Investigadores del CONICET preparan un informe sobre la norma que tiene sanción en Diputados. Uno de ellos, Damián Panigo, adelanta las conclusiones a Miradas al Sur.
Un documento –aún no terminado– realizado por especialistas del Conicet, y al que Miradas al Sur tuvo acceso, arroja las siguientes conclusiones sobre los efectos que tendría la aplicación del 82 por ciento móvil: 1) Aumentaría la desigualdad en un 15 por ciento y reproduciría la brecha del sector activo en el pasivo. 2) La jubilación mínima sólo subiría un 37 por ciento, mientras que la media y alta lo harían entre un 80 y un 1.000 por ciento. 3) Como consecuencia directa del punto anterior, entre 20 y 40 mil millones de pesos serían destinados a los sectores de ingresos medios y altos, no a los más vulnerables, y ese dinero se concentraría en las provincias más ricas del país. 4) Volvería la inequidad de género, reparada en el último año sobre todo por la incorporación de las amas de casa al sistema previsional, y serían de nuevo los hombres de altos ingresos quienes más se beneficiarían. 5) Se obligaría a la Anses a desinvertir sus activos de manera anticipada y forzosa, generando una pérdida millonaria al Estado y una vuelta de ese capital de todos los argentinos a las arcas de los bancos privados generadores de las Afjp.
Las conclusiones que se acaban de enumerar fueron analizadas por Demián Panigo, uno de los investigadores que trabaja en el informe, que fue entrevistado por este medio. Panigo es doctor en Economía, jefe de investigaciones de la Universidad de Moreno e investigador del Conicet. Junto a sus colegas del instituto Ceil-Piette, se dedica a analizar las políticas públicas y su impacto en la distribución del ingreso y la pobreza. El trabajo que llevan adelante ahora es sobre sistemas previsionales comparados en América latina y, en el caso argentino, sobre la evolución que podría tener la ley que ya recibió media sanción en Diputados.
“La gran pregunta que nos hacemos es si este proyecto de ley efectivamente viene a resolver alguno de los problemas que aún tiene el sistema previsional argentino, donde todavía el 10 por ciento, o un poco más, de los ancianos no cuentan con ningún tipo de prestación”, dice en investigador.
–¿Cómo surge la idea de esta investigación?
–Si bien la jubilación mínima aumentó fuertemente los últimos años, para aquellos que tienen que alquilar o comprar medicamentos todavía no resulta lo suficientemente adecuada. Por lo tanto, hay cosas perfectibles. De allí nuestro interés en hacer esta investigación, en la cual venimos trabajando hace varios meses. Nos lleva a pensar que, lamentablemente, habida cuenta del análisis exhaustivo de los distintos artículos del proyecto que se aprobó en Diputados, esta propuesta, lejos de intentar resolver los problemas, lo que busca es incrementar las jubilaciones medias y máximas. No tanto subir la mínima y, mucho menos, aumentar la tasa de cobertura previsional.
–¿De qué modo describiría la situación actual de los jubilados?
–Aún hay cosas perfectibles. Pero al fuerte aumento de la mínima hay que sumarle la mayor cobertura previsional, que llega al 87 por ciento y es la más alta de la historia, si tomamos la tasa que mide qué proporción de las personas que están en edad de jubilarse cuentan con una prestación. Todas estas cuestiones hacen que nuestro sistema previsional sea el más igualitario de América latina y que, entre los ancianos, haya menos desigualdad que entre los adultos. Por otra parte, la Argentina tiene su mejor registro histórico en materia de desigualdad entre personas de la tercera edad. Este país jamás había tenido niveles de igualdad tan altos entre las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65, que son los grupos etarios en condición de jubilarse.
–¿Qué análisis hace del proyecto de ley que aumenta al 82 por ciento móvil la jubilación mínima?
–Primero hay que decir que ese aumento de las jubilaciones mínimas, que es el artículo uno de la ley, está utilizado como el mascarón de proa sobre el cual todo el mundo habla. Es, sin embargo, la parte menos importante en términos del total de erogaciones que involucra el proyecto. Según el cálculo que se haga, involucra entre 20 y 23 mil millones de pesos que van a estar distribuidos precisamente entre las personas que tienen menores ingresos y que a priori daría como resultado una mejor distribución y un paso adelante hacia la justicia social. El problema con este artículo es la sustentabilidad del mismo. De cualquier manera en el Conicet no estamos estrictamente preocupados por este problema particular, sino por el dato de que este artículo uno (que podría contar con bastante consenso) en verdad es acompañado en particular por los artículos 5, 6, 7 y 12 que hacen todo lo contrario: incrementan las jubilaciones máximas, las jubilaciones de los sectores con mayores ingresos y terminan sobrecompensando el efecto inicial a tal punto que la desigualdad, en vez de bajar, aumenta. Eso lo vemos con pavor.
El 5, 6, 7. En la jerga previsional, el artículo 5 se conoce como “ajuste Elif,” el 6 como “ajuste Sánchez” y el 7 como “ajuste Badaro”. Los nombres corresponden a los distintos fallos de la Corte Suprema en la materia. “Elif” supone un recómputo de todos los haberes iniciales con un fuerte aumento en particular para quienes se hayan jubilado antes de 2001/2002 y que contaban con altos salarios al momento de jubilarse. “Sánchez” significa un recálculo del ajuste por inflación para sostener el poder adquisitivo por el período de la convertibilidad. “Badaro”, finalmente, también implica un nuevo ajuste para reconstituir el poder adquisitivo por inflación en la post convertibilidad.
