miércoles, 8 de agosto de 2012

NIETO RECUPERADO 106: “Pablo fue finalmente liberado de la mentira”

08/08/2012

Tenía dudas sobre su identidad, hace un mes se hizo el análisis de ADN y supo que sus padres eran Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda. Fue entregado por un coronel, que se convirtió en su padrino, a una pareja que lo anotó como hijo propio.


Por Ailín Bullentini

Desde una habitación contigua a la sala de conferencias de prensa, en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Pablo Javier escuchó a la presidenta de ese organismo de derechos humanos contar brevemente su historia. Frente a los micrófonos, Estela de Carlotto comunicó con alegría la noticia que se deslizó en algunas páginas de diarios el lunes: que los 35 años de lucha de Abuelas habían dado un nuevo fruto, la recuperación de la identidad del nieto número 106 quien, desde hace tan solo unos días, puede invocar los apellidos de sus padres, aún desaparecidos, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda. “Después de 34 años, Pablo fue finalmente liberado de la mentira”, sentenció la presidenta de Abuelas.

Carlotto fue la voz cantante en la conferencia de prensa que la institución organizó para comunicar la buena nueva y en la que la acompañaron la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, y el tío de Pablo, Rigoberto Gaona. También participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien compartió “la inmensa alegría” de recuperar la identidad de otro nieto: “Tenemos otro argentino que cuenta con el pleno goce de sus derechos, por sobre todos el de su identidad y de decidir qué tipo de persona quiere ser”. En ese sentido, Roisinblit remarcó que el encuentro con otro nieto más en el camino de 35 años de esfuerzo y búsqueda “dolorosa y desesperada” de las Abuelas “demuestra que no estábamos equivocadas cuando empezamos como viejas tercas que éramos. Eso nos alienta a seguir”.

Cubriéndoles las espaldas se los vio a varios nietos y nietas que pasaron por el mismo proceso que Pablo Javier y que, de alguna manera, enfrentaron las cámaras y grabadores durante el anuncio en su presentación. Tal vez porque la utilizó para afrontar los días que precedieron a la confirmación de su verdadera identidad, cuando se presentó voluntariamente a Abuelas, se sometió al análisis de ADN y recibió la confirmación de sus sospechas, Pablo Javier sintió que la fuerza no le alcanzaría para mantenerse firme durante la comunicación de la noticia que lo tuvo como protagonista. “Estamos empezando a escarbar en la historia de Pablo Javier, a quien por ahora hay que preservar y cuidar mucho”, confesó Carlotto.

El rearmado de la historia del “nieto 106” comenzó el 29 de junio pasado, cuando por su propia voluntad llevó a Abuelas las dudas que tenía sobre sus padres biológicos. El matrimonio que lo crió le había dicho que era adoptado y que lo habían traído desde Misiones. La versión comenzó a tambalear dentro suyo en 2001 y en 2008 se lo hizo saber a su apropiadora, quien finalmente le confesó la mentira.

“La expectativa institucional era muy grande porque los datos que trajo Pablo y sus dudas eran casi certezas, pero la sangre es la que marca la verdad”, comentó Carlotto sobre el día en que desde el área de Presentación Espontánea del organismo que dirige pusieron al joven en contacto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Desde allí, vía Banco Nacional de Datos Genéticos, se completó la conexión entre las dudas de Pablo y su verdadero origen.

Los resultados, la “verdad de la sangre”, revelaron, el 1º de agosto pasado, que Pablo Javier era hijo de Ricardo Gaona Paiva, un paraguayo que militó en la Juventud Peronista y en el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde había conocido a María Rosa Miranda, su mamá. Las piezas para completar el camino de su identidad, no obstante, son muy pocas aún. Se sabe que “Silvia” era ella para sus compañeros de militancia y que “Jorge” era él. También que en un festejo familiar con la familia de Ricardo por el aniversario de la independencia de Paraguay fue la última vez en la que se los vio con vida. El 14 de mayo de 1978 la pareja y su hijo –el flamante nieto– de tan solo un mes –Pablo Javier nació el 13 de abril de 1978– habían viajado desde la ciudad de Buenos Aires –vivían en un departamento de un edificio en el que Ricardo trabajaba como encargado– a Villa Martelli, donde aún reside la familia paterna y de donde no regresaron nunca.

De la pareja no se sabe destino de detención clandestina ni lugar en donde podrían estar sus restos. No bien fue secuestrado, Pablo Javier fue entregado por un coronel retirado al matrimonio de un primo suyo que lo anotó como hijo propio. Como en otros casos de niños apropiados, el militar que lo entregó, se convirtió en el padrino.

La familia biológica nunca dejó de buscar a Pablo y a sus padres. La abuela paterna, Justa Paiva de Gaona, denunció la desaparición de su hijo, su nuera y su nieto. Hasta la semana pasada, nada supo. “Mi madre está feliz, aunque un poco alterada y cansada. Pero está muy feliz como lo estamos todos. Tenemos entre nosotros al primer nieto y sobrino que llegó a la familia. Ya tendremos tiempo de abrazarlo y de cuidarlo”, expresó Rigoberto Gaona.

Desde los primeros días de agosto, entonces, Pablo Javier comenzó a transitar los pasos de aquel camino que le clausuraron, con su verdadera identidad. “Pablo ya conoció a parte de su familia materna y paterna; quiso venir a esta casa. Ya hay una relación muy grande con su realidad y con esta institución y los nietos, que son sus hermanos en esta vida que les tocó vivir. Esto es una garantía de que todo va a ir bien”, mencionó Carlotto y destacó que “el proceso es fuerte, pero los pasos dados hasta ahora fueron positivos”, concluyó Carlotto respecto de lo que se viene.

