetros de la Ley 26.061, de Protección de la Infancia. Según explicó Federica Otero, directora nacional del Registro de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (DRUA) la prioridad va a ser terminar con las “guardas puestas”, un mecanismo ilegal que usan las familias por incentivo de intermediarios.

El mecanismo de las guardas puestas o adopción directa, consiste en que las parejas se hagan cargo durante 3 o 4 años de un niño y recién en ese momento se presenten en la justicia. Ante el pedido, los jueces se ven en una encrucijada y en muchos casos convalidan el hecho, cediendo la tenencia. Quienes asesoran sobre esta práctica son abogados u otros profesionales que, en la mayor parte de los casos, piden una comisión a la pareja. Por eso, la comisión está evaluando modificar el código penal e incorporar castigos a esos intermediarios, pero no a la madre de origen.

La comisión está coordinada por Oscar Martini, titular de la Secretaría de Asuntos Registrales, y Federica Otero, Directora Nacional del Registro de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (DRUA). Además participan representantes de la Secretaría De Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Salud, las universidades y especialistas en diversas áreas, entre ellas, la directora del programa “Las Víctimas Contra Las Violencias”, la licenciada Eva Giberti. Según confirmó Federica Otero, el plazo para terminar de analizar la reforma es finales de abril o principios de mayo. En ese momento se lo entregarán al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, para trazar la estrategia a seguir. 

Además de las “guardas puestas”, se están evaluando otros temas vinculados a la problemática y que son parte de los actuales proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Entre ellos, se encuentran el derecho a la identidad, y la protección a las familias de origen. De todos los proyectos de ley vigentes, el que mayor sintonía tiene con la propuesta oficial es el de la diputada María Luisa Storani, que cuenta con las firmas de once legisladores del GEN, la UCR y la Coalición Cívica.

“El foco más importante es proteger el derecho del niño a tener una familia. Buscamos que no se tome como una política social. Algunos legisladores sostienen en sus proyectos que los chicos nacidos en hogares pobres pueden tener una familia mejor y usan el argumento de que hay 10 mil chicos en hogares. Eso es una mentira. En muchos casos se está trabajando en la revinculación con la familia original”, contó Storni.

También Otero hizo hincapié en la necesidad de desprenderse del antiguo paradigma y entender que la adopción es sobre todo un derecho de los niños. Ante la pregunta por los tiempos de los trámites, la directora de la DRUA respondió: “En el imaginario social la primera pregunta que aparece es por qué se tarda tanto. Respetamos el deseo de los padres de tener hijos, pero es necesario que la ciudadanía aprenda poco a poco que lo primordial es el derecho del niño a criarse en el seno de su familia. Lo ideal sería que en el futuro no haya ningún chico para adoptar”, explicó.

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Teimpo Argentino

Pueblo Mapuche: La empresa condenada a pedir autorización

Por Darío Aranda
 
En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.

En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.

La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.

La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.

Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila”, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.

“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado.
La sentencia, dictada el 16 de febrero pero difundida esta semana, también remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...). La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.

En cuanto al caso concreto, sentencia: “No se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescritos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 53 de la Constitución Provincial (...). No se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos. Por el contrario”.

Incluso cita como jurisprudencia al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, máxima instancia judicial de la provincia: “El derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente”.

La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La Justicia nos dio la razón, ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu.

Aunque centrado en un caso (Petrolera Piedra del Aguila y la comunidad mapuche), a lo largo de la sentencia se abordan tópicos sobre derechos que pueden extenderse a los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país frente a industrias extractivas (petróleo, minería, soja y forestales, entre otros). La sentencia reconoce que la gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional), pero en la misma oración les marca un límite claro a los gobernadores al advertir que no pueden avanzar unilateralmente: “A las comunidades indígenas les está asegurada (por ley) la participación en cuestiones relativas a los mismos”.

