domingo, 24 de febrero de 2013

EDUARDO ALIVERTI: Seamos profesionales.

Por Eduardo Aliverti *
Pensé, pensamos, me ayudaron a pensar, los que me quieren, si debía estar al frente del programa de hoy. Fue unánime decidir que no, porque yo mismo, con toda la capacidad de abstracción que me atribuyo aun en los momentos más difíciles o terribles, como fue mi enfermedad hace doce años, no estaba seguro, no estoy, de afrontar con la atención que se debe una audición de tres horas. Nuestro programa. Nuestra marca. Sería artificioso no sólo cruzarnos las chanzas con Pedro, los juegos con el top o todos esos guiños que también nos dan identidad. Sencillamente no me da para andar hablando de macropolítica. Y si me diera, sería una falta de respeto hacia el dolor de las víctimas. Más tarde la vida seguirá, no sé cómo. Hoy es esto.
No puedo ni debo decir mucho más que lo expresado en esas palabras que subí al muro de Marca, que a continuación repito: Acá estoy, en uno de los momentos más dolorosos de mi vida, producto de hechos que involucran a parte de mi familia y que tomaron estado público en las últimas horas. Pablo García es mi hijo. Sólo puedo decir que mis sentimientos y el de mi familia acompañan principalmente a los familiares de la víctima, que se está a disposición de la Justicia –ya actuante– en todo cuanto sea necesario para el esclarecimiento de esta desgracia igual de desgarradora que de irreparable y que nuestro objetivo es la estricta igualdad ante la Justicia.
Sólo quiero pedir, frente a las versiones circulantes, que todo lo relacionado con los detalles y marcha de la causa sea vehiculizado a través de los canales correspondientes, evitando especulaciones de otro tipo. Sólo eso. Es lo único que deseo y debo pedir. Gracias si puede ser así. No puedo decir mucho más que esto porque esto es lo que sigo pensando y sintiendo. Y no debo porque está la causa. De esas palabras que escribí el miércoles, a 48 horas de lo sucedido, sólo corrijo que no es uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Es el peor. Tipeé lo que me salió después del shock, pero ahora asumo que cuando estuve a punto de morirme era yo conmigo. Esto es yo más la gente que debo contener y la gente que está fusilándome. Dejo esta última oración a sabiendas de que van a cargarme que me victimizo, cuando para empezar hay víctimas más tremendas. Pero me sale esto. Con alguna cosa personal me tengo que descargar.
Cuando escribí eso de que no hagan especulaciones, obviamente sabía que no tendría resultado. Pero tampoco podía dejar de pedirlo, en nombre de lo que siempre defendí: no se debe condenar de antemano, hay una causa en marcha,
seamos profesionales.
Voy a contar un único episodio. Perfil montó una guardia enfrente de mi casa, con fotógrafa, en un taxi estacionado de contramano sobre la esquina. Lo habíamos visto desde la noche del jueves. Ayer (por el viernes) a la mañana seguía ahí. No aguanté más. Salí de mi casa. Salió la fotógrafa del taxi. Le dije al conductor “disculpame, no es con vos”. El conductor me dijo “Eduardo, no puedo hacer nada, soy un laburante”. Enfrenté a la piba, a la fotógrafa. Me saqué y le dije, dos o tres veces, “por qué me hacés esto, hija de puta”. La piba me dijo “es mi laburo, entendeme, trabajo en Perfil”. Yo seguía sacado. En medio de la furia, conseguí decirle “pero ponete un límite, ponete un límite, buscá un trabajo donde no tengas que hacer esto”. La piba me dijo “conseguime otro trabajo y me voy”. Se subió al taxi y se fueron.
Lo que estoy viviendo me ratificó, con creces, con impresionantes creces aunque el adjetivo se quede corto como cualquiera que elija, la gente que me vale la pena y la que no. Pero al margen de lo sentimental, también me ratificó quiénes ejercen periodismo y quiénes son una basura técnicamente hablando. Entre los primeros, mucha gente que no piensa ideológicamente como yo. De los segundos, todos los que ya sabía. A los primeros, gracias por la decencia profesional, por la estatura. No hablo de la solidaridad que me transmitieron. Hablo de su categoría periodística. A los segundos, gracias por haberme demostrado que no me equivoco en la identificación de la carroña. Una carroña indescriptible.
¿Qué más? Tanto. Me muero por decir más. No puedo decir más. No debo decir más. Sobre lo que pasó, quiero decir. Y sobre los que ejercieron la crucifixión hasta que surgió otro tema, y después otro desgarro, y después con otro.
Ojalá esto sirviera para que de una vez por todas se abra un debate serio acerca de la ética periodística, más allá de la suerte judicial que sufra mi hijo, de la anímica que tenga que aguantar yo y, sobre todo, del dolor irreparable de la familia del muerto. Podría servir, sí, para la pavada de que se discuta sobre el ejercicio profesional. Todos somos o podemos ser víctimas de la gente que hace periodismo de esta manera.
Como no puedo ni debo decir más, dejo sólo esa reflexión con la parte fría que queda en mi cabeza.
Gracias a todos. Ustedes saben por qué.
Fuente: Marca de Radio
Pagina12

sábado, 23 de febrero de 2013

JORGE AUAT: Por quien doblan las camapanas

Por Jorge Auat * 

Por quién doblan las campanas

Cuando el 6 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional de la Independencia Judicial junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros, publicó el comunicado declamando y reafirmando la independencia del Poder Judicial, la que está garantizada por la propia Constitución conforme ellos mismos lo señalan, tuve la convicción de que estábamos en presencia de una expresión más del espíritu corporativo cuyo ADN se evidencia –aunque quizá como nunca antes– en cada circunstancia en la cual la Justicia se saca la venda. Cuando se recluye, cuando no puede dar explicaciones, ahí el ropaje jurídico le sirve de coartada.

Esto produjo una reacción en cadena de singular magnitud: éramos muchos los que no teníamos nada que ver con ese comunicado. No nos sentíamos representados. Y en consecuencia nació el foro de autoconvocados que disparó una discusión que en rigor estaba postergada, o peor aún, deliberadamente ignorada: había que cambiar la historia. Y claro, era la oportunidad. Estamos en estado de emergencia institucional y hay que instalar la discusión para un urgente cambio de paradigmas. Sin duda muchos tuvieron ataques de tos. Estábamos alborotando el gallinero y les había llegado la hora: terminar con privilegios oprobiosos que irritan a la sociedad y generan consecuentemente un rechazo visceral que profundiza y agudiza el desprestigio. El comunicado del 6 fue una carta marcada, la jugada era evidente. Entre tantos ditirambos por la independencia judicial había un grito que no se podía silenciar, que era el de la corporación. Tanto es así que se cura en salud: “... esta manifestación no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos”. Como me dijo un amigo alguna vez: “Jugá la carta que te la vi”.

