El gobierno de Macri busca eliminar un programa de resocialización que asiste a los jóvenes en conflicto con la ley penal cuando abandonan un instituto. El proyecto fue propuesto en el área del Consejo de Niñez que preside la cuestionada Beatriz Orlowski.
Por Mariana Carbajal
El gobierno porteño tiene en carpeta el desmantelamiento de un programa de acompañamiento a los jóvenes en conflicto con la ley penal que egresan de institutos de menores. La titular del Consejo de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, Beatriz Orlowski de Amadeo, que depende directamente del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, impulsa una reforma por la cual la atención personalizada de esos adolescentes –son casi un centenar por año– dejaría de estar a cargo de un equipo interdisciplinario especializado, creado en 2004, y pasaría a las defensorías zonales, que de por sí ya están desbordadas y con déficit de personal. El proyecto de resolución está redactado y a la firma de Orlowski, una funcionaria cuya gestión tendría los días contados y que se caracterizó por medidas polémicas como el lanzamiento de una página web para chicos en situación de vulnerabilidad social donde recomendaba comer zanahorias baby, rajas de queso chedar y praticar kicball en su tiempo libre.
El proyecto de Orlowski salió a luz el 25 de octubre en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura, cuando la funcionaria fue a defender el proyecto de presupuesto 2012 de su área. La diputada Diana Maffía (CC) preguntó puntualmente sobre la modificación de las responsabilidades primarias de uno de los módulos del Departamento de Fortalecimiento, Promoción y Protección Integral de Jóvenes en Conflicto con la Ley, que está a cargo de un equipo interdisciplinario, y que depende directamente de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, del Consejo. Respecto de ello respondió Bruno Domeniconi, titular de esa área, quien reconoció la existencia del proyecto. Dijo que estaba en estudio. El texto está a la firma de Orlowski, como una de sus últimas medidas.
Según trascendió, la ministra de Desarrollo Social y vicejefa electa, María Eugenia Vidal, ya le habría comunicado que no continuará al frente del organismo encargado de definir políticas para la niñez y la adolescencia del gobierno porteño, en la nueva gestión del macrismo. Página/12 intentó consultar a Orlowski pero la funcionaria no respondió al requerimiento.
El Consejo cuenta con 15 Defensorías Zonales de Derechos en distintos puntos de la Ciudad, pero por la falta de personal y por la gran demanda que tienen se encuentran desbordadas, señaló Maffía. Por lo que se corre el riesgo de que se corte en la práctica el acompañamiento a los y las adolescentes que egresan de institutos penales para que puedan encontrar un proyecto de vida.
Desde 2004 el equipo interdisciplinario del Departamento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal trabaja en el mejor egreso de los chicos y chicas de institutos penales. Cada año egresan entre 70 y 100, según informó a Página/12 Emiliano Suárez, operador social del equipo, y delegado de ATE. Trabajan con los Institutos de Menores San Martín, Roca, Belgrano e Inchausti –este último de adolescentes–. Suárez explicó que se encargan de acompañar “la reinserción socioeducativa” de los adolescentes. “Hay un circuito armado que es calle-instituto-calle-instituto. Si no les ofrecemos un elemento que ponga su palabra, la del pibe, en primer plano, si no se arma una escucha con él, es difícil romper con ese circuito. Empezamos a tener entrevistas en el domicilio con la familia, y a armar con el joven un proyecto. Analizamos la reinserción educativa, puede ser un bachillerato popular, o formación laboral en un CGP. Vemos si tiene problemas de salud o adicciones. A veces egresan de un instituto para ir a una comunidad terapéutica. El acompañamiento puede llevar un año. El proyecto de Orlowski quiere que trabajemos hasta el egreso y elimina el acompañamiento, una tarea que deriva a las Defensorías, que de por sí están colapsadas”, señaló Suárez.
La diputada Maffía expresó su preocupación por esta reforma. “Si a los jóvenes que egresan de los institutos de menores no se les dan recursos para que no vuelvan a delinquir, con la posibilidad de construir un proyecto propio, vamos a alimentar las cárceles de adultos. Una investigación, realizada unos años atrás, demostró que el 70 por ciento de las personas alojadas en cárceles había pasado por institutos de menores. Parece que esto no importa para la gestión de Orlowski. La eliminación de este módulo sería una pérdida muy grande, porque viene poniendo el acento en los derechos de los adolescentes y las adolescentes. El criterio de este Ejecutivo es tercerizar estas responsabilidades. Lo que pasa es que lo que para algunos es una gran tragedia, para otros es un gran negocio. Para los que construyen cárceles, para los que les proveen alimentos que nunca les llegan, que crezca la población carcelaria es un gran negocio”, cuestionó Maffía. Siempre esta gestión habló de fortalecer estos programas y nunca lo hizo. Siempre lo pasó para el presupuesto del año siguiente”, agregó.
También rechazó la iniciativa en estudio el consejero José Machaín. “Sería una mayor recarga para las defensorías, que de por sí están recargadas. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad recomendó que se fortalezcan las defensorías porque están colapsadas. Se estima que se requieren cerca de 150 profesionales más. Además, hay que ver si los equipos de las defensorías están en condiciones de abordar un tema penal, porque habitualmente trabajan con problemáticas sociales”, observó.
Fuente: Pagina12
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