22/04/2012
Por Horacio Verbitsky
Por Horacio Verbitsky
Desde Padua
Las sucesivas declaraciones del ex dictador Jorge Videla a periodistas argentinos y extranjeros son una involuntaria apología al modelo argentino de transición a la democracia. Videla eligió interlocutores condescendientes que no le repreguntaron en forma detallada sobre sus revelaciones más escandalosas. Pero aún así su testimonio tiene un notable valor político, contradictorio con sus propósitos. Quienes prefieren el modelo sudafricano, en el que se planteó el canje de información por impunidad, sostienen que al abrirse la puerta de la persecución penal, se cierra la de la información sobre los crímenes cometidos. La locuacidad de Videla lo relativiza. No habló al comenzar el proceso, pero lo hizo al concluir, ya condenado a prisión perpetua. En un viaje a Sudáfrica donde me reuní con familiares de detenidos-desaparecidos y con organismos defensores de los derechos humanos, encontré una queja generalizada: es insoportable escuchar en los tribunales el relato minucioso de las torturas sufridas hasta morir por los seres más queridos y después ver cómo los criminales permanecen en libertad. La transición desde el régimen del apartheid a una democracia de un hombre un voto fue exitosa. Pero de poco le sirve a quien ha perdido un hijo, conocer qué dedo le cortaron primero si el que lo deshizo en pedazos termina el relato y se va impune a su casa. Además en Sudáfrica no se alteraron las bases económicas de la dominación y las mayorías no han visto reivindicados sus derechos económicosociales.
El modelo argentino
En la Argentina, en cambio, el proceso de justicia restauró la dignidad de las víctimas, cubrió de ignominia a sus perpetradores y hasta los aisló dentro de las instituciones a las que deshonraron al trocar el sable de San Martín por la picana de Videla. Al día de hoy se han pronunciado 253 condenas y 20 absoluciones (prueba, además, de que los juicios se realizan con respeto por los derechos y garantías de los acusados, cuya culpabilidad debe ser probada). Que al cabo de este largo recorrido, Videla se haya decidido a hablar muestra la superioridad del modelo argentino de transición a una democracia distinta, respetuosa de los derechos humanos y con un rol constitucional para las Fuerzas Armadas, donde además se están revirtiendo las consecuencias socioeconómicas de aquella dictadura. Videla dijo que el fracaso del ex senador Eduardo Duhalde y la reelección de CFK lo convencieron de que no podía seguir ilusionándose con un nuevo pacto de impunidad. Dijo que el gobierno justicialista de 1975 les había dado licencia para matar y que el partido radical apoyaba el golpe, y que la toma del poder no era necesaria para terminar con la guerrilla pero sí para reordenar la economía y disciplinar a la sociedad. Reconoció que el golpe había privado a la dictadura de legitimidad. Admitió que la desaparición de personas fue un eufemismo que se utilizó para enmascarar la eliminación clandestina de 7 u 8 mil personas, porque el mundo no hubiera tolerado su fusilamiento, como ocurrió con las tres últimas ejecuciones de Franco en España. Este es el mismo número de bajas y la misma comparación internacional que el ex general Ramón Díaz Bessone le comunicó a la periodista francesa Marie-Monique Robin, quien lo filmó sin que él lo supiera. Díaz Bessone fue más explícito que su camarada: la reacción que temían era la del Papa. Pero es obvio que Videla piensa en lo mismo, ya que de inmediato destaca la actitud favorable de la Iglesia Católica, su amistad personal con el presidente de su Episcopado de entonces y la importantísima colaboración de los capellanes castrenses, que estaban presentes en todas las unidades y guarniciones de las tres armas. Agregó que también los empresarios apoyaron la masacre y que algunos opinaban que los desaparecidos deberían haber sido diez mil más.
De Alfonsín a Menem
El proceso hasta llegar a la situación presente fue cualquier cosa menos lineal. El presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) creó una comisión investigadora sobre la desaparición de personas, la CONADEP, una comisión de la verdad que inspiró muchas otras en el mundo. Una vez que recibió sus conclusiones, promovió el enjuiciamiento de los integrantes de las tres primeras juntas militares, que terminó en diciembre de 1985 con la condena a prisión perpetua de Videla y del jefe de la Armada, Emilio Massera, entre otros. Pero luego de ese fallo y ante el temor de que la justicia continuara con oficiales de rangos inferiores, dictó la primera ley de impunidad, la de punto final, que fijó un exiguo y arbitrario plazo de prescripción de 60 días. Los jueces no aceptaron que se les endilgara la responsabilidad y dentro del plazo previsto procesaron a todos los militares contra los cuales hubiera algún indicio, por tenue que fuera. Cuatro centenares de oficiales fueron citados a indagatoria a partir de febrero de 1987, entre ellos muchos en actividad y con mando de unidades. Esto derivó en el alzamiento carapintada de la Semana Santa de 1987, luego del cual Alfonsín firmó la segunda ley de impunidad, la de obediencia debida, por la cual quedarían excluidos de responsabilidad los oficiales de rango inferior a general y sus equivalentes en las otras fuerzas. Pero esto no fue suficiente.
