Por Mariana Carbajal
La mujer con una patología cardíaca muy grave, a la que le suspendieron en agosto, sin su consentimiento, un aborto terapéutico en Paraná, sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, que le produjo una parálisis del brazo y la pierna izquierdos, una semana después de ser sometida a una cesárea. Mónica –nombre ficticio para resguardar su identidad– está internada en el Hospital Posadas, de Haedo, adonde fue derivada desde Entre Ríos el 14 de agosto, dado que su embarazo era de alto riesgo. “Está asistida con oxígeno, pero sin respirador. Se está evaluando la extensión del daño. A todas aquellas personas que no apoyaron a Mónica, que miraron para otro lado, que buscaron excusas para desacreditarla, que se creyeron dueños de su vida y se lavaron las manos, que Dios las perdone”, dicen desde el Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), una red de ONG que acompañó a la mujer durante su internación.
“Convocamos a seguir trabajando para exigir castigo a los responsables para que no haya más mujeres víctimas de la violencia médica y política”, afirmaron Carolina Comaleras y Silvia Primo, representantes del Conders en Entre Ríos. El Conders es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que monitorean el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Una de sus referentes es Mabel Bianco, de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM).
Tal como informó Página/12, Mónica –M. G. son sus iniciales– tiene 36 años, es pobre y sufre una patología cardíaca congénita, que le ocasiona un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica, entre otras complicaciones. Su corazón está al borde de la descompensación, al punto de que, antes del embarazo, si subía una escalera llegaba al primer piso con los labios y la punta de los dedos morados. Es una mujer sencilla, de pocas palabras. Es oriunda de una localidad semirrural entrerriana, a unos cien kilómetros de Paraná. Vivía allí con su esposo y su hijo de 13 años hasta que fue trasladada al Posadas, en la localidad bonaerense de Haedo, a mediados de agosto, porque su estado se agravó a partir de su último embarazo.
Los médicos que la atendían en el Hospital San Roque, de Paraná, evaluaron que la gestación ponía en riesgo su vida. Por esa razón, el 4 de agosto se acordó en un ateneo interdisciplinario realizado en ese hospital que se le realizaría un aborto terapéutico, contemplado en las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal. La mujer dio su consentimiento, que quedó plasmado en la historia clínica. Se determinó que la práctica se haría en el Hospital San Martín, de la misma ciudad, una semana después. Pero cuando estaba entrando al quirófano, irrumpió un médico conocido por su militancia antiabortista, que amenazó a sus colegas con denunciarlos si seguían adelante con la intervención, que se suspendió. La gestación llevaba entonces 19 semanas. Luego fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde tampoco le practicaron el aborto. La negativa a realizar la intervención, poniendo en riesgo su vida, fue denunciada por el Conders ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y de la Nación, a las autoridades de Salud de la provincia y del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Mónica quedó internada en el Posadas en reposo absoluto, lejos de su familia, y bajo estricto control, hasta que el 25 de noviembre le hicieron una cesárea y dio a luz a su hija. La beba nació de 32 semanas, con 2,040 kilos. En un primer momento madre e hija estuvieron bien. Pero a los siete días la mujer sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, que le dejó una parálisis en el brazo y la pierna izquierdos. Estuvo en un primer momento en terapia intensiva y pasó luego a terapia intermedia. Ahora, los médicos que la atienden están evaluando qué secuelas le dejará el ACV. Y cómo podrá continuar su vida, con la salud aún más frágil.
Fuente: Pagina12
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