Por Luis Bruschtein
La furia de los policías ecuatorianos contra el presidente Rafael Correa hizo recordar la furia de algunos de los llamados ruralistas contra la presidenta Cristina Fernández durante el conflicto de la 125. Es probable que los parentescos no vayan más allá, pero tanto los ecuatorianos como los argentinos furiosos rechazaban la calificación de golpistas. Es que el golpismo ya no tiene prestigio ni siquiera entre los mismos golpistas. Ese “sí pero no” que plantean ahora los golpistas dio origen al concepto de “destituyente”. Al finalizar la década de los ’70, el golpismo estaba visto como negativo para los negocios y los generales se habían mostrado poco eficientes para Wa-shington, en consecuencia el golpe se había vuelto anacrónico. Aunque todo puede volver, como lo demostraron el golpe fracasado contra Hugo Chávez en Venezuela en el 2002 o el de Honduras del año pasado, que logró derrocar a un presidente democrático.
No en todos los casos son militares. El origen de una actitud destituyente está en un sector que, por su inserción en el sistema, acumula una fuerza determinada y dispara un conflicto violento que toma de rehén a la sociedad y que no busca la resolución de las reivindicaciones que lo impulsan sino debilitar al Gobierno para sustituirlo por otro. Entiende que sus verdaderas necesidades sólo serán satisfechas con otro gobierno, pero no lo reconoce. Los policías ecuatorianos vieron que con la nueva ley, que suprimía algunos de sus privilegios, el proyecto de país de Correa los cambiaba de lugar. Y es un lugar que consiguieron tras años de gobiernos que trataron de congraciarse con las Fuerzas Armadas y de seguridad, en un país con tradición golpista.
En el caso de los ruralistas argentinos, lo que reclamaron, en el fondo, no fue una rebaja de las retenciones, sino el cambio del modelo de acumulación propuesto por los Kirchner por otro que los ubicara en un lugar aún más favorecido y que expresara el nuevo y gran poder que les otorgaron la soja y los precios de los commodities. Ese cambio de modelo no lo iban a conseguir con el mismo gobierno y, además, habían encontrado un aliado invalorable en la corporación mediática que les amplificó su fuerza y naturalizó la violencia que desplegaban. Entonces la beligerancia del conflicto se prolongó más allá de todas las vías de negociación que se quisieron abrir, porque la intención ya era debilitar al Gobierno. Ese fue el objetivo destituyente de esos ruralistas y del cual surge su parentesco con los policías ecuatorianos.
En el caso de Ecuador, más allá de los desbordes, los policías eran conscientes de que no les alcanzaba para desplazar a Correa. Hubo grupos de la Fuerza Aérea que se les plegaron así como grupos de civiles del partido del ex presidente Lucio Gutiérrez. Mantuvieron de rehén en el hospital policial al presidente Correa para presionarlo y con la esperanza de lograr en ese tiempo otras adhesiones que seguramente tenían ya arregladas pero que a último momento no se sumaron. Si Correa hubiera negociado como hizo Alfonsín con los carapintada, hubiera empezado el desgaste y hubiera habido nuevos levantamientos en el futuro. Por supuesto, son realidades muy diferentes, pero eso fue lo que, bien o mal, pasó en Argentina, y lo que le hubiera pasado a Correa si accedía a las presiones. Hay una frase que se atribuye a Néstor Kirchner durante el conflicto de la 125: “A mí no me van a torcer el brazo como hicieron los carapintada con Alfonsín”. El paralelismo entre los ruralistas y los carapintada estaba latente en aquel momento. Y había muchos ex carapintada y simpatizantes de la dictadura mezclados entre los ruralistas, como quedó en evidencia más allá de la misma acción destituyente.