El funcionamiento corporativo del sistema judicial no es moco ‘e pavo. Conspira gravemente contra el Estado de Derecho. Esa corporación fue –como tal– funcional a las dictaduras. Lo decía con claridad José Massoni hace unos días en este mismo espacio: desde el año 1930 en adelante compartieron la marquesina con los gobiernos de facto. Fueron operadores eficaces de los estados policiales y creo no haber escuchado nunca en aquellos tiempos ignominiosos que se haya reclamado independencia judicial. Es más, un testimonio cabal de la patología que describo lo constituyen las causas por los crímenes de lesa humanidad: magistrados y funcionarios ponían cepos insalvables para avanzar en las investigaciones y esto no era otra cosa que el cuño de la corporación. En esas causas hay nombres de jueces, fiscales y secretarios directamente vinculados con los hechos. Las denuncias en el Consejo de la Magistratura corrían la misma suerte que las causas que las motivaban. Casos graves, quizás el más emblemático fue el de Olivera Pastor en Jujuy, un secretario a cargo del juzgado cuyo expediente estuvo más de tres años en manos de un consejero sin trámite, paralizado hasta que renunció por una movilización de los organismos de DD.HH. y de la Tupac Amaru. Todo ello con pleno conocimiento de la Cámara Federal de Salta que tiene superintendencia en esa jurisdicción. Inclusive, uno de sus integrantes, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, ensayó una defensa de ese juez en la Comisión Interpoderes de la Corte, con argumentos inadmisibles. Cómo no se iba a enseñorear la impunidad en semejante escenario. Nos cacheteaba la cara, nos hacía un corte de manga. En definitiva, una muestra impúdica del poder corporativo, el último y el más estratégico de los instrumentos para garantizar esa impunidad. Los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad han sido y son quizás el lugar más patético donde se desnudó la corporación. Allí también se oía con frecuencia “independencia judicial”. Claro, cómo no van a huir por ese camino, si la estaban poniendo a prueba. Había que rendir cuentas y ése era el problema. Cuando se habla tanto de la independencia me viene a la memoria una expresión de Scalabrini Ortiz: “Quieren liberar a los argentinos de la intromisión de los argentinos”.

Hubo un episodio que encaja cono anillo al dedo con lo que vengo describiendo, que pinta el poder de la corporación: para cubrir una vacante en la Cámara de Casación Penal, al margen de la ley aplicable al caso –que establece un mecanismo de sorteo entre los jueces de las distintas Cámaras del país–, Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios (antes miembro del Consejo de la Magistratura reemplazado por Ricardo Recondo y éste antes presidente de la Asociación, es decir un cambio de funciones) fue propuesto por uno de los integrantes de la propia Cámara, Raúl Madueño, quien no sólo llevó la propuesta, sino que además votó a favor de su incorporación. A una presentación que hice como fiscal cuestionando esa designación –antes ya lo había hecho el CELS–, la Cámara lo ratifica y el propio Cabral está presente en la deliberación. Un ejercicio de musculatura de la corporación que marca claramente quién tiene el Poder (corresponde aclarar que el juez Alejandro Slokar votó en disidencia).

El poder corporativo tiene hacia adentro un tinte casi pastoral que le da vigor, permanencia y vigencia, y es por eso que el comunicado que firma la Asociación (de la que soy socio) lo hace en mi nombre y el de todos, porque la tecnología de ese poder le permitió hablar en nombre de todos, del rebaño, siguiendo a Foucault.

Viene bien, a propósito, citar a Alberdi en su Peregrinación de luz del día, parangonando a la libertad con la tan mentada independencia judicial de la que hablamos: “Aunque impotente y confinada en la inacción, ella vive disputada por dos clases de enemigos o pretendientes, a saber: los bribones de un lado y los imbéciles de otro. Los unos la explotan so pretexto de servirla, los otros acaban de arruinarla so pretexto de defenderla. El jefe de los primeros, siento decirlo, es nuestro amigo Tartufo; el de los segundos, es nuestro Don Quijote”. Pobre Independencia.

Desde luego no es fácil salir del rebaño. Es probable un escenario de réprobos y salvos. Pero si no lo intentamos, esto no cambia. El desafío está lanzado, no hay vuelta atrás. A partir del 27 nada va a ser igual. “No preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti.”

* Fiscal general a cargo de la Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

martes, 12 de febrero de 2013

EDUARDO DE LA SERNA: Que sea un Papa hermano de todos

Por Eduardo de la Serna

Muchos desde el principio sostuvimos que preferíamos al papa Benito XVI antes que a Juan Pablo II. Por varios motivos. El principal es que el Papa polaco tenía “calle” y “carisma”, mientras que el entonces teólogo Ratzinger es temeroso, dubitativo. Uno era “casi como Dios”, omnipresente e inmutable... dudo que haya un país que no haya visitado. El otro, más taciturno, solitario. Casi –en broma– parecía como que Juan Pablo tomaba a un niño y jugaba con él, mientras que Benito lo tomaba con miedo a que se rompiera. Y esto último, decíamos, es preferible cuando de dos Papas tan conservadores se trataba. Porque el uno tenía simpatía popular, sólo por su carisma, por sus gestos (que no por sus textos), mientras que el otro, ante la ausencia de los primeros, sólo podía mostrar una pluma más cálida, con más vuelo literario y teológico.

Mucho más temeroso Benito, era evidente que sus acciones papales lo serían (¡y se notó!), mientras que serían más osadas las de Juan Pablo. Pero por osadas no tendría problemas en señalar con el dedo a Ernesto Cardenal en Nicaragua, o darle la comunión a Pinochet en Chile. Un ejemplo ilustrativo de lo que señalo puede verse en las sanciones a los teólogos de la liberación. Cuando “bajo el reinado” (sic) de Juan Pablo II se sancionó a Leonardo Boff, no hubo casi voces públicas que manifestaran su oposición; mientras que, cuando se aproximaba el primer viaje de Benito a América latina y se sancionó a Jon Sobrino (para decir “eso no se hace”), hubo centenares de voces de colectivos teológicos y hasta episcopales (no de Argentina, por cierto) en reclamo por la medida. Esta actitud, más temerosa, y hasta más dialogante (aunque no entendiera; como se manifestó en el encuentro con Hans Küng) lo volvía un papa menos autoritario, aunque más conservador.

Pero precisamente por todo eso siempre sobrevoló la posibilidad de su renuncia. Por honesto. Por temeroso. Muchos creímos que Juan Pablo II debería haber renunciado muchos, muchos años antes, pero no creíamos posible que lo hiciera. La renuncia de Benito 16, aunque sorprendente por el momento, figuraba dentro de las posibilidades que le reconocíamos. Y eso, debemos reconocerlo, habla bien de él. Ya hemos escrito en otra parte que preferiríamos que el papado “durara” un tiempo. Que “deba” haber Papa no implica que “deba” ser perpetuo. Y –al menos hoy por hoy– para que dure ese “tiempo”, el Papa debe renunciar.

