Por Gabriel A. Morini
Según especialistas consultados por Tiempo Argentino, la denuncia entablada por el Grupo Clarín contra funcionarios, legisladores y periodistas no posee basamento jurídico que pueda derivar en un encuadre penal viable. Tampoco registra antecedentes a nivel nacional una demanda de un grupo periodístico por el delito de "incitación a la violencia colectiva", que persiga como fin último restringir la libertad de opinión de trabajadores de prensa o de medios de comunicación.
Asimismo –de acuerdo al artículo 68 de la Constitución Nacional– no podría achacársele a los miembros del gobierno, como los que menciona el escrito, el delito de coacción ni de incitación a la violencia, ya que sus opiniones se encuentran amparadas por una norma de rango constitucional. La demanda ni siquiera puede ser utilizada por el Grupo como antecedente o paso previo para generar un escenario jurídico favorable a una futura presentación en torno al cumplimiento de la Ley de Medios, ya que avanzaría por carriles independientes, y en fueros internacionales no son aceptados los reclamos por parte de empresas.
"Uno de los delitos invocados es el de amenazas, que implicaría forzar a alguien a hacer una acción y, en caso de no hacerlo, la amenaza de sufrir un mal inminente. Forzar al cumplimiento de una ley nunca puede ser tomado como una amenaza", explicó a este diario el constitucionalista Roberto Boico. "De esa manera, cualquiera que tenga un conflicto con una ley, podría contradenunciar al Estado por ejercer su facultad punitiva", ejemplificó el abogado.
Precisamente, toda la primera parte del alegato que presenta el escrito del Grupo Clarín se contrapone con el fin último de la medida, que solicita basada en opiniones vertidas, describieron fuentes judiciales que descartaron la viabilidad de la causa iniciada por el multimedios, que el juez Luis Rodríguez pidió que sea ratificada, para avanzar.
A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) argumentó que "nada se verifica" en los ejemplos aportados en la presentación del Grupo Clarín, acerca de lo que alude el artículo 212 del Código Penal, que refiere a una forma especial de intimidación, mediante la incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones. "O sea, al empleo de fuerza física por parte de un conjunto al menos relativamente indeterminado de personas; es decir, se debe incitar a la violencia grupal", definieron.
La propia Cámara Federal registra antecedentes sobre valorar con un "criterio restrictivo" este tipo de delitos a raíz de la garantía constitucional que protege la libertad de expresión. En varios fallos, resguarda lo que puede entenderse como "la manifestación de una idea, en especial cuando esta es de naturaleza política", la que no debe ser confundida con un concreto llamado a la acción. "Lo que se procura es defender la libertad de expresión y también hacer viable la democracia deliberativa", indicó Boico.
"Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador", reza el artículo 68 de la Constitución. La norma también impacta en el funcionariado del Poder Ejecutivo, mencionados en el escrito firmado por los abogados del multimedios, Hugo Wortman Yofre y Alejandro Pérez Chada. Una figura genérica como la de incitación a la violencia, sostuvieron los especialistas, debe agregar una carga de prueba específica sobre el riesgo que podrían acarrear los dichos. Es inédita en el ámbito jurídico nacional, ya que los antecedentes remiten a presentaciones de particulares contra el gobierno o del Ejecutivo contra un autor determinado o no, como fue el caso de la difusión de una imagen del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en un féretro, posterior a la movilización del 13S.
En cuanto a la coacción agravada, que según el artículo 149 bis del Código Penal se produce cuando las amenazas se proponen obligar a otro a hacer algo contra su voluntad y limitan su capacidad de autodeterminación y su libertad, "ni siquiera es evidente que se hayan proferido", sostuvieron desde el CELS. "Es una estrategia exclusivamente mediática de presentarse como víctimas de una red compuesta por periodistas y legisladores sin base jurídica", opinó por su parte Boico.
