Después de que la obligaron a judicializar el caso, la madre de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso resolvió que la gestación continúe. La nena había expresado su intención de “volver a ser como antes”. Duras críticas de una organización para la defensa de la salud de madres y niños.
Por Mariana Carbajal
La madre de la niña entrerriana de 11 años sorpresivamente retiró ayer de la Justicia el pedido de aborto no punible y decidió que su hija continúe adelante con el embarazo producto de un abuso sexual. Así lo confirmaron al mediodía a este diario fuentes judiciales de Concordia, donde tramitaba la solicitud. Organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se manifestaron a las 8 de la mañana frente a los tribunales de esa ciudad y denunciaron que la mujer, que tiene 27 años y es muy humilde, estaba siendo “intimidada, presionada y manipulada” para que diera marcha atrás en su reclamo por parte del juez de Familia, Raúl Tomaselli, que tenía el caso en sus manos, en lo que consideraron “un evidente abuso de poder del magistrado y también de los médicos que intervinieron con pericias médicas e informes sobre la supuesta viabilidad de la gestación”. Desde la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño (Asumen), que integran Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Federación Argentina Sociedades de Ginecología y Obstetricia, entre otras entidades, cuestionaron duramente “la falta de respuesta inmediata a la problemática de la niña embarazada” y advirtieron sobre las “graves consecuencias” que la continuación del embarazo podrá tener sobre “la salud y la calidad de vida” de la nena.
“Esta niña, por ser pobre, está pagando con su cuerpo y su salud, el costo de la injusticia social que se traduce en un comportamiento discriminatorio por parte de las instituciones que intervinieron en el caso, además de otros actores sociales que inciden en la problemática”, sostuvo en diálogo con Página/12 el médico obstetra e investigador Ariel Karolinski, representante de la Comisión Coordinadora de Asumen. La Alianza, conformada por importantes sociedades médicas nacionales e internacionales, fue creada en 2009 con el fin de promover, intensificar y armonizar las acciones tendientes a mejorar la salud de las madres, recién nacidos, niños y niñas. Es la primera vez que se pronuncia sobre un caso de aborto no punible. “En este caso, se están vulnerando una serie de derechos contemplados en la mayoría de los tratados internacionales, los cuales forman parte del cuerpo de la Constitución nacional. Algunos de ellos, contenidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como es el caso de respetar el interés superior del niño (en este caso de la niña), asegurar el mejor cuidado de su salud, respetar el derecho al desarrollo pleno, y asegurar el derecho a erradicar toda forma de maltrato, abuso y violencia”, señaló en un comunicado, firmado por la Academia Nacional de Medicina (ANM), la Asociación Argentina de Perinatología (Asaper), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Federación Argentina de Enfermería (FAE), la Federación de Obstétricas de la República Argentina (FORA), la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada), el Centro de Investigación en Salud Poblacional, el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, la Fasgo, la OPS, Unicef y la SAP.
También la CTA emitió una extensa declaración, en la que alertó que “resulta a todas luces evidente que este cambio –en la posición de la madre– no ha sido producto de una decisión en libertad, sino de la información sesgada y falaz recibida, así como todas las presiones ejercidas para vulnerar sus derechos”. Antes de conocerse que la madre desistía en su reclamo, docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) dieron a conocer un pronunciamiento sobre el caso, en el que pidieron que se garantizara el acceso al aborto no punible a la niña, dado que el pedido encuadraba en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal, al tratarse de un embarazo producido como consecuencia de un abuso sexual.
Uno de los defensores oficiales de Concordia que actuó en el caso negó a Página/12 que haya habido presiones sobre la familia. Ese mismo defensor, durante el diálogo con este diario, negó que la nena pudiera tener algún trauma por el abuso sexual. “Yo vi el testimonio que dio en la cámara Gesell. No se la ve angustiada ni llora”, dijo, minimizando la gravedad del hecho.