Muchísimos desafíos debe enfrentar un papa en nuestro tiempo (como lo muestra la duda y finalmente renuncia en Habemus Papa). Incluso muchos desafíos que el Papa renunciante nunca parece haber notado. La realidad de la pobreza siempre parece haberle sido ajena. Mirar el mundo “sólo” desde Europa (o desde Bavaria, para ser más precisos) no parece algo justo en quien debe “pastorear” a la Iglesia universal (eso quiere decir “católica”). La importancia creciente del catolicismo en Africa y Asia contrasta obviamente con la descristianización de Europa; en los documentos papales recientes la palabra “América” figura sólo ¡¡¡una!!! vez, y para hablar del “Descubrimiento de América” (sic). La misma elección del nombre “Benito” aludía al “Papa de Europa” tras la primera gran guerra (que el Norte llama mundial), y a San Benito de Nursia, “patrono de Europa”.

¿Llegará la hora de un Papa del Tercer Mundo? En lo personal, no me preocupa tanto “de dónde viene” sino “a dónde va”. Hubiera preferido al cardenal Martini (italiano) que a López Trujillo (colombiano) en el pasado cónclave, y sueño con un Papa que sea “padre del huérfano y de la viuda”, como dicen los Salmos que es el mismo Dios; que anuncie con alegría y sencillez “buenas noticias a los pobres”, como decía y hacía Jesús de Nazaret. Sueño un Papa despojado de títulos nobiliarios y coronas, de palacios y jefatura de Estado. Sueño un Papa que se presente como “hermano de todos”. Es más: un viejo teólogo decía que ser hermanos es lo propio de toda la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento); lo propio de los cristianos es ser “hermanos”, pero la cosa se empezó a deformar cuando se empezó a hablar de “Papa” (J. Ratzinger). ¿Llegará la hora? ¡Dudo! ¡Deseo!

* Coordinador del Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres.

Fuente: Pagina12

lunes, 11 de febrero de 2013

GENOCIDAS SUELTOS: “Se me cruzó mi apropiador en bicicleta”

Represores con prisión domiciliaria han violado sus condiciones de detención en varias oportunidades. Los organismos de derechos humanos reclaman mecanismos de control más claros y permanentes sobre estos reos.


Por Irina Hauser

“Hoy, mientras paseaba a mi perri(ta) querida, se me cruzó de frente mi apropiador en bicicleta... ¡¡¡sí, el mismo que decía que no está en condiciones de afrontar un juicio oral por cuestiones de salud, el mismo que tiene prisión domiciliaria!!! Paseaba por enfrente de mi casa... le faltó sacarme la lengua”, escribió el 16 de enero en su muro de Facebook Catalina de Sanctis Ovando, una hija de desaparecidos que recuperó su identidad cuatro años atrás. El represor, Carlos Hidalgo Garzón, quien solía gritarle “subversiva” cuando aún se hacía pasar por su padre, está procesado por más de 200 delitos de lesa humanidad y gozaba de arresto domiciliario en un geriátrico de Belgrano, de donde salía sin problema a pasear por la bicisenda. También se conoció la semana pasada, por un video de la agrupación H.I.J.O.S., que el médico que atendía partos clandestinos en la dictadura Jorge Luis Magnacco paseaba por el Patio Bullrich del brazo de su mujer y caminaba plácido por las calles de Barrio Norte, burlando la detención en su domicilio. Lo hacía gracias al permiso para ir a Tribunales y volver por sus propios medios que le dio el tribunal oral que lo juzga por los crímenes en la ESMA. En ese contexto, los organismos de derechos humanos reclaman un mecanismo de control claro y constante sobre los represores que, por edad o supuesta enfermedad, permanecen detenidos en sus casas. Los actores judiciales y políticos asumen una falla pero juegan al gran bonete. Se han analizado desde reformas legales o reglamentarias hasta la pulsera electrónica, pero aún no hay cambios.

De las 813 personas que están detenidas por crímenes de la última dictadura, el 58,9 por ciento está en unidades penitenciarias; 2,2 por ciento se encuentra en dependencias de fuerzas de seguridad provinciales o federales, 1,1 en hospitales y 37,8 por ciento con detención domiciliaria. Es decir, los represores que están en sus casas son algo más de 300. Así surge del último informe de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General.

La discusión sobre los arrestos domiciliarios en casos de delitos de lesa humanidad empieza en los criterios diversos que utilizan los jueces para decidir cuándo corresponde otorgar el beneficio. ¿Cómo estiman –por ejemplo– los peligros reales (de fuga, obstaculización o amenazas o para la integridad física de testigos y víctimas) que encarna un represor? Sigue con un abanico de interpretaciones sobre cómo implementar esas detenciones según la ley de ejecución penal: ¿las deben controlar los tribunales? ¿El Ministerio de Seguridad a través de sus fuerzas? ¿El Patronato de Liberados? ¿Se puede vigilar a un preso domiciliario las 24 horas?

La ley dice que los jueces “pueden” –sin estar obligados– disponer el arresto domiciliario para enfermos terminales, detenidos que padecen enfermedades para las que no hay tratamiento en la unidad carcelaria, mayores de setenta años, discapacitados que reciben trato inhumano en las cárceles, mujeres embarazadas, con hijos menores de cinco años o a cargo de personas con discapacidad. Cuando median cuestiones de salud, los magistrados deberían guiarse por los informes médicos, psicológicos y sociales, según establece la norma que, en cambio, no dice cómo evaluar a los ancianos, lo que lleva a que muchos reciban el arresto domiciliario en forma automática. También estipula que cuando el juez “lo estime conveniente podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado” y que “en ningún caso la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad”.

El represor Juan Miguel Wolk, quien fue jefe del centro clandestino Pozo de Banfield (por donde pasaron los diez estudiantes de La Noche de Los Lápices), se fugó de su arresto domiciliario en mayo pasado, apenas conoció que la Suprema Corte bonaerense lo mandaba a un penal común. Fue el puntapié para que Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, H.I.J.O.S y la agrupación Kaos se presentaran ante la “Comisión Interpoderes”, donde se supone que los tres poderes del Estado intentan mejorar la marcha de los juicios por crímenes de lesa humanidad, y reclamaron medidas de control sobre las prisiones domiciliarias. “Intentamos marcar el vacío que hay e hicimos propuestas: como que se ocupe el Patronato de Liberados de controlar o que los propios tribunales pauten visitas sorpresivas, con cierta periodicidad”, recuerda Alan Iud, abogado de Abuelas. “Nos mencionaron que la Cámara de Casación podría sacar una acordada, pero ni ese tribunal, ni la Corte ni el Congreso ni el Ejecutivo hicieron nada. Frente a esta nebulosa, los jueces tienen la responsabilidad primaria. Es un despropósito que un acusado que está detenido vaya al juicio en colectivo”, señaló Iud.
Cada maestrito...