El objetivo secundario de la denuncia tampoco subyace al escrito, más allá de postular una barrera en un eventual caso de ser acusados de encabezar delitos contra el orden constitucional. Se desliza en parte del escrito que sería el móvil detrás de las expresiones de periodistas y políticos. De alguna manera se pide la indagatoria de los señalados, pero no se los individualiza cuando se menciona a "los integrantes de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita" como "los principales propaladores" de un supuesto mensaje que contiene los delitos denunciados. Es más, se señala que la enumeración de los acusados "no es taxativa". Este tipo de demanda tampoco sirve como un antecedente para acudir a fueros internacionales, uno de los caminos del multimedios para resistir la aplicación de la Ley de Medios. El escrito también presenta diversos contrasentidos en el orden argumentativo, que lo vuelve más confuso, y hasta se cita jurisprudencia de la película La última tentación de Cristo para argumentar. «
Comisión Interna de Tiempo
La Comisión Interna del diario Tiempo Argentino repudia la demanda penal presentada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, ex director y columnista de Tiempo Argentino, Sandra Russo y Javier Vicente. “La libertad de pensamiento es un derecho inalienable”, dice el Estatuto del Periodista. La aplicación concreta de la norma deviene en la libertad de expresión, es decir, el derecho inalienable de todo periodista de dar a conocer sus opiniones sin que por ello se lo persiga. La demanda penal del Grupo Clarín viola esta cláusula básica de la tarea periodística, sin cuya vigencia el ejercicio de la profesión se transforma en rehén de los aprietes de los poderes. Esa denuncia, además de violentar el estatuto, también reviste suma gravedad dado que la demandante es parte de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA), la cámara patronal más influyente de la actividad que ahora cuenta entre sus miembros con una empresa periodística que dedica sus recursos y abogados a perseguir penalmente a periodistas. Reivindicamos el derecho de los trabajadores de prensa a expresar sus opiniones sin cortapisas de ningún tipo y con independencia de empresas y poderes. Esta comisión interna se solidariza con todos los periodistas denunciados en esta demanda penal y condena esta flagrante violación al estatuto del periodista y a la libertad de expresión.
"Resulta absolutamente paradójico que quien ha hecho todo lo posible para incumplir con la ley reaccione con esta denuncia."
Agustín Rossi
Diputado del FPV
"Que ninguna diferencia política nos lleve a no repudiar las amenazas de Clarín a periodistas. La opinión es mejor que el silencio."
Jorge Rial
Conductor de radio
"Estoy totalmente en contra de la denuncia de Clarín contra periodistas por sus dichos, es una barbaridad más del Grupo."
Omar Plaini
Diputado nacional
"Pocas veces desde la vuelta de la democracia se atentó tanto contra la libertad de expresión como con esta denuncia de Clarín."
Leopoldo Moreau
Dirigente radical
"Quieren que vayamos a la cárcel por opinar distinto. Hay un sesgo de autoritarismo en esta acción por parte de estos cómplices del terrorismo."
Juan Cabandié
Jefe del FPV en la Legislatura
"Me parece que promueve un silenciamiento y una censura que es contraria a la libertad de prensa que estamos viviendo.”
Daniel Goldman
Rabino de la Comunidad Bet El
"Como ya no existe desacato ni las injurias en casos de interés público, Clarín usa el delito de amenazas para perseguir periodistas."
Aníbal Ibarra
Legislador porteño
"Con su intención de silenciar y encarcelar a periodistas, Clarín confirma que es una verdadera amenaza a la libertad de expresión."
Adrián Murano
Jefe de redacción de Revista 23
"Expresamos nuestra solidaridad para con aquellos que promueven un nuevo orden informativo democrático y plural."
Roberto Andrés Gallardo
Defensor general adjunto porteño
"Más allá del análisis de esta causa, FOPEA siempre ha estado en contra de las acciones judiciales para limitar la libertad de expresión."
Andrés D'Alessandro
Director Ejecutivo de FOPEA
"La denuncia penal de Clarín contra periodistas de 6,7,8 es muy grave. No comparto la línea de ese programa, pero Clarín se excedió."
Alberto Asseff
Diputado del Frente Peronista
"Un medio haciendo una causa contra periodistas y políticos por apología de la violencia es un contrasentido. O es Clarín.”
Gabriela Cerruti
Legisladora de Nuevo Encuentro
"Son los últimos manotazos de los ahogados. Ya no saben de qué manera atacar a personas que dicen la verdad con pruebas."
Taty Almeida
Madres de Plaza de Mayo (LF)
"Es un intento desesperado. Clarín se defiende con la libertad de expresión y ataca como un grupo económico concentrado.”
Edgardo Depetri
Diputado nacional del FPV
"(Esta denuncia es parte de) una campaña terrorífica que se está dando no ya día a día, sino hora a hora. Atacan por donde se les ocurre."
Lita Boitano
Fam. de Detenidos Desaparecidos
"Apuesta a mandar a la cárcel a los que no se arrodillan ni le besan los pies por temor a la lapidación pública con que extorsionaron."
"Tito" Nenna
Legislador porteño del FPV
Fuente: Tiempo Argentino.
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