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Pagina12

lunes, 7 de marzo de 2011

8 de marzo; DIA INTERNACIONAL DE CONMEMORACION Y LUCHA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

Desde que la humanidad comenzó a entender que el trabajo no constituye una característica secundaria en una persona, ni  mucho menos la expresión de una condición social inferior en la comunidad, se fue imponiendo una nueva escala de valores en la cual, la capacidad transformadora y creativa del ser humano, con su dinámica teórico práctica, obtuvo jerarquía de esencia en lo conceptual y de derecho básico en la normativa. La historia, en tal sentido nos va mostrando los avances logrados en este reconocimiento de derechos,  en el cambio de actitudes y en la promoción de nuevos valores, jerarquizando esta capacidad transformadora. El trabajador y la trabajadora dejaron de ser esclavos, superaron su condición de vasallos, y llegaron a ser obreros/as, tras movilizaciones y luchas, extremadamente dolorosas. Nada fue fácil, ni regalado. Hubo que conquistarlo.La Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, en 1910 proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la dirigente comunista alemana Clara Zetkin, como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres. 

La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países.El Día Internacional de la Mujer Trabajadora (o también Día Internacional de la Mujer) se celebra el día 8 de marzo y está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona. Y se conmemora el asesinato de 129 trabajadoras textiles de la empresa Cotton de Nueva York que fueran incineradas dentro de la fábrica donde exigían el respeto a sus derechos y mejoras en sus condiciones laborales. Hay quienes soslayan o invisibilizan el marco político ideológico en el cual se concretaron los avances en los derechos que  promocionan a la mujer. En nuestro país, como en el mundo, las conquistas de derechos obtenidos por las mujeres también se dieron dentro de un proyecto comunitario, político e ideológico, de liberación.En el año 1947, en el mes de septiembre, y por la decisiva influencia de María Eva Duarte de Perón, se sancionó la ley 13.010, que permitió a las mujeres acceder a las urnas, participando políticamente en el sistema democrático argentino. La reforma constitucional de 1949, legalizó la participación de las mujeres, que por primera vez votaron el 11 de noviembre de 1951, profundizando a través del sufragio el modelo de país impulsado por los trabajadores organizados.

Otra conquista inserta en un proceso de liberación popular fue la institución de la patria potestad compartida con respecto a los hijos. Había sido establecida en 1949, mediante la reforma constitucional realizada ese año durante el gobierno de Juan Domingo Perón.  La derogación de dichas reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 1957, restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón, influenciada por el lopezreguismo vetó la ley. Básicamente los influyentes sectores conservadores en Argentina argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga "la última palabra", y que por razones culturales y tradicionales, resultaba razonable que esa facultad fuera atribuida por la ley al varón. Afortunadamente en 1985, durante el gobierno de Raùl Alfonsín se restableció la patria potestad compartida, mediante la Ley 23.234; un derecho largamente reclamado por las mujeres y los varones insertos en un nuevo modelo de convivencia comunitaria.Otro logro obtenido por la  democracia argentina fue la obligatoriedad del cupo femenino en las listas de candidatos para cargos electivos. El 6 de noviembre de 1.991, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley N° 24.012 denominada Ley de Cupo Femenino, que modifica el art. 60 del Código Electoral de la Nación estableciendo que las listas de candidatos que registren los partidos políticos ante el juez electoral “deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas”, estableciendo como sanción que “No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”. En la actualidad hay propuestas de ampliar dicho cupo.