La situación del capitán de navío Magnacco ilustra cómo cada tribunal interpreta la ley a su antojo. Durante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos el Tribunal Oral Federal N° 6 (TOF6), que lo condenó a 10 años de prisión, dispuso que tenía que ser trasladado a tribunales desde su detención domiciliaria por la Policía Federal. En cambio, el TOF5, a cargo ahora de las audiencias del megajuicio ESMA, le dio permiso para trasladarse por su cuenta, en rigor con su “garante”, que es la esposa. Así fue como el lunes último, después de negarse a prestar declaración indagatoria, se volvió caminando a su casa, paseó por el shopping y pasó a comprar comida por la fiambrería El Nene. Nadie lo vigilaba, pero lo filmó H.I.J.O.S. Fue la presidenta del TOF6, María Roqueta, quien lo mandó a buscar por la fuerza pública para que diera explicaciones, le revocó el arresto domiciliario y lo mandó a la cárcel de Marcos Paz. Magnacco le dijo que se fue caminando porque no venía el colectivo y el taxi está muy caro, se metió en el Patio Bullrich porque en la calle tenía calor, y aclaró que la caminata le venía bien para hacer ejercicio.

En torno de Hidalgo Garzón también hubo distintos enfoques judiciales. El juez platense Manuel Blanco le había permitido el arresto domiciliario en un geriátrico, tratándose de un paciente psiquiátrico y mayor. Pero precisamente por sus características psicopáticas el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata lo consideró un peligro dentro de esa institución. Fue uno de los argumentos que utilizó esta semana, al mandarlo a una cárcel común. Uno de los jueces, Carlos Rozansky, añadió que era un caso de “doble estándar” porque es “impensable que en causas por delitos comunes se ordene el traslado con prisión preventiva de un imputado por más de 200 delitos y con informes psiquiátricos a un geriátrico con ancianas y sin limitaciones ni restricciones de movilidad, ni seguridad o contención”. De todos modos, es llamativo que ningún tribunal había tenido en cuenta que Catalina, de quien Hidalgo Garzón se apropió cuando era una beba nacida en cautiverio en Campo de Mayo, le tenía miedo al represor –a quien describía como “alcohólico” y “violento”– y fue quizás uno de los motivos por los que por mucho tiempo ella intentó eludir la confirmación de su verdadera identidad. “Siento alivio”, dijo Catalina el jueves, cuando lo mandaron al penal de Ezeiza.
Descontrol

“Es cierto que la responsabilidad es nuestra, de los jueces”, dice Roqueta. “¿Pero cómo controlo? ¿Me instalo en la puerta de la casa del detenido? Tampoco se le puede enrejar el domicilio, no es el propósito. Sí creo que los traslados deben hacerse con la fuerza pública y, en ese punto, debería ser más clara la ley”, advierte. “No obstante, la clave está en el momento de decidir si corresponde otorgar o no la prisión domiciliaria. Ahí deberíamos ser más estrictos”, sostiene.

“Desde el Ministerio Público Fiscal decimos que no es automático que cuando un detenido cumple 70 años accede a la prisión domiciliaria; los fiscales plantean la gravedad de los delitos, el riesgo de fuga y el peligro para los testigos. Incluso si está enfermo, nos oponemos a la domiciliaria si puede ser tratado en el instituto penitenciario. Pero el éxito de nuestra posición ante los jueces es muy variable”, explica Pablo Parenti, quien encabeza junto con Jorge Auat la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración. El año pasado, cuenta, “para colmo encontramos muchos casos de imputados con domiciliaria que no tenían restricción de salida del país, así que si abrían la puerta y se tomaban un micro o un avión nadie les decía nada. Eso llevó a que se dictara una instrucción general para los fiscales”.

El abogado Rodolfo Yanzón, de Kaos, pide no perder de vista que el arresto domiciliario es un derecho que consagra la ley “por el que hemos peleado mucho” y “no podemos debilitarlo”. En este escenario, marca, los jueces tienen que hacer una buena evaluación de cuándo corresponde otorgar una domiciliaria, por ejemplo por razones de salud, ya que “muchos imputados acceden indebidamente”. “Deben analizar si no es una herramienta para eludir la Justicia o presionar de algún modo a los actores del juicio, teniendo en cuenta que han formado parte de estructuras estatales armadas, con suficiente personal y logística.” A la vez, añade, “tenemos que exigir que los jueces ejerzan controles permanentes tanto para constatar el cumplimiento efectivo como en los traslados”.

Parenti señala como un dato llamativo que en una reciente modificación de la ley de ejecución, que se promulgó en enero último, sólo se modificó el régimen de detención domiciliaria para acusados de delitos sexuales, para los que se habilitó un “control externo” del servicio penitenciario o de la policía, “pero nada se dijo de los delitos de lesa humanidad ni otros delitos graves”. Para los crímenes de lesa humanidad, hay unos pocos jueces, además de la Procuración, que sostienen que sí se podría recurrir a fuerzas de seguridad para controlar a los presos domiciliarios.

Los ministerios de Seguridad y de Justicia trabajan en un posible programa de monitoreo conjunto con el uso de pulseras electrónicas, pero hasta ahora no han podido avanzar. La experiencia en ciertas jurisdicciones específicas, como la bonaerense, es que no se podido aplicar con éxito absoluto, por cuestiones básicas como que no alcanzan las pulseras. En la cartera de Justicia también se hicieron intentos para reformar o crear un nuevo patronato, pero también quedaron en el aire.

Fuente: Pagina12

sábado, 9 de febrero de 2013

SANDRA RUSSO: Hortensia

Por Sandra Russo

Mi madre fue la menor de nueve hermanos criados en el campo, en Saladillo. Cuando ella era muy chica las cosas no iban bien, y la familia puso rumbo al conurbano. Se instalaron en Lanús. Allí el abuelo trabajó de albañil, y los hermanos fueron creciendo, casándose, mudándose cerca, teniendo sus hijos, trabajando de empleadas de comercio, kiosqueros, obreros, carniceros. La incertidumbre y los problemas económicos de esa familia ampliada fueron a lo largo de los años los de los sectores populares. Eran de los que, ahí abajo, recibían las palizas de las políticas que se tomaban arriba. En los ’90, los golpeó el desempleo. Mi madre, en cambio, tuvo suerte, porque se casó con mi padre, que también tuvo suerte. Mi padre había crecido muy humildemente en un conventillo de Montserrat y había empezado a trabajar casi púber como cadete en Lutz Ferrando. Con otros dos compañeros, a fines de los ’50, muy jóvenes y audaces, alquilaron un local, contrataron a un óptico y abrieron su negocio en Quilmes. Les fue muy bien en relación con sus expectativas, a las que traían de sus hogares, en los que otros hermanos changueaban o eran viajantes o inquilinos inestables. A aquellos tres ex cadetes emprendedores les fue muy bien porque tuvieron sus casas, sus autos, porque veraneaban en Mar del Plata todos los enero, porque sus mujeres se dedicaron a criar a sus hijos y a ir a tomar el té en las casas de las vecinas, porque pudieron darles una buena educación a sus hijos. Les fue bien en ese sentido, en el de la movilidad social ascendente, en el de tener todas las necesidades básicas cubiertas y tener un resto para el disfrute.

