Malvinas y la violación a los derechos humanos forman parte fundamental del legado que la democracia se vio obligada a enfrentar y con el cual aún sigue luchando. El Gobierno inició el año forzando novedades en los dos temas gracias al respaldo regional obtenido y a los cambios promovidos en la Cámara de Casación.
Por Luis Bruschtein
Malvinas produce ecos contradictorios de guerra, de injusticia, de abusos militaristas, de situaciones coloniales anacrónicas pero también de patrioterismos y de la prepotencia de un despojo. Pocos argentinos han visto o pisado el suelo de las islas. Para la mayoría son ese dibujo en el mapa de la escuela primaria. Pero las Malvinas también muestran para los argentinos la cara oscura de Gran Bretaña: los excesos como potencia por parte de una supuesta nación civilizada; la fuerza como único argumento de una de las grandes democracias del mundo; la negación del diálogo por parte de uno de los árbitros de las relaciones internacionales; el incumplimiento del derecho internacional por una de las naciones que contribuyó a forjarlo, y el desprecio a reclamos cuyo cumplimiento exige a otros países. Cada uno de esos enunciados que surgen de los entredichos por Malvinas descubren una parte de la hipocresía que sustenta un orden mundial que al mismo tiempo que logra grandes avances civilizatorios se sigue sosteniendo en un esquema donde prima la fuerza como gran organizadora. Durante años de reclamos, Gran Bretaña permaneció inmutable, hasta la semana pasada, que fue obligada a salir de su impasibilidad.
De dieciséis situaciones coloniales que persisten en el mundo, doce tienen a Gran Bretaña como potencia colonial, y una de ellas es la de las islas Malvinas. Los gobiernos argentinos han intentado muchas estrategias, incluyendo la más desastrosa, que fue la guerra de 1982. Hubo un período lógico de distensión tras el conflicto durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero las relaciones diplomáticas se reestablecieron recién en 1989, con el gobierno de Carlos Menem, que aceptó la condición británica de poner entre paréntesis el planteo de soberanía para poder discutir otros temas como comunicación, transporte, economía y abastecimiento.
Al mismo tiempo desarrolló una política de “seducción” de los kelpers que incluso llegó a plantear la idea de pagar una indemnización de 150 mil dólares a cada uno. Desde 1989, Argentina dejó de sostener su reclamo ante la Asamblea General de la ONU y sólo lo hizo en el Comité de Descolonización.
Esa política fracasó, no solamente porque no hubo seducidos, sino porque hubo engañados. Mientras el gobierno argentino cerraba acuerdos de explotación conjunta para la pesca y el petróleo, Gran Bretaña aumentaba la Zona Económica Exclusiva a 250 millas alrededor de las islas y el gobierno isleño concedía unilateralmente derechos de pesca y de exploración petrolera. Recién a la salida del menemismo, el gobierno de la Alianza volvió a plantear en la Asamblea de la ONU el reclamo de soberanía argentina sin que Gran Bretaña se dignara a responder.
Las Malvinas son
de Latinoamérica
El kirchnerismo priorizó Malvinas en su agenda y lo planteó cada vez que Néstor Kirchner habló en la Asamblea de la ONU, al mismo tiempo que dinamizaba la demanda a Gran Bretaña para que acepte realizar negociaciones pacíficas con Argentina. Gran Bretaña permaneció inmutable.
Pero en forma paralela, la Cancillería fue planteando el reclamo a nivel regional y en términos que iban más allá del respaldo meramente simbólico. Así, Malvinas motorizó la primera acción concreta del flamante bloque regional. Esa política empezó con el Mercosur y sus asociados, siguió con la Unasur y finalmente con la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac). Chile, como presidente pro tempore de la Celac, presentó ante el secretario general de la ONU el pedido regional por Malvinas en respaldo a la Argentina.
Los acuerdos plantearon el cierre de los puertos a los barcos que llevaran la bandera de Malvinas. Por lo menos hay una flota de más de 25 barcos pesqueros en esa condición que, para Argentina, y ahora para toda América latina, es ilegal. Acordaron lo mismo sobre los barcos de guerra británicos con destino a las islas. Y además dispusieron compartir toda la información sobre el movimiento de barcos petroleros en el mar austral. Los acuerdos incluyeron a aliados tradicionales de Argentina, como Uruguay, en cuyos puertos se abastecen los barcos que van a las islas. Y Chile y Brasil, dos países cuyas diferencias históricas con Argentina fueron usadas en el pasado por Gran Bretaña. La declaración de la Celac fue suscripta además por 33 países. De las 16 situaciones de colonialismo, en doce la potencia colonial es Gran Bretaña y de esas doce, siete se encuentran en la región que abarcan los países de la Celac. Un dato que preocupó también a Londres fue que varios de los países que firmaron la declaración de la Celac son anglófonos y caribeños y forman parte del Commonwealth, por lo que están muy ligados a Londres y a las colonias británicas del Caribe.