La participación y el protagonismo de la mujer  en la vida política en nuestro país expresando el proyecto nacional y popular de los trabajadores organizados cuenta hoy con significativas expresiones en todos los poderes del estado, pero en especial en la titularidad del ejecutivo nacional; hoy preside y representa a los argentinos, una mujer.Previsión social para todos y todas, constituye otra conquista de derechos laborales  compartidos por hombres y mujeres de la tercera edad en Argentina.  A partir del 9 de diciembre de 2008, entró en vigencia la Ley 26.425 que crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y elimina el régimen de capitalización, absorbido y sustituido por el régimen de reparto. Con los fondos recuperados de las AFJP, el Gobierno nacional, en el contexto del Derecho Familiar de Inclusión Social  pudo garantizar la contención integral de mujeres y varones de la tercera edad mayores de 70 años, haciéndoles efectivo el derecho de percibir una jubilación mensual, hayan aportado o no, con dos aumentos anuales dispuestos por ley.En el año 2009, las madres, dentro del reconocimiento a su condición, en un proyecto de liberación de los trabajadores y trabajadoras organizados,  obtienen el derecho de contar con una asignación universal por hijo, aunque estén desocupadas y/o desocupados y no puedan aportar al ANSES. Beneficio que ahora se extiende a las embarazadas desde el tercer mes.Otras iniciativas presentadas al Congreso de la Nación para su debate en este marco de avance en los derechos laborales de los y las trabajadoras son los proyectos de  ley de Trabajo a Domicilio; de trabajadoras en Casas Particulares y  el proyecto de ley de los Trabajadores Rurales para recuperar, ampliar y actualizar la normativa  creada durante el gobierno del General Perón y derogada por el golpe de estado de 1955 (más conocida como el estatuto del peón). 

Matrimonio igualitario. Otro logro nacional en el respeto por condiciones igualitarias lo constituye la ley 26.618 de reforma al código civil para igualar derechos en los contratos matrimoniales para personas del mismo sexo sancionada y promulgada el año pasado.En síntesis; el 8 de marzo marca un hito y un paradigma para profundizar el proyecto común de quienes transforman la realidad con su trabajo; consientes que la promoción de los derechos de la mujer trabajadora, constituye un avance para todos. Cada derecho acordado y promulgado  es un paso más en el proyecto de crecimiento con inclusión,  para todos y para todas.De nuestra capacidad de compromiso, de organización y nuestra movilización para mantener en vigencia estos derechos humanos e ir por más, depende nuestra felicidad y la de las nuevas generaciones.

Prof. Juan Eduardo Lenscak
Cátedra de Derechos Humanos
Universidad Nacional de Formosa
Fuente: Agencia Padre Santiago Renevot - Revista Chaque 


Julio Maier: Burguesía Nacional

Por Julio Maier * 
 
Algunos parecen más papistas que el Papa, se les escapa la militancia por la boca o por la mano y se convierten en algo similar a la adulación sin sentido, acción que, lamentablemente, el mismo adulado debe corregir. Convendría citar aquí una inolvidable polémica del mundo jurídico argentino; uno de sus referentes le expresó al otro, su amigo, a raíz de la defensa de una reforma, algo así como: sospecho que el interesado agradecería, pero rogaría que lo amáramos un poco menos. La reforma constitucional mencionada como propósito personal, la exclusión de un escritor del honor de abrir la Feria del Libro de Buenos Aires, ejemplos actuales de la exactitud de la sentencia citada.

Sin embargo, no puedo ocultar mis náuseas por la convocación de Mario Vargas Llosa para inaugurar el magno certamen anual del libro de la Argentina. Me suena algo así como convocar al presidente de los EE.UU. para inaugurar con su disertación un congreso sobre la procura de la paz mundial, o a Videla y Cia. para darnos el puntapié inicial de unas jornadas contra la violencia.

Resulta para mí increíble que nuestra burguesía, aun frente a un Gobierno que, con o sin intención, ha administrado y sigue administrando el país con resultados muy favorables para sus intereses –bajo esta administración han ganado más dinero que con varias administraciones anteriores, algunas de las cuales los dejaron, en general, al borde de la quiebra, si ella, en muchos casos, no se produjo realmente– siga apostando a la oposición descontrolada, con ruegos a potencias extranjeras para que nos “vaya mal” y honores a personas que han denostado múltiplemente a nuestro país, vituperado a sus instituciones e insultado con nombre y apellido a sus gobernantes, sin fundamento alguno más que su credo político y su posición.

Ojalá a Vargas Llosa se le dé por mencionar con nombre y apellido a aquellos que él ubica como responsables de la “tragedia argentina”, de la marcha hacia atrás imparable de este país, porque de esos nombres él mismo podrá sacar ciertas conclusiones. Seguramente no aparecerán allí ni los pobres, ni los obreros, sino, antes bien, aquellos burgueses que sólo pretendieron y pretenden conservar sus privilegios. Y he allí la paradoja, porque los están conservando, pese a todo, pero, al parecer, su pertenencia de clase los traiciona, dando así razón a Carlos Marx, segunda paradoja.

El caso se repite, porque, de la misma manera en que sucedió con el campo y con la industria, fueron los editores de libros, los capitalistas del negocio cultural, que comienza a florecer de nuevo en el país, los que decidieron el “mal paso” actual. Yo no tengo en mi memoria, frágil por cierto, noticia de que se haya pretendido antaño conceder idéntico honor a José Saramago o a Gabriel García Márquez o, más próximos a nosotros, a Eduardo Galeano o, quizás, a Alfredo Zitarrosa, quien ha escrito de otra manera, pero escrito y editado al fin y al cabo. ¡¡Por algo será!!

* Abogado, profesor de la UBA, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

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Eduardo Aliverti: Nocaut por comparación

Por Eduardo Aliverti
 
Por lo general, nadie siente que los discursos políticos pueden cambiarle la vida en un sentido estricto. A escala histórica, son pocas las alocuciones frente a las que los pueblos se percibieron delante de un hecho decisivo. Pero también ocurre que se necesita del paso del tiempo para mensurar lo profundo, o no, de ciertas verbalizaciones políticas. Y sobre todo, suele suceder que no se las coteja con el resto de lo que se escucha.

Esto último es lo acaecido con la palabra presidencial en la apertura de las sesiones del Congreso, lo cual es una forma de decir: como lo reconocen miembros de ambas Cámaras y de todas las extracciones, ni siquiera en voz baja, tratándose de un año electoral estarán haciendo campaña antes que adentro del recinto, en proporción de diez o veinte a uno. No es un dato aleatorio, porque expresa que la gran cocina pasará (mucho) más por lo propositivo comicial –en la mejor de las hipótesis– que por las acciones concretas desde las bancas. Nunca fue distinto. Es lo inherente a un sistema fuertemente presidencialista como el argentino, y no viene al caso si hay que conservarlo. Dicho de otra forma, nadie interpreta que la mejor plataforma electoral sea trabajar de diputado o senador. Esté bien o mal, hay una diferencia sustantiva entre oficialismo y oposición; que es universal aunque por estas pampas, en estas circunstancias, se acentúa: el primero tiene para mostrar lo que hizo y hacia dónde va, desde la ratificación de lo obrado; y la segunda tiene el problema de no haber hecho nada, con la suma de no conocerse tampoco qué es lo que quiere en términos de articulación de fuerzas.

El discurso de Cristina debería ser revisado, no única pero sí esencialmente, bajo esa perspectiva. Lo contrario significaría que su pieza oratoria puede ser apreciada o denostada como un episodio suelto, aislado de contexto, remitido nada más que a la disposición favorable o negativa que despierten su figura y gobierno. ¿Es lógico eso? De lógica pura, entiéndase. De método analítico, no de pasiones.