El presidente Carlos Menem (1989-1999) indultó a todos los condenados y procesados durante el gobierno anterior, incluso a aquellos que habían sido enjuiciados por la decisión política de recuperar las islas Malvinas y por la forma en que condujeron la guerra en la que Gran Bretaña volvió a ocuparlas. Pero tanto Alfonsín como Menem dejaron dos ventanas abiertas, que resultarían de enorme importancia más adelante: en ningún caso incluyeron entre los delitos a perdonar el robo de los hijos de las personas detenidas-desaparecidas ni el saqueo de sus bienes. Las leyes y decretos de impunidad nunca contaron con adhesión mayoritaria en la sociedad. Pero durante los primeros años de la década de 1990 la cuestión pareció olvidada, salvo por la tenaz resistencia de los organismos defensores de los derechos humanos. El tema volvió a la primera plana de los diarios en 1993, cuando Menem pidió al Senado el ascenso de dos oficiales que habían sido denunciados por su actuación en la ESMA, el mayor campo clandestino de concentración de la Marina. Cuando conté en esta columna que esos oficiales estaban acusados de haber participado en el asesinato de un grupo de sacerdotes en una iglesia de Buenos Aires y de la desaparición y asesinato de dos monjas francesas, comenzó un debate público que condujo al rechazo del ascenso por parte del Senado, en un trámite que tuvo amplia difusión pública. Al mes siguiente de la decisión senatorial un hombre se me aproximó en el subterráneo de Buenos Aires y me dijo que había estado en la ESMA. Durante tres meses mantuve una docena de entrevistas con ese hombre, el capitán de la Marina Adolfo Scilingo, en las cuales terminó por confesar que había asesinado con sus propias manos a treinta prisioneros, a quienes arrojó al mar desde aviones militares, luego de atontarlos con una droga. Nunca antes uno de los verdugos había reconocido sus acciones en forma tan explícita. Esto tuvo una enorme repercusión y el 24 de marzo de 1996, al cumplirse veinte años del golpe tuvo lugar una gigantesca movilización popular, que marcó el espectacular regreso de la cuestión reprimida al primer plano de la atención pública.
De la verdad a la justicia
Una de sus consecuencias fue que los hijos de detenidos-desaparecidos se reunieran en una nueva organización, la primera formada por descendientes y no ascendientes de la generación diezmada, ya sin temores ni vergüenza. Otra, que el padre de la detenida-desaparecida Mónica Candelaria Mignone pidiera a la justicia que averiguara qué habían hecho con ella luego de secuestrarla de la casa familiar. Así se llegó a un fallo trascendente de la Cámara Federal de la Capital, que reconoció el derecho de Emilio Mignone a la verdad, al duelo y a la disposición del cuerpo de su hija, y depositó en la justicia el cumplimiento de esa obligación, por más que las leyes de impunidad impidieran castigar a los autores del crimen. Con esa decisión comenzaron los juicios por la verdad, que en poco tiempo se extendieron a todo el país. En octubre de 1998 el juez español Baltasar Garzón ordenó el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet y su extradición a Madrid para juzgarlo por crímenes cometidos en Chile contra ciudadanos chilenos. Nacía la doctrina de la jurisdicción universal: en caso de delitos que afectan a toda la humanidad, cualquier país tiene el derecho y el deber de juzgar a los responsables, si su propio país no lo hace. Este aggiornamento de una antiquísima escuela jurídica produjo todo tipo de efectos legales y políticos. En la Argentina el Congreso derogó las leyes de punto final y de obediencia debida, aunque no le alcanzaron los votos para declararlas nulas, con lo cual conservaron efecto ultraactivo. Pero también se reactivaron los juicios por el robo de bebés y fueron detenidos Videla y Massera por ese delito que las leyes de impunidad habían exceptuado de su efecto. Al mismo tiempo avanzaban en distintos puntos del mundo las causas contra militares argentinos por crímenes contra ciudadanos de esas nacionalidades. Scilingo fue condenado en España a prisión perpetua, el mismo castigo que la justicia italiana impuso en diciembre de 2000 a los generales argentinos Carlos Suárez Mason y Santiago Omar Riveros por secuestros y asesinatos cometidos contra ciudadanos italianos residentes en la Argentina. Causas similares avanzaron en la justicia de Francia, Alemania y Estados Unidos.