En el comunicado que Abuelas elaboró para presentar públicamente la recuperación de una nueva identidad robada por los genocidas, a través del Plan Sistemático de robo de bebés durante la última dictadura, reiteraron su convocatoria a “todos los que dudan de su identidad” a que “se animen y se acerquen” a Abuelas para averiguarlo. “Empezar a sacarse de encima las dudas es el camino para aliviar tanto dolor”, apuntaron las Abuelas desde el documento.

Fuente: Pagina12

domingo, 5 de agosto de 2012

LANATA; ¿Conversión o acto de sinceridad?

05/08/2012

(MDT) Muchos hablan de la conversión de Lanata al clarinismo. ¿Pero es así?.

Salvo su honrosa participación en la fundación de Pagina12, un diario con un estilo diferente y que pese a sus contradicciones tuvo el mérito de dar espacio a voces silenciadas en la década del noventa, especialmente a los familiares de detenidos desaparecidos y a los organismos de derechos humanos, política editorial que continúa hasta estos días.

En su programa televisivo “Día D”, se dedicaba a presuntas investigaciones sobre temas absolutamente menores que jamás derivaron en una investigación judicial seria. Convengamos que la denuncia a mansalva de corrupción en temas menores en medio del menemismo, es funcional al sistema que presuntamente se critica.

Recuerdo que durante el menemismo, Lanata hizo una nota sobre una banda de cinco empleados de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales que se quedaban con los retroactivos que debían cobrar los beneficiarios. Tuvo un cruce con el hoy “PRO-peronista” Eduardo Amadeo, donde le preguntó si el creía que (Lanata) era un boludo. Los empleados fueron despedidos al dia siguiente, iniciaron juicios laborales que en todos los casos ganaron.

La duda de base es si Lanata alguna vez fue “progresista”. La fundación y fundición de medios como “Critica Digital”, su asociación con empresarios de dudosa legalidad y moral lo desmienten.

Su desafío y falta de respeto a los familiares de detenidos desaparecidos al sostener que “me tienen podrido con la dictadura”, en realidad muestra que la adhesión de Pagina12 en su primera época, fue para el tan solo un “nicho” de negocios.

Criticar al Grupo Clarin y luego decir que el eslabon mas débil en la confrontación con el Gobierno, muestra que en realidad nunca estuvo en contra del grupo de Magnetto.

Hoy nos deleita con su programa donde se dedica a denostar al gobierno votado por el 55% de los argentinos. De niño rebelde en Pagina12 pasó, varias escalas de por medio a defender las peores causas.

Dedicarse a bardear a una organización como la Tupac Amaru, que construye viviendas para los pobres, fabricas, escuelas, piletas de natación para aquellos argentinos de piel oscura a los que no se les permite el acceso a otras piletas porque los consideran “sucios”, en realidad muestra su odio de clase.

Lanata muestra hoy  su verdadera cara, la que tuvo siempre: su antiperonismo mlitante y furioso, su condición de hombre de negocios, y fundamentalmente el ser un periodista berreta. Pretende mostrarse transgresor al sistema haciendo un "fuck you" ante las cámaras, como el que hicieron Clarin, La Nación y Perfil desde hace décadas.

Solo viendo sus apoyos actuales de caceroleros de Barrio Norte, defensores de genocidas como Cecilia Pando y señoras gordas de la Rural, vemos claro donde estuvo siempre parado.

Le cabe ampliamente aquella famosa frase del Obispo Sudafricano Desmond Tutu, prominente luchador contra el “apartheid”: “Si te declaras neutral en situaciones de injusticia, has elegido el bando del opresor”.



PABLO LLONTO: Si supiera.

05/08/2012


Por Pablo Llonto

Periodista, ex delegado de Clarín despedido, abogado de DD.HH.

Pobre Lanata. Si él supiera, si le gustase el fútbol (algo que desprecia por sus propios dichos: “En Página 12 pasaba de largo la sección Deportes”) se hubiese enterado de los cientos de desafíos a la censura que Víctor Hugo llevaba adelante. Y como lo hizo desde el primer relato que nos brindó en la Argentina 1981, cuando al debutar en radio, luego de un gol de Brindisi en el Boca maradoniano, recitó la letra de un genial artista perseguido: a desalambrar, a desalambrar, dijo Víctor Hugo esa tarde, a sabiendas de que otro uruguayo. Daniel Viglietti, era palabra prohibida en todas las emisoras.
Víctor Hugo llegó a la Argentina para demostrar que era posible terminar con el relator de los militares, José María Muñoz. Y por suerte lo desplazó, lo puso en su lugar, nos enseñó a todos que el periodismo deportivo y el relato podían tener contenido, belleza, lenguaje, poesía y, especialmente, ideas populares y combativas.
Hoy nuestro gremio sabe quién es quién. Por eso Víctor Hugo es bien recibido en todas las redacciones y asambleas de compañeras y compañeros del gremio. Nunca olvidaremos quienes trabajábamos en TyC-El Gráfico cuando en 2001, silenciosamente, se acercó a una choripaneada de laburantes, una mañana fría de otoño, en una olla popular, y nos dejó la solidaridad de quienes no quieren que los gestos se divulguen.
Hace falta decirlo, por si no lo supieran, los lanatas, los conversos.
Fuente: Infonews -Revista Veintitres.

Cárceles, salidas y reinserción social

05/08/2012


Especialistas en Derecho Penal y defensores de los derechos humanos defendieron las políticas que se implementan para favorecer la reintegración de detenidos. Críticas a la difusión de actos por redes sociales y a las operaciones mediáticas.


