miércoles, 17 de abril de 2013

JUSTICIA LEGITIMA: Retoques que implican grandes cambios

El espacio de jueces, fiscales y abogados hizo un planteo en la misma línea que el CELS. El objetivo de su propuesta es facilitar el acceso a las cautelares cuando quienes las requieren son “personas” o colectivos en “situación de vulnerabilidad”.

El movimiento “Justicia legítima” presentó en el Senado por escrito su propio proyecto para introducir retoques a la propuesta del Poder Ejecutivo sobre el régimen de medidas cautelares. La agrupación coincide con la intención de limitar los reclamos patrimoniales de grupos económicos poderosos contra el Estado pero, en sintonía con el Centro de Estudios Legales y Sociales, advierte que hay que quitar todos los obstáculos y facilitar el acceso a las cautelares cuando quienes las requieren son “personas” o colectivos en “situación de vulnerabilidad” ante la afectación de derechos fundamentales o como usuarios y consumidores. Tal como está redactada la futura ley, advierten, quedan habilitadas las “decisiones judiciales antojadizas”.

“Justicia legítima” está de acuerdo con la intención de la reforma judicial de lograr “una relación más cercana entre la sociedad y la administración de justicia”, pero acota que es “imprescindible que se avance en una reforma integral de los sistemas procesales, cuyo núcleo central sea la oralidad y el establecimiento de plazos razonables de tramitación”. Eso no está contemplado por ahora en el paquete de leyes del Gobierno, aunque la Presidenta anunció la semana pasada que está entre sus objetivos impulsarla. A su vez, ayer el secretario de Justicia, Julián Alvarez, dijo que se tomarían algunas sugerencias de esta agrupación para mejorar el proyecto.

La presentación de “Justicia legítima” parte de la base de que las medidas cautelares son herramientas esenciales en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, del derecho a la salud, a la vivienda, el trabajo, a la alimentación, a la seguridad social, también a la educación.

- Cuando prevé esos casos excepcionales en que se puede pedir una cautelar contra el Estado, el proyecto del Ejecutivo dice que debe haber una afectación “directa” del derecho a la vida, la salud, la alimentación o el medio ambiente. “Justicia legítima” cree que es una definición muy restringida y que la ley debería hablar de “los derechos a la vida, condiciones adecuadas de vida, salud, de naturaleza alimentaria, o relativos a la protección del ambiente, o derechos fundamentales de aquellos respecto de quienes existe una obligación de protección especial por parte del Estado, como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores y los usuarios de servicios públicos”. Sebastián Tedeschi, letrado de la Defensoría General, quien participó en la redacción de la propuesta alternativa, considera que la definición de “vida digna” que propuso ayer el Gobierno es “insuficiente”, “abstracta” y se “presta a arbitrariedades”.

- También sugiere que el límite de seis meses sólo se aplique a las cautelares promovidas por grupos económicos.

- Si bien el proyecto oficial dice que las cautelares ya no se podrán dictar sin notificar al Estado, también establece que el Estado tendrá que hacer un informe que diga si la medida cautelar en danza puede afectar “el interés público”. Como es una definición muy amplia, y es cantado que así el Estado siempre va a decir que está afectado el “interés público”, “Justicia legítima” sugiere se le requiera que diga si hay una “grave afectación” de este tipo. Pero, además, reclama que si se trata del derecho básico, como salud o vivienda, que el juez pueda dictar medidas urgentes sin consultar al Estado.

- El texto del Ejecutivo impide que para ejecutar una medida cautelar se dicte una sanción personal contra el funcionario que ha incumplido. Entre los cambios propuestos también se incluye la alternativa de multar al funcionario en cuestión para garantizar el cumplimiento de la cautelar.

Tedeschi señaló a Página/12 que “lo que se discute en el fondo es si queremos un modelo de Estado social de derecho contra un modelo de Estado más liberal; que el Estado tenga preocupación por garantizar los derechos sociales de los más débiles a nuestro entender no es un capricho, sino algo que está establecido en los tratados de derechos humanos”.