“Pequeñas victorias”
A principios de enero el semanario británico The Economist destacó este proceso de “malvinización” en los organismos regionales latinoamericanos como “pequeñas victorias” de la diplomacia argentina en el diferendo con Gran Bretaña. En esa enumeración incluyó lo que definió como un cambio en la Cancillería de los Estados Unidos. The Economist señaló la diferencia entre 1982, cuando Washington respaldó a Gran Bretaña durante la guerra y las declaraciones de la secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, en 2010, exhortando al Reino Unido a aceptar las negociaciones pacíficas que el Foreign Office rechaza.
Finalmente, el león rampante dio señales de molestia. Frente a la crisis, Gran Bretaña tomó distancia de la Comunidad Europea y se encontró con un proceso de formación de un bloque regional que comienza a intervenir con posiciones comunes en el ámbito internacional. Así el conflicto dejó de ser bilateral. La posición argentina es acompañada ahora por los demás países latinoamericanos que empiezan a votar posiciones comunes, entre ellas, las relacionadas con Malvinas. Un tema que estaba encapsulado en la relación con Argentina, ahora ensombrece su relacionamiento con la región menos afectada por la crisis.
El primer ministro británico, David Cameron, tan conservador como Margaret Thatcher y hasta de carácter parecido, ordenó a su ministro de Relaciones Exteriores, William Hague, para que presionara a los gobiernos del Mercosur que habían suscripto la declaración. Hague habló con los gobiernos de Uruguay, Chile y Brasil. Los tres reafirmaron la posición de solidaridad con Argentina. Hague hizo un informe ante el Parlamento tergiversando sus respuestas y afirmando que esos países habían cambiado de posición y que estaban dispuestos a dejar pasar buques con destino a Malvinas que no llevaran la bandera de las islas. “Uruguay, Chile y Brasil, no se suman al bloqueo que pidió Argentina”, dijo. Por su lado, Cameron hizo declaraciones a los medios sobre la importancia de mantener el escudo militar en Malvinas y que la soberanía estaba fuera de discusión. A instancias de la Cancillería argentina, Chile, Uruguay y Brasil confirmaron su posición en forma pública: “Consideramos a las Malvinas como una colonia británica, por lo tanto su bandera es ilegal”, reafirmó Pepe Mujica. Entonces Hague advirtió a los países que se sumaran al supuesto bloqueo planteado por el gobierno argentino. Hubo otro comunicado de la Cancillería: “Argentina no propicia un bloqueo”.
Un cambio de escenario
Las presiones, las declaraciones periodísticas y los comunicados duraron sólo diez días. En apariencia nada cambió porque cada quien se mantuvo en sus posiciones. Pero hubo un cambio muy importante y fue que por primera vez Gran Bretaña rompió el silencio, tuvo que moverse infructuosamente para neutralizar las acciones de la diplomacia argentina y se mostró molesta por el nuevo modo regional que adoptó el conflicto. Por primera vez desde la guerra, Argentina encontró la forma de que el carácter de potencia colonial se convierta en una rémora para Gran Bretaña. Seguramente tuvo la ayuda de la crisis que afecta a las economías centrales que las obliga a reposicionarse en el mundo, pero este cambio abrió una luz en el conflicto. Aun cuando el contenido de la reacción británica haya sido tan hostil y cerrado, puso de manifiesto que está obligada a dar explicaciones y que le resultará muy difícil de aquí en adelante mantener su rechazo sin argumentos a los reclamos por una negociación pacífica del diferendo.
Casación y la otra herencia
La guerra de Malvinas fue parte de la herencia dolorosa que dejó la dictadura. Otra parte fueron las violaciones a los derechos humanos. Y así como Malvinas comienza a descongelarse, la confirmación pública (la revelación fue tapa de Página/12 el 30 de diciembre pasado), realizada esta semana por los jueces que integran la Cámara de Casación de que tomarán como prioridad los juicios por delitos de lesa humanidad fue otra señal, y muy fuerte, de que una de las últimas barreras de esa retorcida herencia fue eliminada. Tal como anticipó este diario, los nuevos jueces que se incorporaron a fines del año pasado, más los que quedaron, anunciaron que tomarán medidas para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad.
