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| Alejandro Duret |
Como pasó hace un mes con el suspendido Otilio Romano, esta vez fue
Duret quien salió del país justo antes de que Casación lo condenara por
considerarlo responsable del crimen de Carlos Labollita, en 1976.
Por Diego Martínez
Atravesar
la cordillera para esperar en Chile decisiones cruciales sobre sus
futuros parece ser una nueva costumbre de los imputados por crímenes de
lesa humanidad. La inauguró un mes atrás el ex camarista mendocino
Otilio Roque Romano, que al día siguiente fue suspendido por el Consejo
de la Magistratura. El domingo siguió sus pasos el coronel retirado
Alejandro Duret, condenado un día después a quince años de prisión por
la Cámara Nacional de Casación Penal. Igual que el cuyano, el militar
responsable de secuestrar, torturar y desaparecer a Carlos Labollita en
1976 era técnicamente inocente y no tenía prohibición para salir del
país. Hasta anoche ni siquiera tenía orden de captura, pedido que
formuló el jueves el fiscal federal Daniel Adler y sobre el que debe
pronunciarse el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La pregunta
obligada es si el viaje de Duret es pura coincidencia, si el oficial de
Inteligencia del Ejército Argentino seguirá el ejemplo de Romano para
buscar refugio e impunidad en los pagos de Sebastián Piñera, o si ya
cruzó también el Pacífico y pronto sumará su nombre al de otros cuarenta
represores prófugos.
Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos coincidieron
en destacar el valor de la decisión de la Sala IV de Casación. Los
jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no
sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron
“competencia positiva” en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los
miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para
evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que
los jueces Nelson Jaranzo y Alejandro Smoris lo dejaron en libertad.
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| Carlos Alberto Labolita |
Duret fue absuelto a mediados de 2009, cinco días después de la
derrota electoral de kirchnerismo. El 9 de agosto último se realizó la
audiencia pública en la que fiscales y abogados pidieron su condena en
nombre de los familiares de la víctima, y militares retirados y
allegados hicieron acto de presencia junto con Cecilia Pando. Comenzó
entonces la cuenta regresiva para que Casación se pronunciara. Según el
Código Procesal Penal, la Sala IV debió convocar a Duret en persona para
conocerlo antes de fallar. La audiencia, sobre la cual el Ministerio
Público Fiscal nunca fue notificado, se habría realizado a principios de
mes.
El lunes, Casación firmó la condena y ordenó notificar al Tribunal
Oral marplatense. El miércoles la noticia trascendió extraoficialmente.
El jueves al mediodía, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, les solicitó a
los jueces que ordenaran la prohibición de salir del país para Duret.
Cuando los representantes del Ministerio Público apuntaron el nombre del
condenado en los registros de Migraciones (también son accesibles a los
jueces) se encontraron con la novedad del viaje a Chile. Por la noche,
el fiscal Adler pidió la captura nacional e internacional, sobre la que
debe pronunciarse ahora el TOF de Mar del Plata, acotado esta vez a
Carlos Rozanski dado que Esmoris y Jarazo están de licencia y se reponen
de un accidente automovilístico ocurrido el martes.
Duret cruzó la frontera por Mendoza, como Romano, pero no en avión
sino en auto. Según los registros de Migraciones, viajó en un Peugeot
206, patente EVC743, junto con un militar y su esposa. Se trata de
Héctor Osvaldo Miranda, que en 2003 ascendió a teniente coronel, y su
esposa Ana María Groppa, ambos radicados en el barrio de oficiales del
Grupo de Artillería de Montaña 8 de Mendoza. Miranda tiene 56 años, edad
con la que podría permanecer en actividad en el Ejército, aunque según
bases de datos empresariales está abocado a tareas privadas en un rubro
sensible a los uniformados: preside la agencia de seguridad Kustos.
Migraciones también registró el retorno del matrimonio, apenas dos horas
después, pero entonces a solas, sin Duret, que ya se había hecho una
escapada al país trasandino el 17 de septiembre.
Funcionarios chilenos afirmaron durante el último mes que Chile
respeta los derechos humanos. Tanto sus normas internas como el derecho
internacional establecen que el status de refugiado no incluye a
acusados (menos aún condenados) por delitos de lesa humanidad. Los
trámites previstos para quien solicita el refugio, sin embargo, le
permiten a Romano ganar tiempo y burlar la cárcel. En los próximos días
se sabrá si el del camarista es un caso aislado o si Duret decidió
acompañarlo.
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