La nulidad
La suma de estos hechos hizo concebible la anulación de las leyes de impunidad, cosa que el CELS pidió a la justicia cuando se aproximaba el aniversario 25 del golpe de 1976. Tres semanas antes de esa fecha, las leyes de punto final y obediencia debida fueron declaradas inconstitucionales y nulas y se pudieron reabrir los procesos cerrados en 1987. Esas decisiones fueron ratificadas por decenas de jueces y de cámaras de apelaciones en todo el país. Hasta los militares acusados sintieron alivio: preferían un juicio en el país, cerca de sus familiares y de la red de complicidades que los rodeaban antes que un encuentro con jueces y cárceles de España. En los casi cinco años transcurridos desde los arrestos de Videla y Massera hasta las elecciones presidenciales de 2003, por lo menos 115 represores fueron imputados ante la justicia, 19 fueron procesados por distintos tribunales y ocho condenados en primera instancia. Este avance logrado por los organismos defensores de los derechos humanos inquietó a sectores políticos y sociales. El senador Eduardo Duhalde, quien durante esos meses ocupó en forma interina el Poder Ejecutivo, indultó al coronel Mohamed Seineldín y al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, ambos condenados a prisión perpetua, uno por el último alzamiento en el que murieron varios militares, y el otro por el ataque al cuartel militar de La Tablada, donde además de militares y civiles muertos hubo una vez más detenidos-desaparecidos. Estos indultos debían preceder a un fallo de la Corte Suprema, revocando aquellos de primera instancia y de cámara que habían permitido la reapertura de los juicios. El obispo castrense en persona visitó a los jueces de la Corte Suprema para urgirles esa decisión. La denuncia pública de los organismos defensores de los derechos humanos consiguió demorar una vez más su firma. Ante la insistencia de Duhalde con el proyecto de olvido, el presidente electo Néstor Kirchner le pidió que le dejara manejar a él la cuestión. Pero en cuanto asumió tomó como propias las tres banderas de Memoria, Verdad y Justicia sostenidas por los organismos defensores de los derechos humanos. En pocos días demostró que hablaba en serio. Pasó a retiro a la cúpula militar, que intentaba volver a condicionar al sistema político, instó el juicio político a la mayoría automática de la Corte Suprema y, más adelante, desconoció al obispo castrense que justificaba la represión. También promovió la nulidad legislativa de las leyes de punto final y obediencia debida y pidió al Congreso la ratificación del tratado internacional que declara imprescriptibles los crímenes contra la humanidad. En marzo de 2004 ordenó descolgar los retratos de los ex dictadores Videla y Benito Bignone de la galería del Colegio Militar donde se homenajea a sus ex directores. También propició el establecimiento en la ESMA del Museo de la Memoria que reclamaban los organismos. Esta voluntad política expresada de modo tan contundente permitió que en 2005 la Corte Suprema, integrada ya por personas honorables y capaces, ratificara la inaplicabilidad de las leyes de perdón, olvido y silencio, lo cual permitió la reapertura de las causas cerradas en 1987 y el inicio de otras. Según las estadísticas que lleva el CELS, al promediar abril de 2012 se habían pronunciado 253 condenas y veinte absoluciones. Estos porcentajes avalan la seriedad de estos juicios, en los que se respetan el debido proceso y todas las garantías para los acusados, de modo que nadie es condenado sin pruebas contundentes sobre su participación en los crímenes investigados. Por supuesto que para los familiares de las víctimas esto es frustrante y desconsolador, pero este resultado también explicita la diferencia entre estos procesos realizados en democracia y los simulacros de juicio que según Videla se realizaban entre sus subordinados para decidir, sin defensa ni pruebas, quién debía morir. Sólo el 46% de los condenados recibió penas de prisión perpetua; el 32% deberá cumplir entre 16 y 25 años de cárcel; el 21% entre 4 y 15 años y el 1% hasta tres años. Esta dispersión del castigo es una prueba adicional del respeto que se observa por los derechos de los imputados.
Lo que falta
Más allá de la satisfacción legítima por estos avances, queda mucho por hacer y los estudios del CELS señalan dónde están los problemas. Un significativo 58 por ciento de las causas abiertas está en trámite de instrucción; el 21 por ciento ha concluido esa etapa pero esperan ser elevadas a juicio; el 4 por ciento están en juicio en este momento y apenas el 17 por ciento han llegado a sentencia. Pero de este lote de causas con sentencia, el abrumador 73 por ciento no han pasado de la primera instancia; el 16 por ciento han sido confirmadas por la Cámara de Casación y apenas el 11 por ciento por la Corte Suprema. En su excelente discurso de inauguración del año judicial el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo que estos juicios formaban parte del contrato social de los argentinos. Esta apreciable definición hace aún más urgente un cambio de ritmo en las instancias superiores, para que no sigan muriendo testigos e imputados sin que se haya llegado a una sentencia firme.
Fuente: Pagina12
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