Por Eduardo Videla

Jueces, especialistas en Derecho Penal, organizaciones defensoras de los derechos humanos y funcionarios del Estado consultados por este diario se manifestaron a favor de las salidas de detenidos para realizar tareas de reinserción social mientras esperan una sentencia o el cumplimiento de una pena. Algunos cuestionan por “inoportuna” la exposición que se dio a los actos en los que participaron los detenidos, a través de redes sociales. Otros critican el uso “con mala fe” que se hizo desde algunos medios para cuestionar al Gobierno. La mayoría advierte sobre el riesgo de que, a partir de esta exposición, se recorten los derechos de los detenidos y opinan que el debate abierto, en todo caso, “debería servir para ampliar esos derechos y no para cercenarlos”. Es decir, que los beneficios de salidas vigiladas se extiendan a más detenidos, y la posibilidad de organizar actividades, a más organizaciones.

El debate se generó a partir de la publicación, el domingo último, en el diario Clarín, de una nota que da cuenta de que “sacan presos de las cárceles para llevarlos a actos kirchneristas”. Se refiere así a un programa de salidas para actividades culturales organizadas por la agrupación Vatayón Militante. Ese mismo día, el ministro de Justicia, Julio Alak, defendió el programa como una estrategia para “favorecer la reinserción de los detenidos una vez que obtengan la libertad” y “disminuir el índice de reincidencia”.

“La sociedad tiene que hacerse cargo del interior de la cárcel”, afirmó el procurador penitenciario Francisco Mugnolo. El ex diputado de extracción radical, encargado de controlar el cumplimiento de las garantías de los detenidos en unidades penales federales, sostuvo que “las salidas de detenidos para realizar actividades en la comunidad son un derecho: es una forma de derribar los muros de la cárcel, una estrategia virtuosa de integración, que permite que no haya tantos momentos de ocio en el encierro, que generan todo tipo de conflictos.”

Mugnolo pone como ejemplo el caso del taller de pintura y serigrafía de la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. “Las detenidas quieren estar presentes en la bienal donde se exhiben sus trabajos y eso es muy valioso para su rehabilitación”, dice.

Para Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), “lo primero que hay que sostener es que la persona que está detenida en una cárcel tiene derecho a la reinserción social: estar en la cárcel no debe ser una forma de tortura, ése es un mandato constitucional. Y es una estupidez pensar que es un divertimento una salida para actividad cultural, laboral o educativa”.

Binder se manifestó de acuerdo con toda actividad que permita al detenido “relacionarse con su familia y con la sociedad, y que la sociedad se relacione con el preso, porque si la cárcel se convierte en un ghetto eso representa un perjuicio para la sociedad”.

Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), pone en blanco sobre negro las contradicciones del tratamiento mediático y político del tema carcelario: “Hemos mostrado fotos del cuerpo de un joven torturado en una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en julio de 2011. Sin embargo, lo que provoca escándalo y debate son las salidas de un grupo de presos”.

Respecto de las actividades que dieron pie a la polémica, la abogada sostiene que “la cárcel es una institución donde impera el miedo, el dolor y la arbitrariedad, por lo que “todo lo que pueda hacerse para abrir la cárcel, y para que la sociedad ingrese a ella, a través de instituciones educativas, laborales, recreativas, deportivas, sindicales, de derechos humanos, políticas, debe ser estimulado y bienvenido”. Advierte además que “es preciso trabajar con todos los presos y presas, aun con quienes hayan cometido delitos graves, que nos repugnen más o menos conforme a nuestras convicciones”.

“Si el fin de la pena es la resocialización, resulta contradictorio resocializar desde el encierro estricto”, sintetiza el juez de Necochea Mario Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal.
Todos o algunos

Las diferencias se plantean cuando se discute si el beneficio debe alcanzar a todos los detenidos, sea cual fuere el delito que han cometido; si las actividades deben ser difundidas por las redes sociales, y si todas las organizaciones que lo solicitan tienen acceso a organizar actividades en las cárceles.

Lo que divide las aguas es el caso de Eduardo Vásquez, recientemente condenado a 18 años de prisión por el homicidio de su pareja mediante graves quemaduras. “Es injusto decirle a una persona que no puede acceder a un beneficio si su conducta en la cárcel es buena, por el delito que cometió”, dice Mugnolo a Página/12. “Estuve con el padre de Wanda Taddei (la mujer asesinada), y no criticó la estrategia de salidas. Naturalmente, no estaba de acuerdo con que se aplique a esta persona. Habló desde su dolor. Pero la política criminal no la pueden dictar la víctimas.”

Mugnolo aclaró que los casos sobre los que se debate no son “salidas transitorias”, que son las que involucran a personas con condena firme, con fines laborales y sin custodia. “Este tipo de salidas para personas procesadas o sin sentencia no están expresamente reglamentadas. Pero como todo lo que no está prohibido está permitido, los detenidos tienen ese derecho. Deben salir con custodia, trasladados por móviles del servicio penitenciario y con permiso judicial. Nunca están en libertad. Esto se cumplió en los casos denunciados: no hubo irregularidades”, enfatizó (ver nota aparte).

“A los procesados les rige el principio de inocencia y nunca podrían tener una privación de la libertad con menos derechos que los condenados”, sostiene Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Agrega que el criterio debe aplicarse para todos los acusados por distintos delitos. “No puede haber restricciones de este tipo. Los únicos que pueden autorizar o rechazar permisos son los jueces, de acuerdo con cuestiones de comportamiento o de seguridad. Es la única manera de evitar la discrecionalidad del Servicio Penitenciario Federal para otorgar ciertos beneficios a cambio de favores.”

