lunes, 19 de agosto de 2013

A diez años de la derogacion de las leyes de impunidad: "Estábamos desafiando algo muy grande"



19/08/2013
Miembro de la LADH y ex detenido político, fue uno de los redactores del proyecto de nulidad. Carlos Zamorano es miembro desde 1960 de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y ex preso político durante la última dictadura cívico-militar. Como asesor del bloque de Izquierda Unida, redactó el proyecto de ley que el 21 de agosto de 2003 declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Por Gerardo Aranguren

Carlos Zamorano es miembro desde 1960 de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y ex preso político durante la última dictadura cívico-militar. Como asesor del bloque de Izquierda Unida, redactó el proyecto de ley que el 21 de agosto de 2003 declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

"Fue algo tan rotundamente fructuoso que de inmediato se reabrieron las causas", analizó el abogado en diálogo con Tiempo Argentino, en una entrevista donde contó los detalles de la redacción y sanción de la ley.

–¿Qué recuerda del momento en que fue convocado para la redacción del proyecto de ley?

–Apenas es electa diputada Patricia Walsh, me encomendó que hiciera el proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Eran los primeros meses de 2002. Entonces ella ya empezaba a batallar con ese proyecto.

–¿Cuáles eran los argumentos centrales para la nulidad?

–Eran que se vulneraban principios constitucionales que fueron incorporados en la reforma de 1994 que eran los tratados internacionales de Derechos Humanos donde se decía que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables, indultables, conmutables (rebaja), asilables y tampoco prescriptibles. Mucho menos la obediencia jerárquica, en el sentido en que el Estado estaba obligado a juzgarlos puesto que al tratarse a hechos atroces o aberrantes no podía involucrarse la creencia de que se cumplía un acto del servicio. Porque pueden reconocer cuando un superior da una orden que corresponde a un hecho manifiestamente ilícito, crímenes atroces.

–Uno de los argumentos que se esgrimieron para rechazar el proyecto fue que el Congreso nacional no podía declarar nula una ley, porque eso sería una atribución sólo de la justicia.

–Estábamos desafiando algo muy grande porque plantear la nulidad de una ley desde el Congreso era apenas la segunda vez que se hacía. La primera vez había sido en cuanto subió Alfonsín en 1984, cuando el Congreso declaró la nulidad de la ley de amnistía de Reynaldo Bignone. Pero una cosa era hacerlo con un decreto de la dictadura y otra cosa era hacerlo con leyes dictadas con apariencia de regularidad. Mucha gente consideraba que no era el Congreso el que debía tratarlo. Pero nosotros teníamos que librar esa batalla. El Poder Judicial demoraba en eso la declaración de nulidad y nosotros pretendíamos una reivindicación nacional. Además, esas dos leyes habían sido derogadas (en 1998). Era plantear la nulidad de leyes derogadas, que en sí no estaban concebidas para tener efectos en la actualidad sino al pasado.

–¿Qué importancia tuvo el contexto político y la llegada del kirchnerismo al gobierno nacional?

–Los méritos del gobierno fueron muy altos, no puedo silenciar ese aspecto. ¿Que habríamos hecho si el gobierno hubiera tenido otra actitud? Siete días después de la asunción de Kirchner los organismos de Derechos Humanos tuvimos una reunión con él donde le pedimos que mandara un proyecto análogo al que estaba en el Congreso porque inspiraría el apoyo. Al principio consideró que eso era materia de la Corte y que estaba muy cerca para que se pronunciara. Enseguida, Patricia Walsh le entregó en mano el proyecto, rogándole que lo estudiara y que lo apoyara. En el Congreso, Walsh promovió varias veces sesiones especiales parta tratar el proyecto pero iban 50 diputados (no alcanzaba para tener quórum). Antes del 12 de agosto, los organismo le pidieron una audiencia al presidente de la Cámara (Eduardo) Camaño, un hombre de vigor político y cierto temperamento asustadizo. Le dijeron que al día siguiente iban a llegar 20 mil personas y no estaban en condiciones de controlarlos. No era chiste, había 20 mil personas con la multisectorial Memoria, Verdad y Justicia. Aquella vez, efectivamente se produjo la sesión y se adoptó un proyecto que era casi idéntico al de Patricia Walsh pero sin los indultos.

–A diez años de la nulidad de esas leyes, ¿qué importancia le da a la declaración?

–Fue algo tan rotundamente fructuoso que de inmediato se reabrieron las causas y la Corte todavía no se había pronunciado. Fue un gesto político muy fuerte y producto de una lucha popular generalizada. Todo el mundo progresista vio como un triunfo esa norma, porque toda la sociedad la clamó. Había una movilización muy considerable.

Fuente: Tiempo Argentino

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