Para gusto del firmante, ante un ámbito tan “institucional” y siendo de esas disertaciones trazadoras de grandes líneas, la Presidenta ignoró temas que no debió obviar. Iban a cuestionarla igualmente, desde ya, según es uso y costumbre en casi cualquier oposición respecto de casi cualquier oficialismo. Sin embargo, ante lo horrible en particular de esta franja opositora que no dispone, ni apenas, de alguna perorata superadora del mero oposicionismo, ¿para qué dejar el flanco de no hablar de la inflación? ¿Por qué no profundizó, como supo hacerlo hace poco, en la responsabilidad de los formadores de precios? ¿Por qué ofrecer otro blanco absoluto sobre el desquicio en el Indek? ¿Por qué no haber fugado hacia adelante con una explicación estructural acerca de que se paga deuda con reservas? ¿Por qué soslayar la distribución de ganancias entre los trabajadores? A un cuadro político con la personalidad de Cristina, portadora de esa capacidad retórica deslumbrante y enfrentada a gente con serios aprietos para armonizar sujeto, verbo y predicado, le cuesta chaucha y palito acostarlos con dos o tres oraciones fulminantes y conceptuales. Lo hizo, es más, durante su propio discurso. Al Gardiner mendocino le solicitó que mandara apagar el bullicio de sus acólitos radicales, y no jodieron más. Y a un mediocre necesitado de protagonismo, que pegaba grititos y cuyo nombre ni tan sólo importa, le fijó la vista de lejos para preguntarle “¿cómo es su nombre, diputado?” (el tipo ése, ¿se aguantará el espejo desde el otro día?). Le bastó un disparador, el de que “no se hagan los rulos” con su candidatura próxima o eterna, para que los chiquilines de la oposición se tomaran de “hacerse los rulos” como decadente opción imitativa de respuesta. Qué manga de gente gris. Con tanto territorio libre de obstáculos que no sean los propios, no se justifica que Cristina haya regalado espacios. Y esto vale sin perjuicio de aquello en lo que sí marcó rumbo, y que fue prolijamente salteado en el parecer de los corifeos opositores. La extensión de la Asignación Universal por Hijo a las embarazadas. Lo imperioso de un nuevo estatuto del peón rural. Un nuevo régimen de adopción. Reformular la ley penal tributaria para los grandes evasores.

A Scioli le dedicó que la inseguridad no debe ideologizarse, que no es una frase muy feliz que digamos viniendo de alguien ideologizado como ella, aun cuando se entienda la chicana para que acabe con tonterías tales como bajar la edad de imputabilidad; y, más allá, para que corte con seguirle la emoción fácil a lo que escucha en TN o Radio 10; y, más allá, para que se entienda que en el proyecto, o como quiera llamárselo, no hay lugar para tibios ni, mucho menos, para quienes no ofrecen garantías de que a mediano y largo plazo no volverán a andadas menemistas. Ya se lo habían avisado con el impulso a la candidatura de Sabbatella. Y se lo advirtieron a los barones del conurbano, propulsando esas listas colectoras que el cinismo kirchnerista denomina “de adhesión”. Cristina dijo también que a los sindicalistas los quiere de compañeros y no de cómplices, pero al respecto los grandes medios y figuritas opositoras prefirieron hacerse los tontos; o, peor, en ese aspecto son tan tontos que en lugar de denunciar la picardía presidencial, con el fin de seducir sectores medios, se rindieron a sus intereses de clase para asegurar que la Presidenta ya no aguanta más ni piquetes ni paros salvajes. Son tan increíblemente torpes que eligieron concentrarse en que hay un operativo destinado a la recontraelección de Cristina en 2015 (al margen del urgente asesor comunicacional que necesita la diputada Diana Conti). O en la apasionante revelación de que un órgano de los Estados Unidos alerta por la fuerte suba del consumo de cocaína en Argentina: título central de portada de Clarín, el viernes último, que el mismo diario remitió para su desarrollo... a la página 49.