“Los procesados y los condenados que no tienen sentencia firme (como el caso de Vásquez) son jurídicamente inocentes. Deberían estar en libertad pero si cautelarmente tienen que estar detenidos, no pueden estar en peor situación que los condenados, que tienen la posibilidad de salidas transitorias”, agrega el juez Juliano.

En cambio, el diputado y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra (UCR) sostiene que “para los detenidos sin condena firme no es aplicable el régimen de los condenados”. “Pueden salir excepcionalmente por la muerte de un familiar o para rendir un examen. Pero la Ley de Ejecución Penal establece un régimen progresivo para la obtención de salidas transitorias en la última etapa de la ejecución de la pena”, argumenta.

Para Gil Lavedra “estas medidas son buenas porque el condenado robustece sus posibilidades de reinsertarse en la sociedad”. Pero aclara que “este recurso no puede utilizarse de manera arbitraria y discrecional. No es admisible que los detenidos puedan salir para actividades culturales que son un barniz para actividades políticas. En este caso (el de Vásquez) los jueces se han equivocado”.
Cuestión de forma

“Es el uso de un buen instrumento utilizado en forma negligente”, dice Binder. Para el abogado penalista, es “reprochable que no se haya administrado con cuidado: el de Vásquez ha sido un caso muy notorio, muy irritativo porque hace muy poco que ha sido condenado. Para las víctimas y sus familiares esto significa revivir su tragedia y provoca un dolor muy grande. Al menos no se deberían difundir estos eventos por youtube”, sugiere. “Esto –concluye– ha contribuido a que se haga una bola increíble, a partir de un uso periodístico que no es de buena fe.”

Sobre ese punto, Cesaroni coincide: “Así como deben respetarse los derechos de las personas privadas de libertad, debe respetarse el dolor de las víctimas y de sus familiares”. En ese sentido, consideró “desaconsejable difundir imágenes festivas mediante videos y redes sociales, en tanto provocan más dolor en los familiares de las víctimas de delitos graves, y pueden afectar la intimidad de algunas de las personas privadas de libertad que aparecen en ellas”.

En cuanto a las actividades organizadas por Vatayón Militante, la abogada manifiesta su preocupación porque “el desarrollo de actividades recreativas pueda verse subordinado a la participación en determinada fuerza política”. Opina que “hacer bailar a un preso con un penitenciario puede parecer simpático para algunos” pero “para muchos otros”, entre quienes se incluye, “implica una humillación, un acto de violencia simbólica, más allá de las buenas intenciones con que los integrantes de esa agrupación trabajen en el ámbito carcelario”.

“Las facilidades con las que cuenta para desarrollar su actividad el Vatayón Militante no son compartidas por otras organizaciones sociales y de derechos humanos, sobre todo en las que tienen una mirada crítica sobre lo que sucede en las cárceles federales”, advierte.

Para Mugnolo, “el acceso a la organización de actividades tiene que ser igualitario: es muy difícil que otras ONG sean aceptadas para tareas intramuros y que incluyan para actividades fuera de la cárcel”.

En el balance, el procurador penitenciario concluye que “Hortel está haciendo una buena gestión”. “Toda esta fachada populista está contribuyendo a un proceso de apertura en un esquema penitenciario que ha sido siempre violatorio del derecho de los presos”, elogia.

Para Binder, las actividades de los detenidos dentro de las cárceles y los traslados para desarrollarlas afuera del penal “contribuyen a romper formas rígidas de relación entre el servicio penitenciario y los detenidos”. Propone que las salidas “deberían ser para la mayor cantidad de detenidos”. “La sociedad debería entender que mantenerlos en la exclusión y la degradación del encierro es el peor de los negocios en materia de seguridad”, enfatiza. Pero aclara que “si bien a partir de la última gestión del SPF hay mejoras, de ahí a decir que es un ‘orgullo’, hay una gran distancia. No es un espaldarazo para quienes vienen luchando para mejorar las condiciones de detención.”

“Lo que preocupa –concluye Cesaroni– es que a partir de discutir estos temas, se pretenda recortar derechos, en vez de ampliarlos.”

Fuente: Pagina12

CFK: El Estado y la gestión

05/08/12


Una amplia mayoría aprueba la gestión del Gobierno, lo que se refleja en una intención de voto mayoritaria. La intervención del Estado es bien recibida casi por unanimidad, con el Plan de Viviendas muy favorecido.


Por Raúl Kollmann

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alta aprobación: seis de cada diez ciudadanos aprueba mucho o algo su gestión, frente al 39 por ciento que la desaprueba algo o mucho. Sigue siendo la dirigente política con mejor imagen, seguida por Daniel Scioli y Hermes Binner, y ganaría las elecciones nuevamente con casi 30 puntos de ventaja sobre el segundo, Binner. En intención de voto, Mauricio Macri recién aparece en el tercer lugar. Un punto clave es que existe un fuerte acuerdo –90 por ciento– en cuanto a que el Estado debe estar presente regulando la economía: es más, la mitad de la población dice que debe intervenir mucho.