Fuente: Pagina12

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1 comentarios:

La Comisión interna de Judiciales del Ministerio Público de la Nación-Procuración repudia la persecución a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y hace públicos los fundamentos de su posición:

1. Los nombramientos en la Justicia son normalmente a dedo, históricamente el plantel de cada dependencia se forma enteramente a voluntad de jueces y fiscales. Sin llegar a los extremos de profesiones como la de los escribanos, el Poder Judicial siempre controló férreamente la distribución de sus fuentes de trabajo. No se permite la contratación de los propios familiares pero desde siempre existe un mecanismo de lo más aceitado de intercambio de nombramientos entre los altos mandos. Todos lo saben, todos participan de ello, tranquilamente, sin considerarse antiéticos o irrespetuosos de los deberes de funcionario público. El hijo del fiscal de la 6 trabaja en la 2 y la amante del de la 2, en la 6. Parientes, esposas, jóvenes promesas, recomendados por algún acreedor de favores personales, amigos, son intercambiados entre las distintas sedes judiciales como billetes de una caudalosa fortuna. Todos lo saben, porque todos lo hacen. Lo sabe el juez federal Sebastián Casanello y, obviamente, también lo sabe el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien hizo lugar a la denuncia del senador radical Mario Jorge Cimadevilla. Se puede hablar de hipocrecía, de la Justicia al servicio del poder o de decisiones políticas determinadas, parciales y militantes.

2. Hace menos de tres años, el titular de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato, decía claramente que "la Justicia es el menos democrático de todos los poderes". Era entonces un aliado del gobierno nacional, bregaba por una reforma judicial, pedía "exámenes y concursos para que los trabajadores mas capacitados accedan a los puestos de trabajo y no los amigos del poder". Denunciaba que "Siempre hay que ser amigo de algún juez" y concluía: "Esto es poco transparente, poco democrático".
Piumato ya no está cerca del gobierno, ni sigue queriendo democratizar el ámbito en que se desempeñan los trabajadores de su gremio, ni conserva el apoyo de sus representados. Su posición oscilante demostró que valores e ideales pueden ser manipulados de acuerdo a la conveniencia de la coyuntura política. Nuestro secretario general hoy arremete contra la reforma que antes pedía porque está en la vereda de enfrente. Se puede seguir hablando de hipocresía, de sectores privilegiados por la Justicia o de decisiones que son posicionamientos políticos.

3. El valor que enmarca de bondad el rechazo a la democratización es el de la independencia de poderes, como un mantra se repite el deseo de una Justicia separada de la política. Algo que no existe pero de lo que procedimientos como los de Marijuán y Piumato son ejemplos de todo lo contrario.
La Justicia no es igual para todos porque no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a ella. Pero, aun en igualdad de condiciones, al ser administrada por hombres, sus decisiones dependen del temperamento de cada magistrado en tal o cual circunstancia. Los nombramientos por los que se cuestiona a la procuradora, Alejandra Gils Carbó, tienen fundamentos legales para ser reprochados o perfectamente avalados, según la parte de la letra que priorice el administrador de la ley. Puede, o bien, hacer prevalecer la importancia del concurso, como uno de los métodos más transparentes de nombramientos, o bien, puede anteponer la urgencia que tanto necesita la Justicia argentina, pero lo que no puede es desconocer ambos posicionamientos y sus fundamentos. Allí radica la evidencia de que este episodio no es un trámite más sino que constituye un claro y grave ataque contra la procuradora general de la nación, una persecusión, que la Comisión interna de Judiciales del Ministerio Público de la Nación-Procuración no puede dejar de repudiar enérgicamente, por constituir una manipulación vil en perjuicio de todo el sistema judicial.

http://uejn-judiciales.blogspot.com.ar/

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