El resumen de todo esto sería que, sea hache o be, furibundos en la crítica o defensa de la jefa de Estado y su administración (y su discurso, para el punto), ella manifestó una serie de omisiones, críticas y propuestas que son contrastables con lo actuado. Y con cómo lo actuado adelanta o retrocede de cara al futuro. Enfrentado a eso, y con la licencia de decir “objetivamente” como si la objetividad no fuera poco menos que un valor abstracto, lo que hay es examinar el debe y haber del oficialismo, sí, pero sobre todo aquello de los contrastes. Se encuentran, muy rápido, discursos vacíos de cualquier definición. Macri en apertura de sesiones distrital convocando a atención de infancia desprotegida, como si fuera un dirigente socialista. Cobos y su insistencia en parecer una fotocopia de De la Rúa, si eso fuera posible. Sanz en el Gran Rex, delante de las viudas decrépitas de la Alianza, bajando como toda línea un “hola, soy Sanz, quiero ser Presidente”. Pino en campaña ¡¡¡en Expoagro!!!, subido a babucha de Clarín y La Nación, por ser contemplativos. El hijo de Alfonsín, contando que ya está cabeza a cabeza con la Presidenta. Como otras veces, da vergüenza seguir. Vergüenza ajena.

O sea que, tal vez, no haya sido la fracción discursiva más completa o atractiva de la Presidenta. Simplemente, fue de esos discursos a los que, si no les sobra, les basta con que su protagonista, y sus alcances, sean comparados con lo que hay enfrente.

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Pagina12

sábado, 5 de marzo de 2011

CONSIGNAS REVOLUCIONARIAS Y SUBVERSIVAS EN LA PRESENTACION DE ERNESTO SANZ COMO PRECANDIDATO RADICAL

"No voy con Cobos ni Alfonsín, voy con Ernesto que se anima a debatir"... ¡y eso que cuando lo cantaban guardaron los fierros!.
Además, comenzó su discurso expresando que "se presenta para ganar". Que orador, que inspiración. 
Los votos de sanz no se van por la canaleta de la droga y el juego. No alcanzan.
No  podeesss
Ernesto Sanz con cara combativa antes de "debatir"
La Juventud Radical agotada por las consignas espontaneístas y combativas
 
 

Vargas Llosa: Un cuadro crucial de la derecha conservadora

Por Ricardo Ragendorfer. Periodista.

Suspender la convocatoria al escritor peruano hubiera sido interpretado como un acto de censura. Y en caso de que, en vez de referirse a su obra, expusiera su visión de la realidad, mejor. Porque así se mostraría tal cual es.

Quizás no haya sido ingenua la decisión tomada por los organizadores de la Feria del Libro al elegir a Mario Vargas Llosa para pronunciar el discurso de apertura nada menos que en un año electoral. A la vez, fue entendible, tanto el pedido del director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, al titular de la Cámara Argentina del Libro y responsable del evento, Carlos de Santo, de reconsiderar tal invitación, como también la sugerencia presidencial al propio González para que retire dicha solicitud. Suspender la convocatoria al escritor peruano hubiera sido interpretado como un acto de censura. Lo cierto es que a esta altura de nada sirve que no hable. Y en caso de que, en vez de referirse a su obra, expusiera su visión de la realidad, mejor. Porque así se mostraría tal cual es. En cambio, no es aconsejable polemizar con él, dado que sería como discutir de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyere.

En estos días han corrido ríos de tinta sobre la valía de Vargas Llosa como escritor, en contraposición al carácter execrable de su ideología. Ello sólo es un giro –centrado en su persona– del reiterado e insondable debate acerca de la relación entre la literatura y la política. ¿Hasta dónde la Weltanschauung de un novelista debe estar a la altura de su excelencia con la pluma? Al respecto, vale exhumar una reflexión escrita por Trotsky en la Partisan Review (1938): “En toda creación artística o literaria se halla implícita una suerte de protesta, consciente o inconsciente, activa o pasiva, optimista o pesimista, en contra de la realidad.” Ese rasgo distintivo también en-globa obras de tipos como Borges –pese a su gorilísmo– y Pound –pese a sus ideas fascistas–. Claro que Vargas Llosa no es en ese sentido una excepción. Pero mientras los dos primeros sólo eran escritores con creencias políticas poco felices, el reciente Premio Nobel es, además, un cuadro crucial de la ultraderecha conservadora.