Los tres artículos sumados involucran un fuerte aumento de las jubilaciones más elevadas, que en algunos casos tendrían aumentos hasta del 1.000 por ciento.
En algunos fallos de la Corte Suprema ya hay casos que dan cuenta de este efecto. Hay personas (sus nombres no se pueden decir por el derecho de protección de datos) que ganando cuatro mil pesos pidieron estos ajustes Elif, Sánchez y Badaro y terminaron cobrando una jubilación de 33.000, más un retroactivo de más de dos millones de pesos. Desde una mirada pública parece contradictorio que el sistema de reparto solidario, por la circunstancia de los fallos de la Corte, le pague a una persona 1.040 pesos y a otra 33.000.
Al respecto Panigo dice: “Esta ley generaliza estos casos haciendo que un montón de personas de altos ingresos que cobraban entre 3 y 4 mil pesos de jubilación pasen a cobrar 10, 15 o 20 mil pesos, reproduciendo entre los pasivos la misma desigualdad que entre los activos”. Y agrega: “Desde el Conicet llamamos a los senadores a reflexionar, a confrontar científicamente y seriamente este proyecto que pareciera estar hecho entre gallos y medianoche con poca discusión y reflexión en los ambientes apropiados”.
–¿Qué efectos produciría esta medida?
–Cuando hacemos los números de los impactos agregados de todos estos efectos en conjunto, vemos que de aplicarse la norma, la desigualdad entre los jubilados aumentaría un 15 por ciento, haciéndonos perder todo lo que hemos ganado en materia de justicia social en este segmento en los últimos cuatro o cinco años. La verdad es que es un costo demasiado elevado para pagar en conjunto con el desfalco casi generalizado del sector público porque mientras el artículo 1º le va a costar al Estado entre 20 y 23.000 millones de pesos por año, los artículos 5, 6, y 7 pueden costarle entre 20 y 40 mil millones de pesos más. Es realmente una cifra exorbitante, sobre todo sabiendo que no va a ir para los sectores populares sino para los sectores de mayores ingresos.
Sobre llovido mojado. El artículo 12 del proyecto establece que la Anses no podrá tener un fondo de garantía de sustentabilidad (que es el fondo que pasó de las AFJP al sistema de reparto) con un valor que exceda el pago de un año de prestaciones previsionales. Sobre las consecuencias de este artículo, Panigo dijo que “exigiría la venta forzada de una parte importante de ese dinero”.
–¿Por qué?
–Porque el presupuesto nacional autorizó para este año pagos de prestaciones previsionales por aproximadamente 80 mil millones de pesos. El problema es que el Fondo de Garantia de Sustentabilidad que se renacionalizó del dinero de las Afjp y que permitió buena parte de las políticas contracíclicas en el último año, es de 150 mil millones de pesos y si el artículo 12 dice que no puede ser más de 80 mil, porque es lo que es igual a un año de pago de haberes previsionales, implica que el Estado tiene que desprenderse de los otros 70 mil millones de pesos. Tendría que vender forzosamente los activos. Al vender de un día para el otro, el exceso de oferta de activos que habrá en el mercado va a hacer caer su valor y la pérdida estimada para el Estado por vender todo junto y rápido sería de unos 21 mil millones de pesos.
–Usted comparó ese artículo con el 161 de la ley de medios.
–Sí, hay una asimetría increíble entre lo que se demanda al sector público y lo que se demanda a los monopolios. En las medidas cautelares que recientemente avaló la Corte Suprema en materia de la desinversión que pide la ley de medios de comunicación, lo que dice es que un año es muy poco para que las empresas que tienen más licencias de las que permite la ley las puedan vender y no tengan que regalarlas.
Ahora, esa medida cautelar defiende a grupos monopólicos para que mantengan su situación de fortaleza o de poder de mercado, pero al mismo tiempo, ese mismo grupo de gente que dice que está bien la medida cautelar, obliga al Estado desde el artículo 12 a malvender sus activos. Desde el Conicet no podemos entender semejante contradicción. O hay un error importante de interpretación o es un problema de mala intención política.
• CÓMO SE FINANCIA EL SISTEMA
Algunos de los mitos instalados en el complejo debate sobre el funcionamiento del sistema previsional se refieren a cuáles son sus formas de financiamiento y las obligaciones que debe atender la Anses.
Lo cierto es que el sistema previsional, además de jubilaciones y pensiones, atiende la seguridad social en su conjunto. Esto refiere al primer mito instalado por la oposición y cierto sector de los multimedios donde se habla de “la plata de los jubilados” y con ese argumento le exige a la Anses la erogación de los fondos para solventar el 82 por ciento. Pero resulta que esa plata se utiliza para pagar jubilaciones y pensiones pero también seguros por desempleo, asignaciones y familiares.
Además, este sistema jamás podría funcionar correctamente solamente sólo con los aportes y contribuciones patronales. De hecho el 40 por ciento de las jubilaciones se pagan, no con recursos del sistema previsional tradicional, sino con aporte del impuesto a las Ganancias, IVA, impuesto al cheque. Es decir otros fondos que se extraen de los ingresos del Estado en Rentas Generales y pasan a la Anses para pagar las jubilaciones.
Miradas al Sur
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