“No tenían defensa alguna”
La agrupación solicitó que los abusos sufridos por los conscriptos y perpetrados por sus superiores sean considerados delitos de lesa humanidad. Argumentó que esos crímenes “constituyen la continuidad de la política represiva” de la dictadura.
La agrupación Hijos sumó su apoyo a la causa de los conscriptos que sufrieron torturas y vejámenes por parte de sus superiores durante la guerra de Malvinas. Los representantes del organismo creado en 1995 para enfrentar la impunidad de ejecutores y cómplices del terrorismo de Estado se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia en carácter de amicus curiae (amigo del tribunal) para pedir que se declaren como delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas contra sus propios soldados en 1982. “El conflicto de Malvinas y los actos aberrantes perpetrados por los mismos responsables (del terrorismo de Estado) constituyen la continuidad de la política represiva desarrollada a lo largo de todo el territorio”, destacaron, y consideraron “importante aportar desde nuestra reivindicación histórica por el esclarecimiento de los delitos cometidos durante la última dictadura militar en la causa que llevan hoy adelante los conscriptos, víctimas del mismo plan de terror”.
En el marco del reclamo del Gobierno por la soberanía de Malvinas y con once juicios en curso por delitos cometidos durante los primeros años de la dictadura, la Corte debe decidir si los abusos cometidos por militares contra soldados pueden juzgarse treinta años después. El expediente, impulsado por el Centro de Ex Combatientes de las islas Malvinas de La Plata, tiene más de ochenta imputados, que “no son otros que esa misma mano ejecutora del terrorismo de Estado”, quienes “trasladaron a las islas y contra los conscriptos los métodos y mecanismos que aplicaron en los centros clandestinos”, recordó Hijos. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia se pronunció a favor de la apertura de los procesos, pero la Cámara Nacional de Casación Penal revirtió ese fallo. La apelación de Jorge Taranto, uno de los acusados, implica que ahora debe pronunciarse la Corte, que el mes pasado ya recibió un amicus curiae de la Comisión por la Memoria bonaerense.
El escrito presentado ayer lo suscriben Enrique Pastor y Carlos Pisoni en nombre de Hijos, patrocinados por la abogada María Valeria Canal. Luego de recordar la larga lucha de víctimas y familiares para denunciar los crímenes de la dictadura, destacan que “es en el marco de los procesos judiciales donde estas denuncias encuentran la vía institucional necesaria que, sumada a la condena social, comienza a tener el efecto que todo acto de justicia debe garantizar: la reparación”. Consideran que pese a los avances “aún hoy es necesario ampliar el horizonte de las víctimas”. “En una sociedad que pretende reconstruirse y consolidar valores democráticos resulta inadmisible que aquellos conscriptos que fueran víctimas de delitos en el marco de la guerra de Malvinas aún hoy no puedan ser reconocidos como tales. La guerra, cuya legitimidad es materia de discusión, no puede ser el elemento que silencie o encubra la sistemática violación de derechos humanos que esas mismas Fuerzas Armadas venían implementando contra la población y que fueron replicadas en el escenario bélico del Atlántico sur para con los conscriptos”, sostienen.
Tres cuartas partes del escrito contienen argumentos y jurisprudencia, en su mayoría reunidos en un estudio de Pablo Parenti, coordinador de la Unidad sobre delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, para afirmar que los delitos contra soldados en Malvinas son imprescriptibles. En base a fallos de los Tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda y al Convenio de Ginebra de 1949, Hijos explica que los soldados deben ser considerados como población civil, ya que “no estaban en actitud beligerante, toda vez que fueron víctimas de sus propios responsables”. Un elemento decisivo para considerar el carácter de lesa humanidad es el contexto de “ataque generalizado o sistemático”. “Los autores contaban con una garantía de impunidad derivada de diferentes agencias del Estado”, recuerdan, “contexto que agravó el poder lesivo” de los militares. Las víctimas “no tenían defensa alguna frente a las agresiones de la autoridad militar, ya que no contaban con la posibilidad de denunciar y mucho menos de hacer cesar dichos actos”, situación que lleva a Hijos a equiparar las condiciones de los conscriptos con “las sufridas por todas las víctimas del terrorismo de Estado en todo el país”.
Fuente. Pagina12
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