Según pudo saber este diario de otras fuentes con acceso al caso, a la madre le habrían dado en el juzgado información falsa sobre los riesgos asociados al aborto que la habrían atemorizado, como ya ocurrió en otros casos similares, unos de ellos el de otra niña de condición muy humilde violada en 2011 en la provincia de Misiones. También habría incidido la fuerte exposición mediática del caso, a partir de las polémicas declaraciones del ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, en las que afirmó que no estaba de acuerdo con el aborto, que no encuadraba en las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal y que la niña estaba en condiciones de salud de continuar con la gestación, junto con la posición de los médicos del Hospital Masvernat, de Concordia, que también alegaron que el cuerpo de la nena podía soportar la gestación.
El miércoles, integrantes de organizaciones de mujeres de la provincia intentaron acercarse a la familia para expresarle su solidaridad en su batalla judicial, pero se encontraron con que la abogada de la madre, Susana Benítez, inesperadamente les impuso un cerco para impedirles contactarse con la mamá y la niña. “Esa actitud de la abogada nos llamó la atención. Incluso ni nos quiso recibir ella”, contó a este diario Betiana Spadillero, de Mujeres Tramando, de Paraná. Según trascendió, Benítez estaría vinculada con profesionales del Hospital de San Salvador, donde atendieron por primera vez a la niña y le detectaron el embarazo, y desde donde empujaron a su madre a judicializar el pedido de un aborto, aunque no requería autorización de un tribunal.
“Claro que hubo presiones. ¿Por qué citaron al padrastro? ¿Qué tiene que ver él? Esta nena de 11 está pidiendo que la dejen seguir viviendo su niñez”, señaló ayer María Victoria Sandoval, integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Concordia, quien participó de la protesta que organizaciones sociales, sindicales y de mujeres realizaron por la mañana frente a los tribunales de Concordia. Llamativamente, el juez Tomaselli citó ayer a la mañana a la pareja de la madre, que no es el padre de la niña, para que opinara sobre el pedido del aborto. La familia atravesó unos meses atrás un durísimo trance: la muerte en un accidente de tránsito de un hermanito de la nena abusada, hijo de la madre y su padrastro. El abuelastro de la nena, entrevistado por el corresponsal en Entre Ríos de la señal de cable TN, dijo que “habían decidido” que la niña prosiga con el embarazo “para al menos, en el futuro, con otro integrante en la familia, puedan suplir esa ausencia que tienen en ese lugar”, en referencia al fallecimiento del niño. La familia vive en General Campos, una localidad de unos 3000 habitantes, a 45 kilómetros de Concordia, en una vivienda muy precaria.
“El Estado es responsable de esta violación a los derechos humanos. Una niña de 11 años violada será sometida a un embarazo que no buscó y no deseó, con todo el daño biológico, social y psicológico que implica por la impericia y negligencia de los funcionarios públicos que no supieron o no quisieron estar sujetos a la ley”, advirtieron desde el Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders)-Entre Ríos, Carolina Comaleras y Silvia Primo.
El caso nunca debió judicializarse y debió resolverse en un hospital público, siguiendo las indicaciones del Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos no Punibles, elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, donde está claro –en línea con la opinión que ayer publicó en este diario el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni– que cualquier mujer violada tiene derecho a pedir la interrupción de un embarazo producto de esa relación forzada, y que no es necesario un aval de un juez. La investigación penal está a cargo de una fiscalía del departamento judicial de Colón. Ayer se supo que el joven acusado del delito se negó a declarar. Hoy, en Concordia, se desa-rrollará una jornada informativa para evitar que se repitan casos similares frente a un pedido de aborto no punible. La ONG Lesbianas y Feministas contra la Descriminalización del Aborto, que gestiona una línea telefónica (011-156-6647070) donde informan sobre el aborto con medicamentos visitarán los tribunales, el Hospital Masvernat y en la plaza central harán una radio pública. En las actividades participarán también trabajadoras sociales, docentes y médicos de la Red contra el Aborto Inseguro.
Fuente: Pagina12
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