Por Mario Wainfeld
A dos cuadras de la Plaza Lavalle, la zona de Tribunales tiene su rostro de la tarde. Los negocios de fotocopias van cerrando, a medida que afloja la demanda. Los bares reciben a profesionales que terminan su jornada con un whisky, un café compartido, un esfuerzo de seducción con colegas, vecinos o compañeros de oficina. Por las transversales y por la Diagonal Norte, es otro planeta.
Columnas o manifestantes sueltos van llegando, con pancartas bien trazadas o manuscritas, de a cientos o de a cuatro. Suenan algunos redoblantes, bombas de estruendo aturden al cronista. Dos juezas se acercan, con su atuendo de labor: traje sastre, preeminencia del gris, un pañuelo que pone la nota de color. “No todos pensamos igual”, le comenta una magistrada al escriba. “No cuente que fui yo la que se lo dijo”, agrega apenas en broma. Claro que no se la identificará, su Señoría, basta con consignar el diálogo.
Movimientos sociales, los autoconvocados de 6,7,8, la pléyade de grupos juveniles que conforman la militancia kirchnerista, Carta Abierta. Ciertos asistentes son más conocidos. Como cuadra en la etapa, los manifestantes les piden una foto que toman con sus celulares, hay atávicos que todavía llevan una camarita.
Pocos vendedores ambulantes, mayormente de garrapiñadas, el olfato quizá les falló, hay mucha gente. En los movimientos sociales se ven microemprendedoras que ofrecen empanadas a precios que harían las delicias de Guillermo Moreno.
Los actos convocados por el oficialismo concitan desde “clase media” hasta grupos muy humildes, que concurren en familia, no faltan ni bebés ni abuelas.
Las plazas kirchneristas son, en 2010, pluriclasistas, con un amplio abanico generacional. Hay jóvenes de clase media, tantos como los llegados desde el conurbano. Bastantes portadores de aspecto setentista. La presencia sindical organizada es mínima, frisa lo residual.
Casi no se escuchan consignas a coro. Casi no se escuchan cánticos contra la Corte. “Tomala vos/dámela a mí/el que no salta/ es de Clarín.”
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Sin estadísticas fiables a mano, el cronista acude a su lectura impresionista. Desde 1983 se diversificaron “las plazas” centro de manifestaciones. Antes la de Mayo, la Plaza por antonomasia, copaba la banca. La diversificación de demandas, el mayor conocimiento del funcionamiento de los poderes del Estado indujo a los reclamantes a ser más precisos. Se quiere (o se aborrece) una ley, al Congreso. Se pide “justicia”, pronto despacho o fin de la impunidad de delincuentes... a Tribunales. Una movilización a Plaza Lavalle no es, como reza la Vulgata mediática, un “ataque” a la Corte como una a la Casa Rosada no es un “ataque” al Ejecutivo. Se pone el cuerpo, se expresa el número, se hace cerca de aquel a quien se quiere hablar. Hay en boga una hipótesis contraria: los jueces están exentos de escuchar la voz del Agora. Curioso privilegio de un poder público...
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La Corte Suprema tiene a estudio un recurso contra una medida cautelar facilista, dictada por un juez poco serio, confirmado por una Cámara que hace juego. Versa, también es sabido, sobre el apodado “plazo de desinversión”. Los demandantes aducen que un año es poco para que los oligopolios se adecuen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, afirman los demandantes. Según ellos, los obligaría a malvender las licencias.
El argumento es vistoso pero falaz. Por lo pronto, no verificado. Los jueces no tuvieron ningún elemento a mano para corroborar su seriedad. Su único “dato” son las afirmaciones dogmáticas del reclamante. Las medidas cautelares no se abren a prueba. No hace falta ser muy versado en derecho para entender que la palabra del peticionante no es una prueba seria, ni siquiera una prueba.
“Es un hecho notorio”, comenta, por lo bajo, un Supremo y se equivoca. Los abogados Arístides Horacio M. Corti y Rubén Amílcar Calvo lo han refutado en un artículo accesible en la red de redes. El pretenso daño, puntualizan los juristas, es “conjetural, ya que el eventual daño emergente de dicha venta legalmente impuesta recién podría establecerse una vez que se conozca el precio estipulado en dicha venta futura”. ¿Sería irreparable, en tal caso, el daño sufrido del Grupo Clarín? Claro que no, podría demandar al Estado por los daños y perjuicios, claro que con la carga de comprobarlos. El Estado siempre fue buen pagador de sus deudas a las grandes empresas. En esta etapa es, como casi nunca antes, muy solvente.