Las conclusiones surgen de un estudio realizado por la consultora Ipsos-Mora y Araujo, hoy a cargo del licenciado Luis Costa. Ipsos es una de las empresas internacionales de mayor envergadura en materia de estudios de opinión pública y se asoció con la empresa más tradicional de la Argentina, Mora y Araujo. El sondeo conducido por Costa es una de las pocas encuestas nacionales que se hicieron en forma personal y no telefónica. Es decir con el encuestador realizando la entrevista en el domicilio de la persona encuestada, algo de importancia para registrar también la opinión de los sectores de menos recursos: esa franja suele no tener teléfono fijo. En total se entrevistaron mil personas en Capital Federal, Gran Buenos Aires y ocho provincias: Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan, Neuquén, Chaco y Entre Ríos, respetándose las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y también la distribución entre ciudades chicas, medianas y grandes.

“Tal vez puede llegar a sorprender un poco el alto nivel de aprobación que registra la Presidenta –explica Luis Costa–. A mí no me sorprendió para nada. Comparado con nuestros propios estudios del año pasado, bajó entre ocho y nueve puntos. Y esto tiene que ver esencialmente con la economía. Ipsos tiene encuestas de todo el mundo y en Estados Unidos, Canadá, Brasil, España la aprobación o desaprobación de los gobernantes tiene que ver con la aprobación o desaprobación con la economía. Hay un país distinto, México, donde la violencia se vive muy de cerca. Y allí ese factor altera lo que sucede en los demás países. Por lo tanto, diría que lo que sigue impulsando la aprobación de CFK es un combo en el que están los planes sociales, los temas de salud, educación, las obras y la economía. En el interior, por ejemplo, el respaldo es muy fuerte. Y esa caída de unos puntos respecto del año pasado tiene que ver con una leve caída en opinión sobre la economía en los últimos meses.”

–Otros consultores sostienen que la inseguridad y la inflación hicieron bajar mucho la imagen de la Presidenta– insistió Página/12.

–Mire, los reclamos por la inseguridad son los mismos hace diez años. No influyen en la imagen presidencial. Si usted le pregunta al encuestado cuál es su mayor problema, el 80 por ciento dice que la inseguridad. Y la inflación aparece muy lejos, con menos del 20 por ciento y luego está el desempleo. Por supuesto que si usted pregunta si le preocupa la inflación dirá que sí nítidamente, pero también en su cabeza está que es un fenómeno que existe en la Argentina desde hace tiempo. No, lo que está en la base de la aprobación del 60 por ciento de la Presidenta es algo más global, una aprobación más global que incluye planes sociales, jubilaciones, obras, colegios, economía. Le insisto: en todos los países de Europa en los que encuestamos, los dirigentes están con muy mala imagen. Y la razón fundamental, como en todo Occidente, es la economía.
El voto

A la aprobación presidencial se suma la intención de voto. La Presidenta aventaja muy ampliamente a cualquiera de sus competidores si las elecciones se repitieran hoy. Es más, si se realiza el cálculo real que se hace en las elecciones, es decir que se excluyen los indecisos, los votos en blanco o los que no van a ir a votar, el escenario se parece al de octubre, con más del 50 por ciento para la Presidenta. En caso de no presentarse CFK, Daniel Scioli aparece claramente a la cabeza, pero si compitieran, la Presidenta se impondría al gobernador con nitidez. Por supuesto que son todos escenarios hipotéticos, porque el proceso electoral no está cerca y seguramente correrá mucha agua bajo el puente. En todos los casos, Hermes Binner sigue ocupando el segundo puesto con tres o cuatro puntos de ventaja sobre Mauricio Macri. “Binner todavía necesita que la gente lo conozca más. Hay muchas personas que no pueden dar ni una opinión positiva ni negativa sobre él. Elisa Carrió y Eduardo Duhalde siguen teniendo las peores imágenes y Hugo Moyano mantiene las opiniones negativas que viene teniendo desde hace años. Si tuviera que dar un diagnóstico general, diría que no ha habido grandes cambios en los últimos dos años. Con niveles de imagen parecidos en 2010, la Presidenta ganó las elecciones en 2011”, reseña Costa.

Para redondear, el consultor de Ipsos-Mora y Araujo propone una mirada que denomina más estructural. “Hay apoyos a las características individuales de CFK o existe un fenómeno más estructural de que ella encarna una postura de intervención del Estado en la economía. Creo que existe mucho de esto último. Gracias a los archivos de nuestra empresa, liderada en aquel momento por Manuel Mora y Araujo, si en los años ’90 se preguntaba a la gente en manos de quién debían estar las empresas claves, el 80 por ciento decía que en manos privadas y sólo el 20 por ciento decía que en manos del Estado. Ahora es exactamente al revés. Y tiene que ver con la tragedia que se vivió. Es más, diría que hoy al ciudadano no le parece mal que la Presidenta mantenga cierto choque con alguna empresa privada y hubo enormes apoyos a la nacionalización de YPF o de las AFJP. Esto era impensable 15 años atrás. La gente apunta a consumir, a tener empleo, pero también a tener un Estado presente. Eso se ve claramente en la encuesta. Un 90 por ciento está de acuerdo en que el Estado intervenga y la mitad en que intervenga mucho. El plan de construcción de viviendas va en el mismo sentido: el Estado interviniendo y ayudando a la gente”, concluyó Costa.raulkollmann@hotmail.com
Fuente: Pagina12

viernes, 3 de agosto de 2012

COLOMBIA: COMUNIDADES INDIGENAS SIN MILITARES

Con la orden, el tribunal buscó proteger la vida y cultura de las comunidades que habitan en la zona y que experimentan acoso por parte de los actores armados. El gobierno anticipó que apelará por razones de seguridad.

La Corte Constitucional de Colombia ordenó ayer el retiro de dos bases militares de la Armada en territorio indígena para proteger la vida y la cultura de las comunidades. El gobierno colombiano anticipó que apelará por razones de seguridad la decisión de los jueces.

El tribunal manifestó –al resolver una demanda iniciada por comunidades indígenas– que la Armada debe retirar dos bases erigidas en los departamentos de Meta (centro de Colombia) y Guaviare (sur) porque están en predios que pertenecen a las etnias jiw, guayabero y nukaven. La Corte Constitucional señaló que las comunidades indígenas que viven en esos departamentos se ven afectadas porque seis hectáreas que forman parte de su territorio están ocupadas por 19 construcciones levantadas por la Armada. Con la orden, el tribunal buscó proteger la vida y cultura de las comunidades que habitan en la zona y que experimentan acoso por parte de los actores armados.

Por eso, establecieron que la cartera de Defensa tiene seis meses para reubicar el centro militar donde opera la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina, que ocupa la extensión total de seis hectáreas. “Estos (aborígenes) continúan siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el desplazamiento forzado que padecen”, detalló el fallo. Según el tribunal, tres indígenas fueron víctimas en accidentes por municiones sin explotar que fueron halladas en las inmediaciones de la escuela militar. Además, se determinó que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) deberá hacer un estudio de los terrenos disponibles en arriendo o compra en el Meta y en el Guaviare para reubicar temporalmente a las comunidades desplazadas por cuenta del conflicto armado interno.

Por su parte, el gobierno colombiano afirmó que acata el fallo de la Corte Constitucional, aunque anunció que apelará con el argumento de que los cuarteles brindan seguridad. “Respetamos los fallos de la Corte y los acatamos. Sin embargo, vamos a acudir a las herramientas jurídicas que tiene en este caso el gobierno para que sea revisado el tema”, dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. “En esa región del país, la relación entre las fuerzas militares y las comunidades indígenas es magnífica, es estrecha, y seguramente eso va a permitir que cualquier decisión que se tome se dé de una manera apropiada y conveniente, no sólo para esas comunidades, sino también para la seguridad de esa región del país”, añadió el ministro. “Los fallos de la Corte son para acatarlos y respetarlos y esa es nuestra manera de actuar y de proceder. Existen recursos legales que, por supuesto, el Ministerio de Defensa tiene la posibilidad de presentar, así que haremos lo propio”, precisó Pinzón. Asimismo, el funcionario advirtió que el fallo de la Corte Constitucional no se relaciona con la movilización que desde hace casi un mes realiza en el departamento de Cauca (suroeste) la comunidad indígena Nasa-Páez que pide el retiro de sus territorios ancestrales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército y a la policía, pero que en los últimos días cesó sus acciones en el marco de un diálogo entablado con el gobierno. En los momentos de mayor tensión, esta comunidad desalojó una base militar instalada en el Cerro El Berlín, que luego fue recuperada por las autoridades, con el aval del gobierno que, en ese entonces, remarcó que el territorio no sería desatendido.

Fuente: Pagina12

jueves, 2 de agosto de 2012

MADRES, H.I.J.O.S., FAMILIARES: En repudio de la operación mediática contra Victor Hugo Morales.

Los principales organismos de derechos humanos expresaron ayer su apoyo al locutor y periodista Víctor Hugo Morales y repudiaron “la operación mediática que pesa en su contra y que intenta vincularlo con la dictadura uruguaya”. A través de un comunicado compartido, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas consideraron que el relator de fútbol es “un periodista impecable y honesto que se ha destacado por su batalla contra los mismos medios concentrados que desde hace un tiempo intentan desprestigiarlo”. Morales también fue respaldado por uruguayos que viven en la Argentina.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con el periodista Víctor Hugo Morales y repudiar la operación mediática que pesa en su contra y que intenta vincularlo con la dictadura uruguaya”, apuntaron los organismos. Además, destacaron en su comunicado que “tanto desde su costado profesional como desde su perfil más humano, Víctor Hugo siempre ha tendido una mano comprometida con la lucha” que ellos y otros organismos comprometidos con los derechos humanos desarrollan “en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia: da difusión a los juicios y actividades, ofrece sus micrófonos para que podamos expresarnos y responde continuamente a nuestros pedidos de colaboración en diversos proyectos”.

El Movimiento de Participación Popular Departamental Buenos Aires, integrante del Frente Amplio de Uruguay, también salió en apoyo de Morales. “Como periodista o relator, a alguno le puede gustar o no, pero el profesionalismo de Víctor Hugo es inmensamente reconocido en ambas orillas”, señalaron los uruguayos y denunciaron que hay una campaña de “desprestigio” en su contra.

Fuente: Pagina12

VICTORIA GINZBERG: Cancion de Identidad.

En un barril de metal lleno de cemento

Crescencio Nicomedes Galañena Hernández fue una de las víctimas del terrorismo de Estado. Se comprobó que estuvo secuestrado en Orletti junto a otro funcionario de la embajada. Sus restos fueron hallados por un grupo de chicos 36 años después.

Por Victoria Ginzberg


El 11 de junio pasado, un grupo de chicos que cazaba cuises y ratones en un predio ubicado frente al aeródromo de San Fernando reparó en un barril de metal oxidado con capacidad para 200 litros. Estaba roto. Los chicos vieron huesos y llamaron al 911. La policía descubrió luego otros dos toneles similares que también tenían restos óseos. Después de analizarlos, se estableció que uno de los cuerpos pertenece a Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, un diplomático cubano desaparecido el 9 de agosto de 1976.

El caso lo condujo el fiscal de San Isidro Luis Angelini, a cargo del área ejecutiva de investigaciones criminales de San Fernando. El funcionario judicial dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Según confirmaron a Página/12 fuentes judiciales, la pericia realizada por ese organismo –cuyos integrantes no quisieron ayer hacer declaraciones– indicó que el cuerpo era con el 99,99 por ciento de probabilidades del diplomático cubano. El expediente pasará ahora al juzgado de Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, donde fue visto por última vez Galañena Hernández. Será la Justicia Federal la encargada de certificar la identificación.

Galañena Hernández fue secuestrado junto a Jesús Cejas Arias el 9 de agosto de 1976, en el barrio de Belgrano. Acababan de salir de la embajada cubana, donde trabajaban. Cuatro días después, el 13 de agosto, La Opinión publicó que “la embajada cubana en Buenos Aires está trabajando en estrecho contacto con el gobierno argentino en la búsqueda de dos miembros de la representación, acerca de quienes se presume que habrían sido secuestrados. Los dos hombres, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, integrantes ambos del personal administrativo de la embajada cubana, no han sido vistos desde que salieron de la embajada el lunes”. El 17 de agosto, en el mismo diario, se informó que “La agencia de noticias Associated Press recibió ayer un sobre, por correo simple y con estampilla argentina, conteniendo las credenciales de los empleados administrativos de la embajada de Cuba, cuyo texto en letra manuscrita y despareja dice: ‘Nosotros (Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena) ambos cubanos nos dirigimos a usted para que por este medio comunicar que hemos desertado de la embajada para gozar de la libertad del mundo occidental’, la nota no lleva firma al pie ni ninguna otra aclaración. La Cancillería argentina certificó la autenticidad de la credenciales”. De esta forma la dictadura argentina montó un operativo para hacer creer que los dos hombres habían abandonado el régimen cubano y no tener que dar explicaciones por la desaparición de dos diplomáticos.

Pero Cejas Arias y Galañena Hernández estaban cautivos en Automotores Orletti, el centro clandestino que fue en Buenos Aires sede del Plan Cóndor, es decir, de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Según una investigación del periodista norteamericano John Dinges, el agente de la CIA Michael Townley y el cubano-estadounidense Guillermo Novo Sampoll habrían viajado a la Argentina para interrogar a Cejas Arias y Galañena Hernández. “Ellos cooperaron en la tortura y el asesinato de los dos diplomáticos cubanos”, habría declarado ante la jueza María Servini de Cubría el represor Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, la policía secreta pinochetista. Townley fue el autor del asesinato en 1976 en Washington de Orlado Letelier, canciller de Salvador Allende,

“El inmueble donde funcionó Automotores Orletti –describió el juez Rafecas cuando procesó a los represores que actuaron en ese centro clandestino– era uno más de una larga hilera de casas bajas, en una típica calle, de un típico barrio de la zona oeste capitalina, como era el de Flores (...) Orletti muestra a las claras que el terrorismo de Estado en la Argentina de 1976 pudo moverse con naturalidad también en espacios de normalidad –y no de excepción– que no debió enfatizar el secreto sino que actuó a la vista de quien quiera ver y escuchar; que se adaptó para funcionar en un espacio donde antes había un hogar y un taller, y que a su término, aquel hogar y aquel taller regresaron, se acondicionaron y hasta aprovecharon las mejoras efectuadas por los ocupantes anteriores.”

Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.

Por el secuestro y la desaparición de Galañena Hernández y Cejas Arias ya fueron condenados en Argentina el general retirado Rodolfo Cabanillas, quien se desempeñó como jefe de la División de la SIDE “Operaciones Tácticas 18” (que correspondía a Orletti) y los represores Raúl Guglielminetti, Eduardo Alfredo Ruffo y Honorio Carlos Martínez Ruiz.

No es la primera vez que se encuentran víctimas que pasaron por Orletti, en barriles. En 1976 fueron hallados siete recipientes de este mismo tipo en el canal de San Fernando que contenían cadáveres y cemento. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de San Fernando y pudieron ser identificados tiempo después. En 1989 se supo que uno de ellos era Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

Los tres tambores encontrados en junio, hace menos de dos meses, también se hallaron en un predio de San Fernando, en donde se estaban realizando trabajos de movimiento de tierra para, aparentemente, construir viviendas y donde antes había una tosquera. Estaban numerados y rellenos de concreto. Allí se mantuvieron los restos de Galañena Hernández hasta que el grupo de niños que cazaba vio los huesos. El fiscal Luis Angelini ordenó que la Superintendencia de la Policía Científica realice una búsqueda intensiva para determinar si hay más barriles en el predio y también que se analicen los encontrados con el fin de determinar si estuvieron en ese sitio durante 36 años o fueron recientemente depositados allí.

Rafecas había señalado en su resolución, al hacer alusión a los barriles hallados en 1976: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”.

Fuente: Pagina12

miércoles, 1 de agosto de 2012

ATILIO A. BORÓN: Venezuela en el Mercosur

Por Atilio A. Boron

Ayer se ratificó en Brasilia el ingreso de Venezuela al Mercosur. De este modo el bloque comercial sudamericano se refuerza tanto cuantitativa como cualitativamente. Lo primero, porque agrega a un nuevo socio con un Producto Bruto estimado –por el World Economic Outlook del FMI en paridad de poder adquisitivo– en 397.000 millones de dólares. Es decir, se agrega una economía de un tamaño ligeramente superior a la de Suecia. El Mercosur agrandado cuenta ahora con un Producto Interno Bruto de 3635 millones de dólares, lo que lo convierte en la quinta economía del mundo, sólo superado por Estados Unidos, China, India y Japón, y claramente por encima de la locomotora europea, Alemania. Cualitativamente hablando, la incorporación de Venezuela significa integrar a un país que, según el último anuario de la OPEP, dispone de las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, habiendo desplazado de ese sitial a quien lo ocupara por varias décadas: Arabia Saudita. Además, desde el punto de vista de la complementación económica de sus partes, el Mercosur luce como una espacio económico mucho más armónico y equilibrado que la Unión Europea, cuya fragilidad energética constituye su insanable talón de Aquiles. Comienza, por lo tanto, una nueva y decisiva etapa, donde a un conjunto de países sudamericanos grandes productores de alimentos y, en los casos de Argentina y Brasil, poseedores de una importante base industrial y significativas riquezas mineras, se le agrega la mayor potencia petrolera del planeta. En un contexto de crisis mundial como el actual, y ante las políticas proteccionistas que cada vez con más fuerza adoptan los gobiernos del centro capitalista, la integración de los países del Mercosur es la única salvaguarda que les permitirá resistir los embates de la crisis mundial del capitalismo o al menos amortiguar su impacto.

No hace falta demasiado esfuerzo para comprobar las proyecciones que puede llegar a tener este Mercosur “recargado”. Si los gobiernos de la región diseñan mecanismos flexibles y eficaces para sacar partido de esta enorme potencialidad económica y si, al mismo tiempo, se resuelven las asignaturas pendientes de los acuerdos que originaran al Mercosur –la Declaración de Foz de Iguazú firmada por Raúl Alfonsín y José Sarney en 1985 y, años después, el Tratado de Asunción, fechado en 1991– y que reflejaran la hegemonía ideológica del neoliberalismo en aquellos años, el futuro económico de nuestros países sería mucho más promisorio. Un componente fundamental de esta nueva etapa debe ser, sin duda, el fortalecimiento de los “otros mercosures”: el social, el laboral, el educativo, para no mencionar sino aquellos que han suscitado, precisamente por su ausencia, los mayores y más sostenidos reclamos. Esto les otorgará a los movimientos sociales y las fuerzas políticas populares una oportunidad inmejorable para hacer oír sus demandas y presionar efectivamente a los gobiernos para que adopten sin más dilaciones las políticas necesarias para que el Mercosur deje de ser un acuerdo pensado para ampliar los mercados y reducir los costos operativos de las grandes empresas y se convierta en un proyecto de integración al servicio de los pueblos.

Pero la significación fundamental del ingreso de Venezuela radica en otra parte. El aislamiento de ese país y su conversión en un estado paria era el objetivo estratégico número uno de Estados Unidos luego de la derrota del ALCA en Mar del Plata. El Senado paraguayo se había prestado a ese juego, a cambio de una jugosa recompensa para sus tribunos, pero el golpe de Estado perpetrado entre gallos y medianoche contra Fernando Lugo desbarató, para estupefacción de Washington, los planes del imperio. La Casa Blanca no tomó nota de que las épocas en que sus deseos eran órdenes habían sido definitivamente superadas y jamás pensó que los gobernantes de Argentina, Brasil y Uruguay iban a tener la osadía de aprovechar la suspensión de Paraguay ocasionada por la violación de la cláusula democrática del Mercosur para poner fin a una absurda espera de seis años. Desde el punto de vista geopolítico, la inclusión de Venezuela en el Mercosur es, y conviene reparar en esto, la mayor derrota sufrida por la diplomacia estadounidense desde el descalabro del ALCA. Tal como lo recordara hace pocos días Samuel Pinheiro Guimaraes, quien hasta hace un mes se desempeñara como alto representante del Mercosur, de aquí en más será mucho más difícil y costoso orquestar un golpe de Estado contra un Chávez protegido institucionalmente por la normativa mercosurina. Mucho más complicado para un país como Estados Unidos, insaciable consumidor de petróleo, tratar de apropiarse de la riqueza hidrocarburífera venezolana. Mucho más atractivo para los demás países sudamericanos integrarse cuanto antes a un rico espacio económico que se extiende sin discontinuidades desde Tierra del Fuego hasta el Mar Caribe. Y, por último, mucho más difícil rearmar el esquema de “libre comercio” desechado con la derrota del ALCA. En suma, hay fundados motivos para el regocijo: ayer los sueños integracionistas de Bolívar, Artigas y San Martín han dado un gran paso hacia adelante.

* Director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales.

Fuente: Pagina12

REPUDIO DE LA LADH FORMOSA POR APREMIOS LEGALES

A la izquierda, Juan Maria de Madariaga, de 17 años
Foto: Facebook y Noticias Formosa
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Filial Formosa, repudia enérgicamente los apremios ilegales que sufriera el menor Juan María de Madariaga, de 17 años, en mano
s de policías de la Provincia de Formosa. Exigimos juicio y castigo a los responsables de este aberrante hecho.

Estos incalificables hechos nos deben motivar a reflexionar acerca del modelo de policía que nos merecemos los formoseños. No es con una "maldita policía" que se garantiza el respeto a los derechos humanos ni la seguridad que algunos proclaman. Es hora de desterrar definitivamente los métodos y personas que continúan actuando con la doctrina de seguridad de la dictadura militar. Entendemos que este no es el primero ni el único caso, pero si anhelamos y exigimos que sea el último. En especial reclamamos la erradicación de estos métodos en los barrios humildes de las ciudades formoseñas, y el respeto a la libertad de los jóvenes de desarrollar su vida sin un clima ominoso y persecutorio.

Exigimos el pronto esclarecimiento total de este hecho, y manifestamos nuestra solidaridad incondicional con el menor y su familia, y con todas las victimas de la violencia policial.

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE - FORMOSA

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