12/0/2012
(MDT). La inseguridad ciudadana ha ingresado a los hogares de los argentinos y formoseños. Lo hizo masivamente a través de los medios de comunicación que ametrallan sin descanso cuanto episodio de sangre ocurre, en particular si supuestamente participaron menores en el hecho.
A toda hora los canales de televisión y radios opositoras al gobierno nacional muestran imágenes de supuestos vecinos auto organizados para suplantar a un estado pretendidamente ausente. A su vez, fogonean protestas de “ciudadanos” en conflictos harto dudosos como el de Cañuelas, donde sectores políticos afines al peronismo “federal” intentaron sin éxito destituir a la Intendente de la ciudad, quien ganó el cargo con el 60% por ciento de los votos, ante un hecho de venganza personal. El colmo ocurrió cuando un móvil de Todo Noticias cubría una presunta protesta ciudadana por ausencia de los estado cuando al mismo tiempo en las imágenes que transmitían se veían patrulleros por todo el barrio y, ante esas imágenes, el productor de TN ordenaba cambiar la toma.
Desde las movilizaciones impulsadas por el falso ingeniero Blumberg, esta avanzada mediática pretende hacernos creer a los argentinos que vivimos en el peor de los mundos. En esta apocalíptica versión de la realidad, la condición de joven es sinónimo de peligro social. Un menor es sindicado como drogadicto por el solo hecho de ser joven. Demás está decir que tal señalización es realizada por personas, políticos, sacerdotes y funcionarios, sin la mas mínima preparación científica para determinar quien “está drogado”.
La Convención sobre los Derechos del Niño, establece que ostentan esa condición todos los menores de 18 años. Por lo tanto, y en buen romance, quienes proponen como única e invariable solución a los problemas sociales, económicos y psicológicos la “mano dura” y la cárcel para los menores, deben admitir que quieren encarcelar niños. Por supuesto, las primeras víctimas serán los niños pobres, portadores de rostro oscuro y de una cultura diversa a la de los dueños de los medios dominantes. La ignorancia sobre las causas de los problemas sociales es, en la historia de la humanidad, la base del racismo.
Por otra parte, se presentan proyectos legislativos a nivel nacional tendientes a bajar la edad de imputabilidad penal de niños en conflicto con la ley a 14 años. Más allá de la enorme restricción que existe a raíz de la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada en 1994 a la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22, los autores de esos proyectos, al compas de “vecinos indignados” queriendo linchar al sospechoso, propondrán nuevamente bajar la edad al primer hecho cometido por otro menor de 14 años.
En 1976, cuando la noche oscura de la dictadura se abatió sobre los argentinos, la opinión de los medios y de los mismos sectores que hoy piden mano dura, determinó que si un joven, menor o no, era detenido, torturado y desaparecido era porque “algo habrá hecho”. Es una constante histórica: la saga “violencia”, “mano dura” y lesión al estado de derecho. Un principio es evidente: los jóvenes siempre tienen derecho a una nueva oportunidad en el vida, y a otra mas también. Los cultores de la cárcel y el exterminio ya nos han hecho mucho daño a los argentinos.
Los problemas de seguridad por supuesto existen. Lo que aquí se cuestiona es su magnitud. En un país en el que mueren ocho mil personas por año en accidentes de transito, plantear el tema de los menores en conflicto con la ley penal como un tema único y excluyente, es errar el diagnostico. En especial porque las propuestas de mano dura vienen invariablemente asociadas a episodios individuales. Nadie duda que para los familiares de una víctima, su caso es el 100%, pero la política del estado en la materia no puede estar asociada a planteos caso por caso.
En el costado norte de la Patria.
En Formosa estos debates se han puesto en vigencia, en particular por casos ocurridos en la Capital provincial. El diputado del FPV Adrian Bogado presentó un proyecto legislativo tendiente a reformular los procesos penales que, conforme las crónicas periodísticas, propone dictar sin mas la prisión preventiva de un menor si este se niega a declarar. El artículo 18 de la Constitución Nacional parece haberse convertido en una pieza de museo.
Por su parte el Vicario de la Diócesis, Miguel Pezzuto propone combatir el flagelo de la delincuencia y de la droga llevando compulsivamente a misa a los menores. ¿Qué palabras tendrán los numerosos padres y hogares de culto evangélico, judío e inclusive agnósticos y ateos que existen en la provincia, ante este evidente ataque a la libertad de culto?.
Por su parte, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, con buen tino, no habló de cárcel sino de “contención”, señalando la necesidad de mas infraestructura y cambios legislativos para encarar el problema. Pero ello tampoco alcanzará si los jueces, en particular del Juzgado de Menores, no se deciden a aplicar la ley, no solo a los menores justiciables y conforme a la legislación hoy vigente, sino a los propios responsables de hogares, familias sustitutas y demás efectores que perciben fondos del estado sin garantizar absolutamente el mínomo interés superior de los niños a su cuidado y guarda.
Los derechos humanos de los menores, en particular aquellos en conflicto con la ley penal, no se solucionan con cárcel, madre de todas la imposibilidades de reinserción social. Se solucionan con pleno empleo, igualdad real de oportunidades, erradicación de la pobreza y la exclusión, mas y mejores derechos. Para encarar estos problemas y debatirlos hace falta un elemento que está ausente en estos momentos: estadísticas que muestren cual es la gravedad real del problema.
El ruido mediático destinado a “lijar” a los gobiernos no soluciona ni la vida de los menores ni la seguridad de los vecinos.
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