La reunión urgente de mandatarios de la Unasur convocada en Buenos Aires, a pocas horas de conocerse el amotinamiento en Ecuador, demostró también el momento democrático de la región, a la que algunos “democráticos” europeos y locales cuestionan por sus gobiernos “populistas” o “autoritarios”, como califican incluso al de Rafael Correa en Ecuador. Tantos gobiernos “populistas” y “autoritarios” y nunca en los últimos cien años, por lo menos, hubo una vocación concreta tan democrática en los gobiernos de la región. La reacción instantánea, sin dudas ni condiciones, reafirmó la cristalización de una nueva realidad política asentada en los gobiernos que surgieron tras la crisis del neoliberalismo de los ’90. También es cierto que este tipo de acciones destituyentes se da solamente contra estos gobiernos que han puesto de manifiesto más vocación democrática que los otros. Es una discusión que se da también hacia adentro de cada uno de los países de la región. El Chávez tan denostado por estas conciencias “democráticas” aceptó como un caballero un resultado electoral donde no alcanzó las metas que se había propuesto. La oposición y todo un contexto internacional condenan a Chávez por mesiánico y autoritario, pero en Venezuela, y bajo su gobierno, se realizan las elecciones menos cuestionadas y más limpias de su historia. Y si no le va bien, lo acepta. Lo paradójico es que la llamada oposición “democrática”, en cambio, no acepta los resultados cuando pierde y denuncia fraudes que no existieron. Estas elecciones legislativas en Venezuela, donde Chávez no obtuvo los resultados que esperaba, sirvieron para demostrar que la oposición no es tan democrática como dice y que Chávez es más democrático de lo que lo acusan.
En Venezuela se da el momento más candente de esa discusión, que se repite también aquí en Argentina, que tuvo un papel tan protagónico en la crisis ecuatoriana. De hecho, la convocatoria de presidentes en Buenos Aires no fue solamente porque Néstor Kirchner fuera el secretario general de la Unasur sino también por el peso y la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández que se mantuvo en comunicación permanente con los demás mandatarios y con el mismo Correa. Fue Correa el que le pidió al canciller Héctor Timerman que se organice la reunión de cancilleres en Quito. La Presidenta apenas había llegado de su viaje de Nueva York, donde asumió al frente del G-77, lo que pone a la Argentina en un momento iné-dito en su historia en cuanto a la inserción internacional. El ex presidente Néstor Kirchner es secretario general de la Unasur, la presidenta Cristina Fernández es titular del G-77 y además el país es miembro del G-20. Ese protagonismo implica reconocimiento tanto en el plano de la economía como en el político.
En toda la crisis ecuatoriana se sintió la ausencia de Lula, que está en los últimos días de su presidencia y al fin de la campaña de su candidata Dilma Roussef. Lula está soportando un fuerte ataque de los grandes medios de comunicación. Durante los primeros cuatro años de su gobierno, los grandes medios publicaron decenas de denuncias de corrupción, lo acusaron de borracho y de incapaz y voltearon a algunos de sus colaboradores más cercanos. En el segundo período, Lula anunció que no buscaría la re-reelección y entonces lo dejaron tranquilo. Total Dilma Roussef apenas medía alrededor de siete puntos. Cuando las encuestas empezaron a dar cuenta del crecimiento de la candidata del PT, los grandes medios reaccionaron y salieron a destrozarla. En ese momento Roussef ganaba en primera vuelta. Entonces hubo una catarata de denuncias de corrupción y ataques por el cáncer que superó y por su “carácter autoritario”, y la hicieron bajar tres o cuatro puntos en las encuestas. Ya no da como ganadora segura en primera vuelta y podría haber ballottage. En ese contexto, Lula salió en defensa de su candidata y acusó a la corporación mediática de ser la verdadera oposición no declarada. “Si son honestos, tienen que decir que ustedes son la oposición”, les dijo Lula. Ahora le llueven editoriales donde lo acusan de ser la gran bestia parda del Brasil, una especie de Chávez luso-parlante, enemigo de la libertad de prensa.
Esta situación planteó en Brasil un debate que en la Argentina ya ha generado gran revuelo con la ley de servicios audiovisuales. “No puede ser que en nuestro país seis o siete familias controlen la gran mayoría de los grandes medios”, denunció Lula. Y, vaya la coincidencia, también se está dando en Ecuador ese debate a partir del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación impulsado por el gobierno de Rafael Correa, que ya provocó por supuesto el ataque de los grandes medios. En ese sentido, en Ecuador se acusa a esos medios de haber instaurado el clima de agitación que llevó al amotinamiento policial.
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