Porque hay que ponerse de acuerdo en qué pasa cuando a alguien “le va bien”, en qué pensamos cuando decimos que a alguien “le va bien”. Esa noción ha quedado impregnada de otra cosa después de los ’90, cuando a la inmensa mayoría le iba mal, y los que “se salvaban” mostraban sus casas nuevas en las revistas. A ésos “les iba bien”, aunque los lectores jamás llegaran a enterarse cómo habían hecho para llegar a esos lujos dorados, marmolados, repujados, tarugados, sedosos, satinados, a esa solidez como la que uno recuerda del placard antiguo que un juez había recibido como regalo de un imputado y junto al que posaba trajeado para la foto a doble página. A “la gente” le gustaba consumir esas historias de “otra gente” que se frotaba con Versace.

Mucho antes de esa desfiguración de esa expresión, yo pude olfatear, en mi familia, la prefiguración de ese otro bienestar que implicaba en la clase media ascendente, entre otras cosas, una alteración del sentido de pertenencia, una confusión de clase, un viraje cultural, un desprecio subterráneo, viscoso y oscuro, por el lugar de donde se venía. En esa familia se abrió un bache, porque de pronto mi padre era aceptado como rotario, y la buena sociedad de Quilmes lo recibía en su seno: el nuevo status implicó, lenta, sordamente, una distancia con los orígenes, cierto pudor, mucho silencio. Mi madre se decía antiperonista, porque una vez, decía, “la habían llevado en un camión” –y contra su voluntad– a la Plaza de Mayo. Era eso y otra cosa: en su relato de ese atropello proliferaba la palabra “negros”.

La hermana mayor de mi madre, mi tía Hortensia, no tuvo hijos y siempre vivió con mi abuela. Ella y su marido, el tío Poroto, me hacían de padres sustitutos cuando los míos empezaron a viajar. El tío, que era sereno y nunca tenía un mango, jamás volvió a su casa sin traerme un Suchard amarillo, el de cereales. Los dos tenían esas delicadezas: ella, el pan rallado con queso en las milanesas. El, el Suchard. Los tíos tenían una cocina propia en la casa grande. En esa cocina que casi nunca se usaba, con mi tía jugábamos tardes enteras de sábados o domingos al chinchón. Ella se sentaba mirando al patio; yo, mirando a la heladera. Yo tendría seis años. Desde entonces, me acostumbré sin darme cuenta a mirar el retrato de Evita.

Todavía eran los tiempos de la proscripción. Mi tía Hortensia tuvo esa foto pegada en la heladera desde que me acuerdo. En un costado le había pegado con cinta Scotch una espiga amarilla. Hortensia le hablaba a Evita. Mientras calentaba el agua para el mate, mientras buscaba algo en la heladera. Me enteré bastante después de que esa mujer cuya cara yo estudiaba mientras mi tía mezclaba las cartas, era la que amaban los grasitas a los que despreciaba mi madre. Y en el fondo de melancolía que siempre intuí en la costra de ese desprecio materno, con los años fui leyendo una profunda conmiseración por sí misma. De algún modo, el antiperonismo de mi madre, esa vía que encontró para calzarse mejor el zapato de su nuevo status, fue su manera de no quererse a sí misma, y de no poder amar libremente –libre de sus propios prejuicios– a sus seres más queridos.

Pese a que mi madre tuvo suerte en el plano largo, en el corto se pudo ver todo lo contrario. De sus hermanas, fue a la que “mejor le fue” en la vida. Pero pagó el costo de su deslizamiento hacia arriba con su infelicidad. No supo, no pudo ser feliz. Mi tía Hortensia, por su parte, me enseñó esas tardes de verano un tipo de felicidad a la que mi madre se quedó sin acceso. Era la felicidad de la torta frita, del buñuelo con manzana, del gajo de mandarina abierto con la mano y ofrecido ya libre de semillas. Esa mujer pobre, que no tuvo hijos, la que le hablaba a Evita cuando amasaba, no era dueña de casi nada, pero sí de su capacidad de expresar el amor. De eso, nada la privó nunca, ni la pobreza ni la desgracia.

Algunas noches me duermo imaginando una larga charla entre mi madre y mi tía Hortensia. Pienso en las cosas que ambas dejaron en suspenso y sin decirse. Todavía, cuando me pregunto por la felicidad, pienso en Hortensia. Y a veces creo que yo misma, pensándolas, soy ese diálogo entre mi madre y ella.

Fuente: Pagina12

SUMAK KAWSAY - El Buen Vivir de los Amaichas

Gobernanza de la Comunidad Indígena Amaicha del Valle

Tucuman - Argentina.

Memorias de la Tierra TV.


"Ese hombre, o mujer, está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran, en figuras de barro, los indios de Nuevo México: el narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano". El Libro de los Abrazos.



viernes, 8 de febrero de 2013

Norma Morandini, la tribulación del choripán encantado.

Por Ernesto Argañaraz

        En 1995, yo acababa de volver de Cuba, dispuesto a estrenar mi título de médico en Córdoba. Vos, Norma, estabas sentada frente a frente de mi abuela, la Otilia. Hablaban. Yo les cebaba mate. Me producían vértigo tus ojos claros y tu pronunciación tan prolija.

        Varias veces fuiste a la casa de la calle Castro Barros, y se sentaban a tomar mate. Apoyábamos la pava, en una mesita de hierro y cerámica. A esa mesita, la había hecho mis tíos, unos años antes que los tiren al mar en los vuelos de la muerte.

        Andábamos deshabitados, buscando el avanzado embarazo de mi tía. Varias veces nos vimos la cara, en la casa de la calle Castro Barros. Tus ojos eran una alfombra mágica y tu voz, un atolladero de nubes, por donde uno fácilmente, podía deslizarse.

         Soy lento, y este país que anda a las corridas, a veces se me escapa. Así que tengo que volver a buscarlo en los diarios viejos.

El país ya no es lo mismo, porque cada día, cambia. Porque anda a las corridas y yo soy lento. Hoy me volví a buscar, los retazos de Argentina que me había perdido estas semanas, sí, ya pasó, pero encontré nuevamente, la Carta que escribiste en La Nación, a raíz del asado en La EX Esma.

         Si recordás la historia de la Otilia, recordarás la mía.

A los 8 años ya era huérfano por todos los orificios posibles. Mi viejo muerto. Mi vieja desaparecida. Ya tenia tíos presos, locos, hechos pedazos, hermanos o hermanas desaparecidas, primos o primas que aun no sabemos ni cómo se llaman, tiosabuelos, primosegundos asesinados. Ya mi familia, era una alfombra de sangre para secarse cualquier buena intención o alegría, con que uno pudiera arrimarse a las personas.

        En aquella Argentina negra como demonio de niños, como capa de siniestro mago, anduvo mi infancia tomando la mano que quedara viva. Así fui creciendo. Así fuimos creciendo. Suplicando ternuras, luz, risas. Suplicando aire, Norma, guitarras, pájaros.

