 |
| Francisco "Pancho" Bogarin, dirigente peronista desparecido del Departamento Pilcomayo en Formosa |
También justificó el
pago de haberes al prófugo Domato, buscado
con recompensa; y respondió al planteo
de la inactividad sobre las 16 causas del Dpto. Pilcomayo.
Después de la presentación judicial por denegación o retardo
de justicia efectuada por el abogado de la Liga Argentina de los derechos del
hombre, se respondió con celeridad a los planteos de esta entidad.. El trámite
de reconocimiento de la LADH como querellante no puede sobrepasar los tres días
según las normas procesales vigentes, Pero ya habían pasado más de veinte días.
En círculos de la querella se entendió que la celeridad en
el reconocimiento de la Liga no de debió
tanto a la enmienda de un error procesal, ni un reconocimiento a la trayectoria
de la entidad que asumió megacausas como la de Margarita Belén, Suarez Mason, o
Almirón Sena, sino puntualmente por la presentación de una solicitud de libramiento
de un oficio ante el ministerio de Defensa para que se corten los haberes que
se le abonan regularmente al prófugo Horacio
Rafael Domato, por quien el Estado Nacional ofrece paralelamente una recompensa
de $ 100.000 para dar con su paradero, ya hace varios años en base a una acusación
directa a la fiscalía por “inacción” frente a tan grave situación.
El caso es que después de haberse formalizado el
reconocimiento como querellante, también se respondió al pedido de corte de
haberes al represor por el que se ofrece una recompensa económica para ubicar
su paradero.. Se explicó que la demora obedecía a que se había trazado una
estrategia de investigación para dar con
su paradero a través de estos pagos mensuales de sus haberes como retirado de
Gendarmería Nacional.
Como esta modalidad
se vendría manteniendo hace varios años,
las explicaciones, para la querella no fueron satisfactorias. Más bien sonaron
a burla, o justificación de una inexplicable impunidad para con los imputados
por delitos de lesa humanidad.
También se le respondió formalmente al letrado patrocinante
de la LADH que las 16 causas del departamento Pilcomayo, pendientes de
investigación a las que hacia referencia el escrito original, no se correspondían
con la causa Carrillo. Respuesta que tampoco satisfizo a los querellantes,
debido a que la mención de la inactividad oficial de dichas causas era un reafirmación
de la lentitud sospechosa de una fiscalía
que favorece la impunidad en gravísimos delitos cometidos desde el Estado
contra la población civil durante la última dictadura cívico militar.. Según el
letrado no se trataba de incorporar 16 causas nuevas a la megacausa en curso,
sino de señalar la lentitud de la fiscalía en iniciar las investigaciones pertinentes que
hasta la fecha no se han desarrollado.
Lo que señalan los letrados con respecto al escrito recibido
es que no hubo respuesta puntual sobre el oficio a las autoridades del
ministerio de Defensa para cortar dichos haberes, y que la respuesta de la
investigación iniciada lo único que garantiza es el financiamiento de la
clandestinidad del prófugo, hecho probado por el tiempo transcurrido sin
resultados positivos; y aseguraría para
el imputado el retardo en lograr la detención, y el juicio que se merece.
Además de sentar un precedente negativo en la forma de administrar justicia
para delitos de lesa humanidad, y un mensaje subliminal a la sociedad de contar
con una justicia que garantiza la impunidad de los represores.
Desde la LADH por su parte se enviaron los informes de esta situación contradictoria
(de un prófugo buscado con recompensa que percibe haberes y de una fiscalía
ausente), ante los organismos de seguridad y del Estado , solicitando se tomen
las medidas que la Justicia Federal, a través de su exasperante lentitud, no
las toma. También haciendo pública esta situación por la prensa nacional que ya
se hizo eco de esta “maniobra para solventar la clandestinidad de un imputado”.
Los letrados también avizoran un año no positivo en los
juicios por delitos de lesa humanidad, no solo por la lentitud y las chicanas
judiciales para la querella, sino por los trascendidos que señalan al actual juez federal como nominado a
constituir el STJ provincial. Con lo cual se abriría nuevamente el
procedimiento del sorteo para designar conjuez. Mecanismo que en su momento significó
la no aceptación de todos los candidatos previstos y la intervención de la
Corte para imponer uno, con una demora màs que significativa para el desarrollo
de este tipo de causas.
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario