Magnetto no sólo está comprometido en la inscripción irregular de Felipe y Marcela, también adoptó de manera poco clara a su hija. (AP)
Las relaciones del CEO de Clarín con una jueza de menores ligada al plan sistemático de la dictadura.
Hasta ahora, la relación de Héctor Magnetto, el hombre fuerte de Clarín, con las adopciones irregulares, se centró en haber sido el artífice de que Ernestina Herrera de Noble se quedara con Felipe y Marcela Noble Herrera, cuya identidad biológica entró en un verdadero aleph borgeano desde que ellos mismos participaron de la contaminación del ADN de sus prendas íntimas para burlar a la jueza Sandra Arroyo Salgado. Concretamente, Estela de Carlotto contó en varias oportunidades cómo Magnetto le habló de su participación en esa adopción en el primer encuentro que tuvieron las Abuelas con el CEO de Clarín, a principios de la democracia. Las Abuelas habían pedido una reunión con Magnetto “porque recibían muchas denuncias sobre que Marcela y Felipe eran hijos de desaparecidos”. También señaló Carlotto que Magnetto les propuso un segundo encuentro para darles alguna información y les pedía cordialmente que le contaran “quiénes les habían dicho que esos chicos podían ser hijos de terroristas”.
No sólo las Abuelas escucharon de boca de Magnetto su participación en la adopción de dos chicos en plena dictadura militar. Su biógrafo autorizado, el veterano periodista de La Nación José Ignacio López, lo menciona en El hombre de Clarín (Sudamericana, 2008). López, especialista en temas de Iglesia Católica y que escribió todos los años de la dictadura, jamás develó la complicidad eclesiástica con la dictadura y se prestó a publicar lo que el CEO de Clarín le dijo para edulcorar su guerra mediática contra la sociedad a partir de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta.
Pero, hasta ahora, jamás se mencionó que una niña adoptada por el mismo Magnetto tuviera un trámite completamente irregular. La historia que a continuación se contará brevemente tiene una fuente pública irrefutable y está registrada en un juzgado federal. María Felicitas Elías actuó como perito en la causa de esta adopción. Elías es Magister en Servicio Social, Políticas Sociales y Movimientos Sociales (por la Universidad Nacional de La Plata), especialista en Administración y Gestión de Políticas Sociales, y licenciada en Servicio Social (Universidad de Buenos Aires). Ocupó y ocupa varios cargos académicos y dirige proyectos en adopción de niños. Entre 1973 y 1984 fue trabajadora social del Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora a cargo de la jueza Delia Pons y en virtud de una cantidad de casos de hijos de desaparecidos fue citada por el titular del juzgado Federal número 3 de la Capital Federal, Daniel Rafecas, quien investiga los gravísimos crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar.
En ese expediente, tras brindar detalles de casos en los que le tocó tramitar historias de chicos cuya identidad iba a fraguarse, María Elías agregó este inquietante párrafo: “Recuerdo que intervine en la pericia de un señor muy importante que hoy está un poco cuestionado, que es Héctor Magnetto, el CEO de Clarín. Él tiene una niña adoptiva desde la época de la democracia. Según el relato que consta en la causa, el señor Magnetto estaba paseando con su esposa un domingo invernal, cerca de las 10 de la mañana por la avenida Pavón, en Lanús. Pararon en un semáforo y una señora que estaba en la vereda les tocó el vidrio del auto y les preguntó si le podían cuidar a la hija porque tenía un problema. Aparentemente, ellos aceptaron y, como después de 15 días la madre no apareció, fueron al juzgado de Pons a contarle la enorme preocupación que tenían por la menor y la pidieron en guarda. Esta chica es actualmente su hija. Se hizo la guarda ahí y luego la adopción en Capital”.
Hasta aquí un relato para el realismo mágico si no estuviéramos hablando de una historia real, que involucra la filiación real de una criatura adoptada por el ejecutivo más importante del conglomerado de medios de comunicación más poderoso de la Argentina. Es decir, del hombre que tiene la última palabra –y muchas veces la primera– en decidir quién es el encargado de custodiar e investigar la verdad. Siempre y cuando convengamos que la tarea del periodista profesional es la de custodiar e investigar la verdad. Un especialista en adopción consultado para escribir este artículo dice que “las madres que dan chicos por la calle constituyen un clásico” y que así consta en los registros de adopción. “Detrás de esas versiones suele haber importantes estudios de abogados o de escribanos que asesoran la conveniencia de versiones oficiales cuando la adopción es irregular”, agrega.
Una terrorista judicial. Hasta aquí, se podría pensar en la hipótesis de quien busca un atajo para blanquear una adopción irregular en el marco de las dificultades reales de muchas parejas que buscan un hijo adoptivo. Pero el problema resulta más complejo si se toman en cuenta los antecedentes de la jueza Delia Pons. Una investigación de la revista Veintitrés de abril de este año recoge sus palabras al citar el libro de Julio Nosiglia Botín de Guerra. Delia Pons les dijo a las Abuelas durante una reunión: “Yo, personalmente, estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos, yo no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho, tampoco, a criarlos. En esto, seré inamovible. Sin ir más lejos, fíjense ustedes: tengo en este momento, entre manos, el caso de los chicos de Julio Ramírez. Ramírez es un criminal, un terrorista confeso. El Poder Ejecutivo le ha permitido trasladarse a Suecia y desde allí ha solicitado la tenencia de esos pobres niños. Yo jamás se la concederé (...) Señoras –y para terminar– sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”. La jueza Pons también tuvo en sus manos los casos de Sebastián Ariel Juárez y Jorgelina Paula Molina Plana.
Fuentes de la Justicia de Menores consultadas por Miradas al Sur confirmaron que “tanto Pons como Hejt (la jueza que otorgó las adopciones irregulares de Felipe y Marcela Noble Herrera) hablaban por teléfono con el genocida Ramón Camps cuando éste era jefe de la Bonaerense y una pieza clave en el plan genocida. En el caso de Pons, ella conocía el campo de concentración ubicado cerca de su juzgado, en Larroque y el camino negro”. Aunque fallecida, el fantasma de Pons aún transita por tribunales.
La coincidencia de que el CEO de Clarín haya pasado por el juzgado de Pons para tramitar la guarda es algo que merece una investigación más profunda y que requeriría una pronta acción de la Justicia.
En su testimonio al juez Rafecas, María Felicitas Elías cuenta que le tocó intervenir como trabajadora social en los casos mencionados en la investigación de Veintitrés. Relata que ingresó “a trabajar al juzgado en 1973 gracias a la doctora Pons. Nosotras teníamos una mezcla de sentimientos encontrados y, por supuesto, un dilema ético ya que el ejercicio del Patronato Estatal estaba mediatizado por la intervención del juzgado”. Concretamente, en el caso de los hijos de Ramírez, que se encontraba preso a disposición del Poder Ejecutivo. La jueza Pons había enviado los chicos a un hogar manejado por la Iglesia Católica, llamado Casa de Belén, mientras que una tía de los niños reclamaba la guarda de ellos. Elías fue a visitar a la mujer y “le sugerí a la jueza que los chicos egresaran –del hogar– con la tía porque su casa y estilo de vida reunían, en mi opinión, las condiciones adecuadas”. De inmediato agrega: “La jueza me convocó a su despacho y me sugirió que modificara la pericia”. Un dato no menor: “A lo que me negué rotundamente a pesar de cierta presión de mis compañeros de trabajo que me sugerían que la cambiara”. El dato es clave para entender el clima de época del terror que sugiere la cantidad de cómplices morales que tuvo el delito de supresión de identidad de hijos de presos legales o desaparecidos. A continuación, Elías brindó los nombres y direcciones de quienes la presionaron pero no serán incluidos en este artículo para no caer en la tentación de la cacería de fascistas. Sin embargo, vale la pena aclarar que otra asistente social “realizó otro informe que permitió que los Ramírez continuaran en el Hogar”. Luego, Ramírez –que no tenía causa judicial alguna– logró viajar a Suecia y reclamó que les permitieran a sus hijos viajar a ese país. Sigue Elías: “Uno de los argumentos de Pons era que Ramírez era extranjero (paraguayo), y que al ser militante de una organización había desobedecido la Constitución argentina”.
Otro caso relatado por Elías es el de Emiliano Ginés, “que ingresó al juzgado con documento de identidad” y cuya causa fue caratulada “NN o Ginés Emiliano, y la única forma es haciendo desaparecer el documento de identidad. En el juzgado se sabía que era un chico reclamado por Abuelas”. La historia, en este caso, tiene un componente de crueldad extra: “Ginés era un chico con síndrome de Down y fácilmente identificable, pero la jueza en esa fase de colaboracionismo con la represión, ordenó su internación en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata y al poco tiempo falleció”. Cuando fue requerida por el juez Rafecas por más casos, Elías los dio, y se remitió a su libro La adopción de niños como cuestión social (Paidós, 2004). El aporte de esta trabajadora social resulta fundamental en una época donde buena parte de la sociedad está intoxicada de un discurso que aún cree que existe una guerra entre Clarín y Kirchner, lo cual es muy grave porque es banalizar uno de los pilares de la estrategia de eliminación de un sector de la sociedad argentina a través no sólo de la desaparición física de personas sino de la supresión de identidad de su descendencia. Las pruebas de ADN son el recurso último para probar la filiación genética de una persona que fue sometida a ese plan. Lo que no puede dar el laboratorio es la capacidad de asombro, o de asco, incluso de odio que puede despertar esta historia.
Es difícil que un lector normal no pierda el aliento o sienta una bofetada en plena mejilla. Delia Pons murió y no puede comparecer ante la Justicia. La pregunta es por qué la sociedad se entera recién ahora de que el principal ejecutivo del Grupo Clarín recurrió a esa jueza para tramitar la guarda de una niña que le habían dado, en una fría mañana invernal, en plena calle. Justo a él, que pasaba por allí. Por qué Magnetto iba a una jueza de Lomas de Zamora que tenía en su haber nada menos que un chico muerto como consecuencia de haberlo mandado a una institución por el solo hecho de que la jueza no estaba dispuesta a escuchar a las Abuelas. Por qué, como todo indica, no tramitó en su jurisdicción una adopción normal, aun con toda la dificultad real que tienen las adopciones en la Argentina. María Felicitas Elías le dijo a quien escribe estas líneas que descarta la posibilidad de que la niña adoptada por Magnetto sea hija de desaparecidos. Es un dato importante porque lo eximiría de un delito grave.
Como dos gotas de agua. En todo caso, esta historia tiene una ramificación con otra que sí está sospechada de ser la supresión de identidad de hijos de desaparecidos. Es la que tramitó la jueza Ofelia Hejt (también fallecida), quien estuvo a cargo del juzgado de menores Nº 1 de San Isidro. Hejt dio en guarda a Andrés La Blunda y a Marcela y Felipe Noble Herrera. En el caso de Marcela, el 13 de mayo de 1976 se presentó espontáneamente la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y le dijo que había encontrado una niña en una cajita en su casa de San Isidro. La viuda de Noble ni tenía domicilio en San Isidro ni después pudo probar lo que dijo en el expediente de adopción, que resultó falso cuando lo sustanció el juez Roberto Marquevich. En el caso de Felipe, el 7 de julio del mismo año, Herrera de Noble resultó beneficiada con la guarda el mismísimo día en que una tal Carmen Delta (años después se comprobó que esa persona no existía) lo abandonaba en el juzgado nada menos que de Hejt. El tercer caso que se le conoce a esta jueza es el de Andrés La Blunda, un bebé de tres meses, cuyos padres habían sido secuestrados por el Ejército. Hejt hizo todo lo posible para dárselo a sus familiares y Andrés sólo pudo recuperar su identidad en 1984. El comportamiento de las juezas Hejt y Pons tiene demasiadas similitudes. Corresponden, probablemente, al plan sistemático de la dictadura cívico militar. Algunos militares creían que lograrían la impunidad con levantamientos carapintadas. Algunos civiles creen que el poder mediático también puede dar impunidad. El desafío está abierto desde hace tiempo y las instituciones no pueden demorar dar los pasos decisivos para que la verdad no pueda ser ocultada.
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