         Por eso cuando me volví unas semanas atrás, a buscar este ansioso país que nos deja trabajar a carcajadas y cagarnos en la madre de alguien sin que nos cueste la vida, y volví a leer tu carta, tu lamentable Carta, hablando de honrar a los fantasmas, tu miserable Carta otorgándoles el honor de la semántica a los mismos que nos mataron y nos siguen matando con los símbolos, me diste una tristeza irremontable.

Norma, las parrillas, para nuestros viejos, era el lugar donde se comían asados, se discutía, se cantaban zambas y canciones revolucionarias. Las parrillas eran un canto a la alegría.
Si aquellos  heraldos del infierno, le cambiaron el nombre, es nuestra obligación, como personas que honramos la victoria y que sufrimos hasta alfabéticamente cada pérdida, volver a darle el sentido del canto.

         Ese asado en la EX Esma, Norma, fue un grito de victoria, no importa si eran choripanes, hamburguesas, panchitos o pepinos, estaban los nuestros ahí, los que no están, estaban los nuestros, los chicos, los hermanos, los hijos, los novios mirándose, la alegría del laburo, Norma, bendiciendo la vida y el futuro. Quisiera que tus ojos claros, nuevamente, miraran estos sueños, con orgullo, porque te estás transformando en una persona malvada, tejiendo pesadillas de insensatez, despreciando el sagrado canto, dejando a tu paso, una estrella apagada.

Ernesto Argañaraz
DNI 20.462.628
(Publicada en Facebook)

jueves, 7 de febrero de 2013

LOS CAMINOS DE LA PATRIA GRANDE.

LOS CAMINOS DE LA PATRIA GRANDE.


Nuestra estética esta lejos de esos engolados señores que siempre pactan con el poder. Tambien está lejos de la apariencia de los dueños de la verdad publicada. Nuestra estética es la de Bolívar, San Martin, Juana Azurduy, Tupac Amaru, Sucre, Mariano Moreno...

Esa es nuestra estética... pero mas importante aún, nuestro espíritu es el de la América originaria, y la de todos aquellos que creen que la igualdad es posible. Como Rafael Correa.

Perón tenía razón... el año 2000 y el comienzo del Siglo XXI nos fue encontrando unidos, luchando contra la trampa de la dominación.

domingo, 3 de febrero de 2013

RESTAURACION CONSERVADORA EN PARAGUAY: Repartir la torta en guaraní

Por Felipe Deslarmes
sociedad@miradasalsur.com

En Paraguay, la distribución de la tierra remite a una vieja estructura oligárquica. Una dirigente campesina cuenta cómo impactó la restauración conservadora tras el golpe contra Lugo en 2012 y cómo luchan por una reforma agraria.

Según datos del 2012, Paraguay tiene una población de 6.672.631 habitantes, que viven sobre sus 406.752 km². Y aunque es uno de los cinco mayores exportadores mundiales de energía, el sexto mayor productor de soja, que en 2010 fue el octavo exportador de carne bovina a nivel mundial y tenga un Producto Bruto Interno (PBI) que ronda los 25 mil millones de dólares, la inequidad es tan grande que figura entre los 10 países más desiguales del planeta y el de mayor inequidad en América latina.
“Por la dignidad de los Pueblos: Reforma Agraria Integral con Soberanía Alimentaria, para un Paraguay sin hambre”, dice una de las consignas de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

Cinco siglos igual. De la historia del Paraguay sale sangre a borbotones: luego de su etapa colonial que duró hasta 1811 (y muy ligada a los jesuitas), siguieron: un período dictatorial de 40 años, la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra del Chaco, una guerra civil en 1947 y el golpe de Estado de 1954 que encabezó un recién ascendido a general Alfredo Stroessner, que gobernó bajo estado de sitio durante 34 años. Esta dictadura que limitaba la participación política y perseguía, torturaba y hasta desaparecía opositores excusándose en la “seguridad nacional”, criminalizando un falso potencial de crecimiento del comunismo, estableció el clientelismo, la corrupción masiva, el miedo al debate ideológico y el oportunismo como formas de hacer política en Paraguay. Finalmente, el 3 de febrero de 1989, un golpe de Estado protagonizado por el general Andrés Rodríguez contra su consuegro, el mismo Stroessner, terminaría con la más larga dictadura paraguaya. Se convocó a elecciones para el 1º de mayo y se anunció la legalización de todos los partidos... exceptuando el comunista.

En contraste, la resistencia. Según indica en un texto de 2007 José Parra Gaona, miembro de la dirección general de la Central Nacional de Organizaciones Campesina, Indígena y Popular (Cnocip): “Durante los años 60-70 hubo un gran movimiento campesino en torno de las Ligas Agrarias Campesinas y de las Juventudes Agrarias. Se basaban en las ideas de la Teología de la Liberación y en los aportes del marxismo, una mezcla que dinamizaba las actividades de base (…) Trabajaban con solidaridad, con mingas en los trabajos agrícolas y comercializaban a través de almacenes de consumo, administrados por ellos mismos. Las actividades religiosas comunitarias reforzaban las prácticas solidarias y cuestionaban la sociedad capitalista que explota al hombre por el hombre y acumula riquezas en pocas manos a costa de la pobreza y la miseria de la gran mayoría. En aquellos tiempos difíciles (…), la dictadura tenía una red de informantes en casi todas las comunidades, quienes eran premiados si descubrían a uno o varios ‘comunistas’ en sus zonas”.

Una nueva etapa (interrumpida). Desde el inicio de la década del ’90, con el auge de las organizaciones campesinas –principalmente para luchar por su tierra–, se agruparon dos frentes nacionales que conformarían una unidad estratégica, aunque luego volverían a separarse: la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc). Entre el 2006 y el 2008 aparecerían también escisiones dentro de la Mcnoc.
La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) surgió en 1993, con la intención de centralizar la lucha, articulando sectores campesinos para lograr la Reforma Agraria Integral (RAI). Para la OLT, actualmente la alta concentración de la tierra en pocas manos es una de las más altas de América latina. Afirma que la RAI permitiría al Estado paraguayo una mayor profundización del proceso democrático. Para ello, consideran como elementos fundamentales la eliminación del latifundio, la distribución de las tierras a las familias campesinas que no la poseen para trabajar, la construcción de una comunidad solidaria que defienda la dignidad del campesinado, el trabajo, el estudio, la producción, el mercado, la salud y la defensa de la biodiversidad, entre otros puntos.
“En ese marco de lucha, en 20 años de existencia, hemos conquistado 30 asentamientos campesinos, teniendo en cuenta que en este país la tierra se conquista porque no existe política de Estado que la garantice como derecho a las familias campesinas”, explica Lidia Ruiz Cuevas, trabajadora social y referente de la OLT, en diálogo con Miradas al Sur. “En Paraguay, la contradicción principal, una de la principales causas de la marcada desigualdad económica y social, radica en la concentración de la tierra, donde el 2% de los propietarios posee el 85,5% de las tierras, es decir, unos 33.600.000 hectáreas. En contraste, el 6,6% de las tierras, unas 2.640.000 hectáreas, se encuentra en manos de 280 mil familias, y son la base de la agricultura campesina”.
En un reciente Foro Social organizado por el partido Paraguay Resiste, se denunció que el país cuenta con más de 2,8 millones de hectáreas (ha) dedicadas al cultivo de soja y concentradas en manos de los grandes latifundistas, quienes además avanzaron en la deforestación de varios territorios. Según revelaron en el cónclave, sólo en el 2010 Monsanto habría obtenido ingresos por 10,5 millones de dólares. “Hará desaparecer la semilla nacional y al mismo tiempo al pequeño productor”, advirtieron en un comunicado.

