Por Francisco Yofre
fyofre@miradasalsur.com
El nuevo régimen de trabajo reconoce derechos básicos derogados por la dictadura.
El viernes a las 2.15 de la mañana se votó en Diputados el nuevo régimen laboral para los trabajadores agrarios. Un proyecto que, según señala su autor, el subsecretario de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo Álvaro Ruiz, “es el más importante de los últimos 60 años en materia de empleo rural”. La iniciativa obtuvo 174 votos a favor y cuatro en contra. Los representantes del PRO, el Frente Peronista, la Coalición Cívica y un sector de la UCR se retiraron en medio del debate. Unión Peronista (sector de Felipe Solá), los alfonsinistas y el Frente Amplio Progresista votaron en forma positiva en general y de manera negativa en particular.
La norma, que ahora tiene media sanción y pasaría al Senado a partir de mañana, reconoce derechos fundamentales como las ocho horas laborales por jornada, las licencias parentales de 15 días corridos, el sistema de horas extras, la prohibición explícita del trabajo infantil, la reducción de la edad jubilatoria de 65 a 57 años y el derecho de huelga. Un punto clave es que incorpora a los trabajadores rurales dentro de la ley general de contrato de trabajo. Nada de esto existe hasta ahora, ya que aún está vigente la ley 22.248, establecida por la última dictadura y que barrió con todas las conquistas históricas.
La iniciativa tiene 109 artículos y fue enviada por el Ejecutivo al Congreso el 21 de junio de 2010, el día en que Martín Palermo le hizo el gol a Perú bajo un diluvio en la cancha de River. La oposición y el oficialismo coinciden en que el proyecto aprobado es muy similar al presentado por la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) junto a sectores patronales y en que el Gobierno modificó unos pocos artículos que, sin embargo, son fundamentales. En esos puntos de la ley radican las polémicas, enmarcadas en la disputa que mantiene el Gobierno con Gerónimo Momo Venegas, titular de la Uatre y artífice de la campaña presidencial de Eduardo Duahlde. Más allá del obvio cálculo político a la hora de elegir enemigos, el proyecto contiene medidas profundas.
Polémica.
La principal discusión –hay otras pero son menores– tiene que ver con el reemplazo del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) por la Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios). Dice Ruiz, del Ministerio de Trabajo: “El Renatre no es un organismo tripartito como aducen algunos sectores. Es bipartito, porque sólo están las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y la Uatre, sin representación del Estado”. Desde la oposición señalan que sí es tripartito ya que participan síndicos de la cartera laboral. Ante esto, el oficialismo admite que hay síndicos, pero que justamente las sindicaturas tienen control sólo sobre la administración contable y actuarial, pero no funcional. No comparte la conducción. No integra ningún directorio.
Las principales funciones del Renatre, creado en 1999 y reglamentado en 2002, son tres: expedir la Libreta del Trabajador Rural, que todos deben tener como prueba de la relación laboral; administrar los aportes patronales; y registrar, controlar e inspeccionar la calidad del empleo agrario a través de delegaciones provinciales.
Desde el oficialismo señalan que, en el actual esquema, el Estado Nacional carece de control sobre el trabajo rural y que tanto sindicatos como empleadores terminan autorregulándose, con lo que, en los hechos, se termina entregando a las empresas la potestad de controlar el registro de los trabajadores. Según cifras oficiales, el empleo no registrado en el área rural es del 64% y duplica al no registrado en el resto de la economía que llega al 32,2%. En algunas regiones o actividades, el trabajo rural en negro llega al 85%. Los efectos para los peones rurales son evidentes ya que se mantienen relaciones laborales de esclavitud o fuerte explotación por la falta de control de policía, hoy delegado a los estados provinciales.
Respecto al Renatre, opositores y oficialistas hacen evaluaciones diferentes.
Para Roberto Mouillerón, diputado nacional de Unión Peronista –el bloque de Solá–, especialista en temas agrarios y ex funcionario del Ministerio de Trabajo, “el Renatre es resultado de la lucha del gremio desde hace más de 15 años. En 2002 tenía 50 mil afiliados y hoy llega a 850 mil”. Ruiz opina distinto: “Ellos dicen que han hecho una gran campaña de registro y hablan de 850 mil libretas, pero esto no quiere decir que haya 850 mil trabajadores activos. Por ejemplo, yo voy como trabajador golondrina a cosechar arándano en Tucumán y los empleadores me registran en la libreta, pero después voy a trabajar al tabaco y no me la piden, y voy al ajo en San Juan y lo mismo, y quizá sí me la piden con el desflore de maíz en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno va a la base de datos de la Afip ve que los trabajadores activos rurales no superan los 350 mil, cuando se estima que en todo el país hay más de un millón de trabajadores. Esto se da porque el Estado Nacional no controla si se pide o no la libreta. Además, si en 10 años no han podido cambiar algunas cuestiones centrales del trabajo registrado teniendo una recaudación de 300 millones de pesos por mes, refleja, por lo menos, una gran ineficacia”.
Otro aspecto vinculado al Renatre tiene que ver con lo que recauda por aportes patronales. Para Mouillerón, “son mentiras las cifras que dice el Gobierno respecto de la eficacia del Renatre. Funciona bien y hay mucho trabajo registrado, aunque por supuesto falta. En realidad, al oficialismo le interesan los aportes patronales y meterse con las obras sociales. Es parte de un ataque a todos los gremios. El discurso de Moyano fue impecable y su respaldo al Momo es por la defensa de las obras sociales. El Renatre hoy tiene uno de los mejores fondos de desempleo, donde cada trabajador cobra 960 pesos mensuales, uno de los más altos”. Desde el oficialismo descartan totalmente estas motivaciones.
Nuevas formas laborales. El proyecto aprobado en Diputados busca, según el Gobierno Nacional, actualizar el régimen legal de una actividad que ha mutado en las últimas décadas como consecuencia del crecimiento del cultivo de soja. Según un trabajo de Guillermo Neiman, investigador del Conicet en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, por la expansión de la oleaginosa se destacan dos efectos principales: se profundiza la caída en la demanda directa de trabajo y, por otro, se intensifica la tercerización laboral.
Este último punto es uno de los aspectos laborales que la norma votada en el Congreso pretende desterrar. Según el informe de Neiman, “la demanda de trabajo se ha visto influenciada por la incorporación masiva de la ‘siembra directa’ y de las semillas transgénicas las cuales combinadas con insumos químicos constituyen un ‘paquete agronómico’ que provoca una disminución en las necesidades de empleo directo”. Según se detalla, comparado con la agricultura convencional, la siembra directa redujo en un 30 por ciento la demanda de mano de obra y, al mismo tiempo, exige mayores calificaciones debido a la incorporación de nuevas tecnologías.
Fuente: Miradas al Sur
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