Unos reclaman que el tema aborigen sea excluido del proyecto y se trate en una ley especial. Otros proponen incluir reformas que contemplen sus intereses. Todas coinciden en que no se respetan los derechos que les reconoce la Constitución.
Por Eduardo Videla
Organizaciones que nuclean a comunidades indígenas entraron de lleno en el debate por la reforma al Código Civil y Comercial e hicieron públicas objeciones al borrador que se debate en la Comisión Bicameral del Congreso. Por un lado, el Consejo Plurinacional Indígena expresó su rechazo a la inclusión del capítulo sobre Propiedad Comunitaria Indígena en el nuevo Código: no están conformes con el procedimiento de audiencias públicas realizado hasta ahora y reclaman una consulta a “todas las comunidades cuyos intereses pueden ser afectados por la nueva legislación”. En concreto, objetan que el Código considere a las comunidades al mismo nivel que una asociación civil o un consorcio, cuando se trata de pueblos preexistentes a la creación del Estado nacional”. Por otro lado, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios presentó días atrás un documento en la Bicameral, con sus propuestas de reformas al texto en debate. Si bien los cuestionamientos son similares a los del Consejo, consideran que es importante la inclusión del tema en la nueva legislación.
“La norma habla de propiedad de la tierra, pero no de la posesión, que está reconocida por la Constitución. Entonces, si aparece un empresario con un título de propiedad fraguado y quedamos en manos de un juez racista, se abre la puerta para los desalojos”, advirtió Benito Espíndola, de la Mesa de Organizaciones y Comunidades Indígenas de Capital y provincia de Buenos Aires, que integra el Consejo Plurinacional. En una conferencia de prensa realizada el jueves en una sala del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, las organizaciones que lo integran reclamaron que el tema aborigen sea excluido del Código Civil y se trate en una ley particular.
“Las comunidades indígenas estamos reconocidas como pueblos preexistentes al Estado nacional por la Constitución, somos personas jurídicas de derecho público, pero el proyecto de Código Civil regula la relación entre particulares. Al considerarnos como personas de derecho privado, desjerarquiza nuestra situación”, explicó Sandra Ceballos, de la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina.
Para Elena Picasso, de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, la inclusión del tema indígena en la futura norma “puede tener consecuencias gravísimas, porque va a haber una cantidad de juicios contra el Código”, ya que tal como está redactado “no garantiza el reconocimiento básico de los pueblos indígenas”.
Otra cuestión que es centro de debate es la del “derecho a consulta”, incorporado en el artículo 2038, para los casos de explotación de recursos naturales. Para las organizaciones que son críticas del proyecto, lo que parece un derecho puede resultar en un “mero trámite administrativo de información y consulta” muy distinto del “libre consentimiento fundamentado previo” reconocido en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Por esas razones, entre otras, el Consejo Plurinacional Indígena reclama la exclusión del tema en el nuevo Código.
Un cuestionamiento similar formulan desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), aunque a diferencia del Consejo, apoyan el proceso de reforma del Código Civil y Comercial y batallan por la inclusión de modificaciones en el borrador que trata la Comisión Bicameral.
“Es la oportunidad para que una norma dedicada al derecho individual y privado se involucre también con los derechos colectivos”, argumenta Lucio Zerpa, de la comunidad Ayllu Valle del Sol, de Salta, integrante del Encuentro. “El 17 de marzo hicimos una presentación oficial ante la Comisión Bicameral, con todas nuestras propuestas, acompañados por el juez Baltasar Garzón”, dijo Zerpa. Entre las objeciones que mencionó, se encuentran la necesidad de que las comunidades sean reconocidas como persona jurídica pública; también coinciden en reclamar la inclusión del consentimiento informado de las comunidades afectadas por proyectos de explotación de recursos naturales. “El Encuentro –aclaró– está integrado por 45 organizaciones, que representan a 26 pueblos originarios y más de mil comunidades en todo el país.”
Fuente: Pagina12
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