El régimen latifundista. Lidia Ruiz Cuevas tiene 31 años y milita en la OLT desde los 13. Es la séptima de diez hermanos, de los cuales siete militan juntos. Vive en una tierra conquistada –que ocupó con sus padres y hermanos– llamada Reinaldo Díaz, en homenaje a un caído durante la lucha. El asentamiento está ubicado en el Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro. Allí viven 500 familias sin tierras que conquistaron 7000 ha que eran del Estado. Pero no fue gratis: padecieron tres desalojos antes de la conquista. “Existen 350 mil familias sin tierra y lo que es aún más grave –observa Ruiz Cuevas–, es que el 60% de la población indígena tampoco tiene territorios propios. Es un país donde el régimen latifundista representa el poder real, político y económico de dominación. El Estado paraguayo representa tradicionalmente, y de manera más marcada en la actualidad, un modelo donde los partidos políticos tradicionales conservadores defienden los intereses capitalistas y oligárquicos, utilizando la estructura y los poderes del Estado”.
–¿Cómo está organizado el movimiento campesino?
–Actualmente se puede decir que el movimiento campesino está dividido en varios grupos, pero los más sobresalientes son por un lado la Vía Campesina Paraguay, integrada por seis organizaciones campesinas e indígenas (Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Movimiento Agrario Popular (MAP), el Mcnoc, la OLT y la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI); y por el otro lado el Frente Nacional Campesino (FNC). Son los dos movimientos campesinos que han mantenido fuerzas, acciones y propuestas en los últimos tiempos, no obstante existen varias organizaciones campesinas regionales y otras nacionales que también hacen las reivindicaciones gremiales de este sector. En el 2011, surgió una articulación espontánea de “sin tierras”, denominada Liga Nacional de Carperos. Han hecho mucho ruido, sin embargo es una organización atípica por su inconstancia. Además, ha sido el grupo que reconoció el gobierno de facto, fueron los primeros en sentarse a una reunión con el presidente de facto.
De acuerdo con el censo indígena de 2002, existen en Paraguay 496 comunidades o aldeas habitadas por 19 pueblos indígenas –un total de 84.061 personas– distribuidas en trece departamentos y la capital del país. Los 19 pueblos indígenas reconocidos se agrupan en cinco familias lingüísticas. Ruiz Cuevas observa que “el movimiento indígena en Paraguay es bastante nuevo, incluso en el Chaco paraguayo donde vive la mitad de la población indígena, 15 de los 21 pueblos originarios”. Y agrega: “Los indígenas de la región oriental del país, por el modelo de producción empresarial de monocultivos de soja, han sido los más perjudicados por la expulsión de sus comunidades. A la problemática principal de los indígenas, que es el territorio, se suman la falta de políticas de atención de derechos básicos”.
El cambio histórico sucedió el 20 de abril de 2008, cuando ganó las elecciones en el Paraguay el exobispo Fernando Lugo, con más de 10 puntos por encima de la segunda candidata. Expulsaba al Partido Colorado de la presidencia de la República luego de 61 años al mando del país. La nueva oposición –el viejo oficialismo– instaló en la opinión pública la intención de iniciarle un juicio político. Fue depuesto en un cuestionable juicio exprés, el 22 de junio de 2012. “El golpe no solamente significó una interrupción del proceso democrático para Paraguay, sino también para la región”, dice Ruiz Cuevas.
–¿Cómo vivieron en la OLT la destitución de Lugo? 
–La oligarquía local no admite un mínimo de distribución de las riquezas y de los recursos de las arcas del Estado, y a la menor señal de acciones tendientes al cumplimiento de derechos básicos de las mayorías excluidas en el país, responden mostrando su poderío. Como en el caso del golpe de Estado parlamentario de junio pasado. Con Lugo, se habían frenado tanto las negociaciones sobre la instalación de la empresa multinacional Río Tinto Alcan y la base militar de Estados Unidos en el Chaco Paraguayo, así como las diversas liberaciones de semillas transgénicas. También pretendió controlar el uso masivo de agrotóxicos. Otro beneficio importante del gobierno de Lugo fue la salud gratuita, a la que se accedía por primera vez. Por ejemplo, se inauguraron Unidades de Salud Familiar. Los poderes reales, instalados en el Parlamento y el Poder Judicial, no admitieron el inicio de ninguna medida dirigida a la recuperación de las tierras mal habidas (8 millones de ha), ni al desarrollo y transparencia del sistema de catastro. Los movimientos campesinos optaron por respetar el proceso democrático iniciado en 2008, en un primer momento con un apoyo crítico a Lugo (exceptuando la FNC, que desde el principio declaró que no favorecería a ningún gobierno). De la reforma agraria depende el desarrollo nacional. No se hizo dentro de aquel proceso por las contradicciones dentro del gobierno, y porque el Parlamento está bajo el mando de la oligarquía, que sólo defiende esos intereses. De ella depende el desarrollo nacional.
–¿Qué cambió desde que está Franco? 
–Con el gobierno de facto, en poco más de un mes se llevaron a cabo negociaciones con las empresas transnacionales para el ingreso de semillas transgénicas de maíz y algodón, que vinieron a añadirse a las variedades de soja que ya circulaban. Así, los recursos naturales del país pasan a ser gestionados por firmas transnacionales convirtiéndose en un verdadero botín para dichas empresas, profundizando la desigualdad en la distribución de riqueza y principalmente la tierra, una situación que afecta sobremanera a las campesinas, campesinos y pueblos indígenas. Además, todos los programas sociales instalados con el gobierno de Lugo fueron desvirtuados. A seis meses del golpe, ya no se cuenta con salud gratuita y los recursos del Estado que estaban dirigidos a programas sociales se han utilizado dejando de lado a los más necesitados.

Fuente: Miradas al Sur.

CAMARA DE CASACION: Medidos con distinta vara

Fue frente a dos pedidos de prisión domiciliaria. A Ana María Fernández, la ex funcionaria porteña presa por el incendio en Cromañón, le negaron la detención en su casa junto a su bebé. Al represor Luciano Benjamín Menéndez le concedieron el beneficio.