Corti y Calvo añaden otra referencia de interés, que se parafrasea: el valor de un bien concesionado no es igual a uno de su plena propiedad. “El principio de indemnización integral rige exclusivamente para la propiedad personal y no se extiende a los bienes afectados a un servicio público o pertenecientes a las grandes corporaciones, en cuyo caso la indemnización debe ser justa, calificación que supone indemnizar exclusivamente el valor de origen histórico de los bienes, neto de amortizaciones y ganancias excesivas en su caso.”
La medida cautelar precoz, esa excitación de jueces solícitos ante el poder, es un mal rebusque. Funciona en los hechos como una sentencia: opera efectos contra todos por plazos larguísimos. Se supone que las medidas cautelares sean provisorias, acuciantes, imprescindibles para frenar daños irreparables.
El reclamante no prueba nada, apenas alega. Validar ese proceder inicuo que deroga por tiempo indeterminado una ley aprobada con amplias mayorías es un abuso de poder judicial, que también existen.
Es un ejemplo clavado de “gravedad institucional”, que habilita a la Corte a revisar una medida cautelar, por excepción.
Las razones de los juristas mencionados o del cronista son rebatibles, la Corte podría argüir distinto. Pero esconderse detrás de un formalismo para mantener la suspensión de la ley sin ponerle el gancho a la sentencia sería una privación de justicia, una elusión de responsabilidad y una incitación a que proliferen cautelares o amparos temerarios.
La mayor parte de la muchedumbre que estaba en la Plaza se movía por referencias más sencillas y tangibles: el apoyo a un gobierno, si se quiere la defensa frente a las corporaciones que le vienen haciendo frente desde hace dos años. Al principio sólo dieron la cara las entidades agropecuarias, ahora todas se sinceran. Las mediáticas son la vanguardia, la Unión Industrial Argentina se suma fervorosa, la Asociación Empresaria Argentina siempre estuvo.
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Desde luego, una movilización expresa a una parcialidad, traduce su capacidad de lucha, su ansia de protagonismo. Nunca es una referencia vacía, nunca debería zanjar un conflicto de poderes.
La Corte Suprema no debe ceder a las demandas de una marcha para cumplir sus deberes. Tampoco debería someterse a las llamadas telefónicas de los CEOs y gerentes VIP que fatigan sus teléfonos. La independencia se ejercita manteniendo equidistancia de los actores políticos y económicos, no privilegiando a aquellos con quienes se comparte la estadía en el primer decil de ingresos, la pertenencia social o la ilusión de tenerla.
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El cronista, afecto a las estimaciones, hace sus cuentas. La Plaza Lavalle es un cuadrilátero que tiene algo más de cien metros por cada lado. Redondeemos 12.000 o 15.000 metros cuadrados. La densidad oscila en una convocatoria pluriclasista y variada en la edad: los humildes y los jóvenes se abigarran más. Calcule 25.000 o 30.000 asistentes, lector, y no estará tan alejado. Con pocos micros, para los que vienen de barrios distantes del centro. Con una proporción alta de personas que llegaron por la libre y que se dispersaron en modo pacífico, con muchas tertulias, para solaz de los dueños de los cafés aledaños.
Los magistrados deben resolver conforme a derecho, no someterse a un reclamo callejero. Pero también sin escudarse en una artimaña procesal para definir la contienda sin exponer sus razones.
Los competidores políticos del kirchnerismo toman buena nota de este acto, del realizado en el Luna Park, de los convocados por Hugo Moyano, de la intensa red de bloggers. Alegar que todos son funcionarios, que son arrastrados o que van por la paga tiene buena prensa. Pero es una floja descripción que niega un aspecto importante de la coyuntura. Quienes ambicionan (conservando todavía chances pese a sus desempeños del último año) vencer al kirchnerismo leerían mal si subestimaran su aptitud para convocar, su “capacidad de calle”. Y, en política, leer mal es un vivero de errores.
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