Durante más de 20 años, la nueva democracia lidió con todo tipo de obstáculos que surgían de aquel pasado para impedir la acción de la justicia. Hubo carapintadas, leyes de punto final y obediencia debida y hubo amnistía. Cuando asumió Néstor Kirchner logró que el Congreso anulara esas leyes que impedían la realización de los juicios a los represores. Una decisión luego convalidada por la Corte.
Cuando los organismos de derechos humanos creyeron que finalmente ese reclamo por el que tanto habían luchado se estaba resolviendo, apareció un obstáculo que otra vez parecía insalvable: la Cámara de Casación Penal, el segundo tribunal en importancia después de la Corte Suprema, frenó el comienzo de los juicios.
Carlos Menem, que de alguna manera había refinado el sistema de los jueces de servilleta designó en 1992 a los integrantes de la Cámara. En ese momento, su ministro de Justicia, León Arslanian, calificó las designaciones como un “esperpento”. Los elegidos, y sobre todo el encargado de presidir el tribunal, Alfredo Bisordi, eran conocidos conservadores y algunos promilitares.
El juez que taponó las causas
Bisordi tenía fama de racista y amigo de la dictadura. La historia pareció confirmarlo: la colectividad judía lo acusó de antisemita y denunció que Bisordi había obstaculizado la investigación del atentado a la embajada de Israel. Dirigentes de esa colectividad aseguraron que Bisordi había difundido la hipótesis de que la explosión era obra de los mismos israelíes, una línea de investigación que no estaba sostenida por pruebas. Tiempo después, Bisordi puso en libertad a tres neonazis condenados por golpear salvajemente a un particular al que catalogaban de judío.
Bisordi no era un fenómeno aislado. La democracia heredó simpatizantes de la dictadura en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, en las policías, en ámbitos empresarios, en los medios de comunicación, en la Iglesia, en la política, en los sindicatos, en la educación, y en todas las áreas. La antinomia dictadura-democracia no se acabó en diciembre de 1983 cuando asumió Raúl Alfonsín y nunca fue nada más que militares-civiles. En cada uno de esos ámbitos hubo que decantar el polo democrático de ese antagonismo sin puntos de conciliación. Quizás el de los militares fue el más visible y por lo tanto también el parteaguas entre impunidad y justicia. Lo real es que esta sociedad debió conquistar la democracia en cada uno de esos ámbitos y que cada una de esas confrontaciones se llevó su tiempo. Uno de los ámbitos más difíciles fue la Justicia y no porque se ocultaran.
En otras áreas, los simpatizantes de la dictadura trataron de mimetizarse. En la Justicia el escudo más cerrado fue la tradición corporativa de los jueces. Todos sabían quiénes eran, pero nadie los acusaba y cuando alguien los acusaba, había otro que los protegía. La renuncia de Bisordi para evitar el juicio político, y los juicios contra los jueces Otilio Romano y Luis Miret en Mendoza, dan cuenta de que ese conflicto dictadura-democracia en la Justicia empieza a definirse por democracia.
Un tribunal ganado
para la Justicia
A la renuncia de Bisordi, que después se dedicó a defender al represor Luis Patti, le siguió el año pasado el retiro de otros jueces y la incorporación de cuatro jueces nuevos que, junto a algunos de los que quedaron, le dieron al tribunal de Casación un perfil más coherente con el contexto democrático. Los nuevos jueces llegaron a sus cargos por concurso y no a dedo como sucedió antes con Bisordi. Fue un proceso de limpieza y democratización del segundo tribunal de la Argentina. Si a Néstor Kirchner se le asigna el mérito por la transformación de la Corte, habría que hacer lo mismo con Casación. Bisordi odiaba a Kirchner y llegó a decir que el ex presidente era un aprendiz de dictador y que la Justicia estaba mejor en la época de los militares. Kirchner no se arredró ante la corporación y colocó a Bisordi en el banquillo de los acusados, le quitó la aureola de juez intocable, lo contrastó con su historia y expuso sus complicidades. El retiro de Bisordi fue un triunfo democrático, pero también fue un triunfo de Kirchner acompañado por los organismos de derechos humanos. Y no fue conspiración ni conflicto de poderes, fue una disputa política legítima y a la luz del día.
El anuncio de una batería de medidas para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad está diciendo que finalmente Casación deja atrás el período Bisordi y se suma a la democracia.
Fuente: Pagina12
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