Por Irina Hauser

Hay un mito que dice que en las vacaciones de verano en Tribunales no pasa nada, pero cada año esa creencia vuelve a caer. Uno de los grandes hitos de esta temporada fue obra de la Cámara de Casación Penal, donde los camaristas de turno en enero se las ingeniaron para aplicar criterios diametralmente opuestos sobre la prisión domiciliaria, según quién la reclamara. El caso de Ana María Fernández, la ex funcionaria porteña presa por el incendio en Cromañón a quien los casadores le negaron la detención en su casa junto al bebé que amamanta, se volvió más impactante cuando una semana después de decirle que no, el mismo tribunal le concedió el beneficio en cuestión al represor Luciano Benjamín Menéndez, quien no había sufrido ningún trastorno de salud ni cambio en su situación humanitaria que lo afectara. Los de Fernández y Menéndez podrían ser vistos como asuntos aislados, aunque juntos hacen pensar que en la Casación –el máximo tribunal penal– rige un “doble standard”.

Ana María Fernández, condenada
a tres años y seis meses de prisión.
“El arresto domiciliario es una herramienta para evitar que la detención en una cárcel se convierta en una pena cruel o inhumana o que genere perjuicios irreparables a los hijos de una persona detenida”, explica Rodrigo Borda, abogado de la Procuración Penitenciaria nacional, que vela por los derechos de los presos. Los jueces pueden otorgar el beneficio (a menos que haya peligro de fuga, pérdida de pruebas o amenazas a testigos) a los detenidos que no reciben tratamiento médico adecuado en un penal, a los enfermos terminales, a los discapacitados que reciben trato indigno, a los mayores de 70 años y a las mujeres embarazadas o que tienen hijos menores de cinco años o un discapacitado a su cargo.
Los casos

Fernández, ex adjunta de la Dirección de Fiscalización y Control porteña, fue condenada por el Tribunal Oral N° 24 a tres años y seis meses de prisión por omisión de los deberes de funcionaria pública e incendio culposo seguido de muerte. Los jueces le negaron el arresto domiciliario porque, dijeron, “existe otra madre que puede ocuparse del pequeño”, en alusión a que Ana María está casada con otra mujer, y el bebé (de ocho meses) no está en “situación de desamparo”. Su abogado recurrió a la Casación mientras que la Procuración Penitenciaria se presentó como amicus curiae y denunció discriminación, ya que un argumento de la resolución aludía a la orientación sexual de Fernández.

El 10 de enero último la “sala de feria” de la Casación volvió a rechazar el arresto domiciliario. La mayoría, integrada por Eduardo Riggi y Liliana Catucci, además de decir que el chiquito tiene otra madre sostuvo que no están en riesgo su salud ni la de su mamá en las instalaciones del penal de Ezeiza. En disidencia de Angela Ledesma advertía que no se tuvo en cuenta “el interés superior del niño” y recordó que Fernández es quien lo amamanta. “El contexto de nuestras cárceles no es el más adecuado para un niño en sus primeros momentos de la vida, menos aún en la lactancia”, contradijo a sus colegas. Recordó que el bebé tuvo bronquiolitis y que “las detenidas conviven con cucarachas”, “el pabellón no tiene prácticamente luz natural” y no hay guardia pediátrica constante. Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, fue condenado en diciembre a prisión perpetua por un Tribunal Oral Federal de la Rioja por el secuestro, tormentos agravados y el homicidio calificado de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en 1976. Es la novena condena por crímenes de lesa humanidad. El tribunal riojano, al condenarlo, revocó el arresto domiciliario y ordenó mandarlo a una cárcel común, pero difirió la difusión de sus fundamentos. Menéndez también fue a Casación y la sala de feria –esta vez integrada por Luis Cabral en lugar de Catucci– lo devolvió a su casa, en Córdoba. Se basó en que la condena no está firme ni se conocen sus razones. No hablaron de la edad o su salud. El fiscal de Casación Javier de Luca presentó el viernes último un recurso ante la Corte Suprema, que considera que la resolución fue arbitraria; que no es requisito una condena firme para definir la detención en una cárcel común; que además la condena contra Menéndez es de cumplimiento efectivo, lo que eleva los riesgos procesales, que precisó la fiscalía; que la propia Corte ha sostenido que hay jerarcas militares cuyas “estructuras de poder” con las que actuaron en dictadura “mantienen una actividad remanente”; y que no hay datos sobre cambios en la salud de Menéndez.
La polémica

“La comparación de los dos casos exhibe la capacidad de generar injusticia del sistema judicial”, evaluó el fiscal Félix Crous, quien actúa en juicios de derechos humanos. “Ya es una tendencia de los tribunales orales federales la ligereza en la concesión de las detenciones domiciliarias a condenados por crímenes de lesa humanidad; a las que, además, controla poco y mal. El peligro de la salida de la cárcel de estos condenados no reside en su fuerza física, sino en el poder que conservan”, dijo la Corte. Esto contrasta con la denegatoria a una madre con un lactante, condenada por un delito cometido desde la función pública; ¿qué peligro podría entrañar, cuando ya dejó el cargo? La decisión obliga a un niño a permanecer en la cárcel junto a su madre en los años de la formación de su personalidad básica, sin razón que justifique una resolución de tamaña gravedad; se proyectan sobre el niño efectos severos y probablemente indelebles del encierro”, analizó.

El penalista Alberto Bovino, que en su blog No hay Derecho fue hipercrítico con la denegación de la domiciliaria a Fernández por contener “argumentos inhumanos”, consideró apresurada una comparación muy directa con el caso de Menéndez, donde los jueces no entraron en las razones de fondo del arresto domiciliario. Pero previno que si fueran coherentes, a futuro, deberían sostener la prisión efectiva.

Es un clásico en Casación que ciertos jueces –en especial los más antiguos– aplican criterios amplios y más garantistas cuando hay acusados de crímenes dictatoriales, y más restringidos ante los delitos comunes. Según analizó la Procuración Penitenciaria, Riggi y Catucci nunca conceden la prisión domiciliaria a embarazadas o madres de menores.

Riggi se forjó en el Camarón, la Cámara Federal creada en 1973 para perseguir militantes políticos, estudiantiles y sindicales en todo el país. En 2011 quedó escrachado en las escuchas que revelaron un intento de soborno para beneficiar a José Pedraza en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra. Cabral hoy conduce la Asociación de Magistrados, donde un amplio sector cuestiona los juicios a los represores. Fue denunciado por subrogar en Casación sin haber sido sorteado.

El abogado Borda explicó que “aunque los jueces puedan decidir si dar o no el arresto domiciliario, eso no significa que puedan hacerlo discrecionalmente. Mucho menos que lo puedan aplicar en forma sesgada o discriminatoria, habilitándolo sólo para determinadas categorías de delitos, como las condenas por delitos de lesa humanidad o de cuello blanco, y restringiéndolo sistemáticamente para determinados grupos de personas, como las madres o las personas que viven en una villa”.

Cualquiera que lo vea de afuera, con sentido común, diría que en Casación todavía, según el caso, se mide con distinta vara.

Fuente: Pagina12

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