Ya en 1980 provocó sorpresa su giro hacia esa postura, puesto que hasta entonces había mostrado un perfil izquierdista. En 1983 fue nombrado presidente de la Comisión Investigadora de Caso Uchuraccay, cuya misión era echar luz sobre el asesinato de ocho periodistas que indagaban sobre una masacre anterior en la aldea de Haychao, cometida por el ejército durante la dictadura del general Francisco Morales Bermúdez. En resumidas cuentas, el informe suscripto por el autor de Conversación en la catedral encubrió a los militares sospechados. El hecho en sí derivaría en un memorable papelón, ya que, poco después, estos serían llevados a juicio y condenados a varios años de cárcel.

En 1987, se puso al frente de la oposición al gobierno de Alan García, quien había cometido el imperdonable desliz de nacionalizar la banca, ante lo cual Vargas Llosa no ocultó su exasperación. Tres años después, inició su carrera política al fundar el partido Libertad para presentarse a las elecciones de aquel año. El eje de su campaña consistió en prometer una profunda reforma del Estado mediante privatizaciones a granel, inspirándose para ello en la figura de Felipe Domingo Cavallo. Ya se sabe que perdería contra Alberto Fujimori por un estrecho margen. A partir de entonces, se instaló en España.

En los años siguientes evolucionó hacia una especie de extremismo liberal, estableciendo lazos de afinidad política con referentes de la derecha como el ex jefe del gobierno español, José María Aznar, el ex presidente salvadoreño, Francisco Flores, el ex presidente checo, Václav Havel, y hasta con Mauricio Macri, con quien mantiene un respetuoso intercambio intelectual.

Con todos ellos integra la autodenominada Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), un sello subsidiario del Partido Popular de España que intenta impulsar políticas sociales y económicas en América Latina.

En el plano mediático, son conocidos sus exabruptos contra los gobiernos democráticos de la región, a los que invariablemente tilda de “populistas”, a la vez que líderes como Hugo Chávez y Evo Morales son para él una “pandilla de caudillos bárbaros”. Y Cristina Fernández “una mujer que vive en el limbo de los setenta”.

Pero no son justamente sus ideas las que llaman la atención en Vargas Llosa sino –a diferencia de su talento literario– el modo ramplón con el que las expone. Prueba de ello es que, por caso, al Tea Party –el movimiento fundamentalista estadounidense nacido en las entrañas del Partido Republicano– lo describe con las siguientes palabras: “Por debajo de su semblante conservador (…) hay en esta corriente algo sano, realista, democrático y profundamente libertario.”

Tal vez, más que con las contradicciones ideológicas de Borges o Pound, las de Vargas Llosa se asemejan a las de Abel Parentini Posse, aquel escritor y embajador de la dictadura argentina en el Perú, cuya fama le llegó en forma tardía por su disparatada gestión de sólo once días como ministro de Educación del PRO. Fascista de opereta y defensor del terrorismo de Estado, Parentini Posse, por caso, supo decir: “Estamos al borde de la anarquía, porque la ruptura ideológica nos frena, nos devuelve al pasado.”

Cualquier semejanza con Vargas Llosa no es una simple casualidad.

Pero entre ambos hay una diferencia: mientras que la mediocridad literaria de Parentini Posse –es autor de unas 13 novelas olvidables– hizo que sus dichos políticos sean considerados como una curiosidad circense, la gran solvencia de Vargas Llosa como escritor es precisamente lo que lo habilita a exponer en público su extravagante interpretación del mundo.

Gajes del sistema de consagración.

Fuente: Tiempo Argentino

sábado, 26 de febrero de 2011

Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe

Por